JUJUY, LA MASACRE ANUNCIADA

 

Las cifras de muertes por Covid-19 no dan consuelo. El sistema sanitario está desbordado y los administradores de la provincia no atinan a pegar el volantazo hacia una estrategia seria para frenar los contagios. Jujuy es, junto con Río Negro y Mendoza, una de las tres provincias con su sistema sanitario colapsado.

El Bolsonaro de la Puna, como algunos llaman al gobernador Gerardo Morales, se reincorporó al comité operativo de emergencias (COE). Se lo notó golpeado políticamente por las consecuencias de su administración de la pandemia aunque no dudó en transmitir su experiencia epidemiológica al Presidente Alberto Fernández en su primer viaje a Buenos Aires. No por buena, sino por mala.

El sacrificio diario de los trabajadores de la salud, a pesar del hostigamiento del Estado provincial, es increíble. Trabajan inmersos en la precariedad. En los últimos toda la cadena del sistema sanitario colapsó y los intensivistas deben decidir quién merece un respirador.

Las cifras colocan a Jujuy como la tercera provincia con mayor número de infectados (al borde de los 10.000) en relación con su población. Ya superó los 270 fallecidos, el promedio de contagios diarios es de más de 300 personas y la tasa de letalidad de 2,86 por ciento.

La administración calamitosa de la pandemia en la provincia, donde no hay controles de la circulación y la gente se relajó, implicó la transferencia de la responsabilidad social a la población. Las redes sociales se convirtieron en obituarios, colmadas de mensajes de despedida a compañeros, amigos y familiares. Otros reclaman camas intensivas. Muchos desmienten y cuestionan a Morales y su equipo por hacer proselitismo con una crisis epidemiológica. Las camas críticas  están cubiertas: según el COE son 120, aunque sólo la mitad tiene atención porque faltan terapistas.

“Las próximas semanas serán una masacre”, anticipa una enfermera del hospital San Roque ante un panorama desolador, que se completa con el agotamiento de los trabajadores de primera línea. Cinco médicos y dos enfermeros han fallecido. Hay otros cinco médicos con respirador, quince en terapia y más de doscientos médicos y enfermeros que transitan la enfermedad aislados. “Nos recuperamos en siete días y según el memorándum debemos volver a trabajar. Se reinfectaron enfermeros en el departamento de Santa Bárbara. Si nos dieran equipos de protección personal de calidad, eso no sucedería”, relata un médico.

Los trabajadores de la salud de Jujuy son los peor pagos del país. Como agravante, quienes debieron ser aislados recibieron descuentos, según denunció el sindicato de empleados públicos APUAP. También se anoticiaron de que recibirán un bono de 5.000 del gobierno provincial (sumado al que entrega el Estado nacional) para todo el personal sanitario. Además se aumentará un 400 por ciento el adicional de emergencia sanitaria habilitado años atrás por la gripe A, junto con aumentos específicos para profesionales de guardias e intensivistas. “Gasto de mi bolsillo un barbijo N95 que cuesta 1700 pesos. Al mes necesito sólo 10.000 pesos para cuidarme con protección de calidad”, explica un médico. Luego desmiente al ministro de salud Gustavo Bouhid, quien anuncio que se entregaron 4.500 barbijos KN95, y agrega que “no tienen certificación de ANMAT”.

 

 

Multa y azote a los médicos

A pesar de la emergencia y la desprotección, los trabajadores de la salud le pusieron freno al ninguneo del gobierno provincial. El decreto de Morales que pretendía imponerles multas de hasta un millón de pesos, detener e inhabilitar a los que no cumplieran con las disposiciones del Ministerio de Salud, es una muestra más de una administración que funciona a fuerza de aprietes y medidas disciplinarias. El gobernador intentó justificarlo diciendo que 150 médicos habían pedido licencia para no atender pacientes de Covid-19 y que sólo tres fueron sancionados. El amplio rechazo social y los cuestionamientos de instituciones que denunciaron la inconstitucionalidad de la medida lo forzaron a derogarlo.

“Era para silenciarnos, para que podamos manifestarnos, para que no reclamemos cada vez que nos mueven”, reflexiona una enfermera en referencia a los permanentes traslados sin causa del Hospital de Campaña al Hospital Pablo Soria y desde el último al San Roque. En su quinto ruidazo de la semana en defensa de la salud pública no hubo sólo reclamos salariales. “Necesitamos el test seriado que no se está cumpliendo. Hay que exigirlo, más allá de la persecución laboral que viene por detrás”, agrega. También denuncian que quienes dan positivo y son aislados no tienen el seguimiento que merecen. Una enfermera  de Perico, tras el peregrinaje de sus familiares para conseguir una cama de terapia intensiva, perdió la vida mientras la trasladaban a la capital provincial.

 

 

Administrar la miseria

San Pedro y San Salvador son las ciudades con más contagios pero la circulación no se restringió. Si en Libertador y en Perico se habría aplanado la curva de contagios, el fuego parece haberse trasladado a San Pedro, donde el personal médico y de enfermería está saturado. En plena crisis sanitaria renunció el director del hospital Paterson, lo reemplazó una odontóloga y no hay infectólogos, pese al Covid y al dengue en puerta. La localidad tiene seis camas de terapia intensiva para una población de 60.000 habitantes.

En ese escenario, los médicos presentaron un informe de la situación epidemiológica y propuestas para frenar los contagios y ampliar atención. “Los domingos mueren más personas: cinco el último, ocho el anterior. Los números no cierran con los oficiales. Es triste porque es la salud de nuestras familias”, afirma el doctor Carlos Espeche. Agrega que los asesora un prestigioso infectólogo y que el consejo es focalizar en los centros de contagios, aislar por barrios y hacer más testeos. “Tenemos que administrar la miseria, para que no se derrumbe el sistema sanitario”, advierte. La emergencia incluye también a los cementerios, que en Libertador y en Perico están colapsados.

Los intensivistas atraviesan una situación especialmente dura. En noviembre del año pasado el 35 por ciento sufría el síndrome de burnout o “del trabajador quemado”, por el estrés derivado del trabajo, y varios habían renunciado. Hoy estiman que el 50 por ciento atraviesa esa situación por exceso de trabajo y presiones de todo tipo. En la provincia hay 54 intensivistas y para cumplir con las guardias que planteo Morales se necesitarían otros 50.

“No se incorporaron intensivistas. Los que se suman de los equipos de Nación son entre tres y seis, sólo por unas semanas. Llegamos a una situación en la que tenemos que elegir a quién ponerle y a quién no ponerle un respirador. No damos abasto, el sistema está saturado”, afirma el doctor Miguel Salva, especialista en terapia intensiva y representante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en Jujuy.

En la última semana, con seis meses de demora y en pleno colapso sanitario, Morales convocó a representantes de obras sociales y gremios para hacerlos partícipes del trabajo de detección, atención y seguimiento de personas con Covid-19. Además anunció que se incorporan cerca de 200 médicos al sistema de telemedicina, que cuenta con más de 300 profesionales de diferentes provincias para atender los casos de más de 5.000 jujeños.

 

 

EXAR y Ledesma

La asociación de abogados de derechos humanos del nordeste Andhes denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU la precaria situación sanitaria que se vive en Jujuy. La organización envió información sobre abusos y violaciones de derechos humanos y también expresó su profunda preocupación ante la situación que atraviesan trabajadores de las empresas Minera EXAR S.A. y Ledesma S.A.A.I. a raíz de los contagios masivos de Covid-19. Andhes advierte que faltó una implementación efectiva de protocolos de bioseguridad en las empresas y un control eficaz por parte del gobierno jujeño.

 

 

 

 

“Destacamos como grave la falta de aplicación de protocolos de salud, higiene y seguridad por parte de ambas empresas, lo cual generó una acelerada propagación del virus. Gran parte de los trabajadores (sobre todo relacionados a la empresa minera EXAR) son miembros de comunidades indígenas, agravando la situación ya que el sistema de salud en la localidad de Susques y otras de la Puna jujeña es sumamente precario” indicaron Malka Manestar, coordinadora institucional de Andhes en Jujuy, y Fernanda Marchese, directora ejecutiva de la organización.

Según denunció el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el ingenio Ledesma S.A.A.I. es la empresa con más muertes obreras en el país por Covid-19. Por eso reclamaron que se pare “hasta que se controle la situación”. Agregaron que la empresa no brinda información suficiente al sindicato porque no realiza testeos a su personal y que se niega a otorgar licencias al personal de más de 60 años, argumentando que todos los trabajadores y las trabajadoras son esenciales.

 

 

 

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