Justicia conseguirás

 

46 años de espera para una causa emblemática. El 5 de mayo pasado el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó sentencia después de una prolongada lucha de los organismos de derechos humanos en la investigación denominada “Hogar Casa de Belén”. Fue uno de los últimos juicios de Miguel Osvaldo Etchecolatz, que solía aparecer en las audiencias virtuales con un enorme crucifijo colgado en el pecho. Murió antes de la sentencia, que condenó a prisión perpetua al ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, al ex comisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, y a los ex policías bonaerenses que prestaban funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez. Todos fueron castigados por los homicidios agravados de María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, víctimas de operativos realizados durante dos días consecutivos en Almirante Brown y Llavallol.

La novedad del caso estuvo en la pata civil: la Justicia condenó a cinco años de prisión a la ex secretaria del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, por considerarla partícipe necesaria del delito de sustracción, retención y ocultamiento de los niños María, Carlos y Mariano Ramírez, y “por hacer incierto, alterar o suprimir su estado civil”. Marta Delia Pons, la jueza de menores que fue mentora de tan graves delitos, no llegó a ser juzgada porque murió en 1999.

Fue Pons quien, después de un operativo militar ocurrido el 15 de marzo de 1977, en el que asesinaron a María Vicenta Orrego Meza de Ramírez, internó a sus hijos, los tres hermanitos Ramírez –de dos, cuatro y cinco años–, en “Casa de Belén”, un hogar en calle Pueyrredón al 1651 de Banfield que dependía de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth. Allí fueron inscriptos con el apellido de los cuidadores de la institución. Había que borrar de raíz todo rastro sobre el origen de las “crías de terroristas”: otro procedimiento predilecto del Proceso. Con su accionar voluntario, la jueza sustrajo a los pequeños de su grupo familiar y ocultó su identidad, aunque previamente la conocía: tiempo antes había sido informada por los vecinos que fueron testigos del operativo. Según se comprobó en el expediente, la jueza también sabía de la intervención de las Fuerzas Armadas y de seguridad en los hechos, no hizo nada para dar con el paradero de María Vicenta y se negó sistemáticamente a que los niños volvieran con su familia.

 

 

El infierno en Casa de Belén fue a ras del suelo. Durante los años que estuvieron allí, entre abril de 1977 y diciembre de 1983, los hermanos sufrieron golpizas, maltratos y abusos sexuales. Quienes cometieron esos delitos tampoco llegaron a juicio. En un hecho inédito, el tribunal reconoció, por primera vez en un veredicto de lesa humanidad y tal como lo solicitaron la fiscalía y las querellas, “el derecho a la verdad” por los graves delitos de los que fueron víctimas los niños en el hogar religioso. Además, ordenó que la propiedad donde funcionó el hogar se convierta en un sitio de memoria.

Julio Ramírez, albañil paraguayo y militante político, papá de Carlos, María y Mariano, había sido secuestrado en 1974 y encerrado luego como preso político, acusado de tener libros prohibidos, hasta que en 1980 fue expulsado del país y se refugió en Suecia. En aquella época la jueza Pons había rechazado los pedidos de Julio y de su tía, quienes reclamaban la restitución de los niños a la familia. Durante años, desde la cárcel, Julio escribió cartas que no tuvieron respuesta. “No puedo aceptar su decisión porque sería aceptar mi propia destrucción como individuo”, le decía a la jueza. “Como católico, la unidad de mi hogar, la felicidad de mi familia, ha sido mi meta. Resulta difícil entender el espíritu que alimenta su decisión”, imploraba. Le pidió a Pons que le explicara “en qué momento un padre pierde la oportunidad de criar a sus hijos”, insistió en que se los entregara a su hermana y también que “haga todo lo posible para saber cuál fue el destino de mi esposa”. Nunca fue correspondido.

La sentencia –que corroboró la discriminación que sufrieron los niños en Casa de Belén por ser “hijos de subversivos” y, a la vez, por su condición de paraguayos– fue celebrada largamente por el CELS, que desde un comienzo colaboró con la causa. Con el acompañamiento de Emilio Mignone, fundador del organismo, Julio Ramírez fue a la justicia para reencontrarse con sus hijos, en una larga pelea, algo que recién logró en noviembre de 1983 tras un fallo de la Corte Suprema de la Nación. El dictamen cuestionó “el neto corte ideológico” de la decisión de Pons. Mignone, Laura Conte, los abogados Alicia Oliveira, Lucila Larrandart, Octavio Carsen y el incipiente Equipo de Salud Mental del CELS ayudaron, entonces, a reunir a los niños con su padre.

De hecho Rubén García, uno de los integrantes de aquel equipo, declaró el año pasado al tribunal de qué modo transcurrieron esos encuentros y cómo fue la restitución de la identidad y la re-vinculación familiar de los niños. Laura Conte, psicóloga y primera coordinadora del equipo, no pudo hacerlo por encontrarse con problemas de salud.

Rubén recordó que en uno de los viajes de Emilio y “Chela” Mignone a Suecia para denunciar los crímenes de la dictadura, Julio Ramírez les contó sobre su drama. Después de recurrir a la Corte para revertir el fallo de la jueza Pons, Emilio convocó a Rubén, a Laura, a Elena Lenhardtson, a Matilde Ruderman y a Javier Mignone para preparar el reencuentro de Carlos, María y Mariano con su padre. Sólo tenían dos meses. “Sabíamos, por los informes previos, que su historia en esos siete años en el hogar Belén había sido terrible”, explicó García ante los jueces.

La causa desnudó múltiples horrores. 46 años atrás, en un mundo sin celulares, María Vicenta Orrego Meza de Ramírez se acostaba luego de cenar con sus tres hijos y dos compañeros que vivían en su casa. La vida de la joven paraguaya de 26 años, conocida como “Chela”, transcurría agitadamente y en poco tiempo debió mudarse varias veces por la persecución policial: su marido Julio Ramírez, también paraguayo, había sido encarcelado en 1974 por su militancia en la Juventud Peronista y en Montoneros. María Vicenta también militaba en la organización aunque permanecía a resguardo de su familia. En la madrugada del 15 de marzo de 1977 una patota de represores los sacó a tiros de sus camas en la casa situada en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. La comandaban los genocidas Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, y Miguel Etchecolatz, su director de investigaciones. Vicenta salió a la calle agitando un trapo blanco. Poco después, sin mediar palabra, la acribillaron a balazos junto a su compañera de militancia María Florencia Ruival y a José Luis Alvarenga, otro compañero que estaba en la casa. Todo bajo la mirada de sus hijos Mariano, María y Carlos, que tenían dos, cuatro y cinco años cuando los verdugos arrancaron a su madre por la fuerza.

María Ester, aquella niña que presenció la balacera y se convirtió en una de las testigos centrales del juicio, dio un relato desgarrador. “Tuvimos el último abrazo de mi madre cuando estábamos rodeados de militares y las balas entraban por todas partes. Era terrorífico el operativo, los balazos no terminaban nunca. Allí fusilaron a mi mamá y a dos compañeros más. Antes de hacernos saltar por la ventana de atrás nos abrazó fuerte y largo. No era un abrazo común. Era un abrazo de despedida. Recuerdo sus últimas palabras: ‘María, te quiero’, igual que a mis dos hermanos. Y también la promesa que le hicimos de cuidarnos unos a otros. Quedamos al cuidado de una vecina y después caímos en las manos de la jueza Marta Pons, de Lomas de Zamora, que nos hizo desaparecer como NN”.

 

 

Su padre se exilió en Suecia. En aquel momento el juzgado rechazó sus intentos por lograr la tenencia en base a informes de la psicóloga María Teresa Gómez –apartada del juicio por problemas de salud– en los que consideraba que los niños no debían ser entregados a la familia. Recién en 1983, con la intervención del CELS, el padre obtuvo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia y logró sacar a sus hijos de la Argentina. Desde que se reencontraron con su familia, a fines de diciembre de ese año, los hermanos Ramírez viven en Suecia.

El juicio “Hogar Casa de Belén” se transformó en un proceso paradigmático por correr el velo de una conexión conjunta entre policías, militares, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, burócratas del Estado y hasta de la Iglesia Católica. “El accionar en bloque de las instituciones estatales en manos de la dictadura es difícil de probar, por eso este proceso es histórico y sentará precedente ya que no estamos hablando solamente de muertes y desapariciones sino de la complicidad para separar a niños de sus familias y después criarlos en un hogar eclesiástico donde abusaron de ellos”, había definido el fiscal Juan Martín Nogueira al inaugurarse el debate.

En su veredicto, el Tribunal ordenó la traducción de los alegatos y la sentencia al idioma guaraní –porque la familia Ramírez es de origen paraguayo– y comunicar su contenido a diferentes diarios para que “puedan considerar rectificar las noticias publicadas los días 16 y 17 de marzo sobre los operativos ilegales que terminaron en los asesinatos de Ruival, Orrego Meza, Alvarenga, Berger, Encinas y Steketee”. En el final del juicio, Julio y sus hijos Carlos, María y Mariano escucharon el veredicto tomados de las manos y las palabras que pronunciaron, al retirarse de la sala, fueron a coro: “Nos llegó el día de la verdad y la justicia”.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí