Juntos por la restauración neo

 

La derecha argentina no sólo no ha reparado en realizar un balance crítico respecto de los tres períodos neoliberales, sino que insiste inalteradamente en proponer una orientación que ahonde en el mismo paradigma de esos tiempos. Algunos de sus referentes olvidan u omiten la reciente gestión de la alianza Cambiemos, mientras que otros adjudican las graves consecuencias que originó a que sus políticas no contaron con suficiente profundidad.

Esta última variante ha ganado espacio y no constituye una opción marginal de la política del país. Sus reclamos y obstinaciones no pertenecen solamente a candidatos y referentes partidarios, también incluyen a las organizaciones del gran empresariado del país. Su despliegue no es un fenómeno local de la Argentina, sino que se alinea con las prédicas de sectores políticos que han permeado la vida internacional, y hay señales y evidencias que la pandemia ha aguzado esa tendencia.

Algunas de las propuestas con las que machacan las intervenciones de sus intelectuales, los pronunciamientos corporativos y las programáticas que formulan son:

 

 

La flexibilización laboral

Este recurso lingüístico vela el contenido real del planteo. La idea que fundamenta la propuesta es la caracterización de la existencia de un sistema económico-social en el que existen demasiados derechos de los trabajadores. Así, embisten contra derechos positivizados por una legislación construida durante décadas de luchas populares y por una representación política de los asalariados que en varios períodos de gobierno atendió esas demandas.

La flexibilización se propone con la excusa de una adecuación a nuevos sistemas de producción que requerirían modificaciones en la legalidad. Siempre aducen que se necesita reducir el costo laboral –disminuyendo aportes patronales a regímenes de protección social de los trabajadores– y aquellos contingentes que acarrean los contratos de empleo, que se mitigarían mediante la desarticulación de los despidos con indemnización a cargo del empleador y/o reduciendo, limitando y socializando los costos por accidentes de trabajo.

Más allá de las consideraciones particulares y puntuales, el espíritu dominante del planteo constituye una reconstrucción de la correlación de fuerzas en favor del empresariado respecto de la clase trabajadora.

Paradojalmente, esta ofensiva empresarial se despliega en una época de grandes cambios en las formas de producción. La tecnificación de los procesos implicó un aumento de la relación entre capital físico respecto del empleo de asalariados. Son tiempos de mayor tendencia al desempleo y a la descomposición de las unidades productivas con intensificación de una tercerización que sustancia el crecimiento de la informalización laboral. Es una época en la que se asocian mejoras de la productividad del trabajo con el retroceso en las condiciones de vida de los no propietarios de los medios de producción.

Hoy, un gobierno que asumió con el mandato de ampliar derechos y de no tomar medidas que perjudiquen a los sectores populares, negocia con el FMI. Es clásico que ese organismo multilateral de crédito, que –junto al Banco Mundial– asumió como misión el impulso de las reformas estructurales neoliberales, plantee a los países deudores la condicionalidad de reformas laborales. La derecha en la Argentina es un agente interno que las promueve con el activismo de sus políticos, dirigentes empresariales y economistas del establishment. El objetivo no es sólo la disminución de costos, ni tiene que ver con cuestiones técnicas del proceso productivo, sino con una ofensiva para quitar derechos con el objetivo de ampliar el poder político de los poseedores del poder económico. Esto ocurre luego de un período de concentración de la producción, de la propiedad y de los ingresos, situación que globalmente tiende a empeorar por la peste.

 

 

El derecho de propiedad absoluto

En el capitalismo es necesario diferenciar dos tipos de propiedad privada:

1. sobre bienes de uso, tanto de consumo rápido como de período extenso, y
2. sobre los medios de producción.

La disponibilidad de los primeros es de orden privado y su uso no impacta directamente en las condiciones de vida y en el proyecto de sociedad y nación. Puede reflejar profundas desigualdades, pero no reproducirlas y acentuarlas, ya que esas inequidades son, más bien, la consecuencia de una lógica de las relaciones de distribución. En cambio, la disponibilidad de los medios de producción tiene como fin la acumulación de ganancias y como medio la producción de bienes de consumo y de otras producciones, para lo cual se establecen relaciones entre los propietarios de esos medios con ciudadanos no propietarios de ellos. Cuando se producen procesos de concentración del ingreso y de la producción en momentos de intensa innovación tecnológica, es porque los aumentos de la productividad del trabajo provocan un excedente que es capturado por los propietarios, sin que los salarios absorban beneficios por las mejoras. A su vez, si la lógica de esas mejoras se basa en la expulsión de trabajadores, aumenta el desempleo y disminuye el nivel de la masa de salarios en la economía.

Los voceros del liberalismo neo, en las vertientes ya citadas, hacen una defensa cerrada del derecho de propiedad, sin distinguir de qué tipo de bienes se trate. Esa defensa se asocia a una concepción absoluta de ese derecho. Pruebas al canto: la resistencia al impuesto a las grandes fortunas en épocas de pandemia, al que finalmente se transformó en contribución, siendo ese cambio lingüístico la prueba de la cultura política que impregna al gran empresariado y sus expresiones políticas.

Si el derecho de propiedad es de orden absoluto, el proyecto nacional queda en manos de los grupos de poder económico. Entendiéndolo como derecho a la tenencia, al uso y a sus frutos sin límites, los empresarios tendrían la facultad de fijar los precios que quisieran, a que sus ganancias no tributen, o lo hagan en los porcentajes que ellos consensuen.

La resistencia a las retenciones móviles también representó un criterio de propiedad absoluta, en este caso, de una renta. Apropiarse de un excedente producto de la fertilidad del suelo argentino que resulta de un cambio de precios internacionales no constituye un uso social de la tierra, sino lo contrario. Un proyecto nacional en democracia requiere que la distribución del ingreso y el perfil de la producción sean definidos por la ciudadanía en general y no por grandes propietarios en particular. Tal como estaba escrito en la Constitución de 1949, el uso de la propiedad sobre los medios de producción debe ser en pro del bien social, que lo define la voluntad popular y no un poder oligárquico.

Abordar la cuestión de los precios resulta fundamental desde esta perspectiva. En el presente, el gobierno nacional se fijó el objetivo de que los salarios crezcan más que la inflación. Esta resulta una definición redistributiva que importa una mayor participación en el ingreso de los no propietarios de medios de producción. Si el empresariado fijador de los precios resiste la política pública y replica por métodos diversos aumentándolos más que las subas de salarios, opone su poder económico a la voluntad ciudadana. Es una conducta antidemocrática que puede deberse a la búsqueda de una mayor acumulación de ganancias o/y de mayor poder político. Si fuera de este último carácter, en la Argentina de hoy la batalla política excedería la disputa electoral y se ampliaría a otros campos de la vida popular, en los cuales el poder económico le estaría disputando la conducción de los destinos nacionales al poder político.

 

 

El Banco Central independiente

La promoción de un Banco Central independiente también es parte del despliegue del neoliberalismo a nivel global con su impacto en la Argentina. La conceptualización clave de esta institucionalidad responde a la idea de que la política monetaria sea amputada de las decisiones del poder político de origen popular y descanse en una tecnocracia, una meritocracia que también es un recorte de la democracia. La realidad llevó a que se fuera imponiendo un modelo mundial de Banco Central que sustrae la definición de sus funciones a las decisiones, características y proyectos nacionales.

Con distintas intensidades, esas tecnocracias han establecido una lógica de establishment financiero internacional afín a las normativas y concepciones de sistema financiero que la financiarización impone para su expansión. Las regulaciones de Basilea constituyen un ejemplo. Pero hoy se escuchan, desde las filas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, proyectos que radicalizan aún más el dispositivo heredado de los liberalismos neo. Desde economistas que proponen que la institución sea impedida de modificar la cantidad de dinero hasta quienes pregonan disolverla, son propuestas que no se encuentran muy distantes de eliminar la existencia de una moneda propia, lo que significaría una herida de muerte a la soberanía nacional.

 

 

Achicar el Estado

La batucada del gran empresariado y la oposición política para reducir el déficit fiscal, con la vista puesta en la disminución del gasto público, también juega como agente interno de las reformas promovidas por el FMI, en tiempos de plena negociación. Es también una forma de impedir que los ingresos fijos en pensiones y planes sociales que atienden la situación de los más desamparados puedan recuperar su nivel frente a la inflación. La insistencia en ese rumbo va unida al reclamo de reducir los impuestos, con la excusa de que hacerlo favorecería la inversión, tema nunca probado por la experiencia empírica. El planteo se completa con la manifestación reiterada de que el papel dinamizador de la economía lo debe jugar la inversión privada y no el Estado. ¿Quién definiría el proyecto de país, entonces?

El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional se ha constituido en un pilar para que, en el presente, quienes gobernaron en el período en que se contrajo esa deuda, presenten un proyecto de políticas que se condice con los condicionamientos que ese endeudamiento impone. A su vez, sin la participación del FMI –mediante el préstamo que otorgó–, la presencia de ese proyecto no tendría tanta entidad. El respaldo empresarial a la continuidad neoliberal tampoco poseería el espacio que hoy tiene. El FMI ha sido un protagonista del intento de construcción de una fuerte obstrucción a la independencia y autonomía de la política del gobierno actual y de otros gobiernos populares que lo sucedan.

Por eso es imprescindible iluminar el rol que juega ese organismo.

 

 

 

 

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