Informática informal

 

El Observatorio del Trabajo Informático (OTI) actualizó con su informe anual de 2023 el seguimiento de la situación del sector en el país, verificando continuidades en la matriz distributiva de salarios y el modo de desarrollo de la industria. La dinámica que ha evidenciado en las últimas décadas no se tradujo en una revisión o actualización de fondo en las políticas públicas, lo que perjudica a trabajadores y pymes.

Los datos recogidos y analizados por el OTI —que abarcan tres trimestres del año y, para algunos ítems, hasta luego del recambio presidencial de diciembre— abonan la perspectiva de que los salarios se han deteriorado, pese a que el sector cuenta con un régimen especial de fomento y su balanza comercial continúa siendo positiva.

La nueva radiografía ratifica que el comportamiento de esa industria, que forma parte de los llamados “servicios basados en conocimiento”, no es distinto al de otros rubros de la economía periférica argentina: alta concentración, escasa o regresiva intervención estatal, tendencia a la extranjerización y el extractivismo, presión devaluatoria de los capitales y retroceso de los salarios de quienes sostienen el sistema con su trabajo, que además evidencia disparidades de género. Causa y agravante del deterioro salarial es que no se ha convalidado una negociación colectiva, por lo que los pocos acuerdos paritarios son particulares por empresa.

No parece probable que el gobierno de Javier Milei tome iniciativas para corregir esos factores en clave nacional. Será un debate pendiente, hasta que la motosierra haya quemado su combustible y deban planificarse acciones para reconstruir lo arrasado.

 

 

El salario

El informe del OTI expone que el crecimiento del mundo empresario argentino no se corresponde con los salarios que paga. Para corroborarlo, establece una comparativa de los promedios salariales del sector con el índice RIPTE, que mide la remuneración sujeta a aportes de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en relación de dependencia y han sido declarados sostenidamente en los trece meses previos a su cálculo.

 

 

De ese cuadro surge que sólo en situaciones extraordinarias, como las fechas de percepción de aguinaldos, el salario del sector dedicado al software superó la línea del RIPTE. La constante es que permanezca por debajo. Además, debe diferenciarse entre quienes se dedican a la programación y el sector laboral de producción de hardware, el soporte físico de la informática. En ese último caso, las distancias son aún mayores.

Por otro lado, el informe ofrece una comparativa entre los salarios de esa industria con la de rubros que históricamente se ubican dentro de los mejor remunerados.

 

 

 

La diferencia con petroleros y bancarios es que quienes se desempeñan en los servicios informáticos no tienen una instancia de discusión paritaria colectiva. Su capacidad de negociación depende exclusivamente de la relación entre oferta y demanda, a su vez condicionada por la matriz productiva argentina, su inserción en el mercado global y el grado de concentración en el país.

 

 

El rol del Estado

La motosierra de Milei, expresada inicialmente en el decreto 70/2023, no se propuso modificar la legislación imperante en la materia. Tampoco el gobierno de Alberto Fernández corrigió de cuajo la matriz impuesta por la denominada Ley de Economía del Conocimiento (LEC) que se aprobó durante el macrismo. Esa normativa heredó la línea trazada en 2004 con el Régimen de Producción del Software, que tuvo inicialmente sentido pero fue envejeciendo conforme pasaba la década y media en que tuvo vigencia.

La raíz del problema es que esa forma de intervención estatal, que excluye a trabajadores y autónomos, tiene además como objeto un universo empresarial altamente concentrado.

 

 

Las exenciones impositivas concedidas resultan así en que las principales beneficiarias son las grandes firmas, que representan el 1% del total. El informe anual del OTI de 2022 calculó que Mercado Libre había concentrado el 20% de los subsidios en el quinquenio 2014-2019. En los dos primeros años de vigencia de la LEC, la tendencia a que las grandes empresas capturen los beneficios se mantuvo.

Las enmiendas que el gobierno de Alberto Fernández introdujo a la LEC, diferenciando entre el tamaño y la madurez de las empresas beneficiarias para redistribuir al interior del sector, no alcanzaron para modificar esa realidad. Mucho menos para discutir una nueva matriz de desarrollo.

En tres semestres de 2022 y 2023, el Estado aportó el 12% de las ganancias de Mercado Libre.

 

 

 

Gastos con gusto

La actual obsesión por el superávit fiscal no posó sus preocupaciones sobre ese punto, pese al impacto en uno de los platillos de la balanza.

En el apartado de exenciones impositivas, el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento alcanza una cuantía sólo inferior a los programas de promoción económica de Tierra del Fuego y de fortalecimiento de las pymes. El análisis de gastos tributarios del Ministerio de Economía de cara a 2024 realizó observaciones sobre las exenciones para esos dos casos, recomendando una revisión legislativa sobre su impacto fiscal, pero no incluyó bajo ese prisma al régimen de la actividad informática.

El mismo documento cifra que en 2023 la abstención recaudatoria en ese plano fue de casi 74.000 millones de pesos y el proyectado para este año se estimaba en más de 137.000 millones. El total sumaba un cálculo sobre las contribuciones patronales, de más de una vez y media, y otro ítem que dispensa del Impuesto a las Ganancias.

Estos beneficios directos a las empresas superan a la inversión pública en las becas del CONICET, donde —entre otras áreas— se forma talento humano para el sector. Dicho de otro modo: incluso antes de la irrupción del anarcocapitalismo en la Casa Rosada, el Estado dejaba en manos del núcleo empresarial más concentrado la decisión sobre el rumbo de la actividad.

Los índices salariales muestran, además, que el capital prefiere formar en su propia práctica a su personal y no recompensa la posesión de títulos universitarios. Es evidente cuando se lo compara con el efecto que los grados o posgrados tienen en los salarios de otros rubros. Como explican Andrés Rabosto y Mariano Zukerfeld, no parece ser una característica de esta industria sino del país: en Estados Unidos, los títulos de grado incrementan en alrededor de un 60% los salarios, frente al 45% que promedia la economía norteamericana y al 18% en que lo hace el sector de servicios informáticos en Argentina. Rabosto y Zukerfeld lo volcaron a un gráfico elocuente.

 

 

Los mismos autores identifican tres elementos que confluyen para ese resultado. No parecen haberse revertido desde que publicaron el artículo, en 2019:

• la academia imparte conocimientos innecesarios o de nulo impacto en el sistema productivo, y las actualizaciones de sus planes de estudio se ven retrasadas por sucesivas y lentas instancias burocráticas;
• antes de obtener un título, las y los estudiantes adquieren saberes específicos que permiten el desempeño en la industria, junto a redes de contactos y habilidades blandas, y
• la provisión que el autoaprendizaje, vinculado a nuevas vías de comunicación, hace de saberes que antes sólo se impartían en las aulas.

El primer punto y el último tienen que ver con la posición del Estado frente al tema, que —como mínimo, por vía inercial— entrega al sector privado la proyección de la actividad. El segundo ofrece una ironía: un rubro habitualmente festejado por el pensamiento neoliberal actual desmiente su relato sobre el mundo académico. La formación universitaria tiene impacto individual y en la economía colectiva, aun cuando no se traduzca en un diploma. La industria informática lo sabe reconocer, pero no recompensar.

 

 

Fuga y misterio

La carencia de criterio en clave nacional y el modo en que se distribuyen al interior del sector los recursos públicos de estímulo han profundizado además los fenómenos de extranjerización, cartelización y extractivismo: en forma de ideas, productos o de empresas mismas creadas sólo con el fin de ser vendidas, se limita la actividad local a fases primarias, sin eslabón con las siguientes etapas en el país.

Es una suerte de recreación del modelo que históricamente rigió para cereales y carnes, con el agravante de que las condiciones de cultivo y cría se vinculan a climas específicos de unos pocos sectores del globo, lo que no ocurre con las producciones intangibles de la informática.

No es extraño que los centros globales demanden a la periferia lo que siempre le han pedido. Tampoco lo es que los salarios argentinos se encuentren cada vez más lejos de los pagados en esos países y más cerca de los de India o que los grandes capitales locales clamen periódicamente por devaluaciones del tipo de cambio, a cuyo supuesto retraso invariablemente culpan por la subfacturación en dólares. Los sectores más concentrados adjudican a la brecha cambiaria la responsabilidad de una fuga de talentos que ya no requiere tramitar pasaporte, porque se concreta a distancia, y a la que llaman trabajo blue. Pero se resisten a enfrentar ese problema diagramando un programa de desarrollo nacional y convirtiendo en mejores condiciones de trabajo una porción de las ganancias a las que el propio Estado contribuye, mirando hacia otro lado. 

 

 

 

 

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