Justicieros de identidad reservada
Protección oficial para una patota gaucha en El Bolsón
Una fiesta popular organizada desde el municipio de El Bolsón permitió armar un grupo de choque contra los sectores populares que repudiaban el ataque con armas de fuego a una comunidad mapuche, el domingo 21 de noviembre a la noche. Los organizadores interrumpieron el final de un festival de doma y folclore de tres días para arengar a algunos jinetes con consignas nacionalistas, pocas horas después de que al menos dos sicarios asesinaran a un joven mapuche-tehuelche e intentaran matar a otro en el paraje Cuesta del Ternero. La Justicia de Río Negro no inició investigación sobre esos hechos perpetrados ante los ojos de la policía local, que no intervino. Las cámaras de seguridad oficial y de comercios particulares del centro de la ciudad deben haber registrado la secuencia de violencia callejera contra la protesta y el grupo que en el hospital público local reclamaba mayor información sobre el herido sobreviviente.
El intendente Bruno Pogliano (del partido provincial gobernante Juntos Somos Río Negro) reivindicó la patoteada de los gauchos y vecinos que, al grito de “viva la Patria”, sacaron a los manifestantes de las calles “a caballo y con rebenque” (minuto 4:27):
En cambio, junto a otros quince intendentes de Río Negro denunció ante la Justicia federal por presunta incitación a la violencia a la propia comunidad Quemquemtreu que integraba Elías Garay Cayicol, asesinado de un balazo, y Gonzalo Cabrera, sobreviviente de dos disparos.
La acción de los propios funcionarios de gobierno confirma que no se trata de hechos aislados, sino de la consolidación de una coalición programática de derechas en defensa de la propiedad privada como negación de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios (PO) en la Argentina. Una funcionaria del gabinete de Pogliano adhirió públicamente a Campo+Ciudad, un nuevo espacio que desde la pampa húmeda lanzó la campaña “Fuera mapuches de nuestra tierra” y una encuesta nacional de reclutamiento de activistas y financiamiento. Semanas atrás, varias entidades ruralistas y del agro lograron revertir la usurpación de un campo en Entre Ríos, caso que nada tiene que ver con la demanda territorial de los pueblos originarios, pero que permitió lanzar la flamante agrupación.
Escenarios
El domingo 21, entre las 15 y las 16, Martín Cruz Feilberg (socio de la forestal General Simón S.R.L.) y Diego Ravasio (empleado de la misma firma) ingresaron al territorio de la Lof Quemquentreu y con –por lo menos– una carabina calibre 22 le quitaron la vida a Garay, a la vez que intentaron asesinar a Cabrera, de acuerdo a la acusación de la fiscalía de la Circunscripción Bariloche. Al final de la tarde, pobladores ya declaraban en la fiscalía local y operaban de urgencia a Cabrera en el hospital público. Recién entonces, alrededor de las 20, el gobierno provincial reconoció que hubo una persona muerta, a la vez que aseguró que no intervino la policía provincial en los hechos. Paralelamente, vecinxs de El Bolsón y comunidades mapuches cercanas se autoconvocaron para acompañar a los testigos en la fiscalía y a familiares de las víctimas en la guardia del hospital y para efectuar un corte de calle sobre la avenida principal.
Por su parte, ese domingo era el cierre del festival que se realizó en varios espacios locales, incluyendo competencias hípicas clasificatorias para el próximo festival de Jesús María, Córdoba. El evento fue realizado por el gobierno local y contó con el financiamiento y la organización de la Subdirección provincial de Políticas Sociales Tradicionalistas. Por primera vez, la actividad del cierre se hizo en el estadio polideportivo municipal, a muy pocas cuadras del centro comercial de El Bolsón. La música en vivo se interrumpió y la conducción oficial anunció desde el escenario que el festival se suspendía porque había una protesta a tres cuadras. La arenga pública, movimientos en algunos puestos de ventas y el consumo de alcohol hicieron el resto. Algunos salieron a caballo del polideportivo y llegaron frente a una estación de servicio, repartieron rebencazos y exhibieron armas blancas, corriendo a manifestantes que se refugiaron en comercios abiertos y dentro del mismo hospital. Turistas que cenaban en la zona fueron sorprendidxs por el ingreso brusco de mujeres que escapaban de los piedrazos. Una joven con dos niñas pequeñas –una en brazos– se resguardó bajo una camioneta, a metros de una guardia policial.
Según nuestra reconstrucción con numerosos testimonios, se incitó a la violencia desde la organización del festival y se usaron caballos como instrumento de dominio físico contra los manifestantes. Un grupo anónimo destruyó un comercio, propiedad de la esposa del intendente, quien realizó la denuncia penal. El vandalismo sobre el local de quiniela fue aproximadamente a las 23, según el registro publicado en vivo por Noticias El Bolsón.
Después se destruyó un cartel en memoria al reportero gráfico José Luis Cabezas. Pasada la medianoche, gritaban “viva la Patria”, mientras Cabrera resistía en el quirófano y su madre aguardaba acompañada.
Paraguas oficial
“Si no hubiera sido por estos gauchos que estaban en el clasificatorio del Jesús María, que pudieron sacarlos de ahí (a los manifestantes) y hasta limpiaron la calle… Los vecinos de El Bolsón nos sentimos desprotegidos ante un grupo minúsculo que pretendió infundir terror”, justificó Pogliano. “Un grupo de violentos enardecidos que buscaban romper la paz social”, aseguró, refiriéndose a quienes lloraban la muerte de Garay y temían por la vida de Cabrera.
“Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está, hombre?”, se escucha en un testimonio (minuto 3:07):
La misma frase, la misma voz masculina, se identifica en otro registro (minuto 0:37).
“El Bolsón está de pie. Si no lo defiende la gente, no lo defiende nadie”, exclamó el mismo hombre, ahora sí frente a la cámara del canal de televisión local (minuto 1:09). Al menos una docena de testimonios coincidieron sobre la identidad de esa persona, a quien consultamos sobre su intervención directa en los hechos documentados. Negó ser quien los testimonios aseguran que es y dijo que lo conoce, pero que no podía facilitar “ni su identidad ni su contacto”. Como El Zorro, justiciero de identidad reservada.
Más allá de los nombres y apellidos de los partícipes directos, grave es que se propició desde el mismo Estado un conflicto local que distrajo la atención del escape protegido de los coautores del crimen de Garay hacia el sur, a la vecina provincia de Chubut. El aval institucional a estas modalidades de privatización de la violencia es la garantía de impunidad para sus ejecutores, al menos hasta el momento.
El sábado previo al ataque en la Cuesta, 600 jinetes desfilaron por las calles. Uno de ellos reconoció días después: “Nos sacamos las ganas de correrlos”, ajustando la versión oficial (minuto 2:30
Ninguna explicación por parte de Oscar Zapata, subcomisario de la unidad 12 de El Bolsón, ni de Omar Quintero, subdirector de Políticas Sociales Tradicionalistas en su evaluación del evento:
La nueva vieja guardia
“Guardianes de la República” es el lema de Campo+Ciudad, que se autoidentifica como una organización no gubernamental (ONG). A fines de octubre, su logo apareció convocando movilizaciones en Neuquén y Bariloche “contra la usurpación de tierras, un delito avalado por el Estado y perpetrado por una banda terrorista que se esconde tras un pasado inexistente”. El espacio tuvo su momento de éxito hace unas pocas semanas atrás, cuando un grupo de entidades agropecuarias logró que la Justicia restituyera un campo aparentemente usurpado en Gualeguaychú, Entre Ríos. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la delegación local de la Federación Agraria Argentina, la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y el distrito local de la Sociedad Rural Argentina (SRA) capitalizaron una decisión judicial de restitución del predio.
Campo+Ciudad lanzó una encuesta nacional bajo la consigna “Liberación del sur argentino”, la que fue impulsada por Gisela Guastavino, directora de Cultura de El Bolsón, entre otrxs funcionarios públicos. “¿Qué hacemos con las usurpaciones?” plantea la encuesta online que busca conocer opiniones sobre “los autodenominados mapuches”. Distintas estrategias para no hablar del plan sistemático de transferencia de tierras fiscales al capital privado en Río Negro, al menos, ni de los crímenes que se cometen en su ejecución.
Las agrupaciones tradicionalistas y las canchas de carreras de caballo son dos canteras de provisión de punteros todoterreno y lealtades. El ex gobernador radical Pablo Verani (UCR, períodos 1995/1999 y 1999/2003) y César Salinas, ex delegado de la Dirección Provincial de Tierras Fiscales para la zona andina, fortalecieron con su presencia y participación esos espacios. A esa cantera recurrió el senador por Río Negro Alberto Weretilneck durante su gobernación de dos períodos consecutivos (2012-2019), ya que El Bolsón es su patria chica de crianza y esos vínculos valen. El domingo 21, ese fermento pudo haber nutrido a la patota gaucha.
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