Joinet, o el poder de cambiar las cosas

 

El alto magistrado francés Louis Joinet falleció el 22 de septiembre a la edad de 85 años. La ceremonia en su homenaje, celebrada la semana pasada en París, nos ofrece la ocasión para dedicar estas líneas a ese “amante de la justicia” [1], progresista, enamorado del acordeón, apasionado por el circo y las artes callejeras, con una rica trayectoria, a la vez original y profundamente humanista.

Joinet fue en su juventud educador en las calles y maestro de escuela, antes de vivir la guerra de Argelia y dedicarse luego a sus estudios de derecho, a su regreso a París. Más tarde fue cofundador del Sindicato de la Magistratura en vísperas de mayo de 1968 –una “pedrada en el avispero” según sus propias palabras–, y participó en la elaboración de la ley Informática y Libertades, antes de convertirse en el primer Director de la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades). Luego, Louis Joinet será también asesor del gobierno francés, primer Fiscal General ante la Corte de Casación y miembro de la Corte de Justicia de la República. Ese “alérgico a las condecoraciones”, fue además internacionalmente conocido como experto independiente de la ONU durante unos treinta años. Se interesó en particular por el estudio de las dictaduras militares en América Latina (en especial, en Argentina y Uruguay) y sus consecuencias, en medio del florecimiento de la justicia transicional. Lo cual explica su compromiso en favor de la adopción, entre otras, de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de 2006, así como la redacción de los famosos “Principios Joinet” de 1997. Sobre esa convención habla en este video.

 

 

Esos Principios, cuya paternidad se reconoce a Joinet, actualizados en 2005 por la universitaria estadounidense Diane Orentlicher, sistematizan los diferentes componentes de la lucha contra la impunidad de los autores de graves violaciones contra los derechos humanos. Esa lucha se funda en el respeto y la garantía del derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Todos ellos constituyen otros tantos desafíos a los cuales los tribunales penales, tanto nacionales como internacionales, se ven imposibilitados de responder plenamente. Por otra parte, las imperfecciones, los límites, e incluso en ciertos casos las aporías de la justicia penal (inter)nacional son los que generan la proliferación paralela de otros mecanismos de justicia, más allá de la justicia retributiva.

Así lo había entendido tempranamente Louis Joinet en su combate contra una impunidad debida en parte a la falta de independencia de los jueces. Ejemplo y testimonio de ello es la crisis por la que hoy atraviesa la Corte Penal Internacional (la CPI es la única jurisdicción permanente en esa materia), debilitada por el rebrote de críticas que enfrenta desde su pronunciamiento sobre la situación en Afganistán. En efecto, el 12 de abril pasado, la CPI denegó por unanimidad la demanda de iniciar una investigación por potenciales crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en territorio afgano, presentada por la Fiscal Fatou Bensouda, por considerar que dicha investigación no serviría a los “intereses de la Justicia”. Su decisión, cuya apelación será estudiada a partir de los primeros días de diciembre, siguió las medidas “anti-CPI” interpuestas por los Estados Unidos. Tales medidas procuraron evitar que la Corte iniciara investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Por depender del apoyo de los Estados y de la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, cuyo balance es acotado y cuya credibilidad está siendo cuestionada, opera en un marco de arduos equilibrios. No puede, cualquiera sea la situación, remediar por sí sola los estragos provocados por la criminalidad masiva, a menudo orquestada por autoridades estatales: la lucha contra la impunidad implica mucho más que juzgar a los responsables.

Así fue también como lo entendió Suiza, al presentar, conjuntamente con la Argentina y Marruecos, una resolución sobre la creación de un Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2011, con base en los “Principios Joinet”. La Confederación Helvética, comprometida a escala internacional con la lucha contra la impunidad y el desarrollo de la justicia transicional, propuso asimismo una nueva reflexión ante la ONU en 2017, sobre el reto principal de la cooperación en materia de prevención de los crímenes internacionales. De ese modo buscaba asegurar la continuidad del trabajo del infatigable defensor de los derechos humanos. Louis Joinet, quien seguía aún hasta hace poco trabajando en el proceso de paz en el País Vasco, se habrá distinguido por siempre por su fe en la fuerza de la resistencia. Y por su convicción de que los juristas, más que otros, tienen el poder –y por ende, la responsabilidad– de hacer que las cosas cambien.

 

 

 

* Profesora de Derecho en la Universidad de Ginebra.

Homenaje publicado en francés en el periódico suizo Le Temps el 8 de octubre de 2019 (traducción al español: Ana Guarnerio)

[1] Véanse sus memorias, Mes raisons d’Etat, mémoires d’un épris de justice, publicadas en 2013 en ediciones La Découverte.

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