Jujuy, las muertes más dolorosas

 

El Hoscam es el Hospital de Campaña de Jujuy compuesto de carpas levantadas sobre el acceso norte de la capital. Recibe a pacientes de Covid-19. El viernes 11 de septiembre murió un internado: Marcelino Vargas, un hombre que había entrado caminando con un aparente cuadro de neumonía que enmascaraba la infección. Ese mismo día habían muerto otras nueve personas. La empresa fúnebre logró encontrar horarios para el traslado recién el sábado 12, pero cuando llegaron al Hoscam, el cuerpo ya no estaba: en medio del desborde y colapso sanitario de la provincia había sido enterrado con otro nombre.

La noticia explotó el domingo pasado. Para entonces, la familia seguía buscando el cuerpo. El director del Hospital, Victor Castillo, les aseguraba que se había iniciado una investigación. Las hijas pedían explicaciones. Ya no sólo buscaban el cuerpo: querían saber por qué no lo habían trasladado, todavía con vida, a un lugar en mejores condiciones. Llevaban carteles con el reclamo. Y convocaron a los medios. Cuando la noticia circulaba en las redes, de teléfono en teléfono, llegó a oídos del hijo de otro de los muertos de ese viernes, de apellido Cruz.

El caso sacudió la agenda jujeña de la última semana. Mientras el administrador de la pandemia busca fantasmas como enemigos, Jujuy supera los 13.300 casos de contagios y 400 muertes. Las zonas más castigadas continúan en San Salvador de Jujuy, San Pedro, Palpalá y El Carmen. El esquema sanitario sigue colapsado como desde hace dos meses. Y la pandemia opera sobre el humor social conmocionado por el drama de protocolos para entierros y la noticia de los cuerpos cambiados que despertó todo tipo de alarmas.

Esa tarde de domingo, el hijo de aquel otro muerto se acercó también al hospital de campaña. Preguntó detalles. Y, finalmente, dijo que su padre había muerto, y lo había enterrado en el Parque del Solar, pero tal vez no era su padre y se había equivocado de cuerpo.

Los nuevos protocolos de pandemia impiden a los deudos ver a sus seres queridos en los cajones. Cuando las familias son convocadas a los hospitales solo pueden acercarse al fallecido desde lejos. Y sólo vuelven a verlo a cajón cerrado en los lugares de entierro. Los cuerpos son trasladados a la morgue colocados en bolsas de acuerdo al protocolo para la manipulación de cadáveres a causa del Covid-19. Las empresas fúnebres son las encargadas de colocarlos, luego, embolsados e identificados en los cajones. Y los cajones cerrados marchan con la pompa fúnebre a los cementerios.

La protesta de los Vargas tuvo como decorado de fondo los arreglos florales con el nombre del padre. Ese domingo, el fiscal Guillermo Beller recibió la orden para exhumar el cuerpo del otro hombre enterrado en el Parque El Solar. En pocas horas, levantaron el cuerpo. Comprobaron que Cruz era Vargas. Los hijos lo reconocieron. Pidieron una autopsia y el cuerpo fue llevado al Hospital Central Pablo Soria.

El caso motorizó diversas protestas. Hubo bocinazos, y ese domingo a la noche hubo una marcha hasta el Comité Operativo de Emergencia (COE). La familia reclamaba una palabra del gobernador. La gente gritó. Morales apareció en la pantalla de televisión. Hizo su programa. Habló del caso. Los Vargas querían que los reciba. No lo lograron.

—No recibo violentos –dijo Morales ante las cámaras. Y agregó—. Cuando se les pase voy a recibirlos.

Para entonces, la noticia estaba en todos los diarios del país.

–Los voy a recibir sin todos esos acompañantes que han venido a politizar esto –dijo Morales, todavía en el set. Mencionó a uno de los diputados que estaba con la familia, Emanuel Palmieri. Y habló del “senador nacional y legisladores provinciales que están escondidos en sus casas contando los muertos y viendo qué mal nos va a los jujeños”.

Poco después, la furia golpeó las puertas de Milagro Sala. Morales, que durante toda la pandemia se ocupó de no mencionarla ni una vez, salió a criticar al hijo de su esposo, Federico Noro, director de la sede local de Radio Nacional. La radio había cubierto el caso Vargas silenciado por los medios tradicionales de la provincia.

–¡Reman para atrás! –dijo Morales. Y en el camino se las agarró hasta con la empresa fúnebre, integrada por Gustavo Aimí, yerno un correligionario antiguo, Raúl García Goyena.

A pocos metros del COE, esa misma noche comenzaba una nueva edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Como si ocurriera en otro mundo. El Festival está dirigido por Facundo Morales, hijo del gobernador, con un costo de 30 millones de pesos: otro escándalo de la semana. La propuesta incluyó autocine y protocolo de cuatro personas por auto.

Durante la semana, Morales continuó con recorridas y entrega de alimentos por la provincia en ese modo de campaña que no deja. Los trabajadores de salud continuaron con los reclamos a los que se sumaron trabajadores del transporte, reprimidos por exigir el pago de sus salarios. Pero eso no fue lo único que pasó.

Los abogados Adrián Iconomovich y Jorge Albesa denunciaron al gobernador y a los legisladores justicialistas Rubén Rivarola y Liliana Fellner por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito en el marco de la pandemia y emergencia sanitaria. Cuestionaron un contrato del 24 de agosto de asistencia y de servicios entre el Ministerio de Salud y la empresa Mater NOA SRL, que se encuentra representada por Rivarola por un contrato por 57.888.000 millones de pesos, por el lapso de 67 días. La clínica dispone de 32 camas para casos de Covid-19 para pacientes con obras sociales. Y Fellner es socia del laboratorio LAC Norte que ha “celebrado contrato directo con el Estado Provincial para la realización de test PCR de manera monopólica”. Para los abogados, “la carga pública que demanda el cargo de diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia tal como lo expresa la constitución de la Provincia de Jujuy en su Artículo 107”.

Albesa realizó varias denuncias hasta ahora con eje en la rendición de cuentas del Estado provincial ante el envío de fondos de Nación. “Si el Estado provincial pretende sanear la salud pública contratando camas privadas y no todos los ciudadanos cuentan con obra social, el acceso a la salud pública no se garantiza”, sostuvo.

También hubo protestas de trabajadores del Hospital de campaña. Y es tanta la necesidad que, aún en zona roja, decidieron exponerse para reclamar por salarios que —en este contexto— tienen adeudados. La protesta recibió una respuesta pero tan flaca como las políticas gubernamentales: el gobierno comprometió el pago de julio y agosto a 30 trabajadores y el Ministerio de Salud gestionará adelantos para más de 800. Finalmente, también hubo caravana y bocinazo por la educación pública y diferentes comunidades, organizaciones sociales y ONGs que realizan festivales virtuales con sorteo y hasta rifas para conseguir dinero para insumos de bioseguridad en hospitales públicos.

El martes finalmente la justicia ordenó el entierro del cuerpo de Vargas. Esa tarde, Morales convocó a la familia a una reunión. Sin celulares. La familia no aceptó. Él se quedó con la última palabra:

–La familia usa el dolor para hacer política con la oposición –dijo, a su estilo. Mientras tanto, empezaron otras alarmas. Blanca perdió a su padre por el virus. También ella empezó a preguntarse si de verdad enterró a quién era su padre o despidió a otro.

 

 

 

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