JUZGAR LA BARBARIE

 

En el último año dos fallos judiciales acreditaron bajo el concepto de delitos de lesa humanidad dos masacres de indígenas: la ocurrida en la Reducción de Napalpí, Chaco, en 1924, y la sufrida por los pilagá en Rincón Bomba, Formosa, en 1947. Desde la semana pasada, una demanda por crímenes de Estado en San Antonio de Obligado en 1887 pretende sumar a Santa Fe a este proceso de justicia. La fiscalía federal de Reconquista a cargo de Roberto Salum recibió de los caciques Luis Pereyra y Rosa Pereyra, de las comunidades qom Anañaxag y Dalagay, de Las Toscas y San Antonio de Obligado respectivamente, una denuncia por delitos de lesa humanidad y genocidio. La denuncia fue elevada al juzgado federal a cargo de Aldo Alurralde, quien debe ahora decidir si ordena las investigaciones.

 

 

 

 

Viejas costumbres

“Su brazo mutilado señala ya y para siempre el rumbo verdadero que seguirán las generaciones en busca de territorios feraces donde reunirse para constituir grandes pueblos”. El general Julio Roca estaba pronto a asumir la presidencia de la nación en 1880 cuando se dirigió de esta forma a Luis Jorge Fontana, un oficial del Ejército que había perdido su brazo izquierdo comandando incursiones militares contra las comunidades indígenas del Chaco. “Su vida está ya seriamente vinculada a la solución de uno de los más grandes problemas de la Patria: la conquista y población del Chaco, esa gran sombra en el mapa luminoso de la República”, terminó por elogiar a su comandado.

Como ministro de Guerra primero y luego como Presidente, Roca dirigió sus esfuerzos a “someter cuanto antes” a “un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente los territorios más ricos y fértiles de la República”. Hablaba en nombre del “pueblo viril”, de “nuestra propia seguridad” y de “la ley del progreso”. Con la misma determinación hizo avanzar a las tropas hacia la Pampa y más al sur, y también hacia el norte, hacia el “desierto verde”. Una verdadera toma de tierras, que fue transformando el territorio conquistado en propiedad privada.

En la amplia región chaqueña habitaban comunidades Qom, Moqoit, wichí, lules y vilelas, que fueron, algunas antes que otras, derrotadas militarmente y sometidas. La campaña de conquista del Chaco tiene varios episodios, de intensidades diversas, que componen una larga serie dramática. Desde el norte, desde la década de 1860, el ejército empezó a ocupar los márgenes del río Bermejo. Intentaba abrir caminos entre Salta y Corrientes. En la medida en que ocupaba un nuevo espacio se establecían fortines y colonias. Pero también avanzó desde el sur, corriendo la frontera norte de la provincia de Santa Fe.

La campaña en la que el oficial Fontana perdió su brazo duró cinco meses. Luego escribió un libro llamado El Gran Chaco y ofreció el trazado de mapas de la región. Aunque pretendió ofrecer un relato “científico”, un tanto distante del discurso del exterminio, no dejó de ofrecer las imágenes de la barbarie estatal: “A un indio tomado prisionero en un encuentro de armas, se le ató al cuello un cordel cuyo extremo opuesto fue asegurado a la cincha del caballo en que montaba el soldado que debía conducirle; puesto éste en marcha, y cuando el cordel perdió su elasticidad, el indio cayó como un tronco, pues no dio un solo paso, ni profirió la más ligera queja”, escribió.

Fontana podía lamentar la pérdida de su brazo pero ello no ponía riesgo sobre su vida. Distinta era la suerte de los indígenas, víctimas de los simbolismos más cínicos de la Argentina moderna. En su estudio sobre el gran Chaco, en 1890, el periodista Melitón González daba cuenta de aquella extendida apreciación: "A nuestro juicio ahí está el secreto del porvenir de la industria azucarera en el Chaco: el brazo barato. El indígena lo proporciona”.

 

 

Cuando Obligado no es soberanía

Uno de estos episodios de la conquista del “desierto verde” involucra al general Manuel Obligado. Hoy el departamento al nordeste de Santa Fe lleva su nombre. En aquella década de 1880 se terminaban de definir los límites de las provincias y territorios del Chaco. Santa Fe pujaba hacia el norte. El territorio chaqueño fue dividido en dos: Chaco y Formosa. En 1884, Obligado, hasta entonces gobernador de la frontera norte santafesina, fue designado para conducir el territorio del Chaco. Aquel año solicitó permiso a las autoridades nacionales para instalar una reducción indígena cerca de la colonia Las Toscas, que en poco tiempo había pasado a ser algo más que un fortín.

La idea de Obligado era experimentar, reducir indígenas ya derrotados militarmente y convocar a colonos inmigrantes. Para la tarea con los indígenas convocó al padre franciscano Fray Ermete Constanzi, que había llegado de Italia tres décadas antes y desarrollaba sus tareas en la colonia San Javier. Con su reducción, Obligado se proponía someter, aculturar, cristianizar, sedentarizar y disciplinar a los indígenas para ofrecerlos a las explotaciones de los blancos. El padre Constanzi bendijo la colonia con estas palabras: “Los indios que hace poco vagaban por los montes, mañana serán sumisos y obedientes, cultivarán con sus arados aquella tierra virgen que por tantos años han pisado con altanería e indolencia”.

La reducción se oficializó con el nombre de San Antonio de Obligado. Allí fueron asentadas más de 400 indígenas de familias qom, moqoit y vilelas. Los primeros dos años fueron difíciles por varios motivos: había que construir las viviendas y otros edificios y la precariedad era tal que las mujeres metían los pies en la bosta cuando sufrían frío; el gobierno nacional tardaba en enviar herramientas de labranza, arados y bueyes entre ellas; y reinaba la inquietud en las familias asentadas a las que no les llegaban los títulos de propiedad. Entre tanto, muchos fueron llevados a trabajar a los ingenios de la zona por una remuneración tres y hasta cuatro veces menor que los criollos, y puestos a desarrollar la infraestructura, como los puentes de madera. Pero quizás los más fueron reducidos en el Regimiento Indígena. La militarización de los indígenas era novedosa para el proyecto de colonización. Obligado pretendía cubrir con las raciones militares el alimento de la mayoría de la población.

Recién a mediados de 1886 el padre Constanzi podía mostrarse satisfecho por el crecimiento de la colonia San Antonio de Obligado, que contaba con más de 1200 personas. Sin embargo, hacia fin de año se derrumbó su optimismo. Primero atacó la cólera. Luego, la redefinición de las fronteras. Santa Fe ganó el territorio hacia el norte, hasta el paralelo 28, lo que incluía a la reducción. Ello barría las promesas hechas por Obligado de titularizar las posesiones de los reducidos. Además se acumulaba el descontento por los abusos, malos tratos y trabajos pesados que sufrían los milicianos indígenas. Finalmente, todo explotó con el secuestro de una niña.

La “chinita” fue pedida por el general Rudecindo Roca, gobernador de Misiones, propietario de un ingenio azucarero en Santa Ana y hermano de Julio A. Roca. Como ninguna madre quiso dar a su niña, un oficial se la llevó por la fuerza. “Un golpe asestado a la cabeza aturde a la pobre madre, que cae desvanecida, mientras le llevan a su hija para no verla más”, reconstruyó el padre Fray Pedro Iturralde años más tarde. De inmediato, se desató la sublevación indígena, que comenzó en el regimiento militar.

Hubo varios combates. Muchos muertos. Uno de ellos fue el mayor Marcos Piedra, máximo jefe militar de la reducción, renombrado por su crueldad, quien cayó atravesado por varias lanzas indígenas. Desde Las Toscas, Bella Vista, Corrientes y Resistencia bajaron tropas militares que se unieron a la primera acción represiva de los colonos armados. Ocuparon la reducción indígena y produjeron el escarmiento. En las actas de defunción de la capilla, Fray Constanzi se encargó de producir los registros de la masacre:

“Hoy día once del mes de marzo de año mil ochocientos ochenta y siete después de la sublevación del día siete habiendo quedado algunos indios de la tribu de los sublevados la autoridad militar descontando de estos teniéndolos, en la barra a más de estos, regresaron otros que se habían mandado por orden del gobierno de escolta con el Sr. Agrimensor Estanislao Rojas después de haberlos atados bien seguro a las nueve de la noche fueron asesinados por la fuerza militar que guarnecían este punto los muertos fueron catorce a más de una mujer y un chico de poca edad fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados. Doy fe. No fueron los únicos casos”.

Constanzi defendió ante el Ministerio del Interior y la prensa “la inocencia de mis indios”.

 

 

 

Delitos de lesa humanidad

Argentina es ejemplo en el mundo por su proceso de memoria, verdad y justicia, que se remonta a la lucha de la sociedad civil en el mismo momento en que se desplegaba el terrorismo de Estado en la década de 1970. Sin embargo, no era ni la primera vez que se producían actos atroces por parte del Estado y las clases dominantes, que se violaban pactos y convenios internacionales, ni la primera vez que se denunciaban aquellos hechos, como lo dejan ver las palabras de Fray Constanzi.

El juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado fue y sigue siendo posible por la potencia del movimiento por los derechos humanos, por la cada vez más importante investigación de los delitos cometidos y, fundamentalmente, por la construcción de una dogmática penal internacional para juzgar estos crímenes y su instalación –no sin dificultades ni desacuerdos– en los escenarios de la Justicia local. A este sólido carro se suman ahora las comunidades indígenas, que reclaman verdad y reparación.

Los casos que abrieron este camino fueron los de Napalpí y Rincón Bomba. En ambos, más de una década de trámites por demandas civiles finalizaron en 2019 con fallos que acreditaban los delitos de lesa humanidad cometidos en las dos masacres. Tuvieron que sortear respuestas de la Procuraduría General de la Nación y la Gendarmería, que denunciaron por discriminatorias y promotoras del olvido. En el caso de Napalpí la demanda se mantiene para exigir que las acciones por la reparación económica no se consideren prescriptas, mientras el fiscal de Resistencia, Diego Vigay, que inició acciones de oficio en 2014 y habilitó la declaración directa del último sobreviviente de la masacre, cree que es el momento de abrir la instancia del Juicio por la Verdad. Por los hechos de Rincón Bomba, en cambio, se ordenaron medidas reparatorias patrimoniales y no patrimoniales.

En el caso de San Antonio de Obligado, patrocinados por la abogada Cintia Chávez, los descendientes de las víctimas reclaman que se investigue la verdad de los hechos. Consideran por un lado que se trata de actos atroces, realizados como un ataque sistemático, generalizado y a gran escala contra la población civil, y de conformidad con una política de Estado; por otro, que persiguieron la destrucción, total o parcial, de las comunidades indígenas.

Aquí también se orientan a conseguir un juicio por la verdad, ya que no hay perpetradores vivos. Es un formato similar al que tomaron los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado en los años de impunidad, cuando estaba vedado el camino condenatorio.

“Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas”, plantean los denunciantes.

Exigen una reparación que contemple memoria histórica, difusión pública de la verdad sobre los crímenes perpetrados y la dignificación de quienes sufrieron la barbarie de los padres fundadores de la Argentina moderna.

 

 

 

 

 

 

(*) La imagen principal es gentileza del historiador Luciano Sánchez, director de la revista Añamembuí, que en su número 2 dedica un completo estudio a esta masacre.

 

 

 

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