La gravedad de la situación política de Brasil es inédita. El gobierno de Jair Bolsonaro ha transformado la pandemia en eje de las próximas elecciones y atenta contra la vida de la gente. Se niega a proveer ayuda a los más pobres y con la connivencia empresarial aprueba medidas que precarizan aún más las relaciones laborales y el empleo. ¿Qué pasará después de la cuarentena? Es sobre este último punto que trata esta nota.
El 1º de abril de 2020, la Presidencia de la República publicó la Medida Provisoria nº936 con el nombre de Programa de Emergencia de Manutención del Empleo y de la Renta que es un conjunto de cambios en la legislación laboral para bajar costos y generar empleos para jóvenes. Algunos días después, el Congreso la aprobó. Lo innovador de esa vieja receta es permitir contratos y reducción de la jornada de trabajo a través de acuerdos colectivos o individuales sin intervención necesaria de los respectivos sindicatos, en franjas salariales de hasta R$ 3.117,00 o arriba de R$ 12.202,12. Los sindicatos y partidos de oposición intentaron anular la exclusión de los sindicatos a través del Supremo Tribunal Federal, por ser inconstitucional, pero no tuvieron éxito. La Medida mantiene temporariamente el empleo, pero golpea fuerte a los sindicatos, provoca fuertes pérdidas salariales y aumenta la flexibilización de las relaciones laborales.
En ese mismo comienzo de abril la cámara de Diputados debatió la Medida Provisoria 905 de creación de la Libreta Verde-Amarilla. Otro fuerte ataque a la clase trabajadora. Es la reedición de la vieja y desacreditada formula de recorte de derechos para que las empresas contraten jóvenes con salarios bajos, de menos US 300. En cambio, los patrones reciben descuento en la tasa de seguridad social. Medida que puede descapitalizar a la seguridad social y comprometer el pago de jubilaciones. El 15 de abril, la Medida fue aprobada en Diputados por 322 votos favorables y 153 votos contra. Luego seguía el turno del Senado, debería haber sido votada el 17 de abril, no hubo acuerdo, se la retiró, pero el gobierno ya anunció que va a reeditarla. Es decir, la amenaza sigue vigente.
Frente a este breve recuento hay que remarcar dos cosas. El gobierno autoritario y fascista de Bolsonaro es criticado por sectores empresariales liberales y de centro en lo que se refiere a cuestiones culturales y políticas, pero está de acuerdo cuando se trata de recortar aún más los derechos laborales. Nos hace pensar en buitres atacando animales moribundos.
La segunda es que hoy el principal reto en Brasil es político. Vencer el virus, recuperar la economía, reconstruir la democracia y fortalecer el Estado son acciones que solo serán posibles con la caída de Bolsonaro. Lo que exige la construcción inmediata de un amplio frente democrático, juntando a todos al rededor de un punto: fuera Bolsonaro.
¿Y la pos-pandemia como será?
Las organizaciones sindicales brasileñas sufren, desde 2016, un ataque sistemático y enfrentan enormes dificultades para sobrevivir. Los sindicatos son pilares importantes para un país democrático. Pero en un país como el Brasil de hoy los sindicatos, además de enfrentar los fuertes impactos sociales de la crisis –aumento de la miseria y de la desigualdad–, tendrán que buscar formas para reorganizar su estructura pues perdieron la mayor parte de sus recursos y asociados. La pregunta es cómo desencadenar la presión necesaria para recuperar los derechos fundamentales, individuales y colectivos sin contar con una base organizada, mientras se logren construir organizaciones con nuevos formatos que representen a segmentos informales, como tercerizados y temporarios.
Hay que sacar a este gobierno, y más: hay cambiar el Legislativo y pelear por aumentar la representación de las fuerzas progresistas y sociales. Es urgente la adopción de una política de defensa de la soberanía, de desarrollo productivo con el objetivo de generar empleos y una fuerte distribución de renta (no solo con programas pero con una verdadera reforma fiscal y tributaria). Es necesario realizar una lucha política en defensa de la soberanía y del papel del Estado brasileño, sea en el mercado interno, sea en el escenario global. Es urgente dejar de ser un país acoplado a la gang trumpiana y reducido a ser un exportador de productos primarios y prestador de servicios.
El movimiento sindical tiene que recuperar su protagonismo y liderar una alianza con los movimientos sociales. La precariedad de las estructuras y equipos sociales está expuesta de forma contundente por la pandemia, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la habitación, movilidad, ciencias y tecnología, para citar algunos ejemplos. Es hora de dar vida a las antiguas campañas como la defensa del SUS (Sistema Único de Salud) y de la educación.
Con la crisis del coronavirus los cambios del mercado de trabajo se aceleran. Las empresas tuvieron que adoptar el home office a gran escala y nuevas formas de comunicación, teniendo en cuenta la necesidad de la cuarentena y el papel fundamental de las tecnologías de comunicación. El proceso de cambios ya estaba en curso –la industria 4.0, la inteligencia artificial, el aumento de la digitalización– pero fue obligado a dar saltos en todo el mundo. Varias profesiones van a dejar de existir y nuevas surgirán. Por ejemplo, la sustitución de los empleados del comercio por cajeros automáticos y profesores por las pantallas.
Esto pasa en la mayoría de los países. En los países en desarrollo como Brasil, que ofrecen principalmente empleos de baja calidad y bajos sueldos, va aumentar la “uberizacion” en los servicios de delivery, transportes, alimentación, etc. Estas dificultades y retos no son exclusividad nuestra, pasará en todas partes, es un desafío para el sindicalismo global cambiar algunas concepciones, superar el corporativismo y ampliar sus bases. Pero en nuestro caso vamos tener que cambiar las ruedas con el coche en alta velocidad.
- Maria Silvia Portela de Castro es socióloga y magíster por el PROLAM/USP. Consultora en Relaciones Laborales y Política Internacional y miembro del Instituto Lavoro.
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