En su concepción legal, el Salario Mínimo Vital y Móvil (S.M.V.M.) es mucho más que una cifra: es el ingreso mínimo que todo trabajador necesita para cubrir sus necesidades elementales y las de su familia. Sin embargo, la comparación de su evolución frente a la inflación y a la Canasta Básica Total (C.B.T. [1]) en los últimos tres años (2023, 2024 y el primer trimestre de 2025) revela una degradación preocupante: no garantiza ni lo mínimo y, más grave aún, cada año permite comprar menos.
Un oasis en el desierto
2023 fue, en términos relativos, el mejor de los últimos años. El salario mínimo pasó de $ 47.850 en enero a $ 156.000 en diciembre, con una variación anual del +226,02% frente a una inflación acumulada del 211,04%. El resultado fue una mejora real de +14,98% respecto del aumento de precios.
Más importante aún, en diciembre de 2023 el S.M.V.M. equivalía al 97,2% de la Canasta Básica Total, que se ubicaba en $ 160.452,53. Es decir que, por muy poco, un salario mínimo alcanzaba para que una familia no cayera por debajo de la línea de pobreza.
Este equilibrio, aunque frágil, mostró que con políticas activas y actualizaciones periódicas el salario mínimo podía acercarse a cubrir las necesidades básicas. Fue un respiro tras años de deterioro.
2024: un retroceso brutal y silencioso
Todo cambió en 2024. El salario mínimo quedó congelado durante gran parte del año y se actualizó recién hacia fin de año, alcanzando $ 271.571,22 en diciembre. La variación salarial interanual fue del +74,08%, mientras que la inflación trepó al 117,8%. Resultado: una pérdida del 43,72% del poder adquisitivo real del salario mínimo.
El golpe fue contundente: la C.B.T. en diciembre de 2024 ascendía a $ 331.532,43, lo que significa que el S.M.V.M. cubría apenas el 81,9% de esa canasta, que implicaba más de un 15% de pérdida respecto al año anterior.
Este desajuste no fue casual ni técnico: fue producto de la ausencia de convocatoria al Consejo del Salario durante todo el año. La falta de diálogo tripartito (entre Estado, trabajadores y empleadores) dejó al salario mínimo a la deriva, profundizando la exclusión social y empujando a más hogares por debajo del umbral de pobreza.
2025: una recuperación meramente técnica
El año 2025 comenzó con una actualización del S.M.V.M. que llevó su valor a $ 296.832 en marzo, frente a los $ 271.571,22 de enero. Este incremento del 9,3% logró apenas superar la inflación del primer trimestre (8,6%), arrojando una mejora real de 0,7%. Si bien en términos nominales se trata de una corrección positiva, en términos estructurales resulta claramente insuficiente.
Presentar este dato como una señal de recuperación implica reducir la política salarial a un cálculo estadístico, sin atender a su función social. Luego de una pérdida del 43,72% del poder adquisitivo durante 2024, un ajuste de menos de un punto real no constituye una recomposición, sino una mínima contención de la caída. El retraso acumulado no se corrige con movimientos marginales.
Más preocupante aún es el hecho de que el S.M.V.M., aun con esta actualización, sigue sin alcanzar la Canasta Básica Total, que en marzo de 2025 se ubicó en $ 356.073, pues el salario mínimo cubre apenas el 83,3% de ese umbral de pobreza, lo que revela una verdad incómoda: el Estado argentino fija como piso legal un ingreso que no permite superar la pobreza.
Este dato no debería naturalizarse, pues no es una anomalía coyuntural, sino la manifestación de una estrategia sostenida de resignación salarial, donde los trabajadores con menores ingresos son los más expuestos al ajuste, e implica consolidar un modelo en el cual el empleo registrado y en blanco no garantiza condiciones materiales de vida dignas, desvirtuando los principios elementales del derecho laboral.
En este contexto, las decisiones sobre el salario mínimo —tardías, espaciadas y de bajo impacto real— funcionan más como recursos de administración del conflicto social que como herramientas de protección del ingreso, y no solo expresan una omisión política sino una elección deliberada de prioridades económicas que posterga a los sectores más vulnerables.
Cuando el salario mínimo deja de proteger
En apenas 15 meses, el Salario Mínimo Vital y Móvil pasó de cubrir el 97,2% al 83,3% de la Canasta Básica Total, que representa el ingreso mínimo necesario para que una familia no sea considerada pobre.-
El salario que compra cada vez menos
Durante 2024, la inflación acumulada fue del 117,8%, mientras que el salario mínimo se incrementó solo un 74,08%, generando una pérdida real del 43,72% del poder adquisitivo. Ese deterioro abrupto empujó a miles de trabajadores a una situación de vulnerabilidad, por lo que el salario mínimo dejó de ser una herramienta de justicia distributiva para convertirse en una variable marginal, subordinada a objetivos fiscales y a una lógica de ajuste que recae, como siempre, sobre los sectores más débiles.
Esta caída no es un error técnico ni una omisión inocente: es el resultado directo de una estrategia deliberada que congeló ingresos mientras liberaba precios, licuando por la vía inflacionaria el salario real de los sectores más vulnerables. Esta desactualización no solo empobrece, sino que vulnera principios constitucionales, vacía de contenido al derecho laboral y consagra la exclusión como política de Estado.
Que el propio Estado fije como piso legal un ingreso inferior a la canasta básica total no es un fenómeno accidental ni una distorsión estadística: es el reflejo de una política concreta que, en un contexto de inflación descontrolada, optó por licuar salarios en lugar de protegerlos, significando, lisa y llanamente, institucionalizar la pobreza dentro del trabajo formal.
El desafío del presente no es simplemente recomponer el salario mínimo con aumentos nominales aislados, sino rediseñar su lógica de actualización, para que deje de ser una cifra meramente administrativa y vuelva a ser un instrumento real de inclusión, protección y equidad. Es momento de recuperar su función social y constitucional, y de construir una política salarial que vuelva a poner en el centro la dignidad del trabajo.
* El autor es contador público y abogado.
[1] La Canasta Básica Total es un indicador que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y representa el conjunto de bienes y servicios indispensables para llevar una vida socialmente aceptable en el contexto argentino. Una familia cuyo ingreso total mensual no alcanza el valor de la C.B.T. se considera oficialmente en situación de pobreza.
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