Impunidad

 

A más de seis meses del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación, la Justicia federal aún no ha encontrado a los autores intelectuales del atentado y la jueza María Eugenia Capuchetti, con la ayuda de la Cámara de Alzada, mantiene la acusación sólo sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.

A tal punto que le dijeron a la jueza que se concentre en enviar la causa a juicio oral sin buscar a los instigadores y soportes económicos de estos tres imputados.

Así las cosas, se desconoce el trasfondo de cómo pudo suceder que un grupo de jóvenes sin empleo y a la deriva intentara matar a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio de Recoleta sin que nadie tomara notas de sus actos violentos y anticipos de tragedia.

Es todo un misterio el accionar de la Policía de la Ciudad y el del ministro de Seguridad y Justicia en licencia, Marcelo D’Alessandro, que no previnieron las tareas del grupo “Los Copitos”.

Estos sujetos pulularon por uno de los barrios más custodiados de CABA —que posee el monopolio de las cámaras de seguridad y los datos biométricos de millones de personas—, con la excusa de la venta de copos de azúcar, pero con la verdadera intención de asesinar a CFK frente a los militantes del Frente de Todos y su custodia.

No resulta fácil de explicar el devenir de la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, que no pudo ser inspeccionado por la manipulación de la Policía Federal Argentina.

Comodoro Py no quiere profundizar sobre la pista de la autoría intelectual y la propagación de mensajes de odio contra Cristina, que fueron efectuados por los medios comerciales dominantes en sintonía con sentencias orales de jueces vinculados al poder real.

Hubo una constante lapidación pública contra CFK que fue ejecutada por los medios hegemónicos que controlan gran parte de la audiencia desde hace más de 20 años.

El domicilio de Cristina resultó televisado las 24 horas, con cronistas de la cancelación durante la pandemia, en canales de noticias vinculados a Mauricio Macri. Una especie de novela negra de las tardes con una mujer, Ximena de Tezanos Pinto —la vecina— como la protagonista estelar de las injurias y el señalamiento sistemático de la casa de CFK. El piso de Tezanos Pinto funcionó como el comité de los violentos neonazis de Revolución Federal a metros de la Vicepresidenta.

Al mismo tiempo, se impuso una narrativa del estilo República de Weimar (Alemania, 1918/1933), como la semilla del discurso que algunos cándidos llaman “liberalismo libertario”. No resulta casual que los imputados hayan abrevado en esos sectores que promueven la aniquilación del Estado y la desaparición de la dirigencia kirchnerista. Saben que implicaría el exterminio del hecho maldito del siglo XXI dentro del Movimiento Peronista y su historia de resistencia.

Para colmo, la separación artificial de dos causas semejantes —una división impuesta por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi junto a la jueza Capuchetti— opera como un verdadero candado para la búsqueda de la verdad y la justicia.

Por eso mantienen bajo dos jueces distantes la instrucción del accionar de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo y se niegan a profundizar sobre el nexo con las actividades violentas de Jonathan Morel, su madrina capitalista, Rosana Pía Caputo, y los 12 millones de pesos que el clan le pagó al líder de Revolución Federal para fabricar muebles, al mismo tiempo que realizaba escraches al Gobierno y sucesivos actos con guillotinas y antorchas arrojadas a la Casa Rosada.

El viaje que hizo Morel a Vaca Muerta, específicamente al pueblo de Añelo, fue solventado por los Caputo. La excusa fue que Morel habría ido para chequear los materiales obtenidos con sociedades truchas.

El jovencito, que oficia de presunto camarero en Chivilcoy, usó a su novia, a su ex pareja y hasta al suegro para montar el esquema de facturación, sin estar inscripto en la AFIP. Entonces, ¿Rosana Pía Caputo compartía las ideas de Morel o le entregó 12 millones de pesos porque tiene el cabello negro alisado y se peina a lo Adolf?

No sea cosa que esta causa gravísima culmine en el fuero Penal Económico con la paparruchada de una supuesta evasión impositiva.

 

 

La buena pipa

Mientras la querella de Cristina, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, intenta apartar a la jueza Capuchetti de la instrucción, Sabag Montiel podría pasar más de 20 años en prisión. Y él lo sabe. Le envió una nueva carta manuscrita a la jueza Capuchetti. La misiva llegó apenas 48 horas antes de la decisión de la Cámara para cerrar la causa y elevarla a juicio oral con Carrizo sin domiciliaria.

Desde el penal de Ezeiza, cuentan que Sabag Montiel está inquieto por el sonido metálico de las rejas cuando cierran. ¿Estará dispuesto a ser indagado y clarificar el enigma de su existencia después de gatillarle un arma a Cristina?

¿Qué hubiera sucedido si los balazos de la pistola que empuñó se hubieran incrustado en el cráneo de la Vicepresidenta?

Alguien inteligente y previsor evitaría por cualquier medio que Sabag Montiel —presunto lumpen invisible para más de una Policía— termine sus días como Lee Harvey Oswald tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963.

La desazón se agudiza con ciertas circunstancias inexplicables. A saber:

El 6 de febrero, la Sala I de la Cámara de Apelaciones rechazó el desplazamiento de la jueza Capuchetti reclamado por la querella. Poco antes, la mismísima magistrada —los Tribunales de la Inquisición castigaban la herejía, que en griego significa “elijo”, “quiero”, “escojo”— aportó tres fojas raquíticas para argumentar su carencia de sentido de Justicia, al igual que la Sala I.

Recién el miércoles 8 de marzo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó la apertura del celular de Montiel en dos fases de contraseñas en la nube de Internet. En todos estos meses de hastío, el muchachito pudo haber hecho lo que quisiera con sus archivos, aunque se supone que los peritos sabrán de sus procedimientos con la tecnología y el mecanismo de fabricación de su teléfono original.

Montiel se habría ofrecido a estar presente en el acto pericial, feliz con la calificación penal que le arrimó la Cámara con Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Este último sostuvo que Morel no es un nazi terrorista y violento, sino alguien que “ejerció su libertad de expresión”. Un punto escandaloso que mereció la repulsa de la querella de Cristina, que no para de presentar escritos en ambos expedientes, reclamando pruebas y medidas procesales.

 

 

El letargo de Carrizo

El 23 de noviembre de 2022, la querella pidió a Capuchetti que ampliara la declaración indagatoria de Gabriel Carrizo y que, al procesarlo, se lo determinara como coautor y no como partícipe secundario del atentado. La prueba son los mensajes que para los abogados de CFK indicarían la existencia de una asociación ilícita con el objetivo de matarla. A tal punto, que Carrizo sería el planificador del hecho en una primera capa de imputados. Y tenía conexión con Sabag Montiel, a quien tildaba como “mi empleado”, y con Uliarte, con quien participó de reuniones y fiestas.

Pero la jueza tardó hasta el 24 de noviembre para rechazar la medida. La querella fue en queja y apeló. El 29 de diciembre del año pasado, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió pedirle a la jueza la ampliación indagatoria de Carrizo. “Las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, falló.

Al referirse al vínculo con Sabag Montiel y Uliarte, los camaristas dijeron: “Tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

Nótese la modorra discursiva. El 31 de enero, Carrizo amplió su indagatoria. Pero el procesamiento no se realizó. Ya pasaron casi dos meses y la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo duermen la situación del defendido por el abogado Gastón Marano. La Cámara ahora le negó la chance de esperar el juicio en su casa. El defensor Marano es el mismo litigante que medió con denuncia incluida en la causa por la coparticipación de CABA y los escandalosos chats y audios entre Silvio Robles de la vocalía del supremo, Horacio Rosatti y el licenciado ministro de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Una causa enviada al archivo en 24 horas en plena feria por el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Sebastián Ramos.

Varas: al expediente sobre el atentado lo extinguen por letargo y carencia de acciones urgentes (dividiéndolo inexplicablemente en dos causas) y al de coparticipación y tráfico de influencias lo cierran de un día para el otro con la coartada del espionaje ilegal. No existe espionaje ilegal sin participación del Estado.

 

 

Las secretarias de Milman

Hace un mes, la Cámara Federal aceptó el pedido de los abogados de Cristina y ordenó el análisis de los teléfonos celulares de dos secretarias del diputado Gerardo Milman.

Se trata de los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, quienes estuvieron con Milman en un bar frente al Congreso, hecho que en un principio negaron. Un testigo que declaró en la causa escuchó que Milman dijo: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Eso sucedió antes del atentado. Lo curioso es que la pericia ocupa un rango temporal limitado: desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre de 2022.

La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no sólo no apoyaron la medida probatoria, sino que la pericia todavía no se produjo y pasaron tres meses de la recepción de los teléfonos celulares.

El 1 de diciembre, Bohdziewicz advirtió que había borrado todo el contenido de su teléfono. “Me asesoré”, dijo. Su compañera de trabajo, Gómez Mónaco, tampoco se inmutó. Entregó su celular pero aclaró que lo había comprado la semana anterior a su testimonio.

El estudio profundo de la ubicación geográfica de estos aparatos quizá quiebre el pacto de silencio de Milman y sus tropelías.

 

 

Epílogo

Cristina le entregó un documento de 96 páginas a un Comité de Expertas de la OEA sobre violencia de género. Hace 20 años que soporta una lapidación mediática constante por ser mujer y dedicarse a la acción política.

La escalada de violencia llegó tan lejos que Sabag Montiel accionó una pistola a centímetros de su cabeza.

La celeridad por dejar todo como está por parte de los jueces Bruglia, Llorens y Bertuzzi habla por sí misma.

Bruglia y Bertuzzi ordenaron con un voto compartido, “instar que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

El camarista Llorens escribió en el abismo. “Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella —las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa—, lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”.

Traducción: están separando dos causas relacionadas y acotando el proceso a tres acusados: Sabag Montiel, Uliarte, y Carrizo.

Se llama impunidad, misoginia, proscripción y patriarcado

 

 

 

 

 

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