Iglesias y abuso sexual
La toma de consciencia y la lucha de las víctimas se manifiestan en condenas judiciales
Mientras el Papa anuncia medidas para que no se encubran más los abusos genitales, no todos sus obispos actúan en ese sentido y muchos sacerdotes enfrentan disposiciones internas o condenas judiciales contra sus inconductas.
En el último mes, sólo en la Argentina, dos sacerdotes fueron sentenciados a prisión por delitos sexuales: el 8 de octubre en San Juan, diez años para Walter Bustos, y el 24 de octubre en Salta, cuatro años a Fernando Páez, sindicado como “cómplice del obispo Zanchetta”, según el colectivo de víctimas Sobrevivientes Argentina, que destaca estas “sentencias reparadoras”.
Sobre Gustavo Zanchetta, hace una década Horacio Verbitsky relató su historial, que antes de su condena a prisión en 2022 por abuso, había sido obligado a renunciar a la diócesis de Quilmes, donde ahora hay otro acusado por delitos sexuales.
Se trata de Franco Alberto Lütens, de la parroquia Virgen María Madre del Pueblo, en Berazategui, quien tenía un blog donde ya en 2012 un lector le señalaba su condición de abusador:
Este presbítero está denunciado por tres víctimas identificadas en la causa 13/01/008731/24/00 investigada desde la Fiscalía 8 quilmeña a cargo de Bárbara Velazco, cuya carátula es “abuso sexual doblemente ultrajante, con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un ministro de culto”.
Lütens era reticente a someterse a las pericias ordenadas por la Fiscalía en septiembre. Su tiempo estaba ocupado en participar de conferencias sobre fobias en la infancia, en la Universidad Abierta Interamericana, y en concurrir al Hospital Borda en el marco de la cátedra de Psicopatología Psicoanalítica de la UAI, si bien en su Facebook, posteó haber estudiado en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana.
Desde Sobrevivientes Argentina alertaron sobre la posibilidad de que también haya incurrido en abusos entre 1980 y 1995, cuando estuvo en Asunción de Paraguay.
Esta semana, la diócesis debió responder a varios periodistas con un comunicado: “Ante la constatación del inicio de la causa penal, el obispo Carlos Tissera apartó al sacerdote denunciado de todas las actividades pastorales. Además, dio inicio a la investigación en el ámbito eclesial, como recomendó el Papa Francisco a todas las conferencias episcopales del mundo. El padre obispo lamenta profundamente estos hechos, ofrece a este equipo diocesano para la recepción de denuncias y para acompañar a las posibles víctimas y sus familias, y se pone a disposición de la Justicia civil para colaborar”.
Similares argumentos se usaron en otro caso similar, durante marzo, cuando el obispo Adolfo Uriona, de Río Cuarto, Córdoba, expulsó al cura Ariel Príncipi, quien acumulaba denuncias desde 2021 y fue hallado autor de abuso de menores en los procesos canónicos de Córdoba y Buenos Aires, donde reside.
Los dos casos recientes
Walter Bustos había sido juzgado en 2023, cuando la Fiscalía solicitó nueve años de cárcel por “abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima y por ser un ministro de culto”. Sin embargo, el juez de Cámara lo castigó por un delito y lo absolvió por otro con una pena de un año y ocho meses de prisión condicional.
Luego de la absolución por el beneficio de la duda, el cura recibió una revocación: desde el Tribunal de Impugnación, una jueza sostuvo que aquel fallo beneficioso prescindía de prueba válida y de lógica interpretativa. A la vez, subrayó la rara conducta del párroco: “Bustos se muestra verborrágico, desordenado en su declaración, hablando de cuestiones que no tienen que ver con los hechos que se le imputan. En varios momentos rompe en llanto, pero luego continúa declarando como si nada. Se coloca en víctima; compara su situación con la sufrida por Jesucristo”.
El tribunal revocó la sentencia absolutoria y lo condenó por mayoría a diez años de prisión.
El cura Fernando Páez fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la Sala I del Tribunal de Tartagal, por abuso sexual doblemente agravado al tratarse de un ministro de culto reconocido y encargado de la educación, en perjuicio de un ex seminarista que denunció abusos sufridos entre 2015 y 2019. Su detención fue ordenada apenas culminada la audiencia.
De inmediato, el obispo de Orán, Luis Scozzina, comunicó: “Profunda consternación por la sentencia condenatoria del sacerdote Fernando Páez, y deseo manifestar mi sincero dolor por los acontecimientos. En nombre de la porción del pueblo de Dios que represento, pido perdón a todos los fieles a los que estos hechos hayan podido causar sufrimiento y escándalo, y reitero nuestro compromiso de colaborar con la Justicia”.
Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, Daniel Vera sostuvo que “la Iglesia estuvo detrás de la defensa del cura Páez”, con lo que coincidió el periodista Fernando Climent, para quien el abogado Aldo Hernández “fue pagado por el Vaticano”.
En Salta, otro cura sentenciado por abuso, Agustín Rosa Torino, tiene prisión domiciliaria. El obispo emérito Zanchetta está en un convento de Orán, según Vera.
En la limítrofe Catamarca, luego de una década de proceso, en abril fue condenado el cura José Renato Rasgido por unanimidad a 15 años de prisión, por cuatro hechos “de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravados –ambos– por ser ministro de culto reconocido”.
No obstante, gracias a su defensor Luciano Rojas, no fue a prisión hasta tanto la sentencia quedase firme, ni fue condenado por “corrupción de menores”, si bien abusó de un niño.
Un problema global
Estas condenas del mes pasado fueron contemporáneas a la visita a la Argentina del periodista Martin Baron, quien dirigía el diario Boston Globe, que investigó los innumerables abusos a manos de miembros de la arquidiócesis de su distrito, un trabajo difundido a comienzos de siglo, que Hollywood y el Oscar consagraron en el mundo y que aquí se estrenó con el título En primera plana.
Al momento del estreno, el Vaticano estaba a cargo de Jorge Bergoglio, cuyos compatriotas de la Conferencia Episcopal Argentina se adelantaron a cualquier reproche: elaboraron unas “líneas-guía de actuación ante denuncias de delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad o personas vulnerables”. Dos años después crearon el Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables para “asistir a las instancias eclesiásticas ante casos de abusos”, describió Sergio Rubin —biógrafo argentino del Papa—.
En una columna de la última semana, esa pluma tan comprensiva de todo lo que el pontífice necesita hacer saber escribió para el Grupo Clarín que la CEA debería estar a la cabeza de los lineamientos que baja Bergoglio, y no como hasta ahora, que no suministró ni una lista de sacerdotes denunciados o su situación eclesiástica, mientras que los últimos datos son de hace cinco años, cuando la prensa contabilizaba 63 denuncias, 17 con condena judicial, 22 con proceso judicial y 24 no judicializados. Tal estadística se complementa con lo compilado aquí.
Si esa lista fuera de acceso a la población, se dificultaría el acostumbrado relevo hacia otros destinos —como hicieron con Zanchetta—; lo que obligaría a urgir las expulsiones con más premura que los procesos jurídicos, luego de lo cual sobrevendría la reparación económica, algo a lo que muchos obispos temen, con razón.
Vil metal
En España, por caso, el gobierno aprobó en abril indemnizar a víctimas eclesiásticas de abuso sexual, por lo que consideran ampliar los plazos de prescripción de responsabilidad civil hasta 35 años. ¿Por qué no lo paga la Iglesia con sus propiedades, como en otros casos? Porque ha sucedido que decenas de ellas no han alcanzado a cubrir la enorme cantidad de ofensas.
Fuentes oficiales del gobierno español estiman que el 1,13% de los adultos de las iglesias son víctimas de abuso, lo que orilla el medio millón de personas.
En Los Angeles, California, la Archidiócesis acordó indemnizar a 1.353 víctimas de pederastia con 880 millones de dólares, lo que casi duplica lo pagado hace una década en pos de cerrar causas.
Allí, el arzobispo José Gómez teme que los desembolsos asfixien sus finanzas. Esto, a consecuencia de un cambio legislativo que declara imprescriptible el abuso infantil, tras lo cual cerca de 90 diócesis y parroquias debieron declararse en bancarrota para afrontar los juicios.
Informes
Hacia 2022, el Papa dispuso informes periódicos desde una nueva Comisión para la Tutela de Menores. A la vez, las resistencias provinieron no sólo de algunas conferencias episcopales, sino desde dentro del Vaticano, como admitió el segundo de tal comisión, Luis Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá.
En ese país afronta cargos penales Francisco de Roux, líder de los jesuitas colombianos, a quien se le reprocha no haber denunciado a un padre que le admitió haber abusado cuarenta años antes de ocho hermanitos. El caso se suma a las acusaciones contra casi 600 sacerdotes recabadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán en su libro El archivo secreto (2023).
En una entrevista con el diario El País evaluaron sobre las indemnizaciones: “Los anuncios del Vaticano siempre quedan en el papel. Mientras siga habiendo encubridores en los cargos de poder, jamás se va a erradicar la pederastia en la Iglesia católica. Si quieren hacer algo, deben entregar los archivos con las denuncias que reposan en un dicasterio de la curia romana”.
En Roma, cuando el informe de la Iglesia católica sobre el abuso sexual del clero fue presentado por el arzobispo emérito de Boston, Sean Patrick O’Malley, este 29 de octubre, se supo que, por ejemplo, en México, sólo el 20% de los obispos respondieron la solicitud de información del Vaticano, lo que fue interpretado como desinterés de ese clero en prevenir abusos.
Del otro lado de la frontera norte, en Texas, la mega iglesia Gateway Church —a la que Trump asistió para su campaña en 2020— destituyó a cuatro de sus ancianos tras una investigación interna sobre acusaciones de abuso contra su fundador, Robert Morris, quien admitió su “comportamiento sexual inapropiado” con una “joven” hace 40 años. Tras su renuncia al cargo, otros jerarcas de la Iglesia informaron hace una semana que había quienes sabían que la abusada tenía 12 años, mientras que otros conocían las acusaciones contra Morris.
Sadismo en Perú
Esta semana, el Papa debió expulsar al superior general Eduardo Regal, al arzobispo emérito José Antonio Eguren y a otros ocho miembros (incluido el periodista Alejandro Bermúdez) del Sodalicio de Vida Cristiana de Perú por abusos con sadismo, además de malos manejos de la administración de los bienes eclesiásticos.
Ya el mes anterior habían expulsado a Luis Figari, fundador de esa sociedad apostólica, por las denuncias de abusos sexuales de él y otros directivos, que los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz habían documentado en su libro Mitad monjes, mitad soldados (2015). Tarde pero seguro.
Aunque una Fiscalía inició investigaciones por abuso a menores, estas fueron archivadas hacia 2019. Figari permanece en Roma.
Las familias católicas no son las únicas víctimas potenciales de sus cultos. Esta semana comenzaron las audiencias judiciales por un caso de abuso en un espacio evangelista.
Alicia Chaile declaró que su hija de 14 años con discapacidad fue víctima de abusos reiterados por parte de un profesor dentro de la iglesia Vida Abundante, en San Miguel de Tucumán. Agregó que la Fiscalía intentó minimizar la situación, a pesar de que los informes médicos y la cámara Gesell confirman la declaración. Según la mamá, no apoyaron a la familia ni se comunicaron y el silencio de la iglesia evidencia un intento deliberado de proteger al abusador.
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