Insistidores

El martes 17 de diciembre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los golpistas que interrumpieron el orden constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, y se pidió las detenciones. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo del Juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del Fiscal Federal Carlos Rivolo.

En representación de la APDH estuvo María Elena Naddeo, Gisela Cardoso y Norma Ríos, con el patrocinio letrado de los abogados Pablo Llonto, Emanuel Lovelli, Roberto Martínez, Eduardo Tavani, Guillermo Torremare y quien escribe esta nota, todos del Colectivo Nacional Mario Bosch, de abogadas y abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad. La organización se presentó como querellante. Todos concurrimos al edificio de Comodoro Py en el que encontramos una primera sorpresa.

A pocos días de producido el golpe de Estado en Bolivia del 10 de noviembre, la Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó una denuncia similar contra los golpistas bolivianos, tanto militares como civiles, que tomaron el poder, que ingresó al Juzgado Federal 1° de María Romilda Servini de Cubría, con intervención del Fiscal Federal Guillermo Marijuan. La APDH y los abogados al Colectivo Nacional Mario Bosch pretendíamos sumarnos a dicha denuncia, ampliarla y ofrecer mayores elementos de prueba después de un mes de preparación. Pero ocurrió que al presentarnos en el Juzgado de Servini se nos informó que la primera denuncia había sido archivada porque Marijuan ---a quien la jueza la dio vista en primer lugar-- no sostuvo la denuncia. Tampoco lo hizo la jueza, quien podría haberlo hecho asumiendo la investigación, cosa que el actual Código procesal todavía permite. El resultado fue el desinteresado archivo de la denuncia. Quisimos conocer los fundamentos del Fiscal Marijuan pero tampoco pudimos: se nos negó esa posibilidad porque no éramos parte de aquella presentación. Por ese motivo, en el curso de la misma mañana, decidimos ingresar nuestra presentación como denuncia nueva.

 

 

¿Por qué presentamos esta denuncia?

Lo que sucedió en el Estado Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre pasado fue un indiscutible golpe de Estado. Al presidente Evo Morales y demás funcionarios legítimos los obligaron a renunciar bajo fuerte extorsión y amenazas de muerte a sus familiares y compañeros, y en medio de graves hechos de violencia como linchamientos e incendios de centros de cómputos electorales y locales partidarios del Movimiento al Socialismo, partido gobernante.

La persona entronizada como presidenta provisional no había sumado más que un 4 por ciento de votos en las elecciones, le fue colocada la banda presidencial por un general, el mismo militar que le había exigido la renuncia al presidente legítimo Evo Morales, y este “acto de posesión del cargo” se realizó en un recinto de la Legislatura casi vacío. Si eso no es un golpe de Estado, quien lo afirme es cómplice del mismo.

Pero además ese golpe de Estado fue sangriento y brutal, por la característica de los hechos que, aun hoy, más de un mes después, se siguen cometiendo por los insurrectos. Todavía hoy hay detenidos, golpeados, torturados y perseguidos por el mero hecho de pertenecer al partido que ganó las elecciones. Y hasta hay perseguidos políticos refugiados en embajadas extranjeras que les dieron protección, a quienes se les niega el salvoconducto para salir del país. Son los propios golpistas los que afirman públicamente que están desplegando “una cacería” contra los funcionarios o adherentes del gobierno legítimo depuesto. Se cometieron dos abominables masacres que conmovieron a la colectividad mundial, la de Sacaba y la de Senkata, con un saldo de casi 20 muertos, y un total de asesinatos en todo el país que supera las 40 personas, hasta donde se sabe. A ello se suman miles de pacíficos opositores al golpe, encarcelados, torturados, humillados.

El odio racial hacia las comunidades originarias Quechua y Aymara, las más numerosas, es evidente, y lo mismo sucede con las comunidades campesinas. Así, se advierte que la persecución con intención de exterminio de un sector de la población, por parte de los golpistas, que presentan típicas características de dictadores fascistas, es indudable. Se quema y arranca de los lugares públicos, y de los distintivos de los funcionarios policiales, la bandera Plurinacional Wiphala, que representa a las distintas etnias de la población originaria boliviana, que es la mayoritaria de la población total de Bolivia, y además tiene reconocimiento constitucional desde 2008. Semejantes acciones son prueba fehaciente del carácter racista, discriminador y de odio de los golpistas, que tampoco se detiene frente a las mujeres de las poblaciones originarias, inclusive de mayor edad, a quienes han golpeado y ultrajado. Un ejemplo se pudo ver en el hecho aberrante de haber privado de libertad a la alcaldesa de la localidad de Vinto, Patricia Arce, a quien le cortaron el pelo, llenaron de pintura roja y pasearon en esas condiciones humillantes y por la fuerza por las calles del pueblo, exhibiéndola como un trofeo de guerra por parte de una turba que actuaba con la aprobación o aquiescencia de los golpistas.

Hechos de esta naturaleza constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, según lo describe la Convención contra la Tortura, a la que adhirió y ratificó el Estado Plurinacional de Bolivia. No olvidemos que además entre las víctimas hay un ciudadano argentino, un periodista, Sebastián Moro, quien en el transcurso de los momentos que desembocaron en el golpe, apareció muerto. Se habló de un posible accidente cerebro vascular (ACV) por los medios periodísticos afines a los golpistas, pero ocurre que el cuerpo de Moro presentó signos de haber sido golpeado y además del interior de su casa, llamativamente, desaparecieron su cuaderno de notas, el grabador y su chaleco de periodista. Todo lo expuesto coloca a las lamentables acciones, producidas por quienes en Bolivia quebraron el orden constitucional y sus cómplices, dentro de los supuestos de genocidio y delitos de lesa humanidad, previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, tratado internacional al que también el Estado de Bolivia adhirió y ratificó internamente.

Es obvio que el poder judicial boliviano, después de consumado el golpe, no hace absolutamente nada por asegurar la investigación de estos hechos atroces y aberrantes, constitutivos de crímenes de lesa humanidad; puede que los jueces estén amenazados o que sean cómplices de los golpistas, no lo sabemos, pero lo cierto es que se advierte que se omite por completo investigarlos de manera adecuada, como exige la ley internacional de la que Bolivia es parte. Ante esa omisión nace inmediatamente una de las consecuencias de los delitos de lesa humanidad, que es la jurisdicción universal: cualquier país parte del sistema universal de derechos humanos puede asumir la investigación. Es lo que nosotros le pedimos al Poder Judicial Federal argentino.

La Argentina es un Estado que tiene un claro reconocimiento en el mundo por llevar adelante su inexcusable compromiso con la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad, no solo cometidos en nuestro país en la pasada dictadura, sino también en otros países, ejemplo de lo cual es la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España, ante la negativa de dicho país a hacerlo. Por ese motivo, y por tratarse de un pueblo hermano con el que tenemos una historia en común desde nuestras respectivas independencias, porque en definitiva los pueblos de Latinoamérica nos sentimos parte de una Patria Grande, parte de un mismo pueblo, es que tomamos esta decisión. La vamos a sostener en todas las instancias que sean necesarias, hasta que los criminales y genocidas que ensangrentaron al hermano pueblo boliviano, paguen por sus aberrantes delitos.

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