Jugadas extrañas

 

Alfredo Héctor Luenzo, currículum no disponible, según reza el sitio web de la Cámara de Senadores, presentó un proyecto de ley que recupera el carácter de “servicio público esencial” para Internet conforme el decreto 690/2020, hoy judicializado a instancias de la resistencia de Cablevisión Holding S.A., a la que luego se sumaron Telecentro y DirecTV. Esto ya te lo adelantamos en febrero cuando en Córdoba el juez Ricardo Bustos Fierros embarró la cancha con una cautelar para la minúscula TV Cable Color.

Esta semana, Luenzo sorprendió a propios y ajenos con una iniciativa guardada bajo siete llaves y que, por su redacción, no fue escrita a las apuradas. Para ello, consultó a expertos formados en políticas culturales y de comunicación que buscan resolver el dilema regulatorio en cuestiones de convergencia entre los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones.

El texto firmado por el actual presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión levantó polvareda entre integrantes del Frente de Todos (FdT) que no estaban enterados y entre los cuales hay conocedores del sector TIC que diseñaron los detalles de la Ley Argentina Digital, sancionada en diciembre de 2014.

En otras palabras, Luenzo no le pidió permiso a la ex Presidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, respecto la modificación de una ley clave de su gestión. Esto a pocos meses de las elecciones de medio término y en el último año de los seis que le tocan al senador por Chubut, que no entró en ninguna lista.

Todos en el frente se preguntan por qué tomó esta decisión. Su padrino político, el tres veces gobernador Mario Das Neves, falleció en 2017 y al quedarse sin banca, tal vez haya querido pasar a la historia de una de las comisiones más importantes del Congreso con una buena nota. En especial, porque durante la gestión de Mauricio Macri las políticas de concesiones a las telcos se lo llevaron puesto.

Recordemos: esa contrarreforma restauró a los funcionarios menemistas que despilfarraron el espectro radioeléctrico, entre otras malas prácticas. Introdujo modificaciones con los decretos 267/2015 y 13.40/2016 para favorecer, principalmente, al Grupo Clarín, que terminó quedándose con Telecom, Personal, Cablevisión, Fibertel y las frecuencias de Nextel, tras una suerte de golpe de Estado seco que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ya sin un directorio independiente del Poder Ejecutivo, y con capacidad de entregar licencias sin concurso y con renovación infinita.

El proyecto de Luenzo introduce, en el primer artículo, una mirada federal que atiende los intereses de los operadores más pequeños, indicando la promoción de “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

También hace explícito, en el artículo 15, que la autoridad de aplicación será garante del acceso a las redes. Nada nuevo bajo el sol, ya que el decreto 764/2000 tenía un Reglamento de Interconexión, que nunca se cumplió, pero que establecía condiciones para abrir el juego a la competencia y romper con la tendencia natural al monopolio de ese sector. Un dato no menor es que las experiencias internacionales, tanto en América como en Europa, nunca pudieron evitar que las redes queden cartelizadas en pocas manos. Nunca más de tres o cuatro jugadores.

Luenzo le agrega una coma al artículo sobre Servicio Universal, indicando que se “promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. Algo de eso comenzó con el tendido de fibra óptica con el Plan Argentina Conectada en 2010 y rebautizado como Plan Federal de Internet por el macrismo. Tal vez se trate de la única caja en donde no pudo meter la mano, porque es un fondo de carácter fiduciario imposible de reasignarse para otro destino. Con ese dinero se conectaron más de 1.200 localidades pequeñas y se bajaron los costos de acceso a las redes en condiciones de competencia.

Pero la clave está en el artículo 48. Luenzo cambia el término “tarifas” por “precios” como sutileza para confirmar que seguirán siendo empresas en libre competencia y agrega –sin ampliar mucho– el texto del decreto 690 que introduce la Prestación Básica Universal (PBU): “La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”. Lo cual da cuenta que Luenzo se tomó una Quilmes bien helada por fuera del Senado, ya que ningún asesor de la casa que sepa de técnica legislativa determinaría por ley las funciones de la autoridad de aplicación, las cuales suelen dejar en el Poder Ejecutivo las cuestiones reglamentarias.

En otras palabras, queda en el ENACOM el criterio a definir esa suerte de “Caja Pan” de Internet para los más pobres, los cuales siguen siendo discriminados sin querer queriendo, ya que tendrán un acceso restringido a la comunicación y la cultura. En la práctica, los valores de referencia establecidos para esa prestación son los mismos que los ofrecidos en los planes de retención de clientes de las tres operadoras dominantes, las cuales brindan, sin miedo a sanciones, servicios de pésima calidad porque no existe ningún otro jugador del mercado público o privado que pueda hacerse cargo de su cartera de clientes.

En el artículo 53, el senador introduce exenciones para los prestadores TIC dedicados a la educación y la salud, y agrega un 57 bis que establece gratuidad de acceso a los mismos ámbitos en situaciones de excepción, como la pandemia. Luego sigue con la pompa al desarrollo federal entre las competencias del ENACOM, según se lee en el artículo 81.

Esto no surge de la nada. A diferencia del decreto 690 que ensayó el Presidente Alberto Fernández al comienzo de su gestión y que demostró la debilidad política que suelen tener los gobiernos frente a grupos de presión que dominan el mundo de las comunicaciones, Colombia ya sentó el primer precedente en la región declarando por ley a Internet como “servicio público, esencial y universal”, bajo una norma promulgada el pasado 2 de agosto.

Lo curioso es que la colombiana se trata de una iniciativa propiciada por legisladores del Partido Liberal, de tendencia socialdemócrata, esta vez en tándem con el derechista Centro Democrático que llevó a Iván Duque a la presidencia. Algo así como la Armada Brancaleone para la ocasión o una suerte de UCR en Juntos por el Cambio, que todavía hace levantar a Hipólito Yrigoyen de su tumba para suicidarse a diario, rememorando El día de la marmota. El “Peludo” en este caso está encarnado por Bill Murray.

El destino de Luenzo tras esta jugada extraña es incierto. Lo seguro es que no será de la mano de CFK. En la Cámara Alta no hay espacio para carrileros que pueden girar en el aire cuando la cerveza se sube a la cabeza. Posiblemente aspire a postularse para la intendencia de Comodoro Rivadavia en un futuro cercano, si es que el Frente Renovador –a veces en sintonía con Chubut Somos Todos– lo preserva entre sus filas. De dar fuerza de ley a un decreto judicializado, el senador tendrá algún poroto para sumar.

La política es una caja de sorpresas. De un día para el otro, Facundo Moyano renunció a su banca de Diputados con una carta llena de lugares comunes e intenciones veladas. En una de esas, ambos futuros ex legisladores abran juntos una consultora de librepensadores sin disciplina partidaria.

 

 

 

 

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