INTERRUPCIÓN

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: "La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 - durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

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