Ingreso universal y justicia fiscal

 

Según las últimas proyecciones de la CEPAL, en 2020 la Argentina va a sufrir el mayor aumento de la pobreza de la región, con un incremento del 10,8%, y un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso del 6% o más. En este marco, sería prioritario pensar en una readecuación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), tomando como ejemplo el antecedente de España, que planteó una prestación social más contundente y con mayor llegada a amplios sectores de la población, así como iniciar un camino sin tropiezos hacia una reforma tributaria progresiva que permita la redistribución de la riqueza y evite que la mayor parte del excedente se dirija hacia guaridas fiscales.

La pandemia expuso los problemas estructurales de la economía argentina, entre ellos, las carencias en el sistema de protección social, la fenomenal concentración de la riqueza que agudiza las desigualdades y el abandono de una enorme masa de excluidos. Urge avanzar en la conformación de un nuevo Estado con garantías plenas del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los ciudadanos que tenga su base en una distribución más equitativa de la riqueza.

El 15 de julio la CEPAL publicó un informe especial de Covid-19 (N° 5) que muestra que, en la región, hay amplios estratos de la población muy vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. Para la Argentina, prevén una caída del 10,5% del PIB y el mayor aumento de la pobreza de la región para el 2020 (10,8 puntos porcentuales), al mismo tiempo que proyectan un aumento de la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso (medida por el GINI) de un 6% o superior. Asimismo, estas nuevas proyecciones muestran que, en la región, las personas de estratos pobres, de ingresos bajos y medio-bajos pasarán de 470 millones en 2019 a 491 millones de personas en 2020, representando un 79,2% de la población total, con ingresos per cápita de hasta tres veces la línea de pobreza.

En los últimos meses, la CEPAL se ha mostrado favorable a un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses, para toda la población en situación de pobreza en 2020.

En un informe previo (Informe especial de Covid-19, N° 3), la CEPAL afirma que el alcance de las transferencias directas que están realizando los gobiernos, como el IFE, debe ser permanente, e ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Asimismo, sostienen que esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país, teniendo en cuenta que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

En la Argentina, el debate sobre un ingreso ciudadano universal ha adquirido mayor relevancia en las últimas semanas y, recientemente, el Ministro Daniel Arroyo ha afirmado que existe un proyecto en marcha. Parece ser un puntapié fundamental para comenzar a debatir las herramientas disponibles para erradicar la pobreza. Para ello, es importante destacar que el monto de ese ingreso básico universal tiene que ser lo suficientemente elevado como para garantizar el objetivo de terminar con la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.

En España, en los últimos días del mes de junio se realizó el primer pago del Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho ciudadano que asegura una red de seguridad para todxs lxs ciudadanxs. El gobierno español sostuvo que esta medida garantiza que la población cuente con un mínimo de ingresos que le permita vivir dignamente, por lo que no se presenta como una asignación excepcional, sino con carácter definitivo.

El Ingreso Mínimo Vital en España funciona como una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, dado que se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la prestación por desempleo. Garantiza una renta de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola y, cuando se trata de una unidad de convivencia, la cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100 euros. Cualquier persona con ingresos inferiores a la renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital y un patrimonio menor al máximo establecido, podrá ser beneficiaria de este ingreso.

Asimismo, esta renta es compatible con otros ingresos. Mientras no se supere el umbral establecido, puede otorgarse de forma simultánea con otros ingresos, incluidos los laborales y los obtenidos por lxs trabajadorxs autónomxs; es compatible con otras ayudas sociales, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia y otras similares. No se dirige sólo a personas sin ningún ingreso o a personas desempleadas, sino también a personas y hogares con bajos ingresos.

Covid-19 ha desatado crisis económicas de magnitud inusitada en todo el mundo, ha generado enorme sufrimiento, a la vez que ha dejado en evidencia que existen problemáticas sociales estructurales –ignoradas por cuantioso tiempo— y ha dejado testimonio de que es posible utilizar la emisión monetaria y la inversión pública a requerimiento de los Estados para paliar las crisis.

La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo aprobada en 2019 por los Estados miembros de la CEPAL en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (Ciudad de México, 1° a 3 de octubre de 2019) ofrecía propuestas para avanzar en la garantía universal de un nivel de ingreso básico y evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente en los sistemas de protección social de los países una transferencia universal para la infancia y un ingreso básico de ciudadanía. De la misma manera, es importante que los registros de la población destinataria sean lo más amplios y actualizados posible.

Ante las necesidades sociales apremiantes es ahora el momento para plantear estas políticas sociales acompañadas de una reforma tributaria progresiva que permita brindar los recursos necesarios para destinar a estas transferencias. La situación de emergencia nos empuja a focalizar recursos en los sectores vulnerabilizados y gravar con mayores alícuotas a los estratos sociales más elevados y a las grandes empresas.

En este contexto, un informe de la OCDE publicado el 8 de julio muestra las impresionantes deformaciones del sistema impositivo internacional que permiten la elusión de las empresas multinacionales, las cuales, obviamente, repercuten en la falta de recursos estatales locales. Este reciente informe publica nuevos datos que proporcionan información agregada sobre las actividades fiscales y económicas globales de casi 4.000 grupos de empresas multinacionales con sede en 26 jurisdicciones y que operan en más de 100 jurisdicciones en todo el mundo.

Lo interesante del informe es que la propia OCDE expone las atrocidades del sistema impositivo internacional. Informa que existe una desalineación entre el lugar donde se reportan las ganancias y el lugar donde se realiza la actividad económica, siendo que las empresas multinacionales informan una participación relativamente alta de las ganancias en determinados “centros de inversión” —una forma sutil de nominar a las guaridas fiscales— que no presentan relación con la participación de los empleados y activos tangibles.

Los “centros de inversión” son definidos por la OCDE como jurisdicciones con una posición de inversión extranjera directa (IED) total por encima del 150% del PIB e incluyen a Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, China, Hungría, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Liberia, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mauricio, Mozambique, Países Bajos, Singapur y Suiza. Sostiene que los centros de inversión son diversos y consisten en jurisdicciones de nula tributación junto con otras jurisdicciones con tasas de impuestos positivas.

Asimismo, la OCDE expone que, teniendo en cuenta las ganancias de las empresas multinacionales por empleado, tienden a ser más altas en los países que presentan tasas nulas de impuestos a las ganancias corporativas y en los llamados “centros de inversión”. A su vez, en promedio, la participación de las ganancias de entidades vinculadas sobre los ingresos totales es mayor en los “centros de inversión”. Además, en los “centros de inversión” la actividad económica que predomina, declarada por parte de las entidades que allí se radican, es “tenencia accionaria y otras participaciones de capital”, es decir, son en su mayoría compañías holdings, lo que permite inferir la utilización de estructuras de planificación fiscal abusiva.

Según Tax Justice Network, el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Holanda son el eje de la elusión fiscal global, y su última investigación demuestra que en conjunto estos cuatro países son responsables del 72% de las pérdidas impositivas del mundo por desvío de ganancias de empresas multinacionales.

Coronavirus expuso los graves costos de la opacidad que impera en el sistema tributario y financiero internacional vigente. Las recomendaciones de regulación global que promueven los organismos internacionales, como la OCDE, son insuficientes y están adaptadas a los intereses de los países centrales.

La desregulación de los sistemas financieros y tributarios internacionales ha erosionado la eficacia de los instrumentos de regulación nacional. Las empresas y la riqueza de las personas de alto patrimonio se conforman con carácter multinacional, de modo de maximizar las ventajas competitivas y optimizar los costos fiscales, mientras que la capacidad regulatoria de los Estados queda restringida por las fronteras nacionales.

El sistema internacional vigente, enmarcado en la liberalización financiera y la desregulación de los flujos de capital, fue moldeado por los países centrales únicamente en beneficio de sus propios intereses económicos y políticos, y no hace más que profundizar los problemas de escasez de divisas y el desequilibrio externo de los países periféricos, perpetuando su dependencia externa.

La OCDE actualmente funciona como el ámbito de regulación del sistema impositivo internacional, sin embargo no es el órgano más adecuado puesto que representa los intereses de sus países miembros, que son principalmente los países centrales. Cuesta creer que los beneficiarios de las medidas que vayan a ser adoptadas en el ámbito de la OCDE sean los países periféricos, que son los primordiales perjudicados por la opacidad financiera y tributaria. Por su parte, la ONU representa un espacio mucho más representativo de la voluntad de las diversas naciones del mundo, ya que sus Estados miembros son los 193 países del mundo reconocidos internacionalmente como soberanos, y cada miembro posee un voto.

Resulta necesario desarrollar una agenda alternativa de propuestas de regulación abordada desde la perspectiva de los países periféricos. Asimismo, es fundamental fortalecer el sistema tributario nacional, reforzando la legislación tributaria doméstica en pos de combatir las prácticas de evasión y elusión fiscal internacional.

Ahora es el momento ideal para dar paso a una reforma progresiva del sistema tributario nacional priorizando las necesidades de los sectores vulnerabilizados por sobre los intereses de las grandes corporaciones que operan en Argentina y las familias más ricas del país.

 

 

 

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