Jujuy y la peste

 

La cuarentena en Jujuy es más larga que la nacional, porque el gobernador Gerardo Rubén Morales implementó el aislamiento el 18-M, justo una semana después de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 48 horas antes que el Presidente Alberto Ángel Fernández.

Transcurridos más de seis meses del ASPO y luego de un número infinito de advertencias por el colapsado sistema público de salud, la Oficina Anticorrupción vernácula, liderada por la afiliada radical Josefa Herrera, intimó mediante una notificación a trabajadores de la salud —entre ellos, médicos y enfermeras—, abogados y un diputado peronista que habían denunciado desmanejos.

La OA jujeña —que fue creada apenas asumido Morales, para que aportase su grano de arena a la persecución contra Milagro Sala— tomó vericuetos propios de una aldea: en lugar de pedirles explicaciones a los funcionarios responsables, envió citaciones a los denunciantes para que presenten pruebas de las supuestas irregularidades del plan epidemiológico de Jujuy para combatir la pandemia.

Lo insólito fue que el mismo día de la citación, el jueves pasado, Herrera no se presentó a trabajar en las dependencias de la OA. Las personas que habían recibido la intimación esperaron durante una hora, hasta que se fueron. Todo quedó en la nada.

En febrero pasado, Herrera fue nombrada en la OA en reemplazo de Joaquín Millón Quintana, que sólo será recordado como ladero fiel del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Enrique Lello. Tras prestar juramento, la señora militante radical reveló a los medios: “El gobernador me dio instrucciones para investigar todo”. Siete meses después, la segunda notificación cursada por su oficina fue para convocar a sectores opositores y agentes de la salud pública “a ampliar denuncia”.

 

 

 

 

 

 

La OA salió del ostracismo en que se había sumergido e intimó a declarar al diputado provincial Emanuel Palmieri (Frente de Todos-PJ); a Celina Castellón, abogada y titular del Colegio de Enfermería de Jujuy; a los médicos Carlos Gaspar y Sergio Barrera Ruiz, que pertenecen a la delegación jujeña de la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA), y a la abogada Florencia Romero, que fue candidata a diputada nacional del FdT. A todos los intimó a que ratifiquen o rectifiquen sus dichos públicos sobre presuntos hechos de corrupción en el marco de la pandemia del coronavirus, que fueron ventilados en medios locales y nacionales.

Sin la presencia de Herrera, los nombrados ratificaron sus dichos en forma verbal ante los empleados de la OA y cada uno siguió su camino cotidiano.

 

 

 

 

Una palabra de moda: colapso

El primer caso de Covid-19 en la provincia fue una mujer que llegó de Europa el 17 de marzo. Al día siguiente, Morales impuso la cuarentena y llegaron los primeros casos importantes; luego fueron aumentando los casos autóctonos, pero el Comité Operativo de Emergencia se rehusaba a admitir que el virus había llegado al territorio jujeño, cuando era un secreto a voces que había circulación comunitaria.

En todos estos meses pasaron los policías que cruzaron la frontera en busca de la sagrada hoja de coca, el brote masivo de contagios y el reconocimiento oficial de que el sistema de salud público había colapsado. Camas de internación ocupadas, gente confinada en su propia casa, algunos en condiciones inimaginables.

Las muertes empezaron a contarse de 10 en 10, día tras día, y la maldita palabra “colapso” ya no se aplicó solo a las camas sino también a los espacios en los cementerios. “Ya tengo callos en las manos de tanto cavar. Antes era uno por día, a lo sumo dos, pero ahora son 6 o 7 por día”, afirmaba un sepulturero en la capital provincial. Y en otras localidades los camposantos tampoco dan abasto.

En los últimos días se conoció una nota que remitió el director del Hospital Pablo Soria, César Mulqui, a la compañía funeraria Previsión Social, donde le implora que retiren los cadáveres que se estaban apilando en la morgue del principal nosocomio de la provincia dentro de las 24 horas de producido el deceso. Además, la mayoría de las empresas fúnebres de Jujuy no cuentan con cámaras frigoríficas para almacenar los cuerpos.

 

 

 

 

La situación se agravará hacía fin de año porque, según afirman especialistas, el pico de contagios todavía no llegó. En lo que va del mes de la primavera ya hay 233 víctimas fatales con un promedio diario de 9 decesos.

 

 

Estudio científico clama por un confinamiento

Un estudio realizado desde la cátedra Investigación Operativa de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, que dirige el ingeniero Carlos Martín, muestra que es perentorio extender el tiempo de duplicación de nuevos casos, antes que aparezca la vacuna contra el SARS-CoV-2, en 2021.

«Estos datos hacen pensar en la necesidad de implementar medidas enérgicas de mitigación y de cambiar el comportamiento de las personas», alertó Martín.

Este viernes la provincia superó los 15.000 casos y se ubicó sexta detrás de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según el director del Comité Operativo de Emergencia, Omar Gutiérrez, la duplicación de casos está en 45 días.

 

 

 

 

 

Todos estos cálculos están apoyados en un terreno resbaladizo, porque el gobierno provincial no aporta los datos necesarios para imaginar un escenario realista. Desde hace semanas no se publican:

• La cantidad de tests que se realizan por día;
• El detalle por localidad de personas infectadas, recuperadas y fallecidas;
• El número de trabajadores de salud y seguridad contagiados;
• El porcentaje de ocupación de camas en los hospitales de campaña, las salas comunes de internación y las camas de terapia intensiva.

La única información que se brinda diariamente es la cantidad de nuevos casos y fallecimientos, y el detalle de los operativos sanitarios que encabeza el gobernador Morales, donde además de realizar el relevamiento epidemiológico se reparten bolsitas con alimentos.

 

 

 

 

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