Informe sobre ciegos

 

Los que toman las decisiones en la economía global nos asignaron el mero papel de proveedores de alimentos y materias primas y, en el mejor de los casos, receptores de industrias contaminantes y de aquellas que los países desarrollados crean que es más rentable producir en este país del fin del continente (que por definición son solo algunas).

En ese marco se explica la política económica del gobierno de Cambiemos dirigida por el FMI y la apatía de la oposición y de la burocracia sindical, que no atina ni siquiera a acompañar los conflictos sociales.

Los datos oficiales al tercer trimestre del año 2018 hablan pálidamente de lo que realmente se está viviendo: descenso del PIB (cantidad de bienes y servicios producidos) en un 3,5% con respecto a un año atrás y tasa de desocupación abierta del 9%, siendo mayor en las concentraciones obreras como el Gran Buenos Aires (con un 11% de desocupados) o en la ribera industrial del Paraná de San Nicolás y Villa Constitución (10,9%), con lo que el gobierno reconoce que hay 1.168.000 personas sin trabajo en los 31 distritos urbanos donde se hace el censo. A eso se le suma una tasa de subocupados (que trabajan menos de 35 horas en la semana y necesitan trabajar más horas para vivir o deberían percibir mayor remuneración por su labor) del 11,8%, con lo cual podemos extender, siempre según datos oficiales (la realidad siempre es peor), que cerca de 2.420.000 personas tienen serios problemas de subsistencia en 31 conglomerados urbanos del país, que no equivalen a toda su población.

A su vez el INDEC dio a conocer el valor de la Canasta Básica Total (la cantidad de bienes y servicios que necesita una familia constituida por un matrimonio y dos hijos), que fijó en $ 25.206 por mes. Esto explica que el mismo INDEC admita que el 33,6% de la población vive bajo la línea de pobreza. A 13.700.000 habitantes de este país no les alcanza lo que gana su familia para vivir. El tema es más grave (por las irremediables secuelas que deja) cuando la pobreza castiga más a niños (según UNICEF el 48,8% de los chicos en la Argentina son pobres) y a las personas mayores.

Si uno se concentra en la producción, observa que todas las industrias ligadas al mercado interno derraparon, con cierre de textiles como la brasileña Paquetá en su planta de Chivilcoy, que producía zapatillas Adidas. O la reducción de trabajadores y cierres de plantas de la empresa que produce las zapatillas Nike en Misiones, como también ocurrió con las fábricas de Alpargatas en La Rioja y Tucumán.

Los balances al 30 de septiembre de 2018 revelan las pérdidas de las grandes empresas alimenticias como Arcor SA ($ 6.247 millones), Grobocopatel (rojo de $ 2.249 millones), Mastellone SA - La Serenísima ($ 2.202 millones) o Molinos Río de la Plata ($ 1.476 millones), a pesar de que hace un año atrás todavía daban ganancia y se cansaron de tener altas tasas de utilidad durante la gestión de los Kirchner.

Según ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), las automotrices que al 30 de noviembre de 2018 habían fabricado 633.398 vehículos (20% menos que el año pasado), vendieron sólo un poco más de la mitad. El stock sin vender hace que FIAT le ofrezca retiro voluntario a su trabajadores [1] y que trabajen cuatro días a la semana. No es mejor el panorama en otras automotrices, todas debieron adelantar las vacaciones a su personal.

Igual o peor le sucede a la construcción y a las empresas de servicios. Y lo que padecen las grandes firmas lo sufren las Pymes pero multiplicado: desde que está Macri han cerrado 9.500 establecimientos registrados.

La reducción del mercado interno por caída del poder adquisitivo del salario y el aumento de la desocupación; más la deuda en dólares que contrajeron la gran mayoría de las grandes empresas en la creencia que Macri iba a estar dos períodos y que el carry trade aseguraba un retraso cambiario; más las altas tasas de interés (la tasa activa que es la que le cobran al tomador de crédito, hoy no baja del 70% anual); más las tarifas y combustibles ajustados por el tipo de cambio, etc., conforman un escollo confiscador del capital de las empresas. Muchos empresarios que habían comprado dólares como bien refugio los fueron vendiendo durante estos meses. Eso explica que las ventas de divisas en el mercado interno en el mes de noviembre de 2018 figuren levemente por debajo de las compras, porque hay un sector beneficiado (los grandes bancos y productores y comercializadores de granos, principalmente) que siguen comprando dólares, dado saben que está barato con respecto a lo que seguramente estará en abril de 2019.

En el "Informe sobre Bancos" que hace el BCRA sostiene, en cambio, que las entidades financieras —considerando la estimación del flujo de fondos del sistema en moneda nacional, según el acumulado de diez meses del año—, a través del aumento de los depósitos ($402.000 millones del sector público y $351.000 millones del sector privado) y la reducción de las tenencias de LEBACs ($226.000 millones), fueron el origen de los recursos más importantes. Estos fondos se utilizaron para incrementar las tenencias de LELIQs ($478.000 millones, que pagaron en la semana que pasó una tasa promedio de 72,728% anual para 7 días), el crédito al sector público ($237.000 millones), el saldo de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA ($231.000 millones) y el financiamiento al sector privado ($229.000 millones), con lo que operaron con fuerte rentabilidad mientras la economía productiva se desmorona.

Dado el marco descripto (pérdida del sector productivo y ganancia en el sector financiero), el dólar tendrá un comportamiento similar al del último trimestre de este año 2018 hasta marzo de 2019, en que ingresarían 10.843 millones de dólares del FMI, máxime teniendo en cuenta dos parámetros:

a) Al 14 de diciembre de 2018 habían ingresado créditos del FMI por 20.158 millones de dólares [2], pero las Reservas Internacionales totalizaron a esa fecha 49.887 millones de dólares, cuando un año atrás eran de 55.502 millones, con lo que la fuga de capitales y el cumplimiento de obligaciones de deuda significaron que las reservas del BCRA disminuyesen 25.773 millones de la divisa estadounidense en un año (llevándose consigo el crédito del FMI).

b) Que el vencimiento de capital e intereses de títulos de deuda pública para el año 2019 suman 13.100 millones de dólares, a lo que debe añadirse que vencen capital e intereses de LETES por 16.700 millones de dólares y que la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional reconoce un déficit de $ 600.285,7 millones de pesos (que al tipo de cambio promedio esperado por el gobierno de Cambiemos de $ 40,10, significan que se debe tomar deuda por otros 15.000 millones de dólares), en total 44.800 millones de dólares.

Lo que se tiene previsto que ingrese por créditos del FMI [3] para todo el año 2019 es una suma muy menor, de 22.658 millones de dólares, con lo que se depende de un alto roll over (renovación de deuda vieja por deuda nueva) y de que la fuga de capitales no mantenga el ritmo actual, ambas posibilidades de difícil cumplimiento. Eso explica por qué el llamado riesgo país sobrepasó los 800 puntos [4]. En la economía argentina, tanto el sector público como el privado nacional deben pagar una sobretasa de casi el 8% anual en relación a los títulos de deuda soberana de Estados Unidos para acceder a financiamiento externo (encima la tasa de EE.UU. tiende a subir).

Y eso que no estamos contemplando el desbarajuste que hizo el BCRA para absorber las LEBACs que reemplazó por LELIQs y por LETES. La colocación de LELIQs impactará en el déficit cuasi fiscal, agravando el problema de solvencia del sector público nacional en su conjunto.

 

Sin salida

Tal como lo planteó el FMI y aceptó el gobierno, el ajuste fiscal se hace por reducción del gasto público (esencialmente las inversiones que tampoco pueden suplirse con las PPP [5]) y, por otra parte, por el aumento de la recaudación impositiva, pero en este caso y sobre todo, por gravámenes al consumo y, en menor medida, por el restablecimiento de los derechos de exportación (retenciones) tras la violenta devaluación de nuestra moneda. Incluso se esperan menores ingresos por el Impuesto a las Ganancias. (Que, paradójicamente, abarca a más trabajadores que deberán abonarlo el año que viene cuando ganen más de $ 38.000 netos por mes.) En el caso de los Bienes Personales, se excluyó a las propiedades rurales y se fijó un mínimo no imponible de $ 18.000.000 para una vivienda, con lo que el resultado va a ser, pese al aumento de la alícuota, un ingreso similar al de este año (que fue solo 0,14% del PIB).

Si la variable consumo de la población continúa en franco declive; si la inversión, tanto pública como privada, se reduce a niveles ínfimos; si tratan de frenar el gasto público y la emisión monetaria (en este mal llamado “plan doble cero”[6]); la única variable macro que crecería (siempre según los supuestos oficiales, plasmados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2019 y acordados con el FMI) serían las exportaciones, cuando las mismas no sólo dependen de la cosecha (que puede ser muy buena con respecto a la de este año, afectada por la sequía), sino también de su precio, que tiende a la baja cuando la FED (Reserva Federal de los EEUU) sube las tasas como está haciendo en este fin de año y continuará durante 2019 [7].

Lo que impulsa el FMI para reducir el gasto público y beneficiar a las empresas es imponer otra reforma previsional (que disminuya objetivamente el haber a los jubilados y pensionados, cuando el 60% percibe la mínima que, en diciembre de 2018, equivale a 9.308,96 pesos mensuales), implantar la reforma de flexibilidad laboral (la misma que no pudieron aprobar en el Congreso de la Nación en diciembre de 2017) y lanzar una nueva reforma tributaria que baje las retenciones y disminuya la tasa del impuesto a las ganancias de las empresas.

La caída del Producto y del ingreso, con tasas de desocupación abierta que superarán los dos dígitos para marzo del año que viene, nuevas y mayores suspensiones de tareas, reducción de horas trabajadas y hasta cierre de plantas y empresas, garantiza una prolongada recesión. Pendiente de la conducta de los poseedores de títulos de deuda argentina, de los que sólo compran dólares para sacarlos del sistema, el gobierno de Cambiemos llega a su fin.

El problema se suscita en la transición y su reemplazo. Allí observamos dos fenómenos que se retroalimentan: la pasividad de la mayoría de la población que acepta resignadamente no llegar a fin de mes y el silencio en la oposición.

Para dar vuelta la recesión y la desocupación se debe actuar con la energía y decisión de Néstor Kirchner cuando le pagó al FMI, fue al primer piso del Ministerio de Economía donde funcionaba el observatorio de cuentas fiscales del Fondo y le dijo a los técnicos que estaban allí: “Muchachos, este documento (por la transferencia de los fondos que levantaba en su mano izquierda) demuestra que la Argentina no le debe más un dólar a sus jefes. Le rogaría que recojan sus cosas y se retiren. Si fuera mal educado les diría que se vayan al carajo… Pero no es así, buenas tardes”.

 

 

 

[1] Recién ahora Cristiano Rattazzi, que fue fiscal de Cambiemos en las elecciones nacionales, va a las reuniones de la UIA con posturas críticas y sosteniendo que así no se puede seguir. Ve menos que un gato de yeso. Querían dólar alto, bajos salarios y no se dieron cuenta que dependían del mercado interno argentino.

[2] En dos tramos, uno fue el 22/06/2018 por U$S 14,458 millones y el otro fue el 30/10/2018 por U$S 5.700 millones. Se informó que el Directorio del FMI aprobó el tercer tramo del año 2018 de U$S 7.600 millones que ingresará en la última semana del año.

[3] Siempre y cuando las autoridades del FMI aprueben las metas trimestrales acordadas en el stand-by.

[4] Es un indicador elaborado por el JP Morgan (uno de los principales prestamistas en los dos primeros años de Cambiemos y que encabezó la fuga el 25 de abril de este año 2018) y muestra la posibilidad que tiene un país de no cumplir con sus obligaciones.

[5] Ley 27.328 de Programa Público Privado, que solo se realizaría el de la constructora China Construction America (CCA), junto a la mendocina Green S.A., la firma asiática fue adjudicataria del llamado corredor B que abarca la ruta nacional 5 desde el kilómetro 68 en Luján hasta la intersección con la ruta 35, pasando por la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

[6] Plan “Doble Cero” porque sería cercano a cero el déficit primario fiscal –antes del pago de los intereses de la deuda— y habría un control estricto de la emisión monetaria

[7] Porque existe una relación inversamente proporcional, si la FED sube las tasas de interés el precio de los commodities desciende.

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