LA ANOMALÍA

 

Pasaron casi dos horas. Carlos Rosenkrantz abrió, cedió la palabra y cerró la reunión. Quienes estaban del otro lado de la pantalla tenían diez minutos para expresarse. Nunca hubo una imagen general. En la apertura se anunciaron nombres de participantes que no estaban. Y una y otra vez, el presidente de la Corte habló de la Interpoderes, pero del otro lado del Zoom faltaban los representantes del Ejecutivo y del Congreso.

 

 

 

“No queda mucho tiempo”, dijo Diego Morales, director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Convocar este espacio es responsabilidad de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no lo hace desde 2016. Lamentamos que después de todo este tiempo, la convocatoria pueda ser utilizada para fines ajenos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y que los juicios queden supeditados a disputas políticas que nada tienen que ver con ellos”.

El CELS fue el único organismo defensor de derechos presente en la reunión de Interpoderes del jueves, una de las trece organizaciones que tras el cambio político de diciembre de 2015 se comenzaron a nuclear los días martes para consensuar estrategias comunes en la escena de los juicios de lesa humanidad ante la retracción del Estado.

Lamentablemente, dijo, venimos a pedir lo mismo que en la Interpoderes de 2016. “Junto con otros organismos de derechos humanos y el colectivo de abogades querellantes, hicimos reclamos constantes durante estos años para que los tres poderes del Estado tomen medidas para agilizar las investigaciones y los juicios. Lo que pedimos a la Comisión Interpoderes, presidida por la CSJN, en nuestra nota de septiembre de 2016, fue incumplido en su mayoría. La comisión no asumió su rol, no trabajó en organizar y acelerar los juicios, no rindió cuentas de su inactividad. Tan ineficaz e insuficiente fue su respuesta, que sólo pidió información sobre las agendas de los Tribunales Orales Federales”.

 

 

 

Congelado

La Interpoderes creada a instancias de la Corte en 2008 se reunió periódicamente hasta 2014, para dinamizar las causas de lesa humanidad. Fue caja de resonancia. Y muestra simbólica del compromiso de una política pública que alineaba a los tres poderes del Estado. En 2014, las reuniones se espaciaron mientras las causas comenzaban a exigir definiciones en áreas como la responsabilidad empresarial. En 2015, con Lorenzetti mirando la agenda del impeachment brasilero, la Interpoderes logró realizarse por única vez tras las elecciones generales de agosto con los organismos en vigilia en la puerta de tribunales. El 23 de septiembre de 2016 se hizo la primera y la última convocatoria tras el cambio de gobierno. Lorenzetti volvió a decir que los juicios eran política de Estado rodeado de las organizaciones en una mesa con Horacio Rosatti y el entonces secretario de derechos humanos, Claudio Avruj.

 

 

 

Siguió el proceso de retracción. El 3 de mayo de 2017, la Corte otorgó el beneficio del 2x1 a Luis Muiña firmado por Rosenkrantz, Rosatti y Elena Highton de Nolasco. El 10 de mayo, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 27.362 que exceptuó del beneficio a imputados de lesa humanidad. Y el 4 de diciembre de 2018, la Corte revirtió ese antecedente con el denominado fallo Rufino Batalla. Firmaron cuatro de los cincos jueces. Rosenkrantz votó en disidencia, una vez más en favor de la impunidad, y desde entonces no firmó o sostuvo postura contraria al mandato de la Ley de 2017, en fallos de 2019 y de 2020, recogidos en la presentación del juicio político de la diputada Vanesa Siley que continúa ampliándose desde el 25 de septiembre.

Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte en octubre de 2018. En marzo de 2019 hizo la apertura del año judicial. Era la primera vez que la Corte no incluía la agenda de lesa humanidad. Rosenkrantz había salido del closet.

La Interpoderes no volvió a ser convocada. Ese 24 de marzo de 2019, lo recordó el documento de los organismos leído en Plaza de Mayo. “En diciembre pasado, este pueblo consiguió que la Corte Suprema revirtiera el fallo del 2x1, que reducía drásticamente las condenas de los genocidas (...) sin embargo, esa misma Corte Suprema ha desactivado la Comisión Interpoderes, que tenía por función impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad”. Los pedidos volvieron en 2020.

Las organizaciones presentaron pedidos para la Interpoderes al ministro Rosenkrantz en febrero, abril, mayo y junio. No hubo respuesta. En agosto, extendieron el reclamo al Consejo de la Magistratura. Y dotaron de poder para las gestiones a la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Angeles Ramos.

 

Así llegó septiembre

El 24 de septiembre Rosenkrantz convocó a la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma. Y le dijo que la reunión de Interpoderes iba a hacerse en dos semanas. Aún no había pasado la denuncia de Siley, que se presentó un día más tarde. Alberto Fernández todavía no había enfurecido a Elena Highton. Pero había dos datos en agenda. Coparticipación, con la Corte que daba impulso al reclamo de Horacio Rodríguez Larreta. Y otro dato de lógica doméstica, una de las escenas que alimentan insidias palaciegas en la Corte, con teléfonos bloqueados y gritos en pasillos.

Alberto Fernández preguntó en un programa de radio: "¿A qué juega el presidente de la Corte?" Ocurrió el 25 a la mañana. En el escenario de idas y vueltas del per saltum, se dijo que Rosenkrantz se había reunido con Mauricio Macri. Rosenkrantz supo el dato y se fastidió. Dijo que no era cierto. En su entorno lo calificaron como una mentira, y señalaron que el autor de hacer llegar tales fábulas a los oídos del Presidente era Lorenzetti. El sábado 26, tal vez empezó el desquite: sus secretarios avisaron que empezaban a convocar a la Interpoderes, el espacio creado por Lorenzetti. Lo que pasó desde entonces tuvo el tinte de esas fracturas internas. Y esta semana le explotó.

El lunes Rosenkrantz escribió una carta. Se defendió del pedido de juicio político de Siley. La firmó solo. Y desde una vocalía recordaban, como contraste, que cuando a Eugenio Zaffaroni lo denunciaron por departamentos transformados en prostíbulos, la Corte salía a apoyarlo en pleno en agosto de 2011. Con el correr de las horas, la soledad se agudizó. Mientras tanto se acercaba la Interpoderes.

 

 

 

El martes a la noche

Alberto Fernández terminó de consensuar tarde el texto que a las diez de la noche del martes difundió el ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Marcela Losardo y Horacio Pietragalla primero confirmaron su asistencia, pero luego declinaron la invitación.

“La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista. Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento”. Y agregaron: “En este contexto, la respuesta de la Corte debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”.

Tras la carta, se bajó Elena Highton, hasta entonces comprometida protocolarmente como vicepresidenta. Lo mismo decidieron los representantes del Senado y Diputados. Antes y después, doce de los trece organismos de derechos humanos. La Liga Argentina por los Derechos Humanos criticó a la Corte y al gobierno. “No aceptamos que se pretenda utilizar por la derecha golpista (Rosenkrantz); pero tampoco convalidamos la decisión del oficialismo de frustrar la Comisión Interpoderes exigida por cuatro años desde las víctimas, los familiares y los organismos de derechos humanos”.

El jueves a las tres de la tarde, Rosenkrantz recibió a los invitados, solo, en un primerísimo plano de Zoom con su barba larga con la que consigue diferenciarse del Gótico Americano de Grant Wood. Estuvo el jefe interino de los fiscales Eduardo Casal, la fiscal Ángeles Ramos, el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, y entre pocos otros, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos de la Casación y Diego Morales y Sol Hourcade del CELS. El carácter  de lo que en su entorno mencionaron como las ONGs, lo sorprendió. Si Rosenkrantz esperaba un piquete callejero, encontró una exposición del más alto nivel técnico.

 

La tragedia

Casal habló poco y le dio la palabra a Ángeles Ramos. Ella, Ángela Ledesma y Diego Morales trazaron el corazón político del dramático estado de situación de las causas. Hoy hay 597 en trámite, 246 tuvieron sentencia, pero 263 están en etapa de instrucción, 70 elevadas a juicio y 18 en debate. Según los números de la Procuración, la Corte tiene 65 causas a la espera de sentencia definitiva con ramificaciones por pedidos individuales calculados en 447. Entre ellos, hay casos emblemáticos que deben marcar jurisprudencia sobre responsabilidad empresaria como la intervención de Carlos Pedro Tadeo Blaquier en el secuestro de las noches de apagones de Jujuy del invierno de 1976. Y casos que extienden los límites de la violencia estatal, como la masacre de Trelew de 1972. Sobre ese panorama, las falta de sentencia definitiva en el resto de las causas produce efecto en cadena en las instancias inferiores que esperan confirmación del alto tribunal antes de avanzar.

El punto más complicado son los Tribunales Orales. La Casación registra 116 causas elevadas a juicio, de las cuales sólo 10,3 por ciento está en debate; 5,2 fijaron fecha de audiencia; pero 66,4 no iniciaron debate ni fijaron fecha de audiencia y el resto está suspendida. Hay juicios con comienzos demorados desde 2012 como el Pozo de Banfield que es parte del circuito de las viejas Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense con fecha de inicio ahora establecida para el 27 de octubre, junto al Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús. Un escenario de víctimas que dialoga con las víctimas del presente: detenciones y abusos a las travestis, policías secuestrados por sus propios compañeros y maternidad clandestina.

Nada de esto es nuevo. Lo que cambió es el volumen de las causas y por lo tanto se agravó la dimensión. Causas que avanzan hacia segundos y terceros tramos tienen jueces que se apartan por decisión propia o porque son recusados. Persiste la necesidad de cubrir vacantes. Hay casos señalados como escandalosos en La Plata con 14 tribunales en juicio con jueces diferentes. “Muchos jueces intervienen al mismo tiempo en más de un TOF”, dijo Ledesma. Y eso produce que un juez no pueda tener varias audiencias por semana de una misma causa, parte de lo que produce la desaceleración de juicios con promedio de tres años de extensión desde que inician hasta el veredicto. Y otros dos años para sentencia firme.

 

 

Ángeles Ramos retrató situaciones que muestran escenarios de hace diez años. La causa por las torturas en Malvinas con pedido de 24 indagatorias, en un juzgado con un solo secretario y dos empleados que sólo pudo hacer tres indagatorias. Pero también pidió resolver aspectos básicos, como el pago de peritajes para inhumaciones esperadas en Córdoba y Tucumán. La traducción de exhortos para extradiciones, como un pedido a Italia para un juicio en San Juan. Y pulseras para domiciliarias, en aumento.

Pero el dato tal vez más simbólico sea la Acordada de Reglas Prácticas del año 2012, un logro pensado originalmente para dinamizar los juicios validando prueba de juicios anteriores e impedir revictimización de sobrevivientes. Hoy la Acordada casi no se usa, dijo Ledesma. “Hemos venido conversando en superintendencia para ver de qué manera redefinir los principios que tienen aglutinación del trámite con audiencias de admisibilidad y prueba, y toma de decisión para preparar la gran audiencia definitiva del juicio”.

Diego Morales expresó a viva voz el comunicado que el organismo había difundido poco antes. Tras el diagnóstico, hizo pedidos a cada organismo del Estado.

A la Corte,

• una secretaría penal para trámites rápidos;
• una acordada para juicios más dinámicos,
• publicación de la agenda de los juicios;
• garantía de accesibilidad a las audiencias.

A la Cámara de Casación,

• una secretaría para lesa humanidad,
• una acordada que corte el espiral recursivo dotando a los tribunales de alzada de capacidad positiva para cambiar fallos en vez de devolverlos.

Al Congreso,

• la Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.

Al Ejecutivo,

• la reposición de los equipos de investigación en los archivos de las Fuerzas Armadas y del ministerio de Seguridad.
• Y una política pública de desclasificación y relevamiento de la documentación en poder de la Agencia Federal de Inteligencia.

 

“Queda poco tiempo”, dijo. “Hoy urge una acción efectiva como la que se ha manifestado en esta audiencia. De todos los integrantes, para que las investigaciones puedan concluir con sentencia firme a los responsables, no sólo militares sino civiles, económicos y empresariales y que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación”.

Allí debía haber terminado el encuentro. Hubo poco. Pero siguió.

 

La cerrazón

Rosenkrantz agradeció. Y agradeció especialmente las recomendaciones prácticas del CELS y el Ministerio Público. Comprometió informe. Y nuevo encuentro. “No pueden pasar cuatro años —dijo—, creo que todos lo consideramos una situación anómala”.

Antes de terminar volvió al pase de facturas. Dijo que la convocatoria se había demorado porque el trámite interno es un poco engorroso, ya que “requiere la firma de todos sus ministros”. Y sin decirlo, recordaba que en marzo de 2019, los cortesanos le dejaron la presidencia pero lo ralearon de poder.

“Quiero aclarar que esta es una reunión a la que si bien se invitó recién la semana pasada, se programó y se viene trabajando hace bastante tiempo”. Mencionó a la presidenta de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma. Dijo que ella podía dar fe de todo. Que empezaron a conversarlo a comienzos de septiembre, a sistematizar información, porque no tenía sentido de otra manera, hacer la reunión.

Ya se dijo. Ángela Ledesma no fue convocada a comienzos de septiembre, sino el día 24. Casi a fin de mes. La reunión se hizo de apuro. Pero eso ya no importa.

 

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