La acusación

 

Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, la Procuración se convirtió en un blanco móvil. Primero, para forzar la salida de su titular Alejandra Gils Carbó. Después, para disciplinar a fiscales díscolos. En los dos últimos años, con Eduardo Casal a cargo, la Procuración movió expedientes disciplinarios según cómo oscilaba el péndulo político.

 

El antimodelo

En mayo, Casal decidió que se sustancie un sumario administrativo contra Carlos Stornelli por su renuencia a viajar a Dolores para ser indagado por sus supuestos vínculos con la banda de espías que lideraba Marcelo D’Alessio. Fue en respuesta a un pedido que le había llegado a Casal el 26 de marzo del juez federal Alejo Ramos Padilla y después de que un consejo evaluador de fiscales dijera que había elementos para investigar los faltazos de Stornelli, que se escuda en sus fueros.

Por cuerda separada corre otra investigación administrativa centrada en los hechos por los que está imputado Stornelli, el fiscal de los cuadernos, en Dolores. Ni esa investigación ni la de los faltazos tuvieron resolución aún.

Hubo otros casos que se movieron con mayor celeridad. Algunos de ellos denunciados por un grupo de organizaciones de juristas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el viernes terminó la visita en el país. Otros fueron recogidos por El Cohete. Para estos y estas fiscales, hubo menos zanahorias y más garrotes.

 

 

La fiscal que más molesta a Macri

Gabriela Boquín bloqueó en diciembre de 2016 un acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado nacional que lo tenía a Mauricio Macri a los dos lados del mostrador. La fiscal sostuvo que la oferta del Correo era abusiva y que implicaba una licuación de más del 98 por ciento de la deuda que la empresa mantiene desde 2001 con el Estado argentino. Desde entonces fue blanco de una ofensiva para sacarla de la causa.

En la Procuración usaron dos presentaciones de empleadas de su fiscalía para armarle un expediente administrativo que empezó a moverse en abril de 2018 –como detalló Ari Lijalad en El Destape— y en las últimas semanas pasó a las manos del consejo evaluador de fiscales para que determine si debe abrirse un sumario.

La maniobra que se cocinó en la Procuración puede resumirse así: una trabajadora de una fiscalía estaba desempeñándose en otra área de la Procuración y no quería volver a trabajar con Boquín e hizo una presentación para no regresar. La empleada, Marina Calzia, está casada con el juez Javier Sánchez Cannavó, que estaba concursando para un ascenso – para lo cual siempre tiene la última palabra el Ejecutivo. A la presentación de Calzia, le sumaron una denuncia de otra trabajadora que dijo haber recibido malos tratos en la fiscalía.

Boquín hizo su descargo. Presentó correos y mensajes que mostraban que el trato era cercano. También sostuvo que nunca le habían avisado que Calzia no quería regresar. El pedido de traslado de Calzia había sido apoyado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), porque básicamente era eso y no una denuncia a la fiscal. El sindicato quiso ver el expediente y se lo negaron.

Uno de los escenarios que habilitan las normativas del Ministerio Público es a separar a los fiscales investigados de su oficina si su permanencia puede inhibir la investigación. Esa podría ser una posibilidad para correr a Boquín del caso Correo, aunque en los últimos días el caso tomó demasiado impulso como para sumar un nuevo escándalo: la jueza Marta Cirulli decidió la intervención, la Cámara Comercial mandó a la Corte un pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, para que le concedan más tiempo para evaluar una nueva oferta de la empresa y, en Comodoro Py, Ariel Lijo ordenó un nuevo peritaje sobre la deuda mientras decide si procesa a Oscar Aguad y a su círculo por haber aceptado la oferta de 2016.

Tanto el SITRAJU como la Unión de Empleados Judiciales (UEJN) que lidera Julio Piumato salieron el mes pasado a denunciar que se trataba de un caso de persecución contra la fiscal Boquín y le pidieron a Casal que la confirmara en su fiscalía.

 

Con la SIDE, no

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunció al arrepentido del Lava Jato Leonardo Meirelles por falso testimonio. En una videoconferencia con el fiscal Federico Delgado y su par de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, Meirelles había declarado que había hecho varios pagos a Arribas en 2013 que ascendían a una suma similar a los 850.000 dólares desde un banco en Hong Kong. Lo había conectado con sobornos por el soterramiento del Sarmiento.

La causa contra Arribas la cerró rápidamente el juez Rodolfo Canicoba Corral y el superior de Delgado, Germán Moldes, no apeló. El Señor 5 terminó denunciando a Delgado y a Rodríguez y Bonadío le dio la razón. Se abrió una causa penal que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Ese magistrado desestimó la denuncia, pero la Cámara Federal le ordenó el año pasado reabrir la causa impulsada por el jefe de la AFI contra los fiscales.

Bonadío, por su parte, le mandó un oficio a Casal para que les aplicara el régimen disciplinario a Delgado y a Rodríguez. El 9 de mayo del año pasado, la Procuración les pidió a los fiscales que informaran qué había pasado en la causa que había remitido Bonadío. Hicieron sus descargos, pero no volvieron a recibir ninguna notificación. La causa sigue abierta.

 

Las escuchas

Una de las primeras medidas de Mauricio Macri fue sacarle a Gils Carbó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la oficina de las escuchas. El DNU salió con fecha 24 de diciembre y ponía la oficina en manos de la Corte. El máximo tribunal dejó claro que no había necesidad ni urgencia, y aplazó hasta mediados de febrero la toma de posesión. Hasta entonces la fiscal que estaba a cargo del Departamento de Interceptación y captación de las Comunicaciones (DICOM) era Cristina Caamaño – actual presidenta de Justicia Legítima. El traspaso efectivo a la Corte se hizo en abril de 2016.

Para entonces, Caamaño ya estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), adonde volvió todo el personal que había estado trabajando en el edificio de Los Incas. Cuando asumió Casal, Caamaño no tuvo mucho más remedio que renunciar a la DATIP. Así se lo habían hecho saber.

Ya de regreso en su fiscalía criminal, le llegó un expediente administrativo por el que la hacían responsable de una caja con papeles de la DICOM que había aparecido en la DATIP, de la que ella no sabía siquiera de su existencia. Hizo su descargo, pero nunca le notificaron si efectivamente esa investigación se había cerrado.

 

Las cuerdas de Comodoro Py

Después de que se perdiera contacto con el ARA San Juan en noviembre de 2017, el fiscal federal Jorge Di Lello inició una investigación preliminar para determinar en qué estado se encuentran las Fuerzas Armadas y el material que disponen para sus operaciones. Para eso convocó a todos los ministros que sirvieron en la cartera de Defensa desde diciembre de 1983 y antes de Aguad.

La investigación preliminar se inició el 15 de diciembre de 2017. Tres días después le notificó al fiscal de Cámara Germán Moldes que estaba abocado a esa tarea. El 11 de septiembre del año pasado, Di Lello dispuso archivar la investigación. Había encontrado distintas decisiones políticas que no consideraba que merecieran reproche penal alguno. Aprovechó y armó un cuadernillo que le mandó a la Procuración con el título “El problema de la Defensa Nacional”. A Moldes también le avisó que había archivado la investigación.

Pero Moldes le recriminó que debería haber pedido prórrogas porque la investigación se había extendido más de lo previsto y le mandó el expediente a Casal. La Procuración le abrió un expediente a Di Lello con la base del informe del fiscal de Cámara y con la acusación de que se podría haber superpuesto la investigación que estaba en marcha en Caleta Olivia por la pérdida del ARA San Juan.

Di Lello estaba furioso con el expediente disciplinario. Hizo su descargo y esperó. El 23 de mayo último, el consejo evaluador de fiscales le respondió a Casal que no había necesidad de sancionarlo.

 

El tándem

Menos de dos semanas después de que Gils Carbó presentara su renuncia, la Procuración –ya entonces en manos de Casal– abrió un sumario administrativo contra el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari.

El fiscal había participado el 4 de junio de 2016 en un programa de radio de una emisora de Cosquín y había comentado sobre la situación de Brasil, entonces gobernado por Michel Temer. El conductor del programa expresó su deseo de que cayera Temer y lo llevara de la mano a Macri. "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas", completó Senestrari, que es además fiscal con competencia electoral en Córdoba.

Dos días después de la emisión, el entonces presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Guillermo Lipera, presentó un pedido para que le abrieran a Senestrari un sumario administrativo. Al mes siguiente, quien pidió su remoción fue el ministro de Justicia, Germán Garavano. El mismo tándem estaba operando para forzar la renuncia de Gils Carbó.

En simultáneo, el PRO recusó a Senestrari en Córdoba e impulsó una denuncia penal que fue desestimada. En abril de este año, Casal le notificó a Senestrari que le habían aplicado una multa del 10 por ciento del sueldo. El fiscal se quejó, pidió que reconsideraran la sanción, pero el 27 de junio el procurador interino resolvió rechazar ese pedido.

 

 

 

 

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