Justicia fiscal por la igualdad de género

 

Las mujeres serán las más golpeadas por los efectos de esta pandemia, que dejará un saldo de 118 millones en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, según CEPAL y ONU Mujeres. El impacto que genera el Covid-19 en relación con el crecimiento de la pobreza, la mayor cantidad de tareas de cuidados y el aumento del desempleo las afectará de manera desproporcionada. Considerando estos aspectos, a nivel local, se implementaron políticas públicas con perspectiva de género, así como medidas específicas desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Sin perjuicio de ello, habrá que profundizar esfuerzos, fundamentalmente en materia de protección social y en la reducción de desigualdades sociales, considerando la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en sectores de empleo afectados por la crisis y en sectores informales.

Una presentación realizada por la CEPAL junto con ONU Mujeres [1] del 19 de agosto de 2020 da cuenta de la profundización de los nudos estructurales de la desigualdad de género a raíz de los efectos del Covid-19. Entre las consecuencias negativas que provoca sobre las mujeres de América Latina y el Caribe, se pueden destacar:

• la pérdida de ingresos de mujeres en la informalidad y en pymes, considerando que las mujeres están sobrerrepresentadas entre los trabajadores informales, que trabajan en condiciones precarias y para quienes el aislamiento no es posible;
• el aumento de mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta que cobran menores sueldos que los varones y tienen menor acceso a sistemas de protección social;
• la brecha digital y financiera, que limita el acceso de mujeres a las medidas de mitigación;
• las mujeres están sobrerrepresentadas en la primera línea de respuesta en salud, por lo que corren mayores riesgos de enfermarse;
• el aumento de la carga de cuidados en los hogares recae en mayor medida sobre las mujeres;
• la pérdida de puestos de trabajo, dado que las mujeres son empleadas preponderantemente en sectores más afectados;
• mayor exposición a situaciones de violencia a raíz del aislamiento social; y
• la participación minoritaria y poco jerarquizada de las mujeres en la toma de decisiones frente a la pandemia.

Más de la mitad de las mujeres están ocupadas en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica. La tasa de desocupación de las mujeres en la región pasará del 9,6% al 15,2%, lo que equivale a un aumento de 5,6 puntos porcentuales. Como puede observarse en el gráfico a continuación, la tasa de desocupación de los varones, que se estima para 2020 es casi 3 puntos porcentuales menores que la de las mujeres, siendo del 12,3%, aumentaría solamente en 5,2 puntos con respecto a la de 2019. Así, en el 2020, además del estrepitoso crecimiento de la tasa de desocupación de las mujeres, aumentará la brecha de desempleo en el desempleo.

 

 

 

 

Magdalena Sepúlveda [2] explica que las mujeres son las principales víctimas de los trastornos sociales y económicos provocados por la pandemia en el mundo, y que los países en desarrollo deben aumentar el gasto social y rehusarse a aplicar políticas de austeridad, puesto que las mujeres y las niñas no deberían pagar los costos de la pandemia. Quienes deben pagar los costos de esta crisis son las empresas multinacionales y las personas de altos ingresos.

Uno de los aspectos estructurales que se ve acentuado a raíz del Covid es la sobrecarga del trabajo no remunerado que recae en mayor medida sobre las mujeres. En la región, las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. El informe que publicaron recientemente ONU Mujeres y CEPAL [3], sobre las tareas de cuidados en tiempos de pandemia, muestra que la actual distribución de las responsabilidades de los cuidados es sumamente desequilibrada.

Argentina es uno de los países de América Latina donde las mujeres dedican mayor cantidad de tiempo a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En total, las mujeres argentinas destinan 23,4% de sus horas a estas tareas no remuneradas, mientras que los hombres dedican un total de 9,3% de sus horas. Es importante remarcar que la sobrecarga de trabajo no remunerado afecta especialmente a las mujeres en hogares pobres. En América Latina y el Caribe, las mujeres del primer quintil de ingresos (el 20% de mujeres más pobres) dedican 39% más tiempo al trabajo no remunerado que las mujeres del quinto quintil (el 20% de mujeres más ricas).

Además es necesario someter a una perspectiva de género a las políticas tributarias e implementar medidas de justicia fiscal que permitan reducir la desigualdad. Los problemas de la tributación internacional y del sistema financiero global impactan sobre la desigualdad de género a través de distintos canales.

Por un lado, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y la evasión fiscal impactan sobre la desigualdad social. Impiden un mejor desempeño de la distribución primaria del ingreso, ampliando la brecha de desigualdad social existente; de la misma forma que la regresividad del sistema tributario impacta severamente sobre la estructura social. Considerando la mayor proporción de mujeres entre las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la justicia fiscal es también justicia de género.

Por otro lado, los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal reducen la recaudación tributaria, afectan la distribución secundaria del ingreso, alterando las políticas públicas orientadas hacia la igualdad de género, los recursos destinados al cumplimiento de los derechos de las mujeres y el financiamiento de la inversión social (mal llamado gasto social), que impacta en la feminización de la pobreza.

Por último, los flujos financieros ilícitos también involucran actividades como la trata de mujeres. Las actuales condiciones del sistema financiero y tributario internacional permiten la realización de estos hechos delictivos, ya que brindan las facilidades necesarias para la obtención posterior de su provecho económico.

La política tributaria debe contribuir a enfrentar las actuales condiciones de desigualdad y reducir las brechas de género existentes. La política fiscal con perspectiva de género debe ser acompañada de una política tributaria que provea la justicia fiscal necesaria para reducir las desigualdades de género.

De no adoptarse una política tributaria justa que avance sobre la reducción de la evasión fiscal, las desigualdades de género y sociales crecerán cada vez más a la luz de la crisis de la pandemia. Los países periféricos ven drenar miles de millones de dólares por año en materia de fuga de capitales, evasión fiscal y flujos financieros ilícitos, predominantemente asociados a maniobras de evasión y elusión fiscal internacional, realizadas por empresas multinacionales y grandes grupos económicos locales. En el caso de Argentina, el promedio anual de fuga de capitales de residentes, entre 2008 y 2017, fue de 13.051 millones de dólares ^[4] y las salidas por manipulación del comercio exterior son estimadas por Global Financial Integrity (GFI) ^[5] en un promedio anual de 14.525 millones de dólares entre 2008 y 2017. En total, los flujos promedio que drenan de Argentina suman 27.576 millones de dólares por año. En este sentido, resulta necesario adoptar una política tributaria justa y feminista, y avanzar hacia una reactivación económica sostenible que garantice el cumplimiento universal de los derechos económicos, sociales y culturales, y, conjuntamente, promueva la igualdad de género.

En este marco, la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) y sus redes regionales (RFJLAC, TAFJA en Asia, TJNA en África, TJ-E en Europa, FACT Coalition y C4TF en Norte América) llevan a cabo una campaña “¡Por un sistema fiscal feminista!”, exigiendo Justicia Fiscal por la Igualdad de Género. Marie Antonelle Joubert [6] sostiene que se impulsan cinco demandas principales:

• Detener los flujos financieros ilícitos y prácticas fiscales perjudiciales que facilitan la evasión fiscal y están sesgadas hacia los países ricos, las corporaciones multinacionales y los ricos.
• Reducir las cargas fiscales injustas sobre las mujeres y adoptar impuestos progresivos y justos –inclusive nuevas formas de impuestos sobre el capital y la riqueza– combinados con una menor dependencia de impuestos al consumo que perjudican a las personas pobres, quienes son en su mayoría mujeres.
• Eliminar el sesgo de género y la discriminación en las políticas tributarias para cumplir con los compromisos macroeconómicos de la Declaración de Beijing, que pidió a las naciones “revisar y modificar las políticas macroeconómicas, especialmente las políticas fiscales, para abordar las causas estructurales de la pobreza y reducir la desigualdad de género”.
• Garantizar que las políticas fiscales y tributarias reconozcan y sirvan para representar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado.
• Aumentar la asignación de ingresos fiscales para servicios sociales sensibles al género.

Por todo lo anterior, la carga económica de la crisis no debe recaer desproporcionadamente sobre las personas y grupos vulnerados, como las mujeres y niñas. Por el contrario, los esfuerzos deben canalizarse en otros sectores, históricamente privilegiados.

En esta línea, un informe de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIC (en inglés, Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation) [7] aborda las medidas que deberían adoptar aquellos gobiernos comprometidos con una salida responsable de la crisis. Entre ellas, se mencionan:

1. aplicar una tasa impositiva corporativa más elevada a las grandes empresas en sectores oligopolizados con tasas de rendimiento excesivas;
2. establecer una tasa impositiva corporativa efectiva mínima en todo el mundo para detener la erosión de la base imponible y la transferencia de ganancias hacia guaridas fiscales;
3. introducir impuestos progresivos a los servicios digitales sobre las rentas económicas generadas por las empresas multinacionales de este sector;
4. exigir la publicación de informes país por país -con información consolidada de los grupos multinacionales que indiquen las ganancias en cada jurisdicción— para todas las empresas que se benefician del apoyo estatal;
5. publicar datos sobre la riqueza offshore para permitir que todas las jurisdicciones puedan adoptar impuestos progresivos sobre el patrimonio de sus residentes y para poder controlar las tasas efectivas del impuesto sobre la renta de los contribuyentes con mayores ingresos.

La reconstrucción de la economía no debe enfocarse en reducir la presión fiscal o en condonar impuestos a las grandes empresas para favorecer la inversión. Por el contrario, ha quedado demostrado en la experiencia reciente de nuestro país que las políticas favorables a los grandes grupos empresarios no acarrean los resultados económicos ni sociales deseados. Es momento de abordar el drástico problema de la evasión y elusión fiscal de las empresas multinacionales y grupos económicos locales, y de las personas de altos patrimonios e ingresos, así como dotar de mayor progresividad al sistema tributario nacional.

 

 

 

[1] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final-200819_propuesta_informe_cuidados_rev_abi_0.pdf

[2] https://www.commondreams.org/views/2020/08/19/women-and-girls-should-not-pay-bill-pandemic#

[3]https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/policy_brief_cuidados_espanolv_190829.pdf

[4] https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/16029/2/TFLACSO-2019MBR.pdf

[5] https://secureservercdn.net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/03/GFI-Trade-IFF-Report-2020-Final.pdf?time=1585144671

[6] https://www.alainet.org/sites/default/files/alem_548.pdf

[7]https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5ee79779c63e0b7d057437f8/1592235907012/ICRICT+Global+pandemic+and+international+taxation.pdf

 

 

 

 

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