Ilegalidades cometidas en nombre de la ley

 

Decir que Federico Delgado es una rara avis en la justicia federal es ya, a esta altura un cliché. Habrá que decir entonces que es una rara avis que escribe libros de divulgación. Acaba de publicar República de la Impunidad (Ariel), en el que se mete con algunos de los casos más sensibles de los últimos tiempos y analiza los patrones de comportamiento en los que se mueve el sistema judicial argentino.

Desde su casa y con una biblioteca de fondo, el fiscal federal Delgado dialogó con El Cohete sobre los retos que debería enfrentar una reforma de la justicia.

—Usted habla de la impunidad como una forma de construcción del poder. Lo que solemos ver es la dificultad de juzgar casos que involucran al poder -- aunque cambien las administraciones.

Me parece que es un elemento del funcionamiento del sistema, que debe ser pensado de manera impersonal. Por eso esa noción de corporativismo anárquico de Guillermo O’Donnell en cuanto al movimiento de facciones, que cuando toman el poder y de hecho el Estado para sus intereses, lo hacen con la ley o contra la ley, como sea. Después cuando otra corporación la reemplaza (otra corporación en sentido de intereses coagulados), lo que cambia es el direccionamiento de las políticas pública. Pero lo que no se modifica nunca es el formato. Pasan los gobiernos, las causas se estiran y eso me parece que, salvo en el acto electoral, que es el único mecanismo de rendición de cuentas que funciona, los demás están obturados o no funcionan en toda su plenitud. Es una lógica que trasciende a las personas. Hay un tercer factor que es la inmensa mayoría que nunca entra en esa rotación. Por eso tolera la impunidad y a veces tiene un beneficio distributivo. La economía crece y tenés prestaciones materiales y tu vida mejora. En términos económicos, tenés posibilidad de consumir más, de viajar, de comprar un auto. En otro momento una casa, pero en realidad siempre están como fuera.

—¿Y esto cómo se replica dentro del Poder Judicial?

A mí me parece que eso sucede en las claudicaciones, las claudicaciones de los abogados, las políticas de los empleados judiciales, de los funcionarios judiciales y la claudicación de los periodistas y de todos los que sabíamos un montón de cosas pero somos impotentes frente a esa realidad. No es que seas una mala persona, ni inmoral, sino que funciona así: con pequeñas tolerancias.

—De otra forma involucraría patear el tablero.

Además, nadie es suicida y el comportamiento heroico es excepcional y, en términos políticos, una locura. Entonces hay pequeños incentivos para que funcionen como mecanismos de autocensura y autodisciplinamiento. Esa ausencia de mediaciones o de instituciones débiles que no cuidan a la institución y que están solamente depositadas en la capacidad moral de la persona, también funcionan como incentivos, que son un pequeño grano de arena que llenan la playa. Hay una lógica de construcción social de impunidad, que a veces tiene mensajes diferentes, tiene momentos que parece que va a haber justicia. Es un momento de los mensajes que destila el sistema, pero que después del propio sistema se encarga de amortiguarlo con el olvido o con las formas, o con las sanciones procesales, o la nulidad no llegará dentro de diez años.

—¿Y qué efectos tiene eso?

Lo que pasa que en el medio está esa historia del trabajo de los jueces o del sistema con la vergüenza, con la humillación, la destrucción de la persona, porque a lo mejor tu único capital era tu buen nombre honor que servía para ser un dirigente social, para ser un candidato político o lo que fuere. Entonces también la impunidad permite como lógica que la justicia haga estos trabajos que no figuran en la Constitución: los juicios paralelos, el juez rockstar, la articulación de allanamientos en horarios centrales de noticiero.

—Pero cuando algo es tan sistémico, ¿alcanza una reforma de la Justicia? Porque usted terminaba el libro con cierta esperanza ante los anuncios del Presidente.

Me parece que el diagnóstico de Alberto Fernández es correcto. Tiene un discurso que, como dicen algunos, trasciende la grieta. ¿Por qué? Porque obviamente dice lo que dice la Constitución: un sistema judicial autónomo, creíble, honesto. Ahora, me parece que eso no alcanza con una reforma legal. Un vicio que tiene la Argentina es que históricamente las políticas públicas están en manos de los abogados solamente y rara vez intervienen los politólogos, los sociólogos. Ninguna ingeniería legal funciona sin una comunidad que siente que pertenece, sin un lazo con la ley, con nuestras costumbres y nuestros hábitos. Si la reforma judicial respeta los parámetros que dijo el Presidente, es un paso adelante. No alcanza salvo (yo no conozco los proyectos de ley) que se contemple el diseño del empleado judicial modelo: un juez tipo y un fiscal tipo. Ahí ya habría un trabajo para las designaciones, y habría que trabajar la cuestión de la discrecionalidad en las nominaciones de jueces y de fiscales y sacar de los concursos lo que permite que se cuele el amiguismo. Ahí, entonces, habría que volver a Max Weber y recuperar la vocación por el servicio público.

—Hay cierta tendencia de jueces y fiscales a acomodarse a los tiempos, pero, al mismo tiempo usted señala en el libro, que podemos predecir cómo va a terminar una causa según el juzgado en el que caiga. ¿No es contradictorio?

A mí me parece que eso tiene que ver con la debilidad de la propia institución. Las condiciones con las que las personas llegamos a los cargos, los intereses que tiene, los proyectos de vida que tiene cualquier otro y las propias reglas de juego informalmente existentes y realmente existente han desembocado en que algunos sectores de la justicia construyan alianzas contextuales o contingentes con poderes con los que no deberían tener alianzas, sino diálogo institucional, pero nunca alianzas por objetivos. Me parece que una de las grandes tragedias que tiene nuestro sistema de administración de justicia es que hay como una especie de nomenclador donde al menos los jueces y fiscales federales tienen como una especie de marca en su subjetividad que los ubica en alguna de las de las coaliciones que están siempre pujando por ocupar los roles de gobierno.

—¿Qué significó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman para la Justicia?

El caso Nisman es el tema de replicar causas – así lo tomo en mi libro y cito al de Pablo Slonimsqui (Forum Shopping). Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Te puede gustar menos, pero es una decisión de un juez y habría un montón de instrumentos para atacarla. Pero, sin embargo, lo que en el centro se percibe es el movimiento donde se nota la articulación de la justicia con otros poderes -- como después se notó en D'Alessio. Se replica una causa sobre los mismos hechos y se utiliza la ley despojada de todo componente ético-moral, porque se la usa como una herramienta y casi como un acto de fuerza. Se presenta el mismo envase con otra envoltura y se dispara sobre el mismo hecho otra causa y, en ese caso, encuentra un lugar donde la rueda empieza a funcionar.

—¿No piensa también que el caso Nisman, con la marcha, transparentó también la politización de la Justicia?

Me parece que la marcha en sí misma fue como un elemento para coagular un montón de intereses que por ahí estaban en estado molecular, a punto de integrarse. Y el uso político del caso Nisman se transforma dentro de la justicia como una especie de elemento unificador de posiciones, que después empezó a trabajar con estrategias en conjunto y en otros expedientes, y que uno puede tranquilamente trazar o analizar la producción. No digo de todos los que fueron, porque mucha gente fue porque fue, pero del núcleo duro que organizó eso. Uno puede, por ejemplo, ver el trabajo del fiscal (Germán) Moldes en función de un antes y un después de la marcha. Así, como Justicia Legítima en su momento juntó a un montón de gente que creía que había que hacer algunas reformas institucionales necesarias, el caso Nisman sirvió también como una unificación. Pero lo que me parece que está mal a mí es que lo que debería unificar en la Justicia es la Constitución. Pienso que, cuando lo que te une como elemento de coagulación es una muerte, hay un desplazamiento desde la Constitución hacia otro tipo de intereses que de algún modo después nos permite comprender por qué el proceso de degradación se viene pronunciando cada vez más.

—Una de las novedades de los últimos años fue que las causas armadas y el abuso de las preventivas ya no se usan contra los pobres, sino también contra personas con recursos – como dirigentes políticos de primer nivel. ¿Cómo se produjo ese cambio?

No lo sé. La justicia extiende sus funciones, utiliza su imperio en alianza con sectores políticos, económicos, de inteligencia. Utiliza su capacidad de juzgar para hacer expedientes que parecen legales pero que no lo son. Un juez y un fiscal pueden hacer que un expediente aparezca formalmente legal, pero si yo, por ejemplo, al fiscal le permito que haga toda la prueba que quiere y al defensor no le permito que haga las pruebas que él quiere, es formalmente legal pero totalmente arbitrario. En realidad, es más un acto de violencia que un caso, porque es un proceso judicial edificado en donde una de las personas, la más débil, el imputado, no pudo dar sus razones y el Estado, a través de sus diversos órganos de acusación, pudo poner todas sus perspectivas de construcción del caso. Ése me parece que es el desplazamiento más grave que hizo la Justicia. Y, si esto lo linkeamos con los aspectos estos de los juicios paralelos, con la espectacularidad judicial y las prisiones preventivas, ahí está el gran motor de la impunidad. La Justicia se convirtió en un actor muy relevante en la vida pública, un rol que es los últimos 15 o 20 años que no existía y que ha puesto a la Justicia casi a la altura que un Poder Ejecutivo y casi desplazando al Parlamento, que es el lugar donde reside la soberanía popular. La posibilidad de aplicar la ley, pero cometer ilegalidades en nombre de la ley, es el principal elemento con que se construye socialmente la impunidad y en esa articulación, el peligro más grave.

—Usted habla del juez rockstar y podemos asociarlo con algún magistrado, ¿pero no es una lógica que trasciende?

El juez rockstar es un tipo ideal, así que podemos ver distintos ejemplos con distintas intensidades. Pero a mí me preocupa eso como modelo, porque el juez rockstar es el juez que utiliza el poder público para dictar sentencia, pero no para hacer justicia.

—¿Por qué dice que el caso D’Alessio deja en evidencia una hechura negociada de justicia?

Lo que yo quiero señalar es que el caso, de hecho, para mí lo que demuestra es la necesidad de tener una causa formalmente abierta, porque eso te habilita a intervenir en la arena pública de manera legítima e ir a los medios y opinar. Y que hay arreglos informales – por fuera de la causa y en contra de la ley – que después terminan coagulando de algún modo en el expediente, mientras que la justicia va validando con bastante mediocre eficacia jurídica esas razones que muchas veces son totalmente legales, parcialmente ilegales o al menos también arbitrarias. No tienen porqué ser ilegales, pueden ser arbitrarias, lo que está mal.

—En general, los medios se fascinan por las historias de los espías, pero eso no significa en que esas ilegalidades de los servicios de inteligencia terminen siendo castigadas.

Yo creo que hay algo muy bueno que hizo Cristina Caamaño. Es arrancar a cambiar por el principio, que era permitir que los agentes de inteligencia trabajen de policías. El lenguaje de los policías es el de la ley y son auxiliares de los jueces. El lenguaje de los servicios es el secreto. Están al margen de la ley o al borde de la ley por razones tienen que ver supuestamente con la seguridad del Estado. Entonces eso me parece que era el primer problema que había que solucionar. Hace falta un compromiso absoluto de la dirigencia política para permitir que la justicia los juzgue de la manera más razonablemente libre posible y tratar de ver cómo todos colaboramos o cómo conformamos este juego cooperativo para que tenga algún mensaje de justicia. Además, es muy difícil juzgar la actividad de personas que viven del secreto y están edificadas en base al secreto, cuando supuestamente el lenguaje del Estado es el lenguaje de la publicidad y de la ley. Juzgar eso con la luz de la ley requiere un compromiso moral de todos los actores, como pasó con muchos juicios de lesa, que no llegaron a las condenas que esperábamos o que pensábamos que moralmente mucha gente se merecía, pero que, al menos, iluminaron prácticas.

—Usted terminó investigado al intentar investigar a Gustavo Arribas. ¿Le sorprende lo que está saliendo a la luz?

Para nada. Lo que me extraña es que las cosas que muchos sabíamos tardaron tanto en salir a la luz.

 

 

 

 

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