Inflación y concentración de la riqueza

 

El tema de la inflación resulta de gran impacto tanto en la evaluación de la gestión económica como en la disputa política entre el oficialismo y la oposición. Tasas de inflación en ascenso son indudablemente un problema serio que afecta la marcha de la economía, como también desfavorece la capacidad competitiva del oficialismo para una contienda electoral. Sin embargo no es exacto, como afirman exponentes de la corriente predominante del pensamiento económico, que la inflación sea el peor impuesto porque siempre perjudica a los más pobres. Durante buena parte del período 2003-2015 hubo inflación en ascenso coincidente con el crecimiento de los ingresos de los asalariados. En cambio, luego del salto producido en la tasa de aumento del nivel general de precios en 2018, el período que se inauguró de inflación más alta, ha estado estrechamente asociado a la caída del salario real. No todos los procesos inflacionarios tienen consecuencias iguales. Ni las dinámicas son siempre las mismas

Los economistas monetaristas adjudican las causalidades de la inflación a razones de orden monetario. Si hay crecimiento del déficit fiscal, su financiamiento mediante la emisión de dinero aumentaría la cantidad de este frente a un mismo nivel de producto —que respondería a posibilidades técnicas de la producción—; entonces, más dinero frente a un mismo producto significa —para esta visión— aumento de los precios. Por lo tanto, sus recomendaciones de política son el ajuste del gasto público —para lograr el equilibrio fiscal— y frenar la emisión de dinero. Es la receta del FMI, reducir el déficit bajando el gasto público y aumentando las tarifas. Menos gasto significa menos nivel de actividad económica y de empleo. Es el ajuste.

Los neo-keynesianos (en realidad son neo-clásicos) han impulsado como estrategia la política de metas de inflación. Dicen Martín Abeles y Mariano Borzel, en el Documento de Trabajo Nº 1 del CEFID-AR, Metas de inflación, implicancias para el desarrollo: “Uno de los supuestos fundamentales de este tipo de modelos es el de la determinación del producto de largo plazo de la economía del lado de la oferta, a un nivel que se corresponde con el de la ‘tasa natural’ de desempleo o NAIRU [la tasa de desempleo necesaria para que la inflación no se acelere]. El ciclo económico de corto plazo representa desviaciones, por exceso o por defecto, respecto de dicho sendero de equilibrio, sobre cuya intensidad o modulación la política monetaria puede ejercer alguna influencia, a través de la modificación de la tasa de interés. Este enfoque omite, en consonancia con los fundamentos del monetarismo tradicional, el papel de la demanda efectiva y su influencia en la formación de capital en el mediano/largo plazo, así como la irreversibilidad y la naturaleza sendero-dependiente de los procesos de inversión en activos físicos. Invalida, a su vez, (…) toda discusión acerca de la distribución del ingreso”. Neo-keynesianos y monetaristas han sido contribuyentes a las políticas recomendadas por el FMI. El acuerdo firmado por la Argentina con ese organismo está embebido en los criterios del mainstream habitado por intelectuales del pensamiento económico de ambas corrientes. Las dos coinciden en que la inflación se controla reprimiendo la demanda.

En las teorías económicas que discuten por fuera de la corriente principal, se presentan reflexiones en las que el producto no es solo una variable “técnica”, sino que su nivel de mediano y largo plazo depende también de la demanda efectiva. Respecto de la inflación, estos enfoques reconocen causas no monetarias. Los estructuralistas latinoamericanos han hecho una seria contribución a ellos, desarrollando conceptos y análisis muy útiles para entender la inflación en la región. Como los países de América Latina no tienen moneda-divisa, sus intercambios internos se realizan en sus monedas soberanas locales, pero las importaciones, quienes las pagan, lo hacen en divisas y las exportaciones, quienes las cobran, también. Los estructuralistas latinoamericanos le han dado especial relevancia a los shocks en los precios internos que son provocados por las alzas de los precios internacionales o las devaluaciones de las monedas locales. Ambos implican el encarecimiento de los bienes transables —los que se importan o se exportan por parte del país—. Tanto la suba de los que ingresan como de los que egresan impacta en la elevación de los precios locales en moneda doméstica. La devaluación provoca una elevación de precios porque implica el encarecimiento en moneda local de los bienes que intervienen en el mercado internacional. Al ser el dólar más caro, los importadores trasladan el aumento a los precios, también los exportadores, que alinean el precio local en pesos a su equivalente en dólares en el mercado mundial. Este primer impulso pone el precio de los bienes transables más altos relativamente respecto de aquellos que no intervienen en el mercado internacional y de los salarios.

Algunas corrientes sostienen que el primer impulso generará un reacomodamiento de los precios de los no transables con cierto rezago, luego permanecerá una puja distributiva entre empresarios y trabajadores. El emparejamiento entre transables y no transables, y entre los mayoristas que suben primero y los minoristas que lo hacen con rezago, sería resuelta por mecanismos de mercado. La puja entre empresarios y trabajadores se resolvería extra-mercantilmente de acuerdo con las condiciones institucionales que determinan una correlación de fuerzas. La dimensión y extensión temporal de esta puja determinaría los niveles de la tasa de inflación provocados por el shock inicial. Para otros economistas heterodoxos, el tema de la inercia inflacionaria tiene un carácter central a la hora de explicar los regímenes de alta inflación: las tasas del shock inicial establecen un equilibrio inflacionario en el cual el aumento de la inflación presente reproduce el equilibrio del período anterior con la misma tasa de inflación. La inflación inercial se trasladaría al futuro por medio de los contratos indexados y las expectativas.

 

 

 

Un análisis bajo el prisma del estructuralismo latinoamericano

Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti en el Documento de Trabajo Nº 28 del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Régimen de alta inflación, oligopolios y grupos económicos, analizan el proceso inflacionario y su ritmo durante el gobierno del Frente de Todos asumiendo el enfoque teórico de Julio Olivera sobre la inflación no monetaria de carácter estructural. Suponen que la explicación de esa inflación “no se agota en los ‘impulsos iniciales’ asociados al shock de precios internacionales, sino que debe considerarse la rigidez que tiene la economía argentina para, una vez agotados sus efectos, retornar a los niveles de inflación anteriores. Pues bien, esa ‘rigidez a la baja’ del nivel de incremento de los precios no derivó en esta etapa del desempeño de los salarios sino, a modo de hipótesis, de las derivaciones de la competencia imperfecta que apuntaba Olivera, la cual se ve profundizada en el marco de la concentración económica basada en la centralización del capital; es decir, en la estrategia de conglomeración empresaria que se consolidó a partir de los años '80 en la economía argentina (…) y que sigue vigente en la actualidad. (...) Se tiende a producir así un intenso proceso de pugnas distributivas por la apropiación del excedente en el seno del entramado empresarial que vuelven crónico un ritmo inflacionario superior al vigente en forma previa”.

Los investigadores de FLACSO apuntan respecto al papel del endeudamiento externo: “En ese marco no puede soslayarse la influencia que tuvo (y tiene) la compleja situación del sector externo ya que la escasez de divisas actúa —de manera directa e indirecta— intensificando la puja distributiva aludida anteriormente. Esta situación es, en primera instancia, consecuencia de la crisis de la deuda que provocó el gobierno de Cambiemos y, en segundo orden, de la deficiente administración de la misma y de las reservas internacionales en general durante el gobierno del Frente de Todos (…) [Esa] deficiente administración de la crisis de la deuda heredada deviene de dos factores principales: 1) la renegociación de la deuda pública que tuvo una quita nominal respecto al stock de vencimientos heredado de apenas el 11,7 % entre 2022 y 2030, razón por la cual no se pudo alivianar sosteniblemente el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera salvo en los primeros tres años donde rigen igualmente fuertes restricciones por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (…); y 2) en el marco de un superávit comercial récord no se pudieron reunir reservas internacionales sino que se perdieron por efecto, fundamentalmente, de las divisas que se entregaron para que las empresas privadas cancelen parte de su deuda externa de capital e intereses”.

Los autores destacan que Olivera sostenía que la tendencia del nivel de precios depende, fundamentalmente, de las circunstancias reales que determinan un orden de precios relativos. Así, el impulso al aumento de los precios se origina en una alteración de las condiciones que los determinan. Ese impulso inicial puede nacer de uno o de diversos incrementos de costos, como los salarios, las tarifas, el tipo de cambio o los precios internacionales, entre otros. Siguiendo este enfoque, Manzanelli y Amoretti precisan cuáles fueron las dinámicas de la inflación iniciada en 2018 que caracterizaron la etapa de crisis del gobierno neoliberal de rejuntados por el cambio y las que correspondieron al gobierno del Frente de Todos: “En el caso del proceso inflacionario que se desató durante 2018 y 2019, las devaluaciones, que signaron el ocaso del proceso de valorización financiera que puso en marcha la administración Macri (…), constituyeron el principal impulso inicial de la aceleración en la variación general de precios en ese bienio. El ‘salto de nivel’ en el ritmo inflacionario fue coincidente con la contracción del salario real y el nivel de consumo y, por consiguiente, con la irrupción de la recesión económica. Por el contrario, durante el gobierno del Frente de Todos el impulso de la escalada inflacionaria en su faceta no monetaria se asocia, en parte, a los efectos de la post pandemia y la guerra en Ucrania sobre los precios internacionales en el marco de la recuperación del nivel de actividad económica, pero manteniéndose, como se planteó anteriormente, un escenario sumamente complejo en el sector externo”.

Se pueden extraer las siguientes conclusiones textuales del trabajo de Manzanelli y Amoretti, que se basan en los estudios previos de FLACSO que analizan la morfología y comportamiento de las ramas de la economía y sus principales actores, como en una sección del documento de trabajo citado que lo hace con el desempeño de tres ramas para el período analizado:

• Asumen lo sostenido por Julio Olivera: “Retomando a Olivera (…) se puede afirmar que el impulso inflacionario inicial que modifica la estructura de los precios relativos solo desencadena un proceso inflacionario si existe cierta rigidez a la baja de los precios. Es decir que si no existiera la inflexibilidad en los precios, una vez absorbidos los efectos del shock inicial en los precios relativos, el ritmo inflacionario debería retornar a su ritmo anterior. Afirmaba Olivera: ‘Una de las causas principales de aquella rigidez es la política de precios de las firmas bajo condiciones de competencia imperfecta’. Por lo tanto, en condiciones de competencia imperfecta, donde los precios son inflexibles en sentido descendente, la adaptación de las relaciones de precios al cambio de las circunstancias económicas tiende a producir un estado crónico de inflación”.
• Elevados grados de concentración económica y de integración vertical de grupos económicos permiten, tras el “impulso inicial”, modificar la estructura de precios relativos a favor de las empresas oligopólicas y conglomerados empresariales, alterando los equilibrios parciales y generales del sistema de precios en detrimento de las firmas que actúan en mercados atomizados y, en diversas ocasiones como la actual, también en detrimento de los salarios e ingresos de los trabajadores. Como resultado de ello, las firmas no oligopólicas y los asalariados buscan, aun sin lograrlo, ajustar sus precios para retornar a la situación relativa anterior. En el marco de precios inflexibles a la baja por efecto de la competencia imperfecta, la constante tendencia a la variación de los precios relativos solo puede realizarse mediante un alza del nivel general de los precios, tornando crónico el proceso inflacionario. La inflación es, así, “un epifenómeno del desplazamiento de la posición de equilibrio real del sistema”.
• Los precios mayoristas de las ramas industriales altamente concentradas se expandieron 197,8 % entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo período de 2022, lo que equivale a superar en 9,8 % la variación de los precios mayoristas en esa etapa y en 16,5 % la de los precios minoristas.
• La divergencia en la trayectoria de los precios minoristas y mayoristas no solo estuvo impulsada por la política de las tarifas de los servicios públicos (que implicó un incremento superior de los precios de la energía en los mayoristas que en los minoristas), sino también por la evolución de los precios de las ramas oligopólicas industriales cuyo incremento fue superior al promedio de los precios mayoristas durante el período que coincide con el gobierno del Frente de Todos y, específicamente, a partir del tercer trimestre de 2020.
• La dinámica de los precios domésticos muestra, así, al menos tres velocidades, que no parecen responder solamente a los resultados de una inflación de costos impulsada por precios internacionales que impactan, primero, en forma homogénea, en los precios a puerta de fábrica y, posteriormente, se trasladan en la misma proporción a los minoristas, tal como se expuso más arriba. Por el contrario, el impacto fue heterogéneo en el interior de los precios mayoristas y, hasta el tercer trimestre de 2022, no lograron trasladarse proporcionalmente a los precios minoristas.
• Las tres ramas oligopólicas (siderurgia, aceites y azúcar) con predominio de grupos económicos que fueron analizadas (en el Documento de Trabajo citado, de Manzanelli y Amoretti) en términos de sus relaciones de compra-venta exhibieron, en la generalidad de los casos, aumentos de precios por encima de sus proveedores y demandantes, lo que tendió a alterar a su favor y en detrimento del resto la estructura de precios relativos de las cadenas sectoriales en las que actúan. Se trata de elementos de juicio que son de utilidad como para reflexionar en torno a la aplicación de los conceptos de Olivera al proceso de aceleración inflacionaria que tuvo lugar a partir de septiembre de 2020. Es decir, el impulso inicial que indujo el fuerte aumento de los precios internacionales tiende, con sus más y sus menos, a permanecer en el tiempo por efecto de la competencia imperfecta en la “rigidez a la baja de los precios”, en especial por efecto de las ramas altamente concentradas con predominio de grupos económicos. Estas ramas no solo se apropian de mayores niveles de rentabilidad, sino que inciden en la variación de precios del conjunto de la economía como consecuencia del desequilibrio que producen cuando existe un cambio en las condiciones que determinan los precios relativos. Se desatan así las pugnas distributivas por la apropiación del excedente que derivan en la elevación del ritmo inflacionario, aun cuando se agoten los efectos del impulso inicial. Asimismo, esta situación limita las posibilidades de los asalariados de recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, generándose las condiciones generales que acentúan el proceso inflacionario. Observar estos procesos considerando a estos actores neurálgicos que constituyen la “rueda principal” de la economía esclarece los términos en los que se produce la inflación no monetaria actual. Abordar los actuales problemas económicos —como el de la inflación entre otros— desde la “macroeconomía” es una entelequia si no se advierten los efectos que producen las divergencias entre esa “rueda principal” constituida por las grandes empresas oligopólicas y, en particular, por los grupos locales y extranjeros que conducen a los sectores dominantes y la “rueda auxiliar” de la economía que incluye al resto de los empresarios, los asalariados y los trabajadores independientes (es decir al conjunto de los sectores populares). Esto es así porque la “rueda principal” no solo conduce el proceso económico y social, sino que, al hacerlo, condiciona a la “rueda auxiliar” de la economía.

Las conclusiones de Manzanelli y Amoretti resultan trascendentes en términos del debate respecto de cómo diseñar la política anti-inflacionaria. Para la heterodoxia que entiende que se trata solo de una puja distributiva entre empresarios y asalariados parece fundamental llegar a un acuerdo entre estos respecto de una distribución del ingreso o también incluir el poder coercitivo del Estado en pos de resolver extraeconómicamente un set distributivo. Para los que sostienen la centralidad de un problema inercial, lograr el congelamiento de precios y salarios por acuerdo o coerción también resulta la cuestión clave.

El análisis de los autores caracteriza que el conflicto distributivo es de carácter múltiple debido a un proceso permanente y creciente de oligopolización de la economía: entre capitalistas y trabajadores y entre capitalistas entre sí. Los empresarios del poder concentrado disputan la apropiación del excedente con los trabajadores y con los otros empresarios. Las evidencias del último período demuestran que la mejora de apropiación del excedente de estos empresarios es respecto a los trabajadores, pero también respecto al resto del empresariado. Por otra parte, el crecimiento de influencia del empresariado concentrado respecto de la determinación del “poder político fáctico” se ha extendido a costa del resto de la sociedad civil. De manera que, para este enfoque, la política económica de corto plazo y el diseño de la macroeconomía son condiciones necesarias pero no suficientes para encarar el desmonte de un proceso inflacionario. Resultan necesarias modificaciones institucionales que alteren las tendencias estructurales a la concentración y limiten la capacidad creciente que estas implican para condicionar el poder político o limitarlo. Por otra parte las políticas de intervención no pueden limitarse a aspectos como la potencia de garantizar un acuerdo o imponer congelamientos. Requiere de la construcción de una capacidad técnica y política para conocer e intervenir en las cadenas de producción y las empresas concentradas con el objetivo de penetrar en el conocimiento de sus costos y beneficios y de definir una tasa adecuada de estos últimos y los precios que los representan.

 

 

Una orientación desorientada

Mientras tanto, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, se ha ocupado en señalar que pese a que la tasa de inflación se ubicó en 6 % en el mes de diciembre y casi el 99 % acumulado en los últimos 12 meses, los “fundamentos macro-fiscales , monetarios y cambiarios fueron coherentes con un índice de precios al consumidor del 4 %”. Esos fundamentos responden a las políticas establecidas, por cuyo cumplimiento se desvive la cartera económica, con el FMI. Esas metas para cuya observación estricta se llevan a cabo tradicionales medidas de ajuste, como las de contención del gasto social –por ejemplo, las auditorías de planes dirigidos a los sectores más humildes del pueblo, con el objeto de reducirlos—, tienen su mirada puesta en un enfoque ortodoxo de la inflación que la entiende como un fenómeno de demanda, mientras los problemas están en la morfología y los agentes de la oferta. Eso justifica que la visión neoclásica impuesta por el Fondo sea cumplida estrictamente mientras el índice de inflación “consistente” no sea tal, al alejarse de la verificación empírica. Así, los enfoques ortodoxos, monetaristas o neo-keynesianos (neo-clásicos), orientados a “disciplinar fiscalmente” la economía, son conducentes a la concentración del ingreso y la riqueza y funcionales a la oligopolización de la economía. Entonces, en vez de resolver la inflación, crean las condiciones estructurales para su reproducción, mientras acentúan las condiciones de desigualdad y pobreza.

Lo que opera como restricción real, y el FMI se ocupa de que ningún diseño de política económica deje a un costado, es la atención de la deuda con el organismo y los acreedores privados. Así, el cuidado por juntar las reservas para pagar la deuda que el gobierno neoliberal de rejuntados por el cambio contrajo para financiar la fuga de capitales está presente en el programa. Lo hace con la recomendación de que la devaluación cambiaria no puede ser inferior a la inflación. Esa política alimenta permanentemente el crecimiento de los precios y, por lo tanto, es el combustible para la profundización de los desequilibrios estructurales que hacen más regresiva la inflación. El dólar soja constituye la exhibición más obscena de la actual política, que ha generado más inflación por su impacto en los precios internos para no renunciar al objetivo irrealizable que se ha propuesto la gestión económica actual: cumplir con un acuerdo que resulta completamente inconsistente y que debe ser renegociado en forma urgente.

 

 

 

 

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