Inclusividad y otras cuestiones

 

La prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fue una acción pedagógica. Se trató de un gesto político, punitivo y discriminatorio de parte de una administración que no admite otras conductas como no sean las que hacen a la dominación del sistema educativo. La presión normativa y ejecutiva sobre docentes y alumnxs es permanente y el malestar es visible en la mayoría de las escuelas. Del salario, ni hablar. La medida tomada atenta además contra la libertad de cátedra.

Para el caso del lenguaje, el idioma castellano ha servido como excusa para impedir la inclusividad y la justa participación en la comunicación de quienes han tenido otras preferencias en materia de género.

Con la inclusión en el lenguaje, la comunicación ha pasado a ser más abarcativa. Lxs diferentes de siempre comenzaron a integrarse culturalmente, aunque esto recién comience.

La inclusión es en la post-pandemia planetaria un eje pedagógico, cultural e institucional. Es visible la aceptación general, no solo de la multiculturalidad sino del ejercicio escolar de la interculturalidad, algo que está ausente en una educación secundaria que no puede superar las posiciones positivistas.

El lenguaje inclusivo es un tema que demandará tiempo y una práctica continua. Para el caso de la educación de docentes y alumnos, podrán enseñar y aprender. La inclusividad en el lenguaje no trae aparejadas dificultades, como no sea la del rechazo explícito por razones ideológicas.

Al fin y al cabo, las corrientes inmigratorias no hispanas que llegaron a la Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX no tuvieron problemas en la escuela pública para aprender el idioma castellano ni para comunicarse a través de él. En cada región de Latinoamérica y el Caribe este había ido cambiando, con modismos y usos propios, producto de la cultura.

El hecho que nos ocupa es solamente un eslabón más en la política neoliberal para la educación implementada en la Ciudad de Buenos Aires. Sirve para encubrir otras medidas, ya que en igual sentido se ha implementado la obligatoriedad para lxs alumnxs de ir a trabajar, violando claramente la Ley 3.541. Se apeló al formato de supuestas “Prácticas Educativas” sin ninguna relación con la especialidad que cursan, ni las prescripciones pedagógicas e institucionales requeridas y que la ley contiene.

Pero la cuestión no termina allí, ya que el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Educación, sorprendió modificando unilateralmente nada menos que 25 artículos del Estatuto del Docente (ordenanza 40.593/85), con la mira en la “productividad” de la tarea docente y conculcando algunos de los principales derechos de lxs trabajadorxs.

La concertación de políticas a través del diálogo no es el camino para un ministerio que, por elección, prefiere recurrir a la imposición y la prohibición. Contar con una Legislatura cómplice, en la que el oficialismo se comporta como propietario, le facilita la tarea. La oposición política porteña no ha podido reaccionar a esta situación, toda una anomalía de la democracia.

Como si fuera poco, el hecho de no poder avanzar con sus preferencias privatizadoras de la educación pública ha llevado al gobierno porteño a poner el énfasis en la mercantilización del sistema educativo. La introducción de la educación financiera, la tendencia a convertir a la escuela pública en una empresa o la plataformización/tercerización en la producción de contenidos para el armado de programas de diferentes disciplinas avanza sin escollos a la vista.

Respondiendo a intervenciones de la señora ministra de los últimos días, cabe la acotación de que no se trata de “pedirle permiso a los gremialistas (docentes) para cambiar el estatuto del docente” ni de apelar a la “libertad de lxs alumnxs”. Simplemente se deben respetar las normas de la democracia que tanto se invoca, respetando a lxs otrxs y permitiendo la convivencia participativa, conductas que el Ministerio de Educación no demuestra. Interpreta el ejercicio del poder abusando de sus atribuciones y avanzando sobre lxs derechos de las personas.

Los docentes y los jóvenes son sujetos de derecho. La consulta a ellos debería ser prioridad de un gobierno que se dice plural, pero usa sus ministerios como instrumentos de dominación. Participar es una necesidad, no solo para educarse sino para facilitar sus aprendizajes y el ejercicio del pensamiento crítico.

Lxs jóvenes y lxs docentes ya disponen de la libertad, no necesitan que nadie cuide de ellxs en ese sentido. La vieja idea de la necesidad de la punición y la clausura de derechos sobre las conductas de lxs alumnxs ha quedado superada por la educación. Sin embargo, se ha vuelto a instalar en la Ciudad de Buenos Aires. Esto, además de peligroso, constituye todo un atraso para la educación y la cultura.

Finalmente, una convicción: el camino de la intolerancia, la desigualdad en el trato y las prohibiciones solamente inutilizan a quienes no disponen de condiciones ni capacidades para reaccionar, son alimento para la ignorancia. La educación y la emancipación van de la mano. Cualquier duda al respecto podría no tratarse de una casualidad.

 

 

 

* El autor es supervisor de educación media y técnica e integra el Grupo Rescate de Educadores de la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

 

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