Inconsistente e improvisado

 

Transcurrida una semana de gobierno, es claro que no existe un plan integral y sí subsisten espacios de poder, fragmentados, con contradicciones y diferentes intereses, pero que imponen medidas a favor del capital financiero extranjero y las grandes corporaciones formadoras de precios. Ambos sectores son los principales beneficiados por la compra de dólares baratos de una deuda de más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, que el del Frente de Todos no investigó.

Se ejecuta un violento plan de ajuste sobre el consumo de la población, para priorizar la venta de alimentos y combustible al exterior, cuyo fin último es privatizar los principales activos del país para pagar una deuda externa con el sacrificio de quienes no se beneficiaron con ella.

Uno de los artífices del endeudamiento como presidente del Banco Central en la gestión Cambiemos, hoy ministro de Economía de Javier Milei, se jacta de la ignorancia de quienes los votaron inocentemente y afirma que gracias a su pobre discurso, leído y grabado el martes 12 de diciembre, se comprende la necesidad del ajuste económico y de devaluar nuestra moneda, mientras él tiene millones de dólares en el exterior y sirve a los grandes fondos financieros que están en el país.

Que el precio del litro de gasoil ronde los $ 780 y el de nafta $ 600 al 15 de diciembre cuando era de $ 292 y $ 272 respectivamente un mes atrás; que el precio del kilo de novillo en el Mercado de Hacienda de Cañuelas sea de $ 1.545 cuando era de $ 870 el 16 de noviembre (aumento del 77,6%), con su efecto directo sobre el kilo de carne al mostrador; o que en el Gran Buenos Aires el kilo de pan que el 16 de noviembre costaba $ 1.100 cueste un mes más tarde $ 1.800, es el comienzo del reflejo de la devaluación de más del 100%, llevando el precio oficial del dólar de $ 400 el jueves 7 (último día hábil del gobierno del Frente de Todos) a $ 838,18 el viernes 15 de diciembre.

 

 

La suba generalizada de los precios es por la súper ganancia de los grandes productores y comercializadores, que fijan los mismos en forma equivalente al valor del dólar y, por ende, continuará en su raid alcista, porque lo que no se pueda vender en el mercado interno se exporta y, si eso no pasa, se deja de producir. Si fruto de esa política quedan trabajadores en la calle por el cierre de los establecimientos, no es un problema de ellos.

 

 

Capital financiero internacional

El primer grupo de beneficiados del gobierno de Milei lo integran los capitales financieros encabezados por BlackRock, que administran la economía argentina con la designación del ministro del área, Luis “Toto” Caputo, ex jefe de la mesa de dinero del JP Morgan (donde los principales accionistas son BlackRock y Vanguard) y del Deutsche Bank. Caputo, cuando fue funcionario, no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) que tenía participación en sociedades off shore, como lo demostró el llamado “Paradise Papers” [1] .En su presentación ante el Congreso en 2018, para dar explicaciones ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, intentó justificar la relación con un entramado off shore que lo liga a la gerenciadora Noctua y a la consultora Axis, en la que aparece como “fundador”, diciendo que era “dueño indirecto” y “accionista indirecto”, y lo mismo dijo de acciones de otra sociedad en las Islas Caimán. Tras la revelación fue imputado por varios delitos, entre ellos omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, siempre fue segundo de Luis Caputo, tanto en el JP Morgan como en el Deustche Bank, como en el gobierno de Macri. Bausili fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por participar de la contratación del Deutsche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública, pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta dos días antes de asumir en la función estatal y a que recibió acciones de la entidad hasta septiembre de 2018, como retribución a su retiro. Es más, siendo funcionario (subsecretario de Finanzas desde el 11 de diciembre de 2015 y luego secretario, reemplazando a Caputo cuando éste pasó a presidir el BCRA) violó la ley de ética pública porque debió abstenerse de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con el Deutsche Bank por al menos tres años, según la presentación del fallecido fiscal Federico Delgado al requerir su indagatoria. El juez de la causa, Sebastián Casanello, sostuvo que "se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021”, para terminar afirmando: “En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado en ese período se encontraban prohibidas por ley”. La Justicia argentina a través de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah revocó el procesamiento a Bausili, a quien defendió el abogado penalista Matías Cúneo Libarona, hermano y parte del estudio de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Milei.

El tercer hombre del capital financiero internacional en el Ministerio de Economía es Joaquín Cottani, quien fuera subsecretario de Financiamiento desde 1991, durante la gestión de Domingo Cavallo. Trabajó en Lehman Brothers, Citi Bank, el Banco Mundial y fue jefe para América Latina de S&P Global Ratings. Y el vicepresidente del BCRA es Vladimir Werning, quien trabajó muchos años en el JP Morgan y era el ministro de economía en el gabinete paralelo que dirigía Mario Quintana como jefe de asesores de Mauricio Macri.

Los cuatro deben mudarse desde Manhattan, Nueva York, donde viven, a la Argentina, para ser los principales funcionarios de la economía del país.

 

 

Grupo América

Del lado de los empleados o ex empleados del Grupo Eurnekián tenemos a Nicolás Posse, jefe de Gabinete del nuevo gobierno. Es director de proyectos (en uso de licencia) en Aeropuertos Argentina 2000 y fue jefe directo de Milei en el plan llamado Corredor Bioceánico Aconcagua, que consistía en un tren de alta tecnología que uniría el Atlántico y el Pacífico, incluyendo un túnel de baja altura de 52 kilómetros de largo que cruzaría la Cordillera de los Andes.

Guillermo Francos, designado ministro del Interior, tuvo a su cargo diversas funciones directivas en el grupo Eurnekián e incluso fue director de Aeropuertos Argentina 2000. Francos era representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo en el que fue nombrado por el Presidente Alberto Fernández al inicio de su gestión, en 2019, y al que renunció en septiembre de este año para sumarse al equipo de Milei.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, es abogado desde hace 30 años de la familia Eurnekián y defendió al jefe del grupo en la denominada “causa de los cuadernos” (que investiga el pago de coimas de contratistas del Estado a funcionarios públicos para ser beneficiados con la adjudicación de distintas obras). En esta causa, logró en 2022 el sobreseimiento de Eduardo Eurnekián, junto a otros grandes empresarios, por parte del juez federal Julián Ercolini.

Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, fue durante 13 años director en la filial argentina de la auditoría anglo-norteamericana KPMG y por ende estuvo involucrado en la firma de las Memorias y Balances de Vicentin SACIFI. El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, allanó en octubre de 2022 las oficinas de KPMG por entender que gracias a su participación “se dio efectividad al ardid” de Vicentin, que habría consistido en exhibir estados contables y financieros “que no concordaban con la realidad de la empresa”. Ferraro, trabajando para KPMG, diseñó el esquema financiero para el grupo Eurnekián en la licitación para construir el Corredor Bioceánico Aconcagua y la Central Hidroeléctrica de Chihuidos. Ambos proyectos se encuentran congelados desde la década pasada por falta de financiación internacional. Es a partir de ese conocimiento que impulsa el sistema de participación público-privado en la obra pública.

Por último, el inefable Rodolfo Barra, elegido como Procurador del Tesoro por Milei, fue designado en 1989 como viceministro de Obras Públicas (el ministro era Roberto Dromi y el subsecretario de Reforma y Modernización Armando Guibert, mentores de la Ley 23.696 de Reforma del Estado). El 18 de diciembre de ese año, tras haberse iniciado el proceso de privatización de la mayor parte de las empresas públicas argentinas, fue nombrado secretario de Interior. Durante ambas gestiones fue el promotor de la doctrina jurídica de la “intangibilidad de la retribución del co-contratante particular”, una norma que disminuía a niveles mínimos el riesgo empresario de las firmas que contrataran obras públicas, y que fue signada como culpable de resonantes casos de enriquecimiento de contratistas del Estado [2].

En 1996, Barra fue designado presidente del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y en 1998 (bajo su presidencia) se ejecutó la privatización aeroportuaria, mediante una licitación que posibilitó que el grupo económico encabezado por Eurnekián lograra la concesión de 33 aeropuertos del país por 30 años (1998/2028) a través de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

El informe de la Auditoria General de la Nación de junio de 2001 encontró serias irregularidades, tanto en el cumplimiento de los compromisos pautados por contrato por parte del consorcio empresario como en el organismo de control (ORSNA). AA2000, que ganó la concesión porque había ofrecido pagar un canon de 171 millones de dólares en dos cuotas anuales, nunca cumplió con la totalidad de ese pago. Para junio de 2001 su deuda era de 104 millones de dólares sólo por el canon.

Eduardo Duhalde redujo el canon original de $ 171 millones por año a $ 80 millones. Néstor Kirchner renegoció los contratos obteniendo para el Estado el 20% de participación en AA2000, Eurnekián se quedó con un 51% y el 29% restante fue a cotizarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En 2009, Eurnekián dio un paso más. Se quedó con el 100% de los depósitos fiscales de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. La empresa Aeropuertos Argentina 2000 absorbió a Edcadassa (Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud SA), que Cavallo en los ‘90 había denunciado como propiedad de Alfredo Yabrán.

En agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, durante un acto en Casa Rosada encabezado por Alberto Fernández y con Eduardo Eurnekián, presidente de la Corporación América, Martín Eurnekián, director Ejecutivo de AA2000, y Daniel Ketchibachian, CEO de la compañía, acordaron la prórroga de la concesión hasta el 2038. Ocho años antes de su vencimiento se extendió la concesión por 10 años más.

 

 

En síntesis

Si la Justicia argentina fuera independiente, los principales funcionarios de Economía designados por Milei no podrían llegar a serlo por connivencia con los factores de poder. En el caso del capital financiero internacional, porque está decidido a endeudar al país para rescatar los encajes remunerados (Pases Pasivos, Leliq y Notaliq) [3] que suman al 11 de diciembre 22,6 billones de pesos (al tipo de cambio oficial de $ 400 representan unos 56.000 millones de dólares y gracias a la devaluación pasan a valer menos de la mitad). A la vez, propician una fuerte devaluación para licuar esa deuda en pesos y abaratar todos los activos en pesos, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Máxime cuando el Estado recauda en pesos y, al devaluar, se torna más costoso comprar dólares para pagar (desde el segundo semestre de 2024) los intereses y el comienzo del vencimiento de capital de la renegociación de la deuda privada de agosto de 2020 realizada por Martín Guzmán. Cuando el Estado no pueda pagar le van a pedir las empresas públicas y los principales recursos del país.

Y en el caso del Grupo Eurnekián, los funcionarios nombrados deberían abstenerse de intervenir por no menos de tres años en las licitaciones y/o participación pública-privada que se realicen en el futuro inmediato, por las mismas razones que el fiscal Federico Delgado afirmaba en el caso Bausili, basándose en la Ley de Ética Pública.

 

 

 

 

[1] Los Paradise Papers (Papeles del Paraíso) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, que se hicieron públicos el 5 de noviembre de 2017. Contienen los nombres de más de 120.000 personas y empresas, y fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que había obtenido los papeles de Panamá en 2016. El Süddeutsche Zeitung entregó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha estado investigando los documentos.

[2] Robo para la corona; los frutos prohibidos del árbol de la corrupción. Horacio Verbitsky, Planeta, 1991.

[3] Entre otras razones porque BlackRock tiene fuerte participación accionaria en los bancos Santander, BBVa, Galicia, Macro, y HSBC.

 

 

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