La absolución

 

El Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió el viernes al ex jefe del Ejército César Milani en el juicio por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. No tuvo la misma suerte Esteban Sanguinetti, por entonces capitán al mando de la comisión a la que pertenecía Ledo, que fue condenado a catorce años de prisión y que cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario. Es la segunda absolución que obtiene Milani desde agosto en causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Los últimos tres días fueron frenéticos en Tucumán. Milani declaró durante horas el miércoles. Había pedido hacerlo para desvincularse de la desaparición de Ledo y para insistir en la idea de que fue víctima de un complot por haber encabezado el ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de los cruzados en su contra ubicó a los grandes grupos mediáticos y a la que definió como la ”izquierda fundamentalista”. El jueves continuaron las testimoniales y empezaron los alegatos – que continuaron hasta el viernes bien entrada la tarde.

A las siete de la tarde del viernes, como habían anunciado, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedahl dieron a conocer la sentencia. A Sanguinetti lo condenaron como partícipe secundario en la privación ilegal de la libertad de Ledo y en su homicidio. La pena de catorce años fue menos de la mitad de lo que habían pedido las querellas de la familia y de la Secretaría de Derechos Humanos, así como la fiscalía. Para Milani, el pedido había sido del máximo de la pena por falsear un acta de deserción de Ledo y así encubrir su desaparición, es decir, de seis años.

 

 

El caso

Alberto Ledo desapareció dos semanas antes de cumplir los 21 años. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Había sido sorteado y se había incorporado en febrero de 1976 al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, mismo lugar al que acababa de ser destinado Milani como subteniente recién egresado del Colegio Militar. Un tiempo después, le tocó en suerte ir a Tucumán con una compañía encabezada por Sanguinetti.

Tanto Sanguinetti como Milani presentaron las tareas de la compañía como ajenas al teatro de operaciones represivas en que se había convertido Tucumán. “Un campamento de boy scouts”, ironizó el abogado Pablo Gargiulo, que, con Claudio Orosz, representaron a la Secretaría de Derechos Humanos.

Bajo bandera, Ledo se convirtió en un blanco típico del Estado terrorista, dijo el fiscal Pablo Camuña – que estuvo a cargo de la acusación junto con Agustín Chit y Julia Vitar. “Todo el entorno de Ledo fue perseguido y exterminado, salvo su familia que también fue perseguida”, sostuvo.

Ledo estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Había logrado ir a estudiar con mucho esfuerzo de la familia, que siempre vivió en La Rioja. Su hermana, Graciela, y él habían integrado la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli, lo que convirtió a Graciela en un blanco para la represión en esa provincia.

Ya recibida de maestra, viajó a Buenos Aires con su marido. Vio por última vez a su hermano en 1975. Él, que disfrutaba de la música y de tocar la guitarra, le hizo escuchar una canción que Joan Manuel Serrat había editado en su disco Mediterráneo: Tío Alberto, que gozó de la vida hasta una edad que Ledo no alcanzaría.

 

 

Las pruebas

Sanguinetti fue procesado en 2013 por la desaparición de Ledo. Milani, recién en 2017. Al ex jefe del Ejército (2013-2015) lo acusaban por haber firmado un acta de deserción, confeccionada en Famaillá, con la que se encubría la desaparición del muchacho. El acta supuestamente fue labrada el 29 de junio de 1976 ocho horas antes de que  Sanguinetti ordenara su confección, remarcó la querella de la familia Ledo en el alegato.

Ese documento, vital, era lo que relacionaba a Milani directamente con el caso Ledo. Sin embargo, ni el juez ni el fiscal de instrucción peritaron el documento – que era una copia certificada. El único peritaje lo aportó la defensa de Milani.

La fiscalía de juicio advirtió al TOF que era fundamental ordenar un peritaje con dos nuevas actas que el Ministerio de Defensa había remitido y que habían sido labradas por el mismo Milani durante el mismo período. Los jueces no aceptaron. La fiscalía insistió. Le advirtieron que podía pasar lo mismo que con el ex juez federal Felipe Terán, condenado por estafas con bonos y cuya condena cayó por no haber ordenado un peritaje caligráfico durante el juicio.

No hubo caso. Los jueces creyeron que eso debió haber sido hecho en la instancia anterior. La cuestión es que al ser una prueba clave era presumible que Milani terminara absuelto. El rechazo del peritaje del TOF tucumano fue convalidado por la Sala I de la Casación Federal.

 

Los argumentos

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo jueves 5 de diciembre. Según pudo reconstruir El Cohete girarían en torno a estos ejes:

- El problema fueron las pruebas;

- No se puede condenar a una persona por una copia de un acta que no puede ser peritada. Al ser una copia es difícil ver los trazos que pueden demostrar que se trate de la grafía de una persona. Eso es lo que apuntó el perito de Milani;

- No se pudo probar que Milani y Ledo tuvieran relación, ni que el muchacho haya sido su asistente;

- Faltó prueba también para comprometer directamente a Sanguinetti con el secuestro y muerte de Ledo, pese a ser el jefe de la compañía;

- La única diferencia seria entre los jueces fue por la domiciliaria de Sanguinetti. Lilljedahl votó en contra.

- Milani cambió sus testimonios entre 2013 y 2017. ¿Pudo desconocer lo que sucedía en Tucumán? Es improbable. Los jueces probablemente apuntarán que las versiones que dio antes de la indagatoria fueron contradictorias porque no sabía de qué se defendía. ¿De la desaparición o de falsear un documento? Si era de la desaparición, probablemente fuera conveniente decir – como le dijo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a Página/12 que había hecho el acta en Famaillá, porque eso lo sacaba del terreno donde se había consumado el secuestro.

 

La verdad

La mamá de Ledo lo busca hace más de 43 años. El 4 de julio de 1976 llegó a Monteros con la intención de verlo. Su hijo había cumplido los 21 y hacía días que no recibía ninguna carta suya. Le dijeron que había desertado. Un soldado le dio los anteojos, que todavía guarda junto con las notas que les mandaba desde Tucumán.

Marcela Brizuela de Ledo denunció en cuanto lugar pudo el secuestro de su hijo. No supo nada más hasta el juicio. La fiscalía convocó al sobreviviente Osvaldo Humberto Pérez, que había militado con Alberto en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en el comedor universitario en Tucumán. Se conocían bien, además, porque sus novias eran amigas.

Pérez declaró haberlo visto en pésimas condiciones dentro del área del Arsenal Miguel de Azcuénaga destinada a los interrogatorios y torturas. Estaba tan golpeado que no lo reconoció. Fue el propio Ledo quien se dio a conocer. Tenía la camiseta y los calzoncillos que daban a los chicos que hacían la colimba en el ejército. Según Pérez, Ledo estuvo con vida entre septiembre y diciembre de 1976.

El fiscal Camuña explicó que hay elementos para creer que pudo haber sido víctima de una ejecución extrajudicial en el arsenal – como se acostumbraba.

 

 

Seguir adelante

La fiscalía anunció que investigará la permanencia de Ledo en ese centro clandestino de detención junto a otro grupo de detenidos-desaparecidos que figuran como víctimas en la causa llamada Arsenales III. Esa quizá sea una línea para examinar otras responsabilidades.

Graciela Ledo seguía ayer en Tucumán. No había viajado de regreso a La Rioja, donde la esperaban sus hijos, sus nietos y su mamá, Marcela. Estaba consternada, pero lista para seguir adelante. Decía que la absolución de Milani era el círculo perfecto de impunidad que había comenzado con su designación al frente del Ejército.

El ex jefe militar había arrancado el juicio mostrando su solidaridad con la familia Ledo. Ese sentimiento fue disipándose con el correr de los días. En su última ampliación de indagatoria, sugirió que el responsable del acta –y probablemente de la desaparición– fuera un integrante del Regimiento de Inteligencia 142 de Tucumán que había oficiado después de jefe de Inteligencia de La Rioja. Para fiscales y querellantes, esa afirmación lo alejó de la empatía que había ensayado en las primeras audiencias y de la ajenidad que proclamó durante el proceso.

 

 

 

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