Jujuy, la estancia de Morales

 

Muy lejos de las promesas que hizo Gerardo Morales en 2015 y que repitió a lo largo de los años, la situación de la provincia de Jujuy es cada vez más dramática. La pobreza pasó de 25,7 por ciento en el segundo semestre de 2016 a 37,7 por ciento en el segundo semestre de 2020, último dato oficial hoy disponible. Cayó el empleo privado, cayó el poder adquisitivo de los trabajadores y cayó el Producto Bruto Geográfico. La desocupación casi se duplicó.

En términos de infraestructura, todavía no finalizó una sola escuela que haya comenzado a construir en su gestión. No construyó ningún hospital. Muy lejos de la promesa de 3.000 viviendas por año, desde que asumió Morales, en diciembre de 2015, apenas entregó 2.100.

En seis años, lo único que creció en la provincia fue el endeudamiento y la suma del poder público que usa Morales en complicidad con el Presidente del PJ local, Rubén Rivarola, para aniquilar a sus adversarios políticos. Es decir, la única política de Estado que implementó el actual gobernador es el incremento de la deuda y la persecución política.

A pesar de los 358 contagios de Covid-19 registrados en la provincia el miércoles pasado, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, Morales no cede en su capricho de adelantar las elecciones y este domingo 27 de junio los jujeños acudirán a las urnas.

 

 

Un cambio para peor

Uno de los ejes de la campaña de Morales en 2015 fue la del cambio de la matriz productiva de la provincia para generar así más puestos de trabajo y más recursos.

Mientras en diciembre de 2015 había en Jujuy poco más de 60.000 empleos registrados en el sector privado, a diciembre de 2020 la cifra cayó a poco más de 58.000. En relación al empleo público, pasó de 83.613 trabajadorxs en diciembre de 2015 a 84.619 en 2019. Por otra parte, la desocupación pasó de 4,2% en el segundo semestre de 2016 –primer dato disponible después de la interrupción de la producción estadística– a 7,2% en el primer trimestre de 2021, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). A esto hay que sumarle que la población crece año a año, de modo que es necesario crear nuevas fuentes de empleo para absorber a los trabajadores que se incorporan a la población económicamente activa. Esto no sucedió.

Una vez en el poder y con las plantas solares como una de las grandes promesas para lograr ese cambio de matriz productiva, instaló como marca “Jujuy Energía Viva”. En ese contexto, celebró y promovió el parque solar de Cauchari. Para ello endeudó a la provincia en 650 millones de dólares. La planta que se comenzó a construir en 2018 y se inauguró en 2019 empleó, según JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), a 1.500 trabajadores. No hay datos de cuántos emplea en la actualidad, pero en abril de 2019 el director de Cauchari, Guillermo Herz, señaló al diario El Tribuno que se estimaba que en la etapa de operación y mantenimiento de la planta habría 45 operarios permanentes. Si a esto se suma que la producción que pueda hacer la planta en su tiempo de vida útil no llegará a cubrir los gastos del endeudamiento que produjo, la ecuación del beneficio se hace difícil de vislumbrar.

Morales también prometió generar valor agregado a la extracción del litio en la provincia que dejará, si no se modifica la forma de extracción, un grave daño ambiental y pocos recursos, ya que por ley sólo tienen que pagar hasta un 3% de regalías del material que las propias empresas declaran. Con bombos y platillos, el diario La Nación tituló el 24 de mayo de 2019: “Construyen la primera fábrica de baterías de litio del país”, y en el artículo se consignaba: “La planta inicial tendrá dos mil metros cuadrados, con el total del predio de una hectárea y media. Se prevé finalizar esta fase en los próximos tres meses. La obra del predio será llevada adelante por la firma City Constructora, donde se calcula concluirla a fines del próximo año”. A tres años del anuncio, Morales no inauguró ni el cartel.

Sí, en cambio, se promocionó en reiteradas oportunidades la construcción del tren solar. En marzo de 2017, Morales anunció el inicio del proyecto con la donación del gobierno nacional de vías para el tren. Luego, en febrero de 2018, el gobernador realizó nuevamente un acto para anunciar el inicio de las obras de colocación de vías. En junio de 2019, inauguró los 10 primeros kilómetros de vías. A cuatro años del primer anuncio, nadie conoce más que esos rieles al costado de la ruta –prometieron 300 kilómetros–, pero del tren, ni noticias.

La otra gran apuesta de Morales fue la creación de la empresa Cannava para la producción de aceite medicinal. Según un informe de la propia empresa, actualmente emplean a 60 personas, de las cuales 25 son trabajadores de campo. “Con la puesta en producción de las 35 hectáreas, se estima crear 50 nuevos puestos de trabajo. Con la producción en 600 hectáreas, crearemos 1.800 puestos de trabajo. Una vez que la provincia llegue a las 2.000 hectáreas, se podrán generar entre 5.000 y 7.500 empleos en la provincia”, aseguran en su informe 2020-2021. Será cuestión de ver si son capaces de cumplir, al menos, esta promesa.

Actualmente en la Finca El Pongo, 300 productores se dedican a la agricultura familiar. Utilizan alrededor de 900 hectáreas en una producción diversificada de alimentos que se distribuyen en la provincia. De concretar el proyecto de cultivo de 10.000 hectáreas con cannabis, explica la docente e investigadora Eugenia Calvo, transformarían efectivamente la matriz productiva, pero para adquirir la característica de monocultivo, con todo lo que eso implica. “Este tipo de proyectos, que no contemplan otros sistemas productivos, implican el desplazamiento de las personas que actualmente trabajan la tierra. Por otro lado, el cannabis es un cultivo que cotiza a nivel internacional en la bolsa y eso no va a quedar librado a realizarse a campo abierto ni se va a ceder la producción a pequeñas explotaciones. Para cuidar esas plantas que actualmente ocupan solamente 30 hectáreas están utilizando a las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Si esto se amplifica y se articula con empresas privadas, va a implicar también la utilización de seguridad privada y esto, en lo territorial, significa la militarización del territorio, con todo lo que esto tiene como consecuencia. Actualmente no podés ingresar a ciertos sectores de la Finca El Pongo. Había caminos internos de la finca que hoy ya no se pueden utilizar”, señaló Calvo. Por otra parte, agregó que “una de las características del monocultivo es la utilización de desarrollos tecnológicos que implican poca cantidad de fuerza de trabajo, como sucede hoy con la caña de azúcar”. Por lo tanto, “no genera grandes cantidades de empleo, eso es mentira”.

Pero además hay que considerar que Cannava firmó un contrato con la empresa estadounidense Players Network Inc. (PNTV). Mientras la firma que conduce Gastón Morales, el hijo del gobernador, se comprometió a proveer la tierra para el cultivo de cannabis en la Finca El Pongo por un mínimo de 30 años –con 30 hectáreas para el proyecto inicial y un adicional de 10.000 hectáreas para cultivo industrial– y la provincia proveerá, además, los terrenos adicionales para la instalación para almacenar y procesar el cannabis, Players Network proporcionará los fondos para el proyecto, entrenará a los trabajadores capacitados y construirá la infraestructura necesaria. Según explicó la diputada Alejandra Cejas, “los beneficios en cuanto a las ganancias se pactaron en el 70% para la empresa y un 30% para Cannava respecto de la venta. En relación a la biomasa y flor, un 95% para la empresa y un 5% para Cannava conforme las actividades de extracción”. La tierra es nuestra, pero la ganancia se la llevan los otros.

Como si esto fuera poco, según denunció Cejas ante el Poder Judicial en una causa que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la semilla introducida en Jujuy tiene un alto contenido de THC, lo cual no la hace apta para el uso medicinal sino para el uso recreativo, algo prohibido por el momento por nuestra legislación actual. También denunció que “la empresa Player Network producía en Nevada marihuana para uso adulto o recreativo, no medicinal; no tiene una especialidad en el aceite medicinal de cannabis”.

En el año 2019 la empresa cerró sus oficinas de Estados Unidos y se trasladó a Jujuy. “Es una empresa que anunció su quiebra por 50 millones de dólares y no se sabe actualmente la situación de la misma”, precisó Cejas.

 

 

Menos trabajo y menos poder adquisitivo

En definitiva, lejos de existir elementos para corroborar la creación de puestos de trabajo y del cambio de matriz productiva, sí hay datos concretos sobre la destrucción del empleo. Muy lejos de defender al Ingenio La Esperanza como aseguró antes de ser gobernador, después de reiteradas idas y vueltas, Morales entregó la empresa al grupo empresarial Budeguer por 50 millones de dólares a pagar en cómodas cuotas, un valor que se estima es 10 veces inferior al real. Además 400 trabajadores perdieron su empleo. En tanto, según Rafael Vargas, del Sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, la empresa de Blaquier despidió en estos años a 200 trabajadores.

A principios de 2019, por mencionar sólo algunos ejemplos más, en Palpalá cerró la fundición Aguilar, gestionada por la suiza Glencore, dejando a 150 personas sin empleo. Otros 600 trabajadores quedaron en la calle con el cierre de Mina El Aguilar. Morales debe haber olvidado las palabras que les dirigió el 1 de abril de 2016 cuando en la Legislatura contó: “El otro día estuve con la gente de Mina El Aguilar que está acá presente y le dije ‘por favor, tratemos de cuidar los puestos de trabajo’”.

También cerró la sucursal de Carrefour que estaba ubicada en la calle Belgrano, una de las principales arterias del centro jujeño. A esto hay que sumarle la pérdida de la fuente laboral para los 20.000 cooperativistas que trabajaban en la Tupac Amaru, que era la tercera empleadora de la provincia después del Estado y de Ledesma. Con Milagro Sala en libertad, las organizaciones construían alrededor de 400 viviendas por semestre. Desde que asumió Morales, lejos de la promesa inicial de 6.000 viviendas por año que luego redujo a 3.000 anuales –cuando brindó su primer discurso ante la legislatura en 2016–, construyó un total de 2.100 viviendas, de las cuales las 190 que entregó ese año fueron iniciadas en la gestión anterior.

Otro hecho a considerar, además de la caída del empleo, es la brutal caída del poder adquisitivo. En base a datos oficiales de inflación y paritarias en Jujuy, el abogado Juan Giusti aseguró a este medio que los trabajadores estatales en la provincia perdieron entre 2016 y 2021 un 44% de poder adquisitivo, y que para que los salarios recuperen su valor frente a la inflación, este año deberían cerrar las paritarias con un aumento del 77%.

 

 

Educación, tampoco

El martes pasado, Gerardo Morales encabezó la ceremonia inaugural del Complejo Ministerial de Educación, emplazado en el barrio Malvinas de la capital provincial. En este caso, se trató de una verdadera inauguración de un edificio monumental que permitirá centralizar la gestión educativa y librarse de las decenas de alquileres que el gobierno provincial viene sosteniendo en distintos puntos de la ciudad.

Es la única obra real, tangible y finalizada en el sector educativo de Jujuy, que comprende 1.380 instituciones, 280.000 estudiantes, 33.000 docentes y 10.000 trabajadores no docentes.

Desde la asunción de Morales, en diciembre de 2015, no se construyó ninguna escuela. No es que no fuera necesario. Los reclamos por problemas edilicios se multiplican en todo el territorio provincial. Y en pandemia, se sumaron a estos las demandas por la falta de conectividad.

En las últimas semanas, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), Morales encabezó numerosas inauguraciones de inicio de obras, en las que brindó discursos encendidos frente a un atril, rodeado de niños de guardapolvo y obreros de la construcción, en medio de terrenos yermos. El ingenio popular jujeño ya habla de “inauguración de carteles”.

El 4 de junio pasado, Morales, junto a la ministra de Educación, Isolda Calsina, y el titular de la empresa constructora IRMI S.A., firmaron el acta de inicio de obra de la Escuela Profesional N° 13 “Damas Mendocinas” de la ciudad de Palpalá. Fue en 2019 cuando el gobierno se comprometió a construir una escuela en un predio deportivo en esa ciudad. Dos años después, los vecinos se quejaron porque no se avanzó con la obra y mientras tanto perdieron el espacio verde del que gozaban, que quedó cercado y lleno de pastizales.

El PROMACE es un programa que destinará hasta 67 millones de dólares, obtenidos con la garantía soberana de Nación, para la ampliación de la cobertura educativa en la provincia, mediante mejoras en la infraestructura y en la modernización del sistema educativo. Se anunció en abril de 2019.

Pero los problemas en el sector educativo no tienen que ver sólo con la falta de obras.

“Antes de la llegada de Macri y Morales, los sueldos de los maestros superaban los 500 dólares. Hoy perdimos cerca de un 50 por ciento”, describe Luis Bazán, delegado sindical de docentes de nivel primario.

Al igual que en el resto de la administración pública provincial, los salarios de los maestros se componen de una parte en blanco, montos en “gris” y componentes en negro que no impactan en el cálculo del aguinaldo ni en la jubilación. Mediante un acuerdo con Nación, Morales se comprometió a blanquear buena parte de los segmentos irregulares para que los docentes se jubilaran con un monto más o menos igual al que cobraban en actividad. El acuerdo consistía en que, a partir de este 2021, todos los componentes pasarían a integrar el “blanco”. Nada de eso se cumplió, al menos hasta ahora. Bazán precisó que hay más de 800 maestros que no se pueden jubilar porque, de hacerlo, reducirían sus ingresos en cifras cercanas a los 19.000 pesos. Y siguen trabajando.

Hay además cientos de docentes que están esperando la confirmación de sus cargos, una demanda que se hace escuchar también de parte de madres y padres de estudiantes que esperan para sus hijos el respeto a su derecho a una educación de calidad.

Con sindicatos dedicados casi exclusivamente a la discusión paritaria, que mantiene los salarios docentes más bajos del país –el básico está apenas por encima de los 10.000 pesos–, maestros y profesores se fueron autoconvocando y se organizaron en colectivos que encabezaron los reclamos. Denuncian el avasallamiento del Estatuto Docente, el incumplimiento de normativas vigentes, la quita de derechos adquiridos por decreto y el achicamiento de toda política educativa por falta de inversión.

Los padres y madres de estudiantes también fueron y son protagonistas de demandas. La comunidad educativa del Colegio Nacional N° 2 Armada Argentina de San Salvador de Jujuy, por ejemplo, espera desde 2018 el edificio nuevo que fue anunciado por el gobierno, mientras los estudiantes están distribuidos por distintos establecimientos de la ciudad. Este año el colegio cumple medio siglo de existencia. En teoría, Nación había enviado 40 millones de pesos para destinarse en “instalaciones modernas y flamantes”. Todavía no hay novedades.

A fines de 2020, el Ministerio de Educación modificó el sistema para definir las vacantes a primer año, abandonando la tradición de que los alumnos que terminaban la primaria tenían prioridad para continuar estudiando en la misma escuela, si esta tenía nivel medio. Los estudiantes debían inscribirse online y en el caso de que su colegio superara el cupo, iban a sorteo. A pesar de las protestas y las presentaciones judiciales, se avanzó con este sistema. Mientras, madres y padres recorrían colegios más o menos cercanos en busca de una vacante, para cubrirse en caso de que el azar les asignara un banco lejos de su casa. Como ocurrió con un alumno de San Salvador de Jujuy, que se preinscribió en dos establecimientos de la ciudad y terminó sorteado en una escuela de El Carmen, a 25 kilómetros de distancia.

El 17 de febrero de este año volvieron las clases presenciales, pese a la falta de condiciones edilicias y sanitarias para cumplir con los protocolos y a la pobre conectividad que hay en vastas zonas de la provincia. A comienzos de marzo, padres y madres tomaron la Escuela Nº 362 de Coranzulí rechazando la implementación de las clases virtuales por la mala conexión de Internet en la zona, un reclamo que se multiplica en el interior de la provincia. La respuesta de la ministra Calsina fue: “La toma de escuelas es un delito por ocupación y usurpación de un edificio público. Cualquier actitud violenta de este tipo va a encontrar la firmeza de nuestra parte de hacer cumplir la ley”.

 

Presencialidad trágica

El fin de semana pasado, dos profesores fallecieron en Jujuy por coronavirus, llevando el total de muertes en el sector educativo a 25. La cantidad de docentes muertos por Covid-19 desde febrero, cuando se reanudaron las clases presenciales, causa alarma en el sector. El criterio varía. Algunos colectivos educativos hablan de 25 porque consideran a los docentes que estuvieron trabajando en presencialidad y que no recibieron la vacuna. Desde otros espacios hablan de 30.

En cualquier caso, las cifras son preocupantes si se las compara con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se retomaron las clases presenciales el 17 de febrero. En territorio de Horacio Rodríguez Larreta los docentes fallecidos por coronavirus alcanzan un número igual o incluso menor al registrado en Jujuy.

La falta de condiciones sanitarias en los establecimientos, las bajas temperaturas que impiden mantener la circulación de aire en las aulas y la falta de medidas de cuidado en el transporte público son elementos críticos de la desprotección que padecen alumnos, docentes y personal de las escuelas jujeñas.

 

 

La mala salud

En el campo de la salud, la gestión de Gerardo Morales tampoco tiene logros para exhibir. Apenas algunas refacciones y anuncios rimbombantes que ocultan una política pública inexistente en términos de resultados. La pandemia de coronavirus podría ser una buena –y justificada– excusa. Pero es preciso recordar que cuando el virus comenzó a esparcirse por el mundo, Morales ya llevaba cuatro años de gobierno. Algunos sectores de consultorios, pasillos y una que otra sala remodelada son las pocas mejoras que se realizaron en centros de salud de la provincia desde 2015 a la fecha. Los centros de salud que tenía la Tupac Amaru, que brindaban atención gratuita en todas las localidades, fueron saqueados apenas comenzó la gestión.

Durante los 12 años del gobierno nacional kirchnerista se construyeron en Jujuy el Hospital Materno Infantil en San Salvador, el Nuestra Señora de Belén de Susques, el Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa y el sector internación del Carlos Snopek de Alto Comedero.

En materia de salud, la gestión Morales “inauguró” algunos servicios y modificaciones, como el sector de internación en Susques o el tomógrafo en el Guillermo Paterson de San Pedro, aunque hay que decir que este tomógrafo se había comprado antes de que asumiera.

El Centro Regional de Hemoterapia Doctor Carlos Cisneros, que se inauguró en febrero de este año, se empezó a gestar en 2002, durante la gestión nacional de Ginés González García, tal como el mismo Morales admitió en el acto inaugural.

“El Centro Jure de Rehabilitación lo dejamos casi terminado”, contó un ex funcionario del Ministerio de Salud en la gestión de Eduardo Fellner. Este centro se inauguró en mayo de 2018 con la presencia del entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Nada se dijo en el acto respecto a que las obras se habían iniciado y casi terminado en la gestión anterior.

En octubre de 2018 se inauguró también el quirófano del hospital General Manuel Belgrano de Humahuaca. En la misma línea, un mes después se anunció con signos de admiración que empezaba a funcionar la flamante sala de operaciones del hospital de Susques. Ninguno de los dos quirófanos está en funcionamiento, sobre todo por falta de equipamiento y de personal.

En 2018, en el marco del anuncio del Plan Estratégico de Salud –que quedó trunco con el cambio de gobierno nacional en 2019–, el gobierno provincial aseguró que ya estaba lista la inversión en el hospital de Tilcara para la construcción del Centro Regional de Rehabilitación, que estaría terminado en un año. “Ya está el dinero para hacer la obra”, celebró el gobernador.

Los fondos vinieron de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que giró 11.133.000 pesos a la provincia de Jujuy. En ese momento, el dólar cotizaba a 19 pesos. Dos años después, en febrero de 2020, ante reclamos porque el Centro de Rehabilitación no se había hecho, Agustín Labarta, secretario de Coordinación de Salud del Ministerio de Salud de Jujuy, aseguró que necesitaban 12 millones de pesos más para hacer la obra. La pandemia, una vez más, ofreció la excusa para que no haya avances en la obra.

Fuera de las iniciativas que se llevaron a cabo por la pandemia, como la adaptación del hospital San Roque de San Salvador de Jujuy para atender solo a pacientes Covid, no se realizó ninguna obra de infraestructura en salud desde 2015.

 

 

Transparencias sombrías

Volviendo a las promesas de campaña, llama la atención la vinculada a la transparencia pública. El gobierno de Morales promovió la ley de acceso a la información pública, que es algo muy saludable para la democracia. Publican en la página de Gobierno Abierto información sobre escalas salariales, pedidos de acceso a la información pública y presupuesto, entre otras. Algo muy celebrado por el actual gobernador fue también la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios para garantizar la transparencia y controlar la corrupción.

Sin embargo, llama la atención o al menos genera dudas, quién controla la validez de lo presentado. Basta para ello un ejemplo. En el caso del titular del Poder Ejecutivo, la última declaración presentada es la de 2019. Nadie puede dudar de la amplia trayectoria que tiene en la política: diputado provincial desde 1989 al 2000; secretario de Desarrollo Social de la Nación entre 2000 y 2001; senador de la Nación desde 2001 a 2015, y luego gobernador hasta la fecha. Sin embargo, en su declaración jurada consigna como único rodado una camioneta y 82.000 pesos de bienes no registrables, una deuda bancaria de 146.000 pesos y otra de 171.000 con la tarjeta de crédito. En pocas palabras, ante la falta de propiedades, Morales maneja la provincia como la estancia que no tiene.

 

Endeudamiento y persecución como política de Estado

En lo concreto, si algo se destaca –y no en términos positivos– de la gestión de Morales desde que asumió como gobernador es el endeudamiento de la provincia: 541 millones de dólares para la construcción de Cauchari; 120 millones para Girsu; 374 millones para la construcción de escuelas; 24 millones para cámaras de seguridad que nadie sabe dónde están; 27 millones para los tabacaleros, y 26 millones para Cannava, siempre hablando en moneda extranjera. Es decir, un total de 1.112 millones de dólares. ¿Los beneficios para los jujeños? Queda a criterio de los lectores.

Y por último la persecución, a través del Poder Judicial pero también del poder mediático, en complicidad con Rubén Rivarola, presidente del PJ local y socio de Morales que es propietario del diario El Tribuno, y con Guillermo Jenefes, dueño de Canal 7, el medio con más audiencia de la provincia que hace pocas semanas entrevistó al gobernador que anunció sus aspiraciones presidenciales. Esto explica no sólo el hostigamiento contra Milagro Sala –detenida de manera arbitraria desde hace más de cinco años– y el linchamiento mediático, sino también la suspensión de la diputada Alejandra Cejas de la Legislatura de Jujuy por atreverse a denunciar los negocios entre Rivarola y Morales y pedir en la Cámara de Diputados la rendición de cuentas de la pauta publicitaria del gobierno, que de transparente no tiene nada.

El lema inicial de Unión, Paz y Trabajo, en el segundo mandato de Morales se transformó en Unión, Responsabilidad y Solidaridad. No es casual que haya sobrevivido la palabra “unión”. La provincia, tal como sostienen los datos oficiales, no generó empleo, más bien lo contrario; la paz social no existe, porque a través de la suma del poder público volvió a instaurar la persecución como política de Estado; de responsabilidad no hay nada y mucho menos de solidaridad. Sin embargo, unión sí: la de radicales y peronistas. Aquella que les permitió repartirse históricamente los cargos en el poder para garantizar la impunidad de los funcionarios, que tiene presa a Milagro Sala por animarse a desafiar esa alianza y que persigue a Alejandra Cejas desde que osó cuestionar esos negociados.

Este domingo los jujeños tienen la oportunidad de ir a las urnas y elegir entre realidad y relato.

 

 

 

Artículo publicado originalmente en https://www.cynthiagarcia.com.ar/jujuy-la-estancia-de-gerardo-morales/

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí