Juicios en la previa del 24M
Procesos de lesa humanidad en los primeros cien días de gestión Milei-Villarruel
En el juicio por la nieta recuperada 107, en Córdoba, se planteó el jueves último si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se retirará de su rol como querellante. Su continuidad había sido ratificada este año, pero la redundancia del planteo por parte de las defensas pretende beneficiar a los procesados a partir del cambio de gobierno que borró las últimas dos palabras del (ex) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hasta la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, en los juicios por delitos de lesa humanidad que se reabrieron en el 30º aniversario del golpe de Estado, en 2006, se había condenado a 1.173 personas, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Si bien sólo el 18% de los sometidos a procesos estaban detenidos, la mayoría tenía arresto domiciliario. Como los querellados recurren a revisiones, las sentencias no quedan firmes ni en la mitad de los casos. De 62 causas listas para el juicio oral, sólo tres tienen fecha.
A cien días (se cumplen el martes) del recambio de autoridades nacionales, El Cohete ofrece un repaso de las novedades en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, reseñadas por el portal Fiscales. Las primeras cinco corresponden a delitos previos al golpe de Estado.
La banda de Aníbal Gordon
Aquella célula de la Triple A y el Ejército le robó a Alberto Mechoso Méndez entre 2 y 8 millones de dólares, con los que compraron terrenos en Chascomús, dos de los cuales pretenden quedárselos como herencia las hijas de Leonardo Save, un integrante de la banda ya fallecido. El fiscal de Dolores, Juan Curi, y la Cámara de Apelaciones rechazaron declarar extinta la acción penal.
Fusilados en Catamarca
El 11 de agosto de 1974, durante la Masacre de Capilla del Rosario, fue asesinado Rolando Gutiérrez. Al año siguiente, en Chaco, su familia puso en el cementerio una placa, que estuvo desaparecida durante casi medio siglo. Reapareció en noviembre del año pasado, durante una mudanza en el Juzgado Federal de Resistencia, cuya titular Zunilda Niremperger se la restituyó al hermano.
Masacre del río Luján
La masacre toma ese nombre del río junto al que un grupo de montoneros iba a encontrarse con otro para llevar un camión robado, el 12 de abril de 1975. Un grupo de policías los alcanzó y, aunque se entregaron, los fusiló. El 28 de diciembre último, dos de los policías fueron condenados: el ex subinspector Hermes Acuña, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, y el ex principal Samuel Bunge Diamante, a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento. Los jueces declararon que constituían crímenes de lesa humanidad y rechazaron los pedidos de extinción de la acción penal por prescripción. La auxiliar fiscal pidió que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad bonaerense para que se proceda a la destitución y baja de los acusados. Otros ocho partícipes fallecieron impunes antes del juicio.
Puente 12
El Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires juzga crímenes contra 183 personas en el centro clandestino Puente 12, que funcionó en la División Cuatrerismo de La Matanza, dependiente de la Policía Bonaerense. Los acusados son el ex teniente primero Enrique José Del Pino y el ex capitán de infantería Walter Roque Minod, del Batallón de Inteligencia 601 de Ejército. El expediente incluye a 22 militantes del ERP secuestrados en diciembre de 1975, además de los delitos sexuales contra M.F. (28 años), del PRT, por los que se acusa a los ex cabos Carlos Tarantino, Ángel Salerno, y al ex oficial de policía Néstor Ciaramella. Otro encausado, Enrique Gauna, murió.
Ex fiscal Mazzoni
El 10 de septiembre de 1975, el secretario del Juzgado Federal de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni (luego sería fiscal federal) estuvo en el allanamiento al militante Hugo Barúa, detenido y torturado. Por su participación en esos delitos de lesa humanidad acaba de ser condenado a cinco años y medio de prisión, más inhabilitación perpetua. El 19 de marzo conocerá los fundamentos. Mazzoni tenía desde 2019 otra condena a once años por tormentos psicológicos, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, en una causa que compartía con el ex juez Luis Córdoba y el ex fiscal Carlos Flores Leyes, ya fallecidos.
Apropiación en Córdoba
La ex asesora de menores Ana María Rigutto de Oliva Otero es juzgada por su participación en el proceso de la apropiación de una niña en Córdoba. Comparte banquillo con cinco ex policías del Departamento de Informaciones (D-2), por hechos cometidos en perjuicio de 14 víctimas, que incluyen abuso sexual, prevaricato y falsedad documental. Otros ocho acusados fallecieron antes del debate que el TOF-2 de Córdoba abrió el 21 de febrero.
Juez de Tucumán
Un ex juez federal y tres ex policías irán un juicio por el asesinato, durante la madrugada del golpe de Estado, de un gremialista docente y su hermano en su domicilio, donde funcionaba la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. Los uniformados fraguaron el procedimiento que el juez Manlio Martínez acogió sin dudar.
Gendarme de La Rioja
El ex alférez de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos, prófugo hasta 2020, cuando fue extraditado desde Paraguay, fue condenado a prisión perpetua por un cúmulo de delitos de lesa humanidad. Participó del homicidio de Wenceslao Pedernera, seguidor del obispo Enrique Angelelli en el Movimiento Rural Cristiano. Se lo halló culpable de secuestro y torturas a 44 personas; una de ellas, Graciela Bosfelli, embarazada de cinco meses, estuvo retenida durante 1977 en una dependencia a su cargo, donde la amenazaban con hacerle perder el embarazo y asesinar a su hijita. A eso se sumaron la responsabilidad por abusos deshonestos a mujeres bajo su guarda. Cumplirá arresto dentro del Servicio Penitenciario Federal.
San Juan y la fiesta
A partir de la fiesta con represores que organizó por sus 50 años de casado, que animó Ramón Palito Ortega, la Justicia volvió a poner el foco en Jorge Olivera, sobre quien pesan tres condenas a prisión perpetua y una fuga del Hospital Militar, que se extendió por cuatro años. Terminada la feria judicial, los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado señalaron que, aunque pudiere haber sido en su domicilio, “esta situación genera conmoción social y desnaturaliza el sentido de la pena (…) por gravísimos crímenes de lesa humanidad”.
En cuanto al invitado Gustavo De Marchi –condenado a perpetua en dos causas pero que estaba en libertad por supuestos problemas de salud–, el juez Raúl Fourcade le impuso una detención provisoria mientras se decide si se acepta el pedido fiscal para que continuase la ejecución de sus condenas. Se le fijaron condiciones: residir en el domicilio, no trasponer los límites catastrales ni la línea de edificación, realizar trámites a través de un apoderado, abstenerse de actividades lucrativas en la casa, control del domicilio mediante rondines policiales, contactos telefónicos y permiso de acceso de los efectivos, no salir sin autorización del tribunal y designar una tutora.
Por un ministro de Salta
El TOF-1 empezó a juzgar los secuestros y torturas contra Tomás Cuadri, secretario privado del ex ministro Enrique Pfister Frías durante la gobernación de Miguel Ragone, en Salta. Cuadri fue secuestrado en tres ocasiones. Por las torturas perdió la audición de un oído. Por esos delitos se acusa al ex director de Seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil, y al ex agente Feliciano Estrada.
El Cabildo de Jujuy
La Cámara de Casación admitió analizar las reformas edilicias en el Cabildo provincial, donde funcionó la Central de Policía. El gobierno provincial quiere remodelarlo, pero los organismos de derechos humanos se oponen a la reforma, aunque fuera parcial, porque desde 2016 consta la denuncia de un ex detenido que relató que allí existiría un túnel donde habría restos óseos de personas desaparecidas. El juez interino Miguel Medina admitió el pedido de la Fiscalía de no innovar, pero el Juzgado 2 de Jujuy, a cargo de Eduardo Hansen, habilitó las obras. Fiscalía y querellas acudieron a la Cámara de Apelaciones y, ante su rechazo, en queja a la Casación, donde consiguieron que se habilitara el tratamiento de fondo.
Torturar, vaciar y robar
En 1977, tropas del III Cuerpo del Ejército a las órdenes de Luciano Menéndez, tomaron las oficinas de la empresa Mackentor, en Córdoba y Buenos Aires, y secuestraron y torturaron a sus integrantes. Después de vaciarla, hubo una transferencia ilegal de sus activos a empresas vinculadas al poder militar.
A 30 años del golpe, los representantes de la empresa seguían topándose con impedimentos judiciales a sus pedidos de la nulidad de todo aquello, hasta noviembre pasado, cuando la Sala IV de Casación Penal rechazó su presentación, por lo que la querella interpuso un recurso ante la Corte Suprema, que ordenó un nuevo pronunciamiento.
El fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, se expidió en favor de hacer lugar al pedido de la querella de Mackentor e indemnizarla. “Cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se trata de los hechos que son calificados como de lesa humanidad, cualquiera sea el bien jurídico ofendido. En este caso, lo fue la propiedad”, destacó.
El primer civil
El ex ministro bonaerense Jaime Smart (ver El primer civil) sumó otra condena a prisión perpetua por el homicidio de Horacio Orue, las torturas a Raúl Aguirre y el secuestro de una familia, a la que le robaron sus bienes. Un policía, Juan Keller, el único que sobrevivió sano para enfrentar el juicio, recibió la misma condena.
Brigadas
En La Plata, la Fiscalía pidió prisión perpetua para 12 acusados por crímenes en las brigadas del Conurbano sur bonaerense (Banfield, Quilmes, San Justo y Lanús). Entre los acusados están Smart, policías y militares de inteligencia como el ex jefe del Regimiento de La Tablada, Federico Minicucci; Juan Wolk; Enrique Barré (defendido por el estudio Cúneo Libarona); Jorge Di Pasquale y el médico Jorge Bergés, entre otros. La Fiscalía remarcó la victimización de personas trans, ya descriptos en la nota Lesa sexualidad. Piden también que la sentencia sea comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de hacérselo saber a las autoridades de Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Polonia, Italia y España, de donde eran muchas de las víctimas. El veredicto será el 26 de marzo.
Delitos sexuales
Una querella había pedido que 17 de los acusados en el juicio mega-causa Zona V fueran juzgados por delitos contra la integridad sexual de tres de las víctimas. Se topó con el rechazo del TOF de Bahía Blanca. Sin embargo, la mayoría de la Sala II de Casación convalidó tal ampliación. El 21 de febrero, el fiscal De Luca expresó: “Los abusos sexuales en cautiverio durante el terrorismo de Estado –en general a mujeres, incluidas embarazadas– inicialmente sólo fueron interpretados como sucesos integrantes del delito de tormentos”, aunque “sin modificar la plataforma fáctica se los puede considerar intelectualmente como algo distinto, por su significado para las víctimas”. Casación lo avaló.
Donda
El TOF-6 porteño condenó a 15 años de prisión al ex oficial de la Armada Adolfo Donda Tigel (77 años) por la apropiación de su sobrina, Victoria Donda. Declaró que los hechos configuran delitos de lesa humanidad y que configuraron violencia de género, violencia contras las mujeres y parto deshumanizado. El ex marino está preso en el Centro Federal de Detención de Mujeres, U-31, de Ezeiza. Desde allí oirá los fundamentos de la sentencia el 6 de mayo.
Final
Los fiscales Félix Crous y Marcela Obetko solicitaron la pena de prisión perpetua para el espía Jorge Guarrochena, oficial de la Armada y enlace con el Batallón 601 de Ejército, “el engranaje de inteligencia de mayor relevancia durante el terrorismo de Estado”, evaluaron. Insistieron en que no se altere el campo de deportes de la ESMA. En la causa estuvieron imputados pero murieron antes de recibir su condena los ex marinos Carlos Alberto Bengoechea, Juan José Lombardo y Gerardo Enrique Ferrer.
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