Imposible seguir negando

 

Ford Motor Argentina no irá a la quiebra, ni perderá mercados, ni será expropiada, cualquiera que sea la sentencia a la que se llegue el próximo 11 de diciembre en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de su fábrica. Al fin y al cabo el capitalismo se ha desarrollado y sobrevive gracias a la violencia. Sin embargo, concluido el debate oral esta semana, un nuevo panorama se ha abierto para la empresa: tanto que la defensa de Pedro Müller terminó por admitir la gravedad de los crímenes ocurridos en Ford cuando imploró que su defendido no sea acusado por ser el único que está vivo. Ese reconocimiento de la veracidad de las denuncias de los trabajadores secuestrados y torturados dentro de la misma planta tiene una trascendencia superior a la del propio veredicto.

Durante dos largas jornadas cargadas de tensión se escucharon los alegatos de los abogados de los imputados Pedro Müller, Héctor Sibilla y el genocida condenado en múltiples ocasiones Santiago Omar Riveros, para luego darse lugar a las réplicas y dúplicas. En un complejo ida y vuelta de argumentos jurídicos, los acusadores y los defensores debatieron centralmente las siguientes cuestiones: ¿se trataron de delitos comunes que prescribieron o de delitos de lesa humanidad que todavía pueden juzgarse?, ¿Pueden los civiles ser condenados por estos delitos? Si no fueron los autores directos de los hechos, ¿sabían los directivos de Ford que sus aportes contribuían a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil?

 

Las respuestas de las querellas fueron contundentes, pero marcaron con claridad la existencia de una grieta. Definen los jueces. Lo que los defensores no han logrado, sin embargo, es salir airosos de un terreno pantanoso y sembrado de silencios por la propia empresa durante décadas.

 

Lucha de espadas

Para el público no fue una jornada sencilla. Los rostros de las víctimas y sus familiares se tensaban con las efusividades de los defensores y se relajaban con algún guiño ofrecido por los querellantes. Los primeros temores, que tardaron en diluirse, sobrevinieron con la catarata de pedidos de nulidad, aduciendo falta de pruebas, mezclada con un mensaje directo a las víctimas y una exultante sobreactuación. “¡La imaginación de ustedes es monumental!”, llegó a gritar Corleto, pese al resfrío que acusaba.

 

 

En términos técnicos, el planteo apuntaba a señalar que ante la falta de pruebas concretas (“indeterminación de circunstancias”), se viola el principio de culpabilidad. “Estamos indefensos”, sostuvo Corleto. A su turno, Elizabeth Gómez Alcorta respondió que “piden la nulidad por la nulidad misma” y sostuvo que el planteo era confuso e impreciso: “Los epítetos del doctor Corleto —payasada, de otra galaxia, imaginación monumental—, hablan de la falta de argumentos sólidos”, sostuvo. Maximiliano Chichizola y Yanina Michelena, por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, agregaron que los planteos no son novedosos y ya fueron rechazados en instancias anteriores.

Una vez acabados los planteos de nulidad, las defensas fueron al hueso en otro asunto: de no considerarse las nulidades, los delitos juzgados deben considerarse prescritos. Las vías para ello fueron presentadas en forma distinta por las defensas, siendo citados precedentes favorables para los empresarios en los casos de La Veloz del Norte y del Ingenio Ledesma.

Para los abogados Pablo Moret y Adriana Ayuso (Sibilla), se trata de delitos que no presentan las características especiales señaladas por el Estatuto de Roma para ser considerados delitos de lesa humanidad. Entienden que no hay un grupo humano específico objeto de un ataque general y sistemático. Y esto resultaría así porque no todas las víctimas eran delegados gremiales. “Los acusadores recurrieron a clichés usados en otros juicios, por eso se escuchó la palabra genocidio donde no hay ningún muerto y ningún desaparecido”, concluyó Moret.

Frente a ello, Gómez Alcorta explicó el error del abogado defensor: “Los delitos de lesa humanidad se cometen contra toda la humanidad, no contra una parte. Ese es el delito de genocidio, que es diferente”. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annicchiarico, luego remató al aclarar que no acusaron por genocidio, sino por hechos ocurridos “en el marco de un genocidio”.

A diferencia de Moret y Ayuso, Mariano Grondona y Nicolás Corleto (Müller) apuntaron no tanto a desmentir los crímenes aberrantes, sino a indicar que su defendido —como en el caso de Blaquier— no podía conocer ni tener la intención de aportar a los mismos. Al insistir en la falta de pruebas, Corleto ironizó: “¡Si el dolo se transmite por ósmosis, díganme porque no lo estudié!”. Cuando Moret acumuló fuerzas en este punto, agregó “en esa fecha tan temprana no se hablaba de desaparecidos” e indicó que las detenciones aparentaban legitimidad.

 

 

 

Al responder a esta cuestión, Gómez Alcorta aseguró que el conocimiento “en estos casos se debe probar por indicios y acá está vastamente probado”, y luego agregó: “Lo que no se nos escapa es que se juzgan hechos que implican un altísimo nivel de organización y planificación y que fueron muchas las personas que participaron”. Según la abogada, no se acusa a Müller o Sibilla por torturar ellos mismos a las víctimas, sino que “Müller, Sibilla, Courard, Galarraga y quizás muchos otros se valieron de los recursos y las estructuras de la empresa. Por eso mostramos los aportes desde la empresa y después se los imputamos a los funcionarios jerárquicos”. “Estos imputados formaban parte de la jerarquía de una estructura empresarial”, completó luego Chichizola.

En la disputa de argumentos se destacaron dos elementos más. El primero de ellos, como se venía perfilando durante las audiencias anteriores, en apuntar a la dirección del gremio por ser la posible fuente de información de la represión. El segundo, que sólo alguien inserto en una estructura militar —y no empresarial— puede ser responsable. En contraposición, Gómez Alcorta sostuvo que alcanza con que actúen “de conformidad con una política de Estado” para que un civil sea responsable.

 

Cortá con la dulzura

En varios pasajes de estas últimas jornadas, los defensores presentaron sus respetos a las víctimas. “Lamentamos profundamente lo que les pasó”, expuso Ayuso al referirse a la “barbarie”. Pero, abono para los yuyos, pese a estas alusiones empáticas no tardaron en desmerecer sus testimonios y pretensiones de alcanzar justicia.

Ayuso planteó que los testimonios de las víctimas fueron interesados, que agregaron detalles a lo largo de los años y que incluso presentaron certificados de salud falsos para no declarar en juicio (“como la docente con licencia psiquiátrica que se sacó una foto en las playas de México”, comparó). Agregó que mantenían una buena relación con su defendido y llegó a decir en relación al traslado de los trabajadores a los quinchos donde sufrieron torturas: “Fueron lo más bien”.

Corleto fue aún más allá. Sostuvo que el único interés en juego era pecuniario y que una de las víctimas le aseguró en una esquina que sabía que Müller era inocente. El guindado lo agregó cuando tradujo en clave fraternal el episodio de la última audiencia, cuando Müller se acercó a las víctimas, hecho que suscitó las suspicacias de todos los presentes y una angustia de días en los ex trabajadores. “Vamos a pedir que se remita copia de los videos al Colegio de Abogados para que evalúe una sanción disciplinaria para el doctor Corleto”, solicitó al tribunal Gómez Alcorta, subrayando la idea de que la defensa orquestó y/o utilizó aquel encuentro para alegar inocencia. Dicho eso y finalizado el debate, Müller intentó acercarse una vez más. En esta oportunidad, Marcelo Troiani, hijo de Pedro, le exigió de inmediato que se alejara.

Los defensores también intentaron denostar a los especialistas que declararon. “¿Quién es Victoria Basualdo? ¿Era gerenta de Ford, trabajaba en la fábrica? ¡La nombraron más veces que a Pedro Muller!”, se molestó Corleto. “Todos tienen interés en esta causa”, manifestó Ayuso, quien pidió que se juzgue por falso testimonio a la experta en documentos de inteligencia policial Claudia Bellingeri.

Lógicamente, en este sentido, uno de los objetivos radicó en cuestionar el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, aceptado como prueba tras la declaración de la historiadora Basualdo. Pero los rechazos a los expertos no se fundaron en conocimientos equiparables, ya que las defensas no ofrecieron especialistas en su oportunidad. De esta manera, debieron limitarse a expresiones como “no tiene ninguna lógica aplicar esta teoría” o “tampoco es cierto que con esas detenciones se haya disciplinado al personal”, ya que a fines de 1976 “el personal de planta hizo una huelga general y aplicaron el trabajo a tristeza”. Lo que huelgan son comentarios sobre estas interpretaciones históricas.

 

No fue Ford, fue Ford

Para salvar a los hombres, hay que responsabilizar a la empresa. Para salvar a la empresa, hay que responsabilizar a los hombres. En este campo resbaladizo parecen haber transitado los alegatos de las defensas.

A lo largo de sus alegatos, los defensores ofrecieron argumentaciones en ocasiones contradictorias. En buena medida se debe a que los planteos se elaboraban en función de posibles admisiones parciales de los jueces respecto a los hechos. En esta escalada, los abogados podían argumentar desde que los hechos no fueron ilegales, a que la empresa fue víctima de una invasión por los militares, que las funciones jerárquicas de los imputados hacen ilógicas su participación o directamente aducir una especie de senilidad cívica de los directivos de la multinacional automotriz.

Así se pudo escuchar a Grondona señalar que “en las actas no se dice nada” y “lo que no se dice ahí no puede presumirse” y a Ayuso preguntar: “¿Alguien se imagina que las Fuerzas Armadas que detuvieron a la Presidenta de la Nación, destituyeron a los miembros de la Corte Suprema y disolvieron el Congreso Nacional, necesitaran del aporte del jefe de seguridad de Ford, un supervisor de sexta línea?” Grondona limitó las funciones de Müller a una gerencia preocupada por la producción y para explicar su rol en el directorio, sostuvo que era carácter de suplente sin responsabilidad societaria. Nada dijo sobre las razones por las cuales llegó a ser designado vicepresidente en 1984.

También se pudo escuchar a los defensores de Müller argumentar que la información aportada a los militares podía provenir de las oficinas de Personal y que su defendido no tenía acceso a ellas; o que el área responsable podía ser la de Relaciones Industriales: “Parece que Galarraga hubiera legado en partes iguales responsabilidad en los hechos en Sibilla y en el señor Müller”, dijo Corleto, sin reparar en que Sibilla era subordinado de jerarquía de Galarraga. Ayuso sostuvo que Sibilla sólo se encargaba de “cuidar el perímetro, evitar que entraran personas sin autorización y que si alguien salía con una camioneta de Ford no se llevara paragolpes o un motor” (“o una persona”, agregó Gómez Alcorta por lo bajo).

Finalmente, se llegó a escuchar que los imputados, de extensísima vida laboral en la empresa, son algo muy distinto a Ford. “Sibilla no conformaba la voluntad de la empresa”, aseguró Moret. “¡Qué me importan a mí las ventajas económicas de Ford, si Müller no obtuvo ninguna ventaja económica!”, gritó Corleto. “¡Pedro Müller no es Ford y Ford no es Pedro Müller!”, exclamó en otra oportunidad. También sentenció: “Están intentando condenar a la empresa, pero este juicio es contra Müller y Sibilla”.

En otra nota de esta edición reconstruimos los vínculos que ponen en cuestión la pretensión de la empresa de aparentar ajenidad. Durante los alegatos, quedó más que desmentida esta pretensión cuando Moret y Ayuso solicitaron al tribunal, sin mediar argumentación alguna, que se rechacen las medidas de reparación solicitadas por las acusaciones, hecho que sólo y únicamente puede molestar a la compañía y en ningún caso a su defendido.

Al comenzar la jornada del lunes, el defensor público del único imputado militar enumeró la cantidad de condenas de su defendido y sostuvo que esa situación lo llevaba hacia una “dimensión desconocida”. Después de un año de debate, podemos parafrasear la idea y alegar que la empresa sigue un camino similar. Sea cual sea el veredicto acerca de la responsabilidad de Müller y Sibilla, lo que resulta evidente es que la empresa Ford Motor Argentina resbaló hacia los límites de su vieja realidad y se puso de cara frente a una nueva dimensión: el fin de la impunidad.

 

 

Ilustraciones de José Eliezer

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