El pagadios de Paolo

 

La medida cautelar que Ternium (ex Siderar) presentó en 2017 objetando la ordenanza fiscal impositiva de la Municipalidad de Ramallo referida al cobro de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH), “está a despacho para resolución cautelar de acuerdo al orden cronológico de los distintos expedientes en la misma etapa”, respondió al El Cohete a la Luna la jueza María Isabel Fulgheri, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de San Nicolás.

Si la jueza decidiera fallar a favor de la empresa del grupo transnacional Techint, que preside Paolo Rocca, la autonomía municipal de Ramallo se vería afectada.

 

 

 

 

 

Ternium considera que los importes de la TISH son “desmesurados, irrazonables y desproporcionados en comparación con el costo municipal de prestar tales servicios”, según sostuvo en el expediente el abogado de la empresa, Juan Carlos Marchetti. Como prueba, presentó:

• Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que señala que el costo no podría ser superior a 1,2 millones de pesos anuales, y otro de una consultora que admite hasta 2,1 millones, cuando el municipio estaría cobrando 110 veces más.
• Una comparación con lo que paga Ternium en provincia de Buenos Aires con respecto al certificado de actitud ambiental, la tasa por inspección de control de efluentes y la disposición final de residuos especiales, donde estipulan que el municipio cobra 210 veces más que la provincia.
• Un cálculo del presupuesto de toda la Secretaría de Gobierno municipal, en el que señalan que no guarda relación con la tributación por la TISH.

La empresa solicitó un peritaje para establecer el costo de la tasa y la jueza otorgó esa medida. Uno de los puntos que Fulgheri le señaló al perito Carlos Luciano Bianchi –ingeniero industrial en Higiene y Seguridad–, fue el de “ilustrar en forma detallada respecto del procedimiento que deben realizar los agentes municipales en dicha planta a los efectos de llevar adelante la inspección relativa a la prestación del servicio de seguridad e higiene en la misma, para la posterior determinación del importe de la tasa en cuestión”. Ese planteo fue en sintonía con lo que pretendía la empresa: establecer relación directa entre costo de la TISH y el valor que debería tener.

Marchetti sostuvo en el expediente que el peritaje “validó las conclusiones del informe del ITBA”. El abogado de Ternium se animó citar el caso “Esso Petrolera Argentina S.R.L. y otro c/Municipalidad de Quilmes s/acción contencioso administrativa”, en el que la Corte Suprema de la Nación falló en contra de la petrolera Esso/Axion Energy y a favor del municipio de Quilmes. El abogado de Rocca citó parrafadas que sirvieron a su interés, aunque el fallo fue totalmente adverso a la pretensión empresarial. En el caso Axion Energy contra Quilmes, la Corte convalidó la facultad del municipio de cobrar una tasa por inspección de seguridad e higiene, reafirmando el criterio de reconocer su autonomía municipal. Pero también expresó en ese fallo –a lo que apeló Marchetti– que las tasas retributivas no pueden cuantificarse “en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas que afronta el municipio para organizar y poner a disposición el servicio”.

A ese escrito de Marchetti citando el caso Esso le faltó una contundente respuesta del subsecretario legal y técnico municipal, José Luis Torriani, quien desembarcó en el área con el gobierno de Cambiemos que dirige el intendente PRO Gustavo Perié desde el 10 de diciembre de 2019. Inmediatamente fue nombrado como empleado de planta municipal en el área legal, al mismo tiempo que el Intendente despotricaba en medios locales por la cantidad de empleados que había dejado el peronismo. “Nos encontramos con sectores donde hay más empleados que escritorios o lugar para trabajar”, decía Perié, transcurridos los primeros días de su gobierno. “Hay un montón de empleados en planta temporaria que hace muchos años que están esperando esa oportunidad y no la tuvieron y, sin embargo, si la tuvo la planta política de la gestión anterior que hoy están en planta permanente, eso es lo que vamos a revisar”, sostuvo y mentía al expresar: “Me parecen cuestiones políticas que tenemos que eliminar y somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Por eso entramos reduciendo nuestra planta política o completándola con personal del municipio”. Ya se había encargado de dar el ejemplo nombrando en planta permanente al asesor letrado.

 

 

 

El asesor legal y técnico no respondió al escrito de Marchetti dando cuenta de lo expresado en la audiencia que la Corte Suprema de Justicia llevó adelante en 2019. Pudo haber citado a Jorge Macri en la defensa del cobro de la TISH.  El ex intendente del partido de Vicente López y actual ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue muy claro en esa audiencia al señalar que “limitar la tasa al fenómeno de la inspección es una mirada malintencionada y muy segmentada y limitada”.

Si bien el abogado del municipio se encargó de señalar en el expediente el impacto ambiental y la peligrosidad que genera la empresa de Rocca, pudo haber citado también las expresiones que tuvieron diversos actores políticos durante esa audiencia pública que convocó la Corte. Tal es el caso del testimonio del propio Jorge Macri, para introducir en el debate judicial que no puede solamente pensarse en una relación directa –como pretende la empresa– de prestación de servicio y costo. Hay otros factores fundamentales para tener en cuenta. Torriani aludió a la cara no bondadosa de la empresa en el expediente al señalar que el 20 de diciembre de 2019 se produjo un derrame de subproducto de carbón de coque proveniente del desagüe 2 de la empresa, con intervención de las autoridades competentes, dado el grave daño ambiental. El 10 de febrero de 2020, en la obra de Chimenea 4 del área de Coquería, se vieron afectados seis empleados de nacionalidad española de la empresa Dominion, todos técnicos especializados que fueron trasladados con politraumatismos, y cuatro con fracturas de los miembros inferiores. El 5 de agosto de 2021, se produjo una explosión del Convertidor 1, producto de un desperfecto en una lanza de oxígeno que perdía agua de refrigeración.

El contador Roberto Feletti, en representación de la Federación Argentina de Municipios (FAM), expuso en la audiencia ante la Corte que “cualquier golpe a las finanzas municipales hoy está lesionando el piso de ciudadanía en la Argentina”. También se refirió a que se debe preservar la autonomía de los municipios y a lo que calificó de “entorno amigable”, en referencia a todo lo que el Estado municipal construye, como la preservación del entorno urbano para que las empresas desarrollen su actividad. “Eso es costoso, y sería muy inequitativo si no se sostuviera conforme a la capacidad contributiva”. Es un dato que no debería soslayar la jueza de la causa para salir de la mirada sesgada empresarial respecto al costo directo de la TISH, que no es lo único a evaluar.

Ni la jueza, ni el abogado de la empresa, ni el abogado del municipio decidieron hablar de una causa que tiene un interés público de gran impacto para el distrito de Ramallo y que también puede marcar un antes y un después para cualquier autonomía municipal, de acuerdo a la decisión que adopte el Poder Judicial. La jueza se limitó a expresar que estaba para su resolución la medida cautelar. “En tanto se encuentra el expediente en condiciones de resolver no es posible que yo efectúe ninguna consideración al respecto”, se excusó Marchetti. Ante la pregunta de cuánto podría tardar esa resolución, el abogado de Ternium dijo que “debería salir en el mes de octubre, pero depende de la cantidad de trabajo del juzgado”. “El proceso está pendiente de resolución de una cautelar solicitada por la empresa actora, por lo tanto, con todo respeto, no voy a emitir opinión”, respondió el subsecretario legal y técnico del municipio, José Luis Torriani.

 

 

 

Loas al poder real

Que la objeción de la empresa a la cuantía de la TISH esté sujeta a la interpretación judicial ya es un peligro. El Poder Judicial es el más degradado de los poderes y cuesta creer que en la zona no se encuentre cooptado por el poder empresarial que tiene Rocca. Con el anterior gobierno municipal peronista había comenzado –tardíamente– a instalarse la preocupación por lo que podría significar un fallo adverso que limitara la autonomía municipal. Esa inquietud se abandonó ni bien asumió la gestión cambiemita de Gustavo Perié, quien expresó públicamente que estaba buscando destrabar ese juicio.

Pero lo que vino fue un mayor beneficio para la empresa, como contamos en diversas oportunidades en El Cohete. Y el juicio continuó. Gustavo Perié elogió todas las veces que pudo a la empresa por sus donaciones para educación y salud. La política local y zonal ha actuado –y actúa– en forma sumisa. Rinde sus loas a Rocca. Los medios comerciales locales y de la región buscan acostarse al calor de su pauta. La mayoría de los periodistas de la zona, los comunicadores de esos medios, asisten gustosos al encuentro por el Día del Periodista y se llevan regalitos de la empresa, que los hace posar para la foto para que quede claro a quién deben respetar con su palabra escrita, oral o televisiva.

 

 

 

Periodistas y comunicadores luego reproducen en sus medios el mensaje empresarial, lo incorporan a su línea editorial y multiplican esas palabras que hacen suyas. Un medio local informó que en ese agasajo por el Día del Periodista, el presidente ejecutivo de Ternium, Martín Berardi, realizó un informe de coyuntura sobre perspectivas en el mundo y en el país. En el mensaje a los presentes, el ingeniero “alertó por problemas en la cadena de suministro e inflación como consecuencia de la emisión”. Eso es lo que se repite en los medios locales y zonales. Lejos está que los comunicadores de la zona se planteen que la propia empresa de Rocca, Ternium-Siderar, es causante de inflación. Nada se dice respecto a que fijan el precio de la chapa con la que se fabrican heladeras, cocinas, etc. en forma monopólica, y que de esa manera contribuyen a la inflación reinante. No entra en el análisis porque repiten el verso de Berardi.

 

 

 

Un abogado a medida

El grupo Techint fue fundado en Italia por Agostino Rocca, quien había revistado en las filas del fascismo italiano como funcionario de Benito Mussolini. Pasada la Segunda Guerra Mundial, vino a la Argentina. Su responsabilidad durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial la podemos observar en el caso de Dálmine Siderca, propiedad del grupo, que se estableció en la localidad bonaerense de Campana en 1954. Como describió la historiadora e investigadora Victoria Basualdo, durante el terrorismo de Estado, “la presencia de personal del Ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas ‘marcadas’, la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores, que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas, y la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica”, prueban el interés colaborativo de la empresa para la desaparición de trabajadores.

Enrique Ingegnieros fue secuestrado del interior de la fábrica Dalmine-Siderca en 1977 y no se supo nada más de él. En 2008, su hija inició una demanda contra la empresa en el fuero laboral. Once años después, en mayo de 2019 –como describieron Pablo Peláez y Alejandro Jasinski en El Cohete, la Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría que el paso del tiempo extinguió la posibilidad de evaluar si la empresa debía reparar el daño. Esa misma Corte degradada es la que tiene entre sus manos una causa que no resuelve desde 2017, que es el recurso de queja que presentó el fiscal general Javier de Luca para que se investigue la responsabilidad civil de Juan Carlos Marchetti cuando se desempeñó como juez de menores de San Nicolás durante la última dictadura cívico- militar.

Marchetti privó a Manuel Gonçalves Granada de su verdadera identidad. Manuel es hijo de Gastón Roberto Gonçalves, detenido y desaparecido en Zárate en marzo de 1976, causa por la que fue condenado Luis Abelardo Patti. Su madre, Ana María del Carmen Granada, huyó a San Nicolás tras el secuestro de su compañero y se alojó en la vivienda de la familia Amestoy, donde cambió su nombre al de María Cristina Loza. El apellido de Manuel –que tenía seis meses– pasó a ser Valdez para resguardarlo de la persecución y de la muerte.

El 19 de noviembre de 1976 se produjo el ataque a esa vivienda de la calle Juan B. Justo 676. Un operativo conjunto del Ejército y de las policías bonaerense y federal culminó en el asesinato de María del Carmen y del matrimonio de Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto con sus dos hijos, Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. Manuel fue hallado con vida dentro de un ropero y trasladado al hospital de San Nicolás. Como juez de menores actuó Juan Carlos Marchetti, quien no se encargó de buscar a la familia biológica de ese niño. No publicó edictos ni fotos para dar con familiares porque su propósito era otro: en febrero de 1977 concedió la guarda provisoria a la pareja conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, íntimos amigos del marido de su prima.

Por eso tampoco le interesó publicar la fotografía de Ana María del Carmen Granada, quien fue encontrada en el domicilio, para difundir en la prensa y ubicar a sus familiares. Tampoco le interesó a Marchetti ponerse en contacto con familiares del matrimonio Amestoy-Fettolini que fueron citados desde la provincia de Entre Ríos para identificar los cuerpos. De haberse reunido, hubiese podido establecer algún vínculo para dar con la familia biológica del niño que sobrevivió.

Aún peor, Marchetti ignoró el reclamo ante su juzgado de las Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, como en principio se bautizaron colectivamente las mujeres que buscaban a sus nietos y que luego pasaron a conformar lo que es hoy la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. A partir del mes de junio de 1978, cuando todavía estaba a cargo del tribunal de menores de San Nicolás, Marchetti tuvo conocimiento del grupo de mujeres que buscaba a sus nietos desaparecidos, sin embargo, no informó a ningún organismo que en 1977 había dado en guarda judicial, con fines de adopción, a un niño sobreviviente de los entonces llamados “operativos antisubversivos”.

En el expediente donde se investigó su oscuro proceder, se acreditó que en 1978 se presentaron desde Abuelas ante el entonces juez de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás. Las declaraciones testimoniales de la fundadora de Abuelas, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y de su actual Presidenta, Estela Barnes de Carlotto, así lo evidenciaron. Luego realizaron similares presentaciones ante el mismo juzgado en los meses de abril y octubre de 1980.

Hay otras irregularidades que también dan cuenta de la responsabilidad de Marchetti como juez:

• La entrega de la guarda provisoria del menor a la pareja que formaban Novoa y Rodríguez, que eran íntimos amigos del marido de su prima, Eduardo Larrañaga, estaba prohibida por la ley nacional 10.903, vigente al momento de los hechos. Su artículo 6° establecía que “los jueces no podrán proveer la tutela (…) en amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del cuarto grado”. Irregularidad no menor, cuando ese fue uno de los argumentos del tribunal de Lomas de Zamora para anular la adopción realizada por el matrimonio Novoa.
• Tampoco Novoa y Rodríguez estaban legalmente casados al momento de solicitar la guarda, lo que a esa fecha era requisito para ser guardadores con fines de adopción.
• Faltaron informes posteriores a la entrega en guarda del menor. Marchetti no requirió informe alguno relativo a las condiciones en las que se desarrollaba la guarda, lo cual recién fue ordenado tres años más tarde, cuando Dionisio Irurtia se hizo cargo del tribunal de Menores.

Las pruebas alcanzan y sobran para que Marchetti, junto a los demás intervinientes en este caso de guarda y adopción, puedan ser llamados a indagatoria, si realmente el Poder Judicial no estuviera desvirtuado y degradado como está. En un acto en defensa de la por entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, realizado en San Nicolás el 26 de agosto de 2017, Manuel Gonçalves Granada, prosecretario de Abuelas de Plaza de Mayo –con una capacidad oral encomiable y paz única–, transmitió parte de su historia y sostuvo que Marchetti “no hizo nada para devolverme a mi familia”. Manuel contó que eso significó que “pierda mi identidad por veinte años” y que eso le hizo sentir que tanto jueces como fiscales estaban lejos de representar justicia.

 

 

 

Como dijo Cristina, el Poder Judicial apesta. Y la actitud del grupo transnacional que comanda Paolo Rocca apesta de igual manera cuando, luego de haberse quedado con la ex SOMISA por chauchas y palitos, pretende con una medida judicial generar un impacto económico negativo en todo el partido de Ramallo, solamente comparable con el impacto ambiental que también produce en la zona.

 

 

 

 

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