La agenda escondida de Bullrich
La manipulación de datos criminológicos, la represión y el espionaje
La última semana el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el informe anual de causas denunciadas y tramitadas en el Fuero Correccional Criminal. Los resultados estadísticos muestran una vez más las falsedades difundidas durante los 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal y las falacias de quien detentaba la responsabilidad de la seguridad federal, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Los datos fueron divulgados por la entidad provincial que aún dirige el procurador Julio Conte Grand, quien fuera nombrado por la gobernadora macrista en 2016. El informe muestra que los delitos contra las personas y la propiedad crecieron un 24,3 % –entre 2015 y 2019– dentro de la provincia más densamente poblada de la Argentina.
Algo similar ocurrió con los femicidios a nivel nacional. Las cifras comparativas entre el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el 2019 muestran un incremento de un 13 % de los casos. Otra de las banderas discursivas de la criminología mediática, sustentada por la ex militante de la Juventud Peronista –hoy devenida en paradigma de la bolsonarización local– remite a las acciones ligadas al narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Al igual que en Colombia, donde Washington se comprometió a colaborar para desactivar los despachos hacia los carteles mexicanos, Patricia Bullrich vio incrementarse el consumo de sustancias adictivas, en el mismo lapso que presumía de su exitoso combate contra los narcos. Según el informe oficial difundido por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), en 2018 –en plena etapa de auge macrista–, el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó de manera considerable, sobre todo entre la población de 12 a 17 años.
Informe sobre sustancias psicoactivas. Argentina, 2017. Publicado en 2018
El aumento del consumo consignado por el SEDRONAR en 2018 se asocia a una distribución territorial más amigable para determinados grupos mafiosos, en detrimento de otros. La pretendida batalla contra el narcotráfico –publicitada entre otras formas mediante videos cinematográficos en los que se derribaban diferentes bunkers de comercialización– no concuerda con el incremento en el aumento del consumo. O bien las acciones policiales escenificadas beneficiaron a algunos carteles en detrimento de otros, o bien muchos de los operativos fueron simulados, en forma coherente con el estilo de puesta en escena característico de la función propagandística de Cambiemos.
La pretendida eficiencia de la mano dura aplicada por el modelo de seguridad interna sustentado por Bullrich se muestra también deslucida frente a los datos oficiales comparativos del último semestre respecto a igual periodo anterior. En los primeros 6 meses de 2019, se produjeron en todo el país 1.065 homicidios dolosos (intencionales) y su número se redujo a 1.044 bajo la conducción de la ministra Sabina Frederic. El último 2 de noviembre, Bullrich predijo que el gobierno del Frente de Todos impulsaría la “mirada tipo Verbitsky” y que su resultado sería el retorno de la “inseguridad y el narcotráfico”. Para terminar, subrayó: “Les va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa”.
Desfasaje entre el pretendido decomiso y el aumento de oferta. Pag 46
Razones verdaderas
La agenda del macrismo no tuvo como objetivo el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Se instituyó para sostener un plan económico doméstico y una adscripción a las demandas geopolíticas del Departamento de Estado. Eso requería:
- La instalación de un peligro terrorista recurrente;
- La sobreactuación respecto a la lucha contra el narcotráfico;
- El despliegue de fuerzas y recursos destinados a garantizar la represión política y social de quienes se opusieran al ajuste económico sistemático.
Durante los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri se construyó el clima dispuesto a mostrar la presencia de peligros ligados al terrorismo. En julio de 2016 dos jóvenes que publicaron burlas en las redes sociales –haciéndose pasar por integrantes de grupos fundamentalistas– fueron detenidos a pesar de constatarse en forma inmediata de que se trataba de burlas adolescentes. El hecho, sin embargo, fue presentado como la desactivación de una operación terrorista.
Para justificar el inocultable alineamiento internacional, el macrismo recurrió a acuerdos de capacitación en medidas antiterroristas y adquirió aparatología bélica de quien definió como socios geopolíticos. Uno de los primeros encuentros de Macri con un primer mandatario fue en Davos, en enero de 2016. El elegido fue Bibi Netanyahu. Pocos meses después, en mayo de ese año, Waldo Wolff fue designado en la Comisión Bicameral de seguimiento de temáticas de la seguridad interior. En julio de ese año se realizó un seminario de ciberseguridad en Buenos Aires, del que participaron funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Cuando concluyó el mismo, la entonces secretaria de seguridad declaró: “Estamos comenzando a trabajar en un centro de inteligencia en ciberdelito y ciberterrorismo (…) El diputado Waldo Wolff lo está trabajando con expertos de distintos lugares en el mundo”. Por entonces nadie lograba dar alguna explicación convincente acerca de qué hacía un legislador ocupándose de tareas de seguridad ligadas al Poder Ejecutivo.
En noviembre de ese año, Bullrich, nuevamente acompañada de Wolff, viajó a Tel Aviv para participar de la IV Conferencia de Internacional de Ciberseguridad, donde se firmaron acuerdos de capacitación y se adquirieron lanchas de guerra por 49,5 millones de dólares, destinadas a la Prefectura Naval, una fuerza orientada a la seguridad interior, ajena a las tareas bélicas, cuya misión es el control fluvial y de las costas. Tras difundirse la transacción, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) dirigió una carta pública a la ministra de Seguridad en la que se afirmaba que “la industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia menor de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega”. El presidente de la FINA, Juan Torresín, señaló además que con el equivalente de la inversión de 49,5 millones de dólares se hubiesen podido fabricar 20 embarcaciones similares, dando trabajo a la alicaída industria naviera argentina.
Como resultado de los convenios rubricados en Tel Aviv, en septiembre de 2018 integrantes de distintas fuerzas federales y provinciales participaron de las capacitaciones de combate antiterrorista. En ese marco, en noviembre de ese mismo año, en una clara puesta en escena de una fabulación terrorista, se detuvo a los hermanos Axel y Kevin Salomón, de 26 y 23 años, bajo la acusación de ser parte de Hezbolá. Permanecieron detenidos durante 22 días en la cárcel de Ezeiza, sin ser imputados de ningún delito. Dado que el peligro fundamentalista debía permanecer en forma permanente en cartel, y como no se encontraban evidencias válidas, en marzo de 2019 se detuvo –en el marco de una bochornosa escenificación– a dos arquitectos chilenos a quienes se acusó de planificar atentados ligados al encuentro del G20. Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers habían participado del Congreso de la Lengua en la Ciudad de Córdoba y se los arrestó bajo la acusación de tenencia de material explosivo, a raíz de haber dejado una batería que era parte de una instalación artística, en el hotel cordobés que los había alojado. Un mes después, cumpliendo las prerrogativas de la islamofobia inscripta en las sobreactuadas relaciones exteriores (carnales) de nuevo tipo, se impidió ingresar al país –por razones de seguridad nacional– a la selección de futsal paquistaní, 48 horas antes del inicio del 12.° mundial de ese deporte, que tuvo sede en la provincia de Misiones.
Todas esas iniciativas tuvieron su recompensa: el 30 de junio de 2019, Edward Prado, jefe de la delegación diplomática de Washington en Buenos Aires, hizo público su agradecimiento: “Me animo a decir sin reservas que esta relación nunca ha sido más fuerte que hoy”. La reposición de cumplidos no se hizo esperar. En noviembre de 2019, ya en despedida, Bullrich retribuyó los halagos al tiempo que se vanaglorió: “Quizás nos gana Colombia, pero somos el segundo país de América Latina que tiene un Centro de Reunión de Inteligencia conjunto con organismos como la DEA, el FBI y Departamento de Seguridad Nacional”. Para fundamentar su apreciación, detalló: “Desde Estados Unidos vinieron 14 funcionarios que estuvieron 15 días trabajando en este centro (…) Queremos destacar las capacitaciones con el FBI, que nos permitieron llegar a dos por mes para formar más de 500 funcionarios (…) No quiero dejar de agradecer al grupo que está en Miami, en Key West, porque ahora allí tenemos a un representante de Gendarmería” en la Fuerza de Trabajo Conjunta de Inter agencias del Sur, que está instalado en Miami, dependiente del Comando Sur de los Estados Unidos.
Esta agenda modelada al servicio de intereses de Washington explica el despliegue exacerbado e ineficiente de la seguridad interna y su correlato análogo, la recurrencia a la violencia institucional. La instauración de peligros y amenazas ilusorios permitió desplegar los protocolos represivos contra piquetes y movilizaciones sociales, simular una guerra contra los narcotraficantes y disponer de las estructuras del Estado para espiar, hostigar y perseguir a opositores encolumnados en la tradición nacional y popular.
El disparo por la espalda a un delincuente por parte de Luis Chocobar y su posterior validación mediante la recepción en la Casa Rosada forman parte de esa criminalización mediática necesaria para legitimar la violencia estatal como núcleo fundante de una estructuración social represiva. Esa impronta es la que explica la invención de grupos armados mapuches y su posterior correlato, la persecución que derivó en la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Pero la lógica no se comprende en forma íntegra si no se incorpora al análisis el rol del espionaje ilegal, en cuyas acciones siempre estuvo presente la actual presidenta del partido macrista: Sebastián D’Alessio mantenía inocultables vínculos con la ministra de Seguridad; el agente de la AFI Alan Ruiz –hoy procesado por los seguimientos a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria– aterrizaba en la AFI por recomendación de Bullrich.
La agenda neoliberal local sobreactuó peligros terroristas ilusorios y predicó una eficiencia de combate a la criminalidad que demostró ser un fiasco. Su consumación fue el decorado de una agenda subrepticia adscripta a las necesidades regionales de Washington, orientada específicamente a garantizar el ajuste perpetuo, el endeudamiento, ahondar la precariedad laboral, quebrar la voluntad de la militancia, debilitar a los sindicatos y –sobre todo– destruir el vínculo que articulaba a los sectores populares con su referencia política, Cristina Fernández de Kirchner.
En 1940 Raúl Scalabrini Ortiz advertía con minuciosidad los mecanismos utilizados por los grupos dominantes –asociados a la lógica imperial– para debilitar la entereza de los sectores subalternos: “Todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran”. Fue escrito hace 80 años. Pero sintetiza los sofismas que han querido imponer en el cuatrienio malogrado. Despabilarse –como sugería Ortiz– es parte de la tarea.
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