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Con 38 imputados, 334 víctimas y más de 200 testigos, este jueves 17 comienza el mayor juicio de lesa humanidad en la historia de la provincia de Buenos Aires. El debate por la megacausa Zona 5, en la que se investigan crímenes cometidos durante la dictadura bajo la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, una ciudad en la que el Poder Judicial, la política y los medios mantuvieron vínculos históricos con los militares.

Aunque en Bahía ya hubo otros siete juicios sobre el terrorismo de Estado, este será el primero con un tribunal integrado por una mayoría de magistrados bahienses. “En todos los juicios previos hubo que recurrir a jueces de otras jurisdicciones porque los de acá tenían relaciones con los genocidas o sus abogados y era imposible conseguir tribunales imparciales”, dice Alejandra Santucho, militante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, una de las tres querellas junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

A modo de ejemplo, Santucho recuerda cómo se inició la causa que derivó en este juicio: “El primer juez de instrucción, Alcindo Álvarez Canale, se excusó de investigar a la Armada porque tenía familiares y amigos en la fuerza, y dijo que él podía avanzar sólo con Ejército. Desde entonces la causa en Bahía Blanca está partida en dos. Con la de Armada fue mucho más difícil avanzar, porque acá los marinos siempre fueron una elite con sus conexiones corporativas”.

Los jueces Marcos Aguerrido, de La Pampa, y Ernesto Sebastián y Sebastián Foglia, ambos bahienses, conforman el tribunal para el juicio que empieza ahora. Esta semana se conocieron las pautas fijadas para el debate oral y público. Se celebrará en formato virtual, aunque los jueces se reunirán en la sede del tribunal y las partes podrán asistir a la sala. Los testigos que quieran declarar en forma presencial podrán hacerlo. Se espera que los imputados, cuya gran mayoría se encuentra en prisión domiciliaria, participen por Zoom.

El tribunal dispuso además un aforo mínimo para la presencia de público en la sala. Prometió que las audiencias se transmitirán en vivo por pantalla en el aula magna de la Universidad del Sur. Las querellas habían pedido que esa fuera la sede del debate, tal como ocurrió en los siete juicios anteriores, pero el tribunal no accedió. Los jueces dijeron que ciertas instancias como la acusación inicial, los alegatos y el veredicto se transmitirán en canal abierto por YouTube. Aún no está claro si adoptarán el mismo criterio para el resto de las audiencias, o si autorizarán transmisiones de los medios de comunicación.

En los últimos días se había barajado una postergación de la fecha de inicio para que llegara a incorporarse un tramo adicional de la causa con los casos de 58 víctimas. Finalmente se llegó para este jueves. La unificación de tramos evitará que la causa se ramifique en varios juicios pequeños que dilatarían el proceso. Como siempre, el tiempo apremia. De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces. La semana pasada se informó la reciente muerte de Alejandro Marjanov, de 83 años, ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, cuyos miembros secuestraron a decenas de víctimas en Bahía Blanca y varios pueblos y ciudades del sur bonaerense.

Por cantidad de víctimas, imputados y testigos, este será el juicio más grande celebrado hasta ahora en la provincia de Buenos Aires, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Las querellas estiman que podría durar entre dos y tres años.

 

 

 

Bajo el manto del V Cuerpo

Durante la dictadura, el V Cuerpo del Ejército controló la represión en la “Zona 5” del país, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. El comando se situaba en Bahía Blanca y en su predio funcionó, hasta 1978, el centro clandestino de detención (CCD) “La Escuelita”. “En el juicio tenemos a casi toda la estructura que operó en la Zona 5 −dice el auxiliar fiscal Pablo Fermento−. Entre los imputados hay ex miembros del comando del V Cuerpo, de unidades subordinadas como el Destacamento de Inteligencia 181 y el Batallón de Comunicaciones 181 y de fuerzas policiales y de seguridad bajo control operacional, entre otros”.

También se juzgará la responsabilidad de un médico y un enfermero del Ejército, Luis Adalberti y Adalberto Bonini, señalados como responsables de atender a secuestrados y secuestradas en La Escuelita. Se los acusa de haber sido los encargados de mantener con vida a las víctimas para que las siguieran torturando.

En el debate se tratará un caso de delito sexual, el único que llegó a juicio pese a que existen varias imputaciones similares contra ex oficiales y suboficiales desde hace casi una década. “A pesar de la evidencia de que la violencia sexual fue sistemática, y a pesar de las pruebas de casos concretos, los jueces siguen manejándose con el criterio de la ‘instancia privada’, que dice que no se puede avanzar sin un pedido expreso de la víctima”, lamenta Fermento.

Uno de los puntos más interesantes del juicio será la reconstrucción de la lógica represiva en una zona del país que, a diferencia de Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior, no era considerada como un territorio “caliente” por la dictadura y por lo tanto tenía sus propias especificidades, tal como muestra el historiador Pablo Scatizza en el libro Un Comahue violento, dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia argentina.

Uno de los caminos por los que avanzará la acusación fiscal se dirige al rol del Batallón de Comunicaciones 181, la unidad a cargo del Área 511 de la Subzona 51 que se encargó de rastrillar los pueblos y ciudades del sur bonaerense en busca de gente para interrogar. La intensa circulación de secuestrados y secuestradas entre las comisarías, la sede del Batallón y La Escuelita revela cómo se articulaban las facetas visible y clandestina del aparato represivo.

“El Batallón y La Escuelita actuaban coordinadamente −dice Fermento−. Hubo muchos detenidos de La Escuelita a los que blanquearon llevándolos primero al Batallón y luego a la cárcel. Y viceversa: víctimas que primero pasaron por el Batallón y luego fueron desaparecidas en La Escuelita. Al Batallón se le dio el marco regional, los operativos en los pueblos, mientras que el grupo de tareas de La Escuelita actuaba ‘por izquierda’, de noche, de civil. Había una distribución de tareas pero eran parte del mismo plan”.

En la instrucción también se obtuvieron pruebas de la articulación entre los represores y el Poder Judicial. Por La Escuelita pasaron secuestrados que a la vez tenían causas abiertas en la Justicia. Cuando el juez federal Guillermo Madueño decidió indagarlos, los sacaron por un rato del CCD y los llevaron al comando del V Cuerpo para presentarse ante el juez. Después los devolvieron otra vez a La Escuelita. Madueño llegó a integrar el Tribunal Oral Federal 5 porteño pero renunció cuando trascendió su historia y el Consejo de la Magistratura se aprestaba a iniciarle un juicio político, se profugó durante meses y murió impune poco después de ser detenido. También habían sido imputados dos ex secretarios federales que estuvieron presentes en las indagatorias, Gloria Girotti y Hugo Sierra, pero recibieron la falta de mérito. Lo mismo ocurrió con un juez de provincia investigado por archivar varios casos de secuestros en la época.

“Avanzar contra los cómplices civiles ha sido casi imposible en Bahía Blanca −dice Alejandra Santucho−. Ya lo vimos con los funcionarios judiciales, con los médicos, con el diario La Nueva Provincia. En la dictadura, en la post-dictadura y en muchos casos hasta hoy, el Poder Judicial bahiense estuvo muy contaminado por sus relaciones con la corporación militar”.

 

 

 

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