Irurzun no escucha más

 

El lunes terminará el mandato del camarista Martín Irurzun al frente de la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema, por orden y decreto de Mauricio Macri. Fueron años marcados por la difusión de audios en los medios que pusieron en el centro de la tormenta a la ex Dirección de Observaciones Judiciales, más celebre en el mundo del recontraespionaje como Ojota. Mientras el gobierno analiza su destino –que probablemente sea una nueva mudanza al Ministerio Público—, el juez Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia, quedará a cargo. Es el fin de una época, signada también por el predominio de Comodoro Py y coincidente con las prisiones sin condena que habilitó la doctrina Irurzun.

En un plazo de cinco años, el edificio de Los Incas 3834 vio salir a personal de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI), entrar y salir a trabajadores de la Procuración General y presenciar la llegada –y una estadía más larga– de empleados del Poder Judicial. Guarda secretos desde siempre.

 

 

 

La prehistoria

Tiene siete pisos. Son casi 2000 metros cuadrados, según surge de los planos. El edificio de Los Incas originalmente dependía de ENTEL. Cuando se privatizó en 1992, el lugar pasó oficialmente a manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aunque se supone que los espías empezaron a controlarlo desde muchos años antes.

Está enclavado en Villa Ortúzar, un barrio bastante silencioso y de calles empedradas. Nada anticipa desde afuera el vértigo que muchas veces se vive ahí adentro.

La Ojota pasó a manos del Ministerio Público en 2015 como parte de la reforma que impulsó la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de la denuncia y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La procuradora Alejandra Gils Carbó –que se enteró por la cadena nacional que tendría bajo su ala la oficina— coordinó el desembarco con las autoridades de la recientemente creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Mandó a un primer grupo de funcionarios para relevar y conocer el lugar. Pero cuando llegaron se encontraron con algo que distaba de ser una oficina modernísima digna de los servicios de inteligencia que muestran las películas.

Todo era marrón. Todo era sucio. Las ventanas estaban bloqueadas. En una pared colgaba un raído almanaque de 1985 – como si la oficina se hubiese quedado estancada en el tiempo desde hacía 30 años. Todo lo opaco contrastaba con las canillas de oro que había en el séptimo piso, donde habitaba el jefe. Cuando los funcionarios de la Procuración les preguntaban por sus nombres a los agentes que estaban en el cuarto piso haciendo escuchas directas, un día le decían uno y, al día siguiente, otro. Era el entrenamiento en la mentira adquirido como personal de la SIDE.

En la Ojota había, además, una pedagogía de la crueldad. No había francos ni turnos. Si un agente debía escuchar un secuestro, quizá debía estar días con los auriculares puestos. Uno llegó a tener un accidente cerebro vascular (ACV) mientras escuchaba. Lo obligaron a reincorporarse pronto, sin estar recuperado. Otro tenía caspa hasta en las cejas.

El aire pesaba en el edificio. Todo sucedía ahí adentro. Hasta los agentes pasaban por ventanilla para cobrar su sueldo. A veces, el único contacto con el exterior era la vida de los otros — que escuchaban por teléfono.

Algunas oficinas estaban cerradas con llave y candado.

—¿Qué hay ahí? –preguntaba la gente de la Procuración.

—Nada, papeles —respondían sin más los agentes.

La oficina tenía marcas de distintas épocas. Si iban al baño, agarraban una llave que tenía como llavero un casete – ya obsoleto para 2015. En el cuarto piso había una mesa larga, donde compartían comidas tanto trabajadores del Ministerio Público como integrantes de la AFI que permanecieron durante el traspaso. En la mesa había marcas de una navaja. Era la que usaba otro agente para abrir los envoltorios de los CDs con los que todavía hoy se distribuyen las escuchas.

El desembarco de la fiscal Cristina Caamaño y de su equipo fue casi como la llegada del peronismo para los agentes de la vieja SIDE. Pasaron a tener francos y hasta un sillón –que mandó a comprar Caamaño– para poder descansar cuando pasaban largas horas junto al teléfono.

Uno de ellos se sinceró con un funcionario de la Procuración, como se cuenta en Rebelión en la Corte de Irina Hauser. Le dijo que nunca lo habían tratado tan bien, aunque recordaba con cierta nostalgia las épocas en que el espía Raúl Martins deambulaba por el lugar y les franqueaba el ingreso a sus prostíbulos vip. Martins hoy espera ser extraditado desde México por pedido de la jueza María Servini. Está acusado por trata de personas.

 

 

El presente

Durante la gestión de Caamaño, no hubo ni una filtración. La fiscal logró desalojar del tercer piso –donde funcionaban las máquinas para pinchar los teléfonos– a los ingenieros de la SIDE, después de varias escaramuzas. También bajó los tiempos de conexión – es decir, lo que se tardaba entre que entraba un pedido de escucha y hasta que efectivamente se hacía.

Duró poco la experiencia del Ministerio Público en el edificio de Los Incas. Se extendió entre julio de 2015 y abril de 2016. Incluso antes de su llegada al gobierno, Mauricio Macri buscó forzar la salida de Gils Carbó de la Procuración. La primera medida que tomó fue firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para traspasar las escuchas a la Corte Suprema.

El DNU se publicó el 29 de diciembre de 2015. Esa noche fue un poco más movida que las anteriores en el cuarto piso de Los Incas. Los trabajadores de la Procuración que estaban de guardia no dejaban de mirar el Boletín Oficial. Incluso temían ser desalojados por la fuerza pública. Uno se asomaba por la ventana para ver si detectaba movimientos extraños.

Nada de eso pasó. Pero la Corte rechazó hacerse cargo de la oficina hasta febrero – cuando terminaba la feria. No había ni necesidad ni urgencia. El 15 de febrero de 2016, la Corte recién creó la Dirección de Captación de Comunicaciones (DICOM) del Poder Judicial, como primero se llamó.

Desde entonces estuvo a cargo operativamente de Juan Tomás Rodríguez Ponte, un secretario letrado de confianza del juez Ariel Lijo. Los directores eran Irurzun y Leal de Ibarra. Su nombramiento surgió por un sorteo, cuya existencia fue puesta en duda por una investigación que promovió el fiscal federal Federico Delgado. La causa terminó cerrada por la Cámara Federal.

La oficina –que hasta enero tenía 273 empleados– se llenó también de hijos, hijas y amigos de los jueces y fiscales de Comodoro Py. Durante dos meses, cohabitaron junto con los empleados del Ministerio Público.

 

 

La inflexión

Para fines de septiembre de 2016, la oficina de escuchas se llamaba Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Amplió su esfera de intervención e incluyó acuerdos con varias entidades estatales para tener acceso a múltiples bases de datos. En los primeros días de 2017, ya estaba en las noticias por las filtraciones de conversaciones entre CFK y Oscar Parrilli.

Al mes siguiente, Macri firmó otro DNU, extendiéndole el mandato a Irurzun y Leal de Ibarra. Pasaban de dos años a tres años, con lo que se aseguró que el camarista estuviera en la oficina hasta el fin de su gobierno.

La aparición fue recurrente, pero el verdadero punto de inflexión fue en febrero de 2019 – después de que el director de El Cohete revelara la trama de espionaje que conectaba a Marcelo D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli. Rápidamente aparecieron escuchas a dirigentes kirchneristas presos en el Penal de Ezeiza, para intentar minimizar el impacto de la causa que empezó a tramitar en Dolores. El episodio lo relató en detalle Alejandra Dandan.

Ese mismo febrero la DAJuDeCO le elevó una carta a la Corte, diciéndole que debía apartarse a la AFI de las investigaciones con escuchas. La oficina había firmado acuerdos con la central de inteligencia para que los asistiera con el know-how de las escuchas y con los insumos necesarios. Ahora en el Poder Judicial dicen que lograron autonomía tanto en las máquinas como en los programas para hacer escuchas y que no les queda vínculo con la ex SIDE. Pero para ellos, el problema era, en realidad, que los jueces seguían pidiéndoles a los espías que intervinieran en las investigaciones.

Las escuchas siguieron apareciendo en prime time hasta que los supremos decidieron tomar cartas en el asunto. En junio sacaron una acordada, la 17/2019, en la que pedían a los jueces que restringieran al mínimo la intervención de la central de inteligencia en las investigaciones. El círculo terminó de cerrarse el 13 de enero pasado, cuando Caamaño –ahora interventora en la AFI– firmó una resolución en línea con la acordada de la Corte.

En la DAJuDeCO dicen que actualmente hay solo una escucha en la que un juez ordenó la intervención de la AFI. Lo hizo un magistrado del fuero penal económico.

La acordada sirvió también para disuadir a los jueces de pedir intervenciones. El mes anterior a la resolución de los cinco supremos, la oficina había pinchado 6620 abonados; el año terminó con 3436. Casi la mitad.

La cantidad desmedida de escuchas que usan los jueces ya había sido advertida por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, durante su visita al país en mayo del año pasado. Lo cierto es que el número de escuchas había venido creciendo desde que la Corte se hizo cargo del sistema. De 2016 a 2018 pasaron de 30.318 captaciones anuales a 40.714, lo que representaba un incremento del 34 por ciento.

 

 

 

El futuro

El gobierno tiene un candidato para hacerse cargo del Ministerio Público, el juez federal Daniel Rafecas, que ya consiguió más de 650 avales en su trámite previo al Senado. Rafecas, que tendrá que poner en marcha el sistema acusatorio, ya le dijo a Página/12 que cree que las oficinas de escuchas deben volver a la Procuración.

Aun con futuro incierto, la oficina empezó a aggiornarse hacia el acusatorio. Redujo el tiempo de escucha a 30 días, como establece el nuevo Código Procesal. También les informó a fin de año a los jueces que sólo podrían pedir que se pinchen a diez abonados por expediente, lo que constituye una merma significativa. En un caso de Curuzú Cuatiá, un juez llegó a pedir 72 captaciones. El recorte generó algunos brotes de ira de jueces de la provincia de Buenos Aires, que llamaron enfurecidos durante la feria para chapear como buenos magistrados.

Desde el lunes, Leal de Ibarra, de trato frecuente con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, estará a cargo. Aunque la salida de Irurzun representa, en parte, la despedida de un sector de Comodoro Py, eso puede generar alguna duda.

Los técnicos de la dirección crearon una plataforma para distribuir digitalmente los audios sin usar los viejos CDs. Es una forma de cumplir con lo dicho por el relator de Naciones Unidas, que reclamó métodos menos proclives que los CDs a caer en manos equivocadas. El Consejo de la Magistratura todavía no habilitó su prueba piloto ni su implementación. Pero será una marca de estos años que quizá quede en vigencia si la ex Ojota cambia de dueño. Será llamada la plataforma π.

¿Una mera coincidencia?

 

 

 

 

 

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