Il Sottogoverno

 

Esta nota adquiere actualidad a la luz del chat intercambiado entre los jueces y fiscales que visitaron las tierras de Joe Lewis que rodean el Lago Escondido. Si alguien abrigaba alguna duda sobre la existencia de una logia secreta conformada por integrantes del Poder Judicial que se conformó durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a los opositores políticos, deberá ahora aceptar que las pruebas son contundentes. No son hechos aislados. El video de la “Gestapo Sindical” había mostrado el activismo de la AFI de Gustavo Arribas en la promoción de causas contra líderes sindicales. Las investigaciones judiciales sobre la “mesa judicial” que operaba para desplazar jueces enemigos y promocionar a los amigos, es otro elemento que se debe tener presente. El conjunto de estos hechos demuestra acabadamente que durante el gobierno de Mauricio Macri funcionó una verdadera estructura ilegal paralela por debajo del Estado dirigida a hostigar a los opositores políticos y en especial a Cristina Fernández de Kirchner. Todas las observaciones de Norberto Bobbio sobre el sottogoverno en la Italia de los 70, ofrecen las claves para entender el tremendo daño institucional inferida por Macri a la democracia argentina.

 

El filósofo, jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio ha sido el autor que mayor atención ha prestado al fenómeno de los poderes invisibles en las democracias modernas. Un opúsculo titulado Democracia y secreto (Fondo de Cultura Económica, 2013) reunió una serie de notas periodísticas en las que el filósofo abordó el uso del espionaje por parte de los servicios secretos de los gobiernos democráticos. Bobbio reconocía que su interés en el tema estaba influido por lo sucedido en Italia, donde la presencia de ciertos poderes invisibles (mafia, logias masónicas y servicios secretos incontrolados) había formado parte del paisaje habitual. En ese breve ensayo sostiene que la democracia es idealmente el gobierno de un poder visible, mediante actos que se realizan bajo la supervisión de la opinión pública. Justamente la palabra “república” deviene del latín res publica (la cosa pública). Sin embargo, en ocasiones, por debajo del poder visible se vislumbra un gobierno que opera en las sombras, un sottogoverno que actúa en la oscuridad más perfecta. Ese poder invisible se forma y organiza para obtener beneficios ilícitos o recabar ventajas en la competencia electoral entre los partidos. Como se apoya en la estructura legal del Estado para alcanzar sus propósitos, no resulta sencillo separar las actividades legales de las ilegales, fenómeno del que se valen algunos gobiernos para utilizar los denominados servicios secretos en su propio beneficio.

La Ley de Inteligencia Nacional 25.520, dictada en 2001, quiso acabar con la arcaica idea que basaba la actividad de los servicios secretos en el espionaje y vinculó la inteligencia con la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la nación. Prohibió expresamente a los organismos de inteligencia realizar investigación criminal, obtener información o almacenar datos sobre personas por cualquier motivo o influir de cualquier modo en la situación política del país o en la vida interna de los partidos políticos. Y estableció una pena de tres a diez años de prisión para todo funcionario o empleado público que realice las acciones de inteligencia prohibidas por esa ley. Todos estos recaudos no han impedido que, como lo evidencian innumerables pruebas que obran en varios expedientes judiciales, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizara una profusa labor de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

La Gestapo de Macri

La existencia de un sistema de espionaje utilizado discrecionalmente por el gobierno de Macri ha sido reconocida abiertamente en diversos artículos publicados en medios del establishment. Por ejemplo, en un editorial del 22 de enero de 2017 –es decir, unos pocos meses antes del uso de la palabra Gestapo que hiciera en una reunión el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal– La Nación usó ese término para caracterizar el emprendimiento de Macri. Según esa nota, los servicios de espionaje en la Argentina, más que proveer al Presidente de información para garantizar la seguridad, han servido para la persecución de dirigentes políticos, magistrados, periodistas, empresarios o líderes religiosos en “una función más parecida a la de una Gestapo que a la de un organismo de inteligencia”. El editorial añade que “la injerencia de la AFI en la Justicia federal, lejos de suprimirse, se mantuvo y se hizo más explícita. La subdirectora (Silvia) Majdalani incorporó para esa tarea a un fiscal federal, Eduardo Miragaya. Una de las maniobras más escandalosas que surgió de esa usina es la acusación al juez Sebastián Casanello de haber participado de reuniones con Cristina Kirchner y Lázaro Báez en Olivos, por la cual ahora están siendo enjuiciados algunos empleados de la administración por falso testimonio”. De modo que luego de tantas disputas nominalistas sobre el uso de la palabra lawfare, tenemos una palabra que impensadamente ha traspasado la grieta. No es un término inadecuado porque –con independencia de que no estamos ante fenómenos históricos comparables– lo cierto es que Gestapo, literalmente, es una contracción de Geheime Staatspolizei (Policía Secreta del Estado).

En una nota publicada en abril de 2017 bajo el significativo título de “El pestilente círculo negro del espionaje”, Carlos Pagni denunció a “este círculo de personas instaladas en las entrañas del poder que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar fuera de cualquier marco legal”. La posición de Pagni en relación con el espionaje dio lugar a una burda operación diseñada por la AFI y protagonizada por Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, donde intentaron relacionar al periodista con una red de pederastia. La nota sobre el “pestilente círculo negro” motivó que el presidente Macri invitara a Julio Saguier, presidente de La Nación S.A., y a Carlos Pagni a mantener una reunión con Gustavo Arribas para ponerlo al tanto de los datos que justificaban el artículo. Luego de la reunión, Arribas hizo una estrambótica auto-denuncia que, como era de esperar, no tuvo ningún efecto. No obstante, las operaciones de espionaje ilegal continuaron y se hicieron más habituales –como lo prueban las evidencias obrantes en los procesos judiciales abiertos–, lo que demuestra que existió una voluntad política de avalarlas.

En el capítulo 10 del ensayo La raíz de todos los males (Planeta, 2018), Hugo Alconada Mon relata los métodos operativos de los servicios de informaciones del Estado. Señala, por ejemplo, el armado de investigaciones falsas para ordenar las intercepciones de las comunicaciones telefónicas. “Por eso se destituyó a dos jueces en Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, dentro de la investigación por escuchas ilegales que incluyó el procesamiento del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sobreseído cuando ya era Presidente, de la mano del operador Javier Fernández”. Añade que “tampoco resultan tranquilizadores los motivos que esgrimió el presidente Mauricio Macri para nombrar a Gustavo Arribas al frente de la AFI: “Yo pensé, de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esa cosa de las trampas?”. Añade que, según Roberto Digón, el veterano dirigente del club Boca Juniors que trabajó con Macri, el ex Presidente y su “Señor Cinco”, son íntimos amigos. “Hicieron muchos negocios juntos. No tengo dudas de que Arribas era un testaferro de Macri”.

El periodista recuerda que Macri dispuso con el decreto 656 / 2016 que todo el presupuesto de la AFI volviera a quedar en las sombras. Es decir, más de 6.000 millones de pesos, una inmensa caja negra para todo servicio. En el libro aparece también una frase enigmática de la que se habló mucho recientemente: “¿Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva en la que funcionarios bonaerenses y de la Municipalidad de La Plata, empresarios, representantes de colegios profesionales y dos agentes de la AFI debatieron en una oficina del Banco Provincia antes de que se desatara la ofensiva contra el Pata?”. Alconada Mon también fue objeto de espionaje por agentes de la AFI debido a que el 11 de enero de 2017 había publicado una nota en La Nación en la que informó que Gustavo Arribas había recibido cinco transferencias por importe de 595.000 dólares del cambista brasileño Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el Lava Jato. La nota dio lugar a un proceso penal en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, que en un tiempo récord dispuso el sobreseimiento de Arribas en base a un informe de la UFI de Macri que negaba la existencia de las transferencias.

 

  

 

Casación en offside

A la luz de estos antecedentes y de las abrumadoras evidencias reunidas en la investigación llevada a cabo por el juzgado federal de Lomas de Zamora, resulta inaudita la resolución de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del ex director general de la AFI Gustavo Arribas y de otros altos funcionarios de la agencia. Dado que cualquier crítica a una sentencia debe ser respaldada por un análisis que ponga de manifiesto las contradicciones en que incurren los jueces, abordaremos a continuación esa labor. Lo primero que llama la atención en este asunto es la plasticidad de los tribunales de Comodoro Py para sostener una tesis y al mismo tiempo la contraria. Obsérvese que las causas por espionaje ilegal abiertas en los juzgados federales de Dolores y de Lomas de Zamora se traspasaron a Comodoro Py en base a un fallo de la Cámara de Casación Penal –con el voto de Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma– basado en el argumento de que los principales hechos investigados ocurrieron o fueron ordenados desde la oficina central de la AFI situada en la CABA. Es decir que este argumento es contradictorio con el sostenido luego por los integrantes de la Cámara Federal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi cuando sostienen que las acciones de espionaje no estaban centralizadas y obedecían a libres iniciativas de los espías. La contradicción de Comodoro Py es lógica pero no política, dado que todo resulta coherente con el objetivo político de estos jueces de poner a salvo al responsable político de sus nombramientos.

En la resolución de la Cámara Federal,  Llorens y Bertuzzi reconocen y describen los innumerables episodios de seguimiento y espionaje ilegal que afectaron a más de ochenta personas y entidades, entre las que se encuentran la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el entonces presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz; el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su colaborador Diego Santilli; la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó; los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon y la hermana menor de Macri, Florencia, y su pareja Salvatore Pica. En esta profusa labor de espionaje se verifica la participación de al menos unos 40 funcionarios adscriptos a la AFI, quienes destinaron la mayor parte de su tiempo a llevar a cabo estos seguimientos. Todos dependían orgánicamente del Director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz; del Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y del Director de Asuntos Jurídicos, Sebastián De Stefano, quienes a su vez reportaban a Silvia Majdalani, Subdirectora General y, a través de ella, a Gustavo Arribas, Director General de la AFI.

Asimismo, las labores de instalación de sofisticados aparatos de escucha en el pabellón de presos del IRIC (programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad) de la cárcel de Ezeiza y en la Alcaldía de Melchor Romero –donde prepararon una celda destinada a Hugo y Pablo Moyano– fueron hechas por técnicos de la AFI y en base a acuerdos firmados entre Gustavo Arribas y Emiliano Blanco, Director del Servicio Penitenciario Federal. Se instalaron cámaras y micrófonos adquiridos por la AFI en distintos ambientes de la cárcel de Ezeiza, como celdas, oficinas administrativas y la sala de abogados, y la labor de recolección y análisis de las conversaciones de los detenidos en el pabellón especial insumió incontables horas de trabajo. Frente a este impresionante despliegue, resulta descabellada y absurda la idea de agentes que actuaban por cuenta propia, dado que fácilmente puede deducirse que el staff de la AFI dedicaba a estas actividades la mayor parte del tiempo de trabajo.

El argumento de los jueces Llorens y Bertuzzi para arribar a una conclusión que se da de bruces con los hechos probados se basa en la afirmación de que “más que a un único grupo cohesionado, con estructura y metas claras, la prueba acumulada hasta ahora nos enfrenta con una situación en la que primaba un desorden que era aprovechado para llevar adelante planes delictivos puntuales. Veremos así que algunos de los imputados realizaban las tareas investigadas en razón de órdenes de algún superior, motivaciones personales o pedidos de terceros ajenos a los organismos de inteligencia”. Afirman que “la prueba reunida hasta ahora no resulta suficiente para demostrar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”, negando así lo evidente. Insisten reiteradamente en el argumento de “descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, como si el simple hecho de llevar a cabo el espionaje ilegal –influya o no en la situación política del país– no bastara para configurar el tipo delictivo.

 

 

Los magistrados revocan el procesamiento de Arribas porque consideran que no hay pruebas directas de que “el imputado emitió órdenes concretas o formuló instrucciones o indicaciones verbales que dieran cuenta de la efectiva inserción del interés delictivo que se le indilgó”, pero el argumento es tan peregrino que debería llevar a dejar en libertad a los jefes de cualquier banda delictiva cuando no se prueba la existencia de órdenes escritas o grabadas dirigidas a sus secuaces. La mejor respuesta a este dislate jurídico la da el voto del camarista Eduardo Farah, quien llega a una conclusión opuesta y más lógica porque se hace las preguntas correctas: “En conclusión, la solución sobre la materialidad delictiva de las actividades desplegadas estará dada por la respuesta a tres preguntas: ¿por qué se reunió la información?, ¿para qué se obtuvo y usó la información? y ¿en qué contexto?”.

La lectura de la resolución de los jueces Llorens y Bertuzzi lleva a la convicción de que estamos ante una resolución arbitraria, dictada por razones ajenas a las jurídicas. Como señala Bobbio, la gravedad de lo que ha permanecido oculto sería aún mayor si una vez descubierto se intentara volver a ocultarlo. Añade que esto sucede cuando “los amigos y los amigos de los amigos se preparan para cerrar filas no en defensa de las instituciones democráticas, sino para defender su propio partido, su propio grupo, su propio clan”. Si de verdad se quiere defender las instituciones democráticas, añade Bobbio, el cierre de filas debiera hacerse alrededor de aquellos que nunca han sucumbido a la tentación de hundirse en el subsuelo: “Afortunadamente son muchos, pero necesitan armarse de valor y actuar consecuentemente”.

 

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