Irurzun y la sociedad carcelaria

 

A poco de andar en Comodoro Py aparecen una serie de nombres como filiaciones de Martín Irurzun. Nombres que funcionan como paternidades problemáticas. Horacio Cattani, el decano de la Cámara Nacional Federal porteña, recordado por el compromiso con las causas de lesa humanidad, fue una de sus contenciones en la Cámara donde Irurzun pasó sus últimos veinticuatro años. Ricardo Lorenzetti también aparece como una suerte de sombra que lo cobijó hasta hace poco, cuando el hombre detrás del poder de la Corte perdió su capitanía castrado por una movida que él atribuyó al gobierno.

Irurzun se acercaba al final de su carrera como presidente de la Cámara Federal. Había atravesado una carrera sin luces. Pero entonces, cuando se acercaba a la edad de jubilarse, comenzó a ser reconocido en nombre propio.

En octubre de 2017 escribió la teoría de las relaciones residuales que permitió detener de modo arbitrario a antiguos funcionarios del gobierno kirchnerista, al considerar que podían protegerse con relaciones residuales con el aparato del Estado. La teoría conocida como doctrina Irurzun dio lugar a un tropel de detenciones, y hoy es un símbolo de la ingeniería con la que gobierno y Justicia generaron alianzas para perseguir a la oposición.

Volviendo a las paternidades, su autoría no parece casual. A través de esa doctrina Irurzun logró ser reconocido por un apellido que hasta entonces sólo era mencionado en relación con los reconocimientos de su padre biológico.

 

 

El otro Irurzun

Víctor Irurzun era juez del fuero criminal de la Ciudad de Buenos Aires a comienzos de los años '70, cuando su hijo se iniciaba en la carrera judicial. El padre Irurzun aún es portador de ciertas credenciales en el mundo académico. Docente de la Facultad de Derecho, de jueces y fiscales de la generación de su hijo, escribió artículos y unos pocos libros considerados modernos para su época, clásicos en el campo de las ciencias sociales y el derecho.

A mediados de los años '70, Irurzun padre comenzó a leer de manera crítica el sistema penitenciario. Con elementos metodológicos de las ciencias sociales, como la observación participante y entrevistas en las que daba voz a los presos de las cárceles federales de Devoto y de Caseros, discutía la idea de la cárcel como una vía para lo que entonces se llamaba readaptación social. No era abolicionista, porque miraba las cárceles como entes desprendidos de la estructura social, pero daba algunos giros modernos sobre el sistema penal.

Su libro más importante es una coautoría con Elías Neuman, La sociedad carcelaria. Ese libro tiene una clave para pensar en modo diván a su hijo: uno de sus ejes es la crítica a la lógica selectiva del sistema penal, destinado a perseguir y encerrar exclusivamente a los pobres. La proliferación de la obra de Elías Neuman opacó la figura de Irurzun padre en ese recorrido. Y hoy pocos saben que ese libro, todavía leído, se escribió con su coautoría.

 

 

 

Es posible preguntarse si su hijo buscó completar el deseo de su padre con la elaboración de la nueva doctrina. Llenar la cárceles de no-pobres. ¡Empujarlos a costa de lo que sea! ¿Será así? ¿O el magistrado escribió todo esto para darle la debida trascendencia a su padre?

Cuando Freud visitó la ciudad de Atenas en compañía de su hermano, a los 48 años de edad, se quedó gozoso ante las primeras imágenes, pero ese goce lo perturbaba. Tardó años en escribir aquello que le había pasado y finalmente lo escribió en una carta. Allí recordó que era hijo de un padre que no había realizado estudios secundarios, que él mismo había tenido una infancia durante la cual dudaba llegar a ver un día Atenas y dudaba de abrirse camino tan airosamente en la vida.

"Todo sucede como si —escribió—, respecto del éxito, lo principal consistiera en llegar más lejos que el padre y como si siempre hubiese estado prohibido que el padre pudiera ser rebasado".

Por eso la doctrina Irurzun esconde una trampa. La muerte del hijo. Se trata de un reconocimiento a deshora. Ante un padre muerto en 2010. Con él a punto de terminar su carrera. Un reconocimiento imposible. Pero, si se nos permite continuar en modo diván, acaso también es su verdadera venganza.

La doctrina Irurzun fue una bella manera de arrebatarle el nombre a su padre, de eliminar esas referencias familiares. Los libros. Los textos. La Facultad de Derecho. La ley. De desplazar, al mismo tiempo, a esos mundos llenos de otros padres posibles. De asesinar los legados de Horacio Cattani.

 

Los hermanos

Irurzun es hermano de otros dos varones. Uno experto en informática, empleado de la Auditoría General de la Nación, y otro abogado, dueño de un estudio jurídico por donde pasaron figuras estelares de todas las épocas: Zulema Yoma, Moria Casán, Ricardo Fort y Jorge Macri. Ese universo de los hermanos Irurzun también está atravesado por una serie de nombres del mundo radical. Irurzun suele ser evocado como amigo de Ricardo Coti Nosiglia y Ricardo Monner Sanz. Y Javier Fernández aparece como la persona que hizo entrar en la AGN al hermano especialista en sistemas.

 

 

Cuatro años

Durante los últimos cuatro años, Irurzun ganó varios nombres en una carrera en dos tramos. Al comienzo cerca de Lorenzetti. En diciembre de 2015, Mauricio Macri firmo el decreto 256/15 para pasar el sistema de escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal al ámbito de la Corte. El Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) cambió de jurisdicción en medio de la pelea del gobierno para sacar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración. El decreto señalaba que el organismo debía estar dirigido por un camarista. Lorenzetti puso a Irurzun invocando un sorteo que nunca fue confirmado. Irurzun permaneció un año al frente de la Oficina de escuchas y, cuando el mandato iba a vencerse, el Ejecutivo lo extendió durante tres años más. Antes, la Corte amplió las facultades del organismo que ahora es una central de inteligencia ad-hoc del Poder Judicial. A través de una serie de convenios, logró acceso a las bases de datos del Ministerio de Justicia, AFIP, UIF, Registro de la Propiedad y Registro Automotor. La oficina pasó a llamarse Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJUDECO). Irurzun obtuvo entonces su primer nombre. Sus colegas comenzaron a llamarlo el Señor de las Escuchas.

—Martín, ¿estas seguro en lo que te estás metiendo?

Se lo preguntó un camarista, pero él intentó dejarlo tranquilo: cada integrante de la Cámara, dijo, puede colocar dos empleados.

Todavía no había saltado el escándalo del espía Marcelo D'Alessio, que para esa época extorsionaba al empresario Gabriel Traficante. Cristina Caamaño salía de dirigir la oficina de la DICOM del Ministerio Público. Y adelantaba la posibilidad de que ese mecanismo generara relaciones promiscuas entre jueces y agentes de inteligencia. Se cumplió.

 

La otra postal

En octubre de 2017 Irurzun creaba la doctrina de las relaciones residuales. Un mecanismo que rompió con una tradición de prácticas sobre detenciones y riesgos procesales ganado desde 1994. En su último libro, Irina Hauser afirma que el autor de la extravagante doctrina es Lorenzetti, que no pudo aprobarla en la Corte Suprema por la negativa de Horacio Rosatti.

Tras la reforma constitucional, el paso de los juicios de lesa humanidad y los standards de protección marcados por el sistema interamericano de derechos humanos, el Poder Judicial había abandonado la práctica de detener a las personas en función de la previsibilidad de la pena.

"El monto de la pena dejó de regir para las detenciones y comenzó a existir aquello que se llamó teoría de los riesgos procesales", explica Alejandro Rúa, defensor de Amado Boudou. La teoría de los riesgos procesales admitió prisiones preventivas con criterios restrictivos en casos de riesgos de fuga o si la persona mantenía capacidad de entorpecer una investigación. En el nuevo contexto político, la nueva doctrina modificó la idea de probabilidad de entorpecer una investigación por la mera posibilidad. Se supone que quien fue funcionario conserva un poder residual, es una presunción iuris et de iure, que no admite prueba en contrario. Un absurdo.

"Se necesitaba el auge de las prisiones preventivas arbitrarias sostenidas en lo que se llamó la doctrina Irurzun —sigue Rúa— para concretar la implementación de la Ley del Arrepentido, porque si no había prisiones preventivas arbitrarias tampoco había temor de quedar detenido". Y entonces tampoco existía la necesidad de una ley del arrepentido.

Con el tiempo, la doctrina comenzó a ser vista como el símbolo de una ingeniería más amplia. En la que no sólo talló el presidente de la Cámara Federal. Hizo falta el fallo de la Corte en el caso Fontevecchia, que buscó desprenderse del sistema interamericano de protección de derechos. Hizo falta el 2x1. Que se convirtieron en señales para los tribunales. En ese camino, también hizo falta una Cámara de Casación que rechazó sistemáticamente los pedidos de los defensores, una Corte que hizo lugar a las presentaciones de los defensores pero aún no se pronunció, y antes que todo eso se necesitó el desplazamiento de los integrantes de la Cámara Federal que no toleraban las prisiones arbitrarias.

 

Alzado

La Cámara Federal de Comodoro Py es el espacio encargado del control de la legalidad de los fallos de los doce juzgados federales. Y está conformada por dos salas de tres miembros. Cuatro de los cinco jueces que estaban en diciembre de 2015 no están más.

• Cattani se retiró en enero de 2018 después de un año y medio de licencia médica.
• En noviembre de 2017, el Consejo de la Magistratura destituyó a Eduardo Freiler tras apartar a un consejero para avanzar con el juicio, como detalla Graciana Peñafort en esta misma edición. Freiler había procesado a Macri por las escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno porteño, con su voto decidió archivar la denuncia de Alberto Nisman por el Memorándun con Irán e impulsó la indagatoria a los dueños de Clarín y La Nación por Papel Prensa. El Consejo lo apartó por no poder justificar su patrimonio luego de una persecución mediática feroz, y por una razón que se investigaba en paralelo en la justicia penal en una causa de la que fue sobreseído. Hoy Freiler está haciendo un reclamo ante la CIDH por el tema.
• Luego hubo otros dos movimientos. Jorge Ballestero se retiró en mayo de 2018 con ocho stents coronarios, cuando el Consejo de la Magistratura impulsaba su destitución después de que él ordenara liberar al empresario Cristóbal López. En simultáneo, el gobierno trasladó a Eduardo Farah, que votó como Ballestero, al juzgado del fuero penal económico.

Ese es el esquema en el que sólo Irurzun se mantuvo indemne durante estos años. Hoy la Sala II está integrada por dos jueces designados por DNU, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que han convalidado los dictámenes del juez Claudio Bonadío en la causa Cuadernos. Y por Mariano Llorens, el último en llegar a la Cámara por concurso. En la Sala I, en tanto, sólo quedó Irurzun, el señor de la Alzada.

 

La otra Alzada

Durante los próximos meses la Cámara Federal será tema de agenda. Es una demanda de los defensores. Prioridad en la agenda del Consejo de la Magistratura que se prepara para la nueva integración. Y tal vez prioridad del nuevo gobierno.

Durante la campaña, el Presidente electo, Alberto Fernández, mencionó a un puñado de jueces. Entre ellos a Irurzun, como símbolo de lo que llamó las barrabasadas de la política de persecución penal del Poder Judicial durante el gobierno de Cambiemos.

 

 

 

La foto del último martes puede ser un anticipo en esas prioridades. Juan Mahiques juró ese día como nuevo fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires ante 250 invitados, en una sala del Teatro Colón. Las crónicas repitieron ese día los nombres de los presentes. Dos días después de las elecciones generales, se sentaron Wado de Pedro, Juan Olmos y Marcela Losardo, a quien todos celebran como futura ministra de Justicia.

 

 

 

La imagen se leyó en Comodoro Py como una suerte de mensaje que señala que todo será lo mismo. Sin embargo, en esas crónicas y en esas fotos hay detalles importantes. Los nombres de los que no estuvieron ahí. El único integrante de la Cámara Federal que uno de los presentes recuerda haber visto es Llorens. Irurzun no estuvo ahí. Ni Bruglia. Ni Bertuzzi. Los defensores dicen que su remoción sólo depende de un decreto.

Los jueces de la Cámara también lo saben. En esa línea deben leerse dos fallos de esta semana. La Sala II desprocesó a CFK en dos causas y dejó al borde de la extinción la causa del gas licuado, madre de los cuadernos. Los jueces dijeron que no pudo probarse el sobreprecio. Y, más importante, por el impacto simbólico sobre el tándem Bonadío-Stornelli: anularon la declaración de D'Alessio en ese expediente, un testimonio brindado como producto de su espionaje en ENARSA, ofrecido por el periodista Daniel Santoro en la causa y tomado por el fiscal Carlos Stornelli cuando se caía el único peritaje que sostenía esa investigación.

Mientras tanto Irurzun lleva días callado. Tiene la jubilación tramitada. Y tras bambalinas sigue dando una pelea que en realidad ya pocos parecen escuchar. Dos días antes de las elecciones, le envió al juez Sebastián Casanello una resolución para ordenarle dos cosas. Que pida a Dolores una parte de la investigación de D'Alessio. Y que acepte a Stornelli y a Bonadío como querellantes de una investigación por extorsión en la que aparecen como víctimas de un hecho en el que Dolores los tiene como imputados. Es la segunda vez que Irurzun intenta abrir estas investigaciones en Retiro. Ya lo había hecho antes cuando el juez Julián Ercolini también decidió enviar una causa iniciada por Stornelli a Dolores.

Como si todo se hubiese acelerado, Irurzun parece comenzar a perder la voz. Firma pero lo jueces no lo escuchan. Delegan la investigación en los fiscales para buscar un modo de esquivar esos mandatos. O esperan que la oposición salga de Dolores para que quien se expida sea la Cámara de Mar del Plata.

Un presidente de una Cámara con un apellido re-conocido que, por ese reconocimiento, finalmente se queda solo.

 

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