Impunidad, privilegios y un lago

 

 

Hace unas horas conocimos la noticia sobre los cargos que se le imputan a Joseph Lewis en la Justicia de Estados Unidos por “fraude financiero” y “tráfico de inscripción privilegiada”.  Por su ubicación en una empresa de productos medicinales, supo con antelación que sus acciones mejorarían su cotización, y lo anticipó a varios amigos, entre ellos uno con el que jugaba al póquer.  Para recuperar su libertad debió pagar una fianza de 300 millones de dólares. Mientras tanto, a miles de kilómetros —en la provincia de Río Negro—, el trato que le brindan  la Justicia y el Poder político  es muy distinto.

La impunidad que le concedieron la gobernadora Arabela Carreras, como el nuevamente electo Alberto Weretilneck, a Joseph Lewis, desde hace más de una década, sigue intacta.

Quien impide el tránsito libre y seguro al Lago Escondido desde hace 27 años, en el día de ayer, fue detenido, posteriormente liberado, pero no puede salir de Estados Unidos.

Mientras tanto, en la Argentina, Joseph Lewis no solo fue denunciado penalmente en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por cometer fraude a la ley argentina al comprar —mediante engaño y simulación— las tierras que rodean al Lago Escondido ubicadas en área de Seguridad de Frontera, sino que, además, se ocupó de que todos los accesos al espejo de agua, se encuentren bloqueados para quienes intenten molestar su privacidad y sus jugosos negocios.

Tal fue la impunidad con la que gozó desde que puso sus pies en territorio argentino en 1996, que se le permitió construir su lujosa mansión sobre el camino “afectado al uso público” de Tacuifi, contando con la invalorable colaboración de quienes dinamitaron los puentes construidos con fondos del erario sobre los ríos Foyel y Escondido para impedir el ingreso de “intrusos argentinos”. Todo ello, bajo la atenta mirada y complicidad de los gobiernos nacional y provincial de la Argentina privatizadora de los ‘90.

En el año 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro dictó una sentencia (64/2009) y otros fallos aclaratorios, que ordenan liberar los caminos existentes y preexistentes, incluso el camino de Tacuifí, para acceder al espejo de agua en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución de Río Negro. Esta quedó firme con autoridad de cosa juzgada, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja presentado por el empresario que fue rechazado por errores insalvables.

El camino de Tacuifí ya figuraba en los mapas del Instituto Geográfico Nacional por relevamientos realizados en 1955. A pesar de los argumentos del gobierno que protege al empresario inglés, se trata de un acceso que data de 70 años atrás, mucho antes de que Lewis comprara las tierras en el paraíso cordillerano. Allí existía una escuela rancho y un almacén de ramos generales, y los ocupantes que hoy se oponen a su apertura provenían en su mayoría de Chile, desde donde se arreaba el ganado.

Después de 18 años, y luego de abusos y la mala fe procesal del gobierno y del empresario inglés para dilatar el cumplimiento de los recurrentes fallos judiciales (incluso el dictado en 2013 y 2022), por fin lograron que la causa judicial vuelva al Tribunal en quien confían en forma absoluta.

A diferencia de los “rebeldes” jueces que en 2009 integraban el Cuerpo, gran parte de los hoy vocales del máximo Tribunal de Río Negro fueron denunciados por sus claros vínculos con el poder político. Es muy posible que, en consecuencia, en su fallo final que se dictará este año, obedezcan a los deseos del magnate inglés a espaldas del interés público que están obligados a proteger.

El mes de noviembre es la fecha límite para dictar sentencia.

Resulta de alta preocupación institucional que ni el “decoro” ni la “delicadeza” ni los principios de “independencia” e “imparcialidad” propio del debido proceso, fueran suficientes razones para que se “apartaran” voluntariamente del Tribunal que va a dictar un fallo de trascendencia indiscutible. A modo de ejemplo, el juez Ricardo Apcarían fue abogado de Alberto Weretilneck y letrado de la Municipalidad de Cipolletti cuando este fue intendente. A pesar de ello, asegura ser “independiente”, “imparcial” y libre de evidente influencia. Lo veremos en el fallo.

Así, y después de estos 18 años en un amparo colectivo (mandamus), el temerario e inconstitucional dictamen del procurador Jorge Crespo nos envía un mensaje: la causa por el libre acceso al Lago Escondido se encamina a anular la única vía de acceso que garantiza que niños, ancianos, personas con discapacidad o de movilidad reducida puedan conocer una maravilla natural que les pertenece, además de significar la entrega lisa y llana (de hecho) del patrimonio natural argentino al capital británico.

Sacrificar a los más débiles en pos de que nadie pise el cuidado césped de la mansión del magnate ni moleste la tranquilidad que requieren sus amigos para sus reuniones de “negocios” les parece imprescindible.

Pero la impunidad no termina allí. La residencia construida sobre el camino afectado al uso público es la base para transacciones inmobiliarias o energéticas con qataríes, árabes y grupos inversores de otras nacionalidades que desfilan por la estancia en busca de agua y territorios, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios.

Al obligar a los ciudadanos a quedarse del otro lado del muro que bloquea el camino de acceso, Lewis ha sido el anfitrión de los jueces, fiscales y empresarios investigados por los delitos de dádivas e incumplimiento de funcionario público, hecho que se convirtiera en un verdadero escándalo público. Sin embargo, la impunidad pareciera también estar garantizada en Comodoro Py.

Pero, quizás, el hecho que más nos avergüenza a los rionegrinos —cuando se trata de nuestros bienes naturales comunes—, es que en un Estado de derecho y con 40 años de democracia, se permita desde el Estado el accionar violento de una “fuerza de choque parapolicial” que amenaza, hostiga, golpea y tortura a ciudadanos sin que un solo juez, fiscal o jefe de policía haya investigado, procesado ni detenido a nadie.

La historia reciente en torno a la lucha por el libre acceso al Lago Escondido es trágica porque los hechos indican que el mismo patrón de violencia continúa y crece año tras año.

En 2009 un grupo de periodistas y otros vecinos que realizaban un acto pacífico para reivindicar la soberanía frente al camino de ingreso de Tacuifí fueron reprimidos y sus cámaras confiscadas. Años después, en 2019, dos activistas que participaban de la 4° Marcha por la Soberanía fueron atacadas por la patota que volcó sus embarcaciones en plena noche y en las aguas heladas del Lago Escondido cuando intentaban plantar una bandera argentina. Un año después, en la 5.ª marcha, la secretaria general de la CTA andina sufrió fuertes golpes en su cuerpo, y una profesional de Tierra del Fuego debió ser hospitalizada por un piedrazo en su rostro. En 2022, 21 personas que intentaron ingresar por el sendero de montaña (teóricamente habilitado para ese fin por la provincia) fueron interceptados por un grupo armado con rostros encapuchados que les impidieron el paso en alta montaña por varios días. Sobre fines de ese mismo año, cientos de personas que denunciaban un “Estado paralelo” en Lago Escondido también sufrieron agresiones. A los pocos días, defensores de los derechos humanos —entre los que se encontraban una periodista de Telam, dirigentes sociales y hasta diputados— fueron víctimas de intento de homicidio por la misma fuerza parapolicial con golpes de rebenques, piedrazos y embistiéndolos con caballos, lo que provocó que las ambulancias tuvieran que trasladar a los heridos graves al hospital de El Bolsón y Bariloche de manera urgente.

Ninguno de esos hechos de violencia fue investigado. Los sicarios, libres.

Por último, la construcción de un aeropuerto en zona de seguridad en el extremo este rionegrino, donde aterrizan y despegan aviones de gran porte sin ningún control estatal —situado a pocas horas de vuelo de la base de la OTAN en las Islas Malvinas— es otro privilegio del que goza el magnate. Su misteriosa venta a otros poderosos extranjeros habría ocurrido recientemente. Todo en silencio y a espaldas del pueblo.

Por eso, seguiremos luchando para que la Justicia llegue también por estos lados de una vez por todas.

Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido, también.

 

 

 

* Magdalena Odarda es amparista en la causa Lago Escondido y legisladora electa por Unión por la Patria.

 

 

 

 

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