JUJUY, LA MAYOR VERGÜENZA

 

 

En los inicios de la pandemia, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dictaba cátedra de cómo enfrentarla. Así, el 2 de abril, expulsaba de la provincia a 62 personas, la mayoría ciudadanos y ciudadanas de otros países de América Latina, aduciendo que lo hacía para evitar que el Covid-19 entrara a Jujuy. Ese mismo día, en la apertura del período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, anunció que todo el que ingresara a Jujuy tendría que hacerse el test rápido y pagarlo. También amenazó con ponerle fajas a las casas de las personas infectadas para que cumplieran la cuarentena. A fines de mayo, el secretario de Deportes de Jujuy invitaba a los clubes de futbol de primera, a trasladarse a la provincia para realizar el entrenamiento de sus equipos, en tanto el gobernador hacía lo mismo ante el secretario de Deportes de la Nación. La invitación se basaba en que las condiciones sanitarias de la provincia estaban en “un buen momento epidemiológico” así lo definía el propio gobernador, sustentándose en: pocos casos confirmados, ausencia de circulación local del virus, ninguna muerte por Covid-19 y más de 48 días desde el último caso positivo. También se lanzaba un Plan de turismo para la población de Jujuy y se planteaba el retorno escalonado de las clases a partir de junio.

Veníamos bien, pero pasaron cosas. A partir de la segunda quincena de junio, los casos empezaron a dispararse y fue imposible ocultarlos, aunque se pretendió hacerlo.

 

 

¿Qué había pasado? En plena flexibilización de actividades en la provincia, el 3 y el 4 de junio, el gobernador y una comitiva de funcionarios y policías (más de 30 personas) viajó hacia La Quiaca. Allí, algunos policías (custodios del gobernador) cruzaron a Villazón a comprar hojas de coca, cuyo precio se incrementó notablemente durante la pandemia, pasando de 2.000 pesos el kilo a valores entre 16.000 y 25.000 pesos el kilo. En ese viaje estuvo el policía señalado como caso índice de los contagios en la provincia.

Ante las críticas por su viaje a la Puna, el gobernador expresó: “No traje yo al bicho”, “es muy jodido el bicho, ante el primer descuido te contagias”, “esta cosa de echarle la culpa a la policía, dejen de joder con eso”. 

Los primeros días de julio, el pediatra Sergio Barrera, referente epidemiológico de Palpalá desde el año 1995, presentó su renuncia manifestando que las autoridades provinciales le ocultaban los resultados positivos, lo que le impedía hacer el control de foco a partir de los infectados. El 15 de agosto, el gobernador de Jujuy informó que había dado positivo para Covid-19. Y el 18 de ese mismo mes, afirmó: “No podemos solos, es decir no puede el sistema público solo, está colapsado”; “en algunos lugares necesitamos el acompañamiento de las obras sociales, no todas están atendiendo o se han puesto a nivel de las circunstancias”; "hace falta la cobertura de las obras sociales porque los trabajadores en muchos lugares pagan todos los meses”; y reclamó al sector privado poner médicos al servicio de la provincia para la atención de las personas afectadas.

 

 

Un pasado sanitario que enorgullece

¿Qué pasó con el sistema de salud jujeño? La provincia hacía ya décadas que había perdido el rumbo sanitario que supo darle Carlos Alvarado (1904-1986). Este médico jujeño erradicó el paludismo del norte argentino cuando Carrillo era ministro de Salud de la Nación. En 1966, cuando asumió como ministro de Salud de Jujuy, implementó el Plan de Salud Rural, centrado en la idea de que “a la enfermedad no hay que esperarla en los hospitales sino salir a buscarla donde vive y trabaja la gente (…) vamos a hacer la ronda de doctores, lo que queremos saber es cuántos son, donde viven, cómo viven y cuánto han sufrido el último año (…) vamos a buscar a todos los sintomáticos respiratorios sospechosos de padecer tuberculosis, casa por casa”. Alvarado construyó un modelo sanitario que luego tomaron las provincias de Salta y Neuquén. La Organización Mundial de la Salud en 1978 integró esa experiencia en lo que se dio en llamar Atención Primaria de la Salud.

No recuperamos el pensamiento de Alvarado para el plan de Salud Rural solo por su valor histórico, sino porque tiene total actualidad respecto de las prácticas que deberían implementarse ante el Covid-19. Está allí el potencial éxito frente a la pandemia. Los hospitales, las terapias intensivas y los respiradores deben ser estrategias secundarias frente al trabajo territorial. De lo contrario, y parafraseando a Alvarado, si al Covid-19 lo esperamos en los hospitales, perdemos.

 

Un presente sanitario que avergüenza

En Jujuy, como en otras provincias argentinas, a partir de la década de 1990 comenzó un proceso de desmantelamiento de sus sistemas públicos para avanzar con sistemas privados, basados en la alta tecnología (nichos de alta rentabilidad), dinámica impulsada por el Banco Mundial a partir de su propuesta Invertir en Salud. Pero esos sistemas privados privilegiaron intereses de rentabilidad por sobre la solidaridad en el marco de una pandemia, lo cual se aprecia también en Jujuy. Hoy su sistema público se encuentra abandonado en beneficio de los intereses económicos del sector privado que brinda atención para pocos. Desde julio de 2017, Gustavo Bouhid, El Bacha, es el ministro de Salud de Jujuy. Entre sus antecedentes se encuentra el ser uno de los dueños del Instituto de Radiología, creado en 1972 por dos familias de médicos: los Salum y los Bohuid, actor central del sector privado de salud en la provincia.

En enero de 2019 fue denunciado por violar la intimidad de una niña de 12 años sometida a una cesárea, al difundir el estado de salud de la menor y de los procedimientos que le realizaron; en abril de 2020, el ministro expulsó a la Fundación del Hospital de Niños que venía funcionando desde 1990, y que según los periódicos de la provincia afectaba los intereses económicos de su Instituto de Radiología.

En estos tiempos, el sistema de salud jujeño muestra una situación de total desintegración: los centros de salud desarmados; un hospital de campaña realizado por el Ejército para la pandemia, sin calefacción y sin baños químicos; un acuerdo con el sector privado que nunca se logró y hoy es este sector el que decide cuál paciente ingresa a las unidades de terapia intensiva. Ante este escenario, concentraron a médicas y médicos para hacer telemedicina con pacientes que quedaron en sus casas en total abandono, sin asistencia domiciliaria; algunos de esos médicos contratados viven y trabajan en Córdoba, con total y absoluto desconocimiento de la realidad jujeña. Se reubicó al personal de enfermería en los consultorios, y al territorio fueron destinados las y los agentes sanitarios. Toda esta fuerza de trabajo del sector público de salud actúa de manera desconectada y desarticulada.

Desde hace semanas la situación en la provincia es muy grave. El 11 de agosto, el propio ministro de Salud reconoció la muerte de personas en sus domicilios. El reclamo por la falta de servicios en los cementerios, así como las quejas por el no retiro de los muertos de los hogares, son recurrentes.

En el Ingenio Ledesma, propiedad de la tristemente célebre familia Blaquier, se negaron licencias a mayores de 60 años y se priorizó la zafra por sobre la salud de sus trabajadores. Como consecuencia, en Ledesma hay más de 1.449 personas infectadas y 65 muertes al 27 de agosto, y todos señalan al Ingenio como responsable. En tanto, la provincia, para la misma fecha, tenía 7.267 personas infectadas (tercer lugar en número de casos a nivel país) y 213 muertes (números que, a pesar de su magnitud, son poco confiables por el subregistro de los casos y el abandono de las personas).

Las y los trabajadores de la salud dan testimonio de lo que se está viviendo con expresiones que conmueven: “los elementos de bioseguridad son muy malos, te los ponés y se rompen” (enfermero); “se me están acabando las fuerzas” (médico); “estamos con miedo” (enfermero); “estamos agotados… es muy duro escuchar a las personas que no pueden respirar y no poder darles ni un paracetamol” (trabajadora social).

La evolución de la pandemia en Jujuy se entremezcla con expresiones de profundo contenido racista como “ojalá el Covid-19 mate a todos los indios”. El ministro de Salud les llegó a proponer a las médicas y los médicos que lo visitaban, habilitar lugares en el barrio Alto Comedero “para el buen morir”, en una burda ironía sobre los principios del buen vivir que sostienen los pueblos originarios y que está plasmado, por ejemplo, en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Otra expresión racista es que el Centro de Integración Comunitario que Alicia Kirchner construyera en el barrio Alto Comedero siendo ministra de Desarrollo Social de la Nación, para actividades de integración social, capacitaciones y reuniones, se transformó en sede de la policía jujeña.

Hoy la pandemia en Jujuy representa la realidad más vergonzosa de toda la Argentina, una realidad que nos acerca a imágenes que nos horrorizan de Brasil, Perú y Ecuador, donde las personas mueren en sus casas y los familiares tienen que enterrar a sus muertos. Imágenes que opacan la propia historia del pueblo jujeño: el éxodo junto a Manuel Belgrano; la Universidad Provincial de Jujuy (hoy universidad nacional) creada por Avelino Bazán, minero desaparecido por la dictadura, quien la creó siendo diputado provincial para que los hijos de los mineros puedan ir a la universidad; y la del propio Alvarado, por solo citar algunos ejemplos que esta provincia aportó al ser nacional.

Una anciana jujeña recordaba ante una trabajadora de la salud lo que su abuela le había enseñado: “No seamos igual que el blanco, seamos más solidarios”.

 

 

 

* Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús

 

 

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