ILEGAL Y BURLESCA
Críticas a la respuesta punitiva del gobernador Morales ante los femicidios en Jujuy
Ya pasaron varios días de las marchas y movilizaciones por los cuatro femicidios de septiembre en Jujuy. La del miércoles 30 quedará especialmente en la memoria colectiva de la provincia: miles de mujeres y disidencias, junto a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y abuelas, inundaron las calles de la capital de la provincia. Fue una marea violeta.
Ante el dolor, la bronca e indignación popular por lo sucedido, el gobernador Gerardo Morales firmó un decreto-acuerdo con la ilusión de que la lucha feminista terminara en esas marchas. El Decreto 1655/2020 denominado “Inaplicabilidad de indultos a femicidas y violencia de género” quita al Ejecutivo la facultad de conmutar o indultar penas en casos de violencia de género y femicidio. La norma, además, otorga a la Fiscalía de Estado y al Consejo de la Mujer la atribución de intervenir como órganos de control, elevar informes en casos de femicidios. Y en todos los casos serán los encargados de recomendar, establecer o determinar "contra el indulto".
Esta prerrogativa sancionada el 7 de octubre como respuesta a los últimos casos conocidos, en una provincia con la tasa de femicidio más alta del país, reforma en los hechos la Constitución de la Provincia que en su artículo 137, inciso 16, dotaba al Ejecutivo de esa facultad. Y se hace en un contexto de una provincia que jamás aplicó indulto en casos de femicidios.
“Guarden esta pieza jurídica porque es para contarla a las futuras generaciones", dijo un abogado local. "Es una innovación por su creatividad pero principalmente por su ilegalidad.”
En uno de sus puntos principales el Decreto también otorga mayores prerrogativas al Consejo de la Mujer. Según el artículo 3, “el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género en todos los casos de femicidios y de delitos en ocasión de violencia de género actuará como querellante natural. En tal sentido el Poder Judicial deberá correr traslado al Consejo para que en un plazo perentorio se constituya como querellante y proceda a su aceptación. El Consejo procederá siempre a pedir la aplicación de la pena máxima y oponerse a todo beneficio que se plantee en beneficio de los femicidas. Ello en el marco de la ley nacional 27.372”.
La figura del querellante natural es otra de las invenciones de Morales: hasta ahora no tenía antecedentes en el derecho comparado. El mandatario había solicitado que la legislatura ratificara la normativa pero no pudo porque la Casa de Piedra, como se llama la sede del Poder Legislativo, tuvo que abrir sus puertas para que decenas de colectivos feministas y movimientos de mujeres expusieran sus ideas y aportes para sancionar en un futuro inmediato la ley de emergencia en violencia de género en todo el ámbito provincial. Las exposiciones de más de 50 organizaciones de mujeres se llevaron a cabo el jueves y viernes.
A las apuradas
Sobre el decreto, Luis Paz, abogado del foro local y de Milagro Sala, opinó que con el decreto Morales no sólo reforma la Constitución provincial si no también el Código Procesal Penal. Además se autolimita en el tema indultos cuando ningún femicida fue indultado en el país.
“Desde la jura como gobernador de la provincia del contador Gerardo Morales, en diciembre de 2015, la violación a la Carta Magna fue una constante", dijo. "El poder político que los votos le dieron los usó manu militari. Ahora bien, estamos asistiendo nuevamente a otro intento de reforma, pero esta vez por una falta de respuestas políticas, de programas y financiamiento específico al reclamo de años de los colectivos feministas. Las mujeres y las diversidades de Jujuy le dijeron basta. La Constitución de Jujuy es del año 1986. Es decir, es claro que necesitamos una reforma. Salir de la pandemia requiere el diseño de un nuevo Estado. La pobreza y la deuda de Jujuy nos obligan a pensar que no podemos darles más a los gobernantes una herramienta para tomar deudas sin control y sin responsabilidad personal. Reformar la Constitución es necesario e inevitable. Y esa tarea ya no alcanza sólo con los legisladores”, reflexionó Paz.
Otro hombre del derecho local, Juan Giusti, afirmó a El Cohete a la Luna que Morales elaboró el decreto “a las apuradas” frente a los cuatro femicidios ocurridos en un mes (Cesia, Iara, Roxana y Gabriela). “A los fines de mostrar algo para calmar a la opinión pública, no tuvo mejor idea que sacar un decreto que es inconstitucional por donde se lo mire”, destacó. La decisión “muestra a un Morales desesperado, haciendo acting de una buena medida pero que en definitiva termina siendo mala ya que el problema de los decretos inconstitucionales es que generan más conflictos jurídicos que soluciones”.
“Para poder entender la gravedad de los hechos hay que tener en claro estas premisas: la Constitución Nacional dispone que legislar en materia penal es competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional, según el artículo 75 inciso 12. Es decir que es materia delegada. El decreto suscripto por Morales y todo su gabinete es nulo de nulidad absoluta y ningún juez lo debería aplicar”, advirtió.
Entonces, ¿por qué lo hace? “Porque no tiene ideas —consideró Giusti—. Se quedó sin conducción e, insisto, está desesperado. Un decreto inconstitucional no soluciona el problema que estamos viviendo”. “No queremos que los femicidas salgan libres y es necesario que cada ciudadano cumpla con la pena impuesta, pero tampoco se puede aprovechar el dolor que tenemos los jujeños porque están matando a nuestras mujeres para sacar este tipo de medidas que no son efectivas”.
En la sesión de la Cámara Baja del miércoles, en tanto, la diputada nacional Carolina Moisés planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Morales porque “ha emitido un decreto que vulnera lo establecido en la Constitución provincial y nacional, se arroga facultades para modificar el Código Penal que son exclusivas de este Congreso y modifica artículos del Código Penal de la Nación”.
Moisés también fustigó la reciente sanción de la ley provincial 6185 por la cual se creó un Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad. “Lo único que hace es multiplicar facultades del Consejo Provincial de la Mujer, que debiera actuar como coordinador entre todas las áreas que tienen facultades para poder prevenir y buscar a mujeres desaparecidas”, remarcó. Esa ley sólo fue votada por el interbloque de Juntos por el Cambio en la provincia.
La diputada del Frente de Todos expresó que con su alocución intentaba interpretar el sentir “de las familias de esas cuatro jóvenes jujeñas y de tantas mujeres que mueren todos los días, pero en el caso de Jujuy con toda una sociedad conmocionada, dolida, asustada, pero por sobre todo enojada por la falta de respuestas o por la respuesta burlesca, como si todos fuéramos ignorantes de las leyes y de lo que se establece”.
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