Jamás impedirás

 

A pesar de que el ausentismo obtuvo el domingo pasado el primer lugar en las elecciones presidenciales y legislativas en Chile (53%), así como en las regionales y municipales en Venezuela (57,7 %), los resultados marcan procesos muy distintos. La presidencia de Chile será definida el 19 de diciembre entre el ultraderechista José Antonio Kast con 27,9% de los votos y Gabriel Boric del Frente Amplio, apoyado por el Partido Comunista, con el 25,8%. La presencia dominante de estas dos fuerzas políticas es expresión del rechazo a las dos Alianzas que, con matices, administraron el modelo neoliberal heredado del general Pinochet durante las tres últimas décadas.

Un fenómeno similar pudo haber ocurrido en el Perú si Rafael López Aliaga, la versión peruana de Bolsonaro y Kast, no se hubiera presentado en estado catatónico al primer debate presidencial. El papelón le impidió disputar la segunda vuelta con la inesperada candidatura de Pedro Castillo, que habría implicado para el país una disyuntiva entre dos proyectos políticos extremos como los que enfrenta hoy Chile.

En Venezuela la situación es distinta. La alianza chavista Gran Polo Patriótico (GPP) se impuso de forma contundente a la oposición al haber obtenido 20 de las 23 gobernaciones, mientras que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lo hizo apenas en dos. A nivel de las municipales, el GPP ganó en dos tercios de las localidades. Sin embargo, los resultados han sido descalificados por la mayoría de los medios internacionales, sobre todo, por la alta abstención en la elección, como si en Chile no hubiera ocurrido lo mismo. En ninguno de estos países las elecciones son obligatorias.

Poco se explica la derrota de la oposición como resultado de su fragmentación. Henrique Capriles, figura política de la oposición, lo expresa claramente: “El problema es que los que participan no lograron unirse, y van divididos en dos o tres alianzas muy diversas (…) En el tarjetón electrónico habrá casi 40 partidos”.

La figura del líder Juan Guaidó se ha desprestigiado desde que se autoproclamó Presidente interino de Venezuela a principios de 2019. El fiasco de la ilegal ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia (en la que la Cruz Roja Internacional se negó a participar) o las incursiones organizadas desde Colombia por empresas militares privadas (Operación Gedeón) se suman a las investigaciones por sospechas de corrupción ligadas a un manejo irregular de activos de Venezuela en el extranjero, recuperados con la complicidad del gobierno de Trump, tal como denunció el Washington Post en enero.

 

 

Pusilánime

Ante los catastróficos resultados de la oposición, María Corina Machado, coordinadora de la opositora “Vente Venezuela”, parte del reducido sector que no participó en la contienda electoral –por considerar que las elecciones no son la vía para derrotar a Nicolás Maduro– ha propuesto realizar “una elección popular no para elegir un Presidente sino un liderazgo digno, transparente y valiente que enfrente a Maduro y que lo saque del poder”.

Pero para Estados Unidos y cinco decenas de países, Guaidó continúa siendo el Presidente interino de Venezuela. Joe Biden no ha variado un ápice la política de Donald Trump frente a este país. La ovación que le hicieron el Partido Republicano y el Demócrata a Guaidó cuando Trump lo invitó a la presentación del Estado de la Unión en el Congreso, en febrero de 2020, dan cuenta de la política de Estado frente a Venezuela, dirigida en realidad por el Pentágono y apoyada por los cubanos de Miami, Vox, Mario Vargas Llosa, Montaner, entre otros.

El reconocimiento de Trump a Guaidó se amparaba en cierto sustento legal en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, al no haber convocado a nuevas elecciones en un plazo de treinta días, su mandato era inconstitucional, pero al menos mantenía el cargo en la entidad legislativa. Desde el 6 de enero de este año es tan solo un líder fracasado de la oposición, sin representación institucional alguna.

Sin embargo, el gobierno de Biden continúa reconociéndolo como Presidente interino y reconoce y financia a sus representantes diplomáticos en cincuenta países. Inclusive, el representante de Guaidó tiene asiento en el BID y, hace dos semanas, la OEA pretendió hacerle un espacio en su última Asamblea General –a pesar de que el gobierno de Venezuela renunció a ese organismo en 2017–, lo que generó el enérgico rechazo de la Argentina, México y Bolivia, entre otros. Perú guardó silencio, probablemente por la visita que realizará el martes a Lima el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esa ciudad será sede de la Asamblea General del próximo año.

 

 

Ridículo

Algunos sectores del Partido Demócrata son conscientes del papelón que hacen al reconocer a Guaidó como Presidente interino de Venezuela. Los máximos representantes de la diplomacia de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea firmaron en junio un documento en el que abogaron por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas. Sin embargo, fueron los primeros en sabotear la cuarta ronda de negociaciones en México, intermediada por Noruega, al extraditar a Alex Saab a Estados Unidos, desde Cabo Verde, en la víspera de la elección presidencial en que el izquierdista José María Neves le ganó en primera vuelta al candidato oficialista. Era evidente que Neves no se sometería a las presiones de Washington.

Custodiado celosamente por más de un año en ese país, difícilmente Saab diga en Estados Unidos algo que no haya dicho ya en Cabo Verde, donde probablemente le hayan ofrecido el paraíso terrenal a cambio de algunas declaraciones que pudieran dañar a Maduro y compañía.

En este escenario, y luego de publicados los resultados electorales, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, rechazó el proceso electoral en Venezuela y aseguró que continuará trabajando con sus socios internacionales para usar “las herramientas económicas y diplomáticas” necesarias para presionar al gobierno de Maduro, toda vez que el régimen “manipuló de una manera grosera el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes incluso de que se depositara ningún voto”.

Una semana antes, Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado, había señalado que las elecciones no reunían las condiciones para ser “justas ni libres” y que Washington apoyará los esfuerzos “para restaurar la democracia” en el país. En el mismo sentido se pronunció antes de la realización de las elecciones el asesor principal para el gobierno del Presidente Biden sobre América Latina y el Caribe, Juan Sebastián González.

Los términos expresados por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que, después de 15 años, envió 136 funcionarios a partir del 14 de octubre, distan mucho de las del gobierno estadounidense. La jefa de la Misión, Isabel Santos, adelantó que las elecciones fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competencia electoral en Venezuela, que el Consejo Nacional Electoral –a raíz de las reformas de mayo de este año– es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido el país en los últimos 20 años y que los comicios se desarrollaron con más garantías en comparación con procesos de años anteriores.

Si bien señalaron que la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado, que existe falta de independencia judicial y no adherencia al Estado de Derecho, entregarán un informe final en enero con recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. Pero ni la Misión de Observación Electoral ni los delegados del Parlamento Europeo calificaron las elecciones de farsa o fraude; tampoco dijeron que fueron ilegítimas, ni que hubo falta de transparencia. Por el contrario, aseguraron que el mecanismo de voto electrónico era fiable y que se constataron avances en el proceso electoral como parte del diálogo político que probablemente se retomará en enero.

Canadá y el Reino Unido se alinearon con Estados Unidos a la hora de desacreditar las elecciones. El gobierno venezolano les respondió con sendos comunicados. Al canadiense, le dijo que lamentaba que por “la ausencia de una política exterior propia y por cumplir con las expectativas de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá recurra a la descalificación de un proceso electoral ampliamente validado por más de 300 veedores internacionales, realizando –en términos más apropiados– un panfleto político más que la declaración de un Estado soberano”. Le increpó que Canadá hablara de afectación a la economía y derechos humanos mientras al mismo tiempo “aplaude, apoya y promueve medidas coercitivas ilegales en contra de todo el pueblo venezolano que constituyen crímenes de lesa humanidad”, por lo que exigió “el fin inmediato de sus medidas coercitivas ilegales y el cese de su apoyo político y material a individuos corruptos que promueven el desfalco de los activos pertenecientes al Estado venezolano”.

Al Reino Unido, le hizo un llamado a “dejar de lado el irrespeto, la injerencia y las prácticas coloniales que han caracterizado a su errática política exterior”, a la vez que lo emplazó a “rectificar el equívoco contenido” del texto en el que desconoce las elecciones. Además le reiteró de manera enérgica el pedido de “devolución inmediata del oro venezolano que se encuentra secuestrado en las bóvedas británicas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que ha seguido la situación en Venezuela y observado que el proceso electoral fue estable y ordenado, “algo ratificado por distintas organizaciones de veedores internacionales, incluyendo una representación de la Unión Europea”, mientras que la Cancillería de Rusia saludó “la participación en las elecciones de representantes de un amplio sector de la oposición”.

 

Digan lo que digan

Los resultados de las elecciones han confirmado la falta de liderazgo de Guaidó en los sectores opositores no sólo para el proceso de negociación con el gobierno, que se reanudaría en México en enero, sino con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

La Unión Europea emitirá para entonces un conjunto de recomendaciones para estandarizar los procesos electorales, mientras que la Corte Penal Internacional, con la que el gobierno firmó a principios de noviembre un memorándum de entendimiento, iniciará investigaciones por presuntos delitos cometidos desde 2017 en el contexto de disturbios políticos.

La participación de estas entidades internacionales –que tienen las puertas abiertas en Venezuela– y la suspensión de las sanciones económicas son la clave para la recuperación de su economía y de su legitimidad internacional. La propuesta del Pentágono vía la Secretaría de Estado de asfixiar económicamente a su población debe ser rechazada de forma unánime por la región. El problema siempre es Iván Duque, quien fue el único que se opuso a que esta demanda figure en la declaración final de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) el 18 de septiembre.

A diferencia de Chile, en donde se debaten dos proyectos políticos claramente contrapuestos, la oposición en Venezuela carece de propuestas, salvo regresar a la Venezuela de antes (de Chávez). La gente está cansada y quiere cambios, pero aún existe un sector que vota por el oficialismo, apoya el proceso y logra imponerse a una oposición disgregada y sin rumbo.

 

 

 

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