Humanismo o variable de ajuste

 

En materia de seguridad social, el daño más importante que nos dejará el neoliberalismo no será el perjuicio económico, ya que este, con uno o más aumentos en el monto de los beneficios, puede recuperarse en un tiempo razonable. El mayor problema que enfrentará el nuevo gobierno será recuperar la racionalidad perdida en aras de una convivencia social razonable, ya que en estos últimos años el discurso oficial intentó construir en el imaginario colectivo la falsa idea de que los sectores más vulnerables son responsables de las penurias a que el gobierno macrista, con sus decisiones y acciones, los condenó.

El neoliberalismo gobernante ha instalado en la sociedad un perverso discurso según el cual el mal de todos los males es el déficit fiscal, y como el gobierno kirchnerista fue muy generoso ampliando derechos y, consecuentemente, otorgando beneficios de la seguridad social, estas prestaciones generan más déficit. La solución es simple: esos beneficios, a los que despectivamente llaman “planes sociales”, deben ser reducidos no sólo en cantidad, sino también en el monto del haber de sus prestaciones.

El razonamiento sería más o menos el siguiente: como en la Argentina hay muchos beneficios sociales, estos “planes” son los culpables del déficit fiscal, por lo tanto, hay que ajustarlos y eliminarlos. Pero como no pudieron hacerlo por las protestas sociales, o porque eligieron la “estrategia gradualista para encarar reformas estructurales”, según lo han manifestado varias veces responsables del equipo de gobierno, para pagar esos beneficios hubo que tomar crédito externo con el objeto de equilibrar el déficit fiscal; pero luego, al agotarse la posibilidad de pedir crédito, no quedó otra salida que devaluar. Es importante resaltar que nadie explica por qué hasta 2015 ningún funcionario necesitó hablar de déficit fiscal ni tomar crédito, como así tampoco explicar cómo ocurrió ni a qué obedeció que, hasta ese momento, los beneficios le ganaran a la inflación mientras ahora pierden mes a mes.

En definitiva, para esta concepción que nos tratan de imponer, un viejo pobre, o un chico con hambre, no son personas a quien hay que ayudar, sino responsables de la deuda externa, del cierre de las PyMES, de la falta de ventas en los comercios, de las obras que no se hacen, del desarrollo congelado, de la inflación, de la inseguridad y hasta de los bajos salarios. Esto, que parece una exageración, si uno analiza lo que informan los medios dominantes o mira los debates televisivos, verá que ha surgido casi como un karma. En todos los paneles de opinión aparecen uno o varios economistas, y otros que querrían serlo, con las teorías más alocadas. Cuentan de a millones los “planes sociales”, para concluir que eso lo pagan 9,6 millones de trabajadores. Son tan locos que, entre los “vagos planeros” ubican a los empleados públicos, es decir, a ellos mismos que viven colgados de la teta del Estado, al Presidente, a los legisladores, a los jueces, a la copa de leche que se les da a los chicos en los colegios, a las asignaciones familiares que, curiosamente, cobran 4 de los 9,6 millones que trabajan, al seguro de desempleo que, como todo seguro, pagó el titular del beneficio y a las jubilaciones y pensiones.

Lo más ridículo que trascendió últimamente fue un trabajo de Roberto Cachanosky, uno de estos “sabios delirantes del neoliberalismo” —tan en boga en estos años— que logró sumar 19.123.232 planes sociales. Insólitamente, incluyó dentro de la categoría “planes sociales” a: los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales; la copa de leche que entregan en las escuelas de todo el país; las jubilaciones y pensiones; las asignaciones familiares, etc.; y redujo los empleados privados a 8.548.800, pero con la curiosidad que, para él, los monotributistas y los autónomos son empleo privado. ¡Qué delirio por favor, no creo que nadie le pida tanto!

El anteriormente descripto es un caso extremo, pero este discurso perverso y xenófobo va a dejar un resabio peligroso sobre el que es necesario trabajar, y mucho, para recuperar la sensatez. Porque los medios dominantes seguirán siéndolo, y los mercaderes del privilegio continuarán inyectando odio. No tengo dudas de que Alberto Fernández hará un gran esfuerzo en este sentido, solo escucharlo decir que “entre los bancos y los jubilados elijo a los jubilados”, resulta un mimo en el alma.

Pero es imprescindible mantenerse alerta, la derecha siempre tiene plan. Creo que a la presión que impondrá el FMI, los sectores financieros y algunos medios de comunicación será central oponerle una fuerza de similar magnitud. En democracia, esa fuerza la construye día a día el gobierno restituyendo derechos, y el pueblo defendiendo los derechos conquistados.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES seguirá siendo muy tentador y, por lo tanto, hay que protegerlo de las fauces del poder financiero y de las tentaciones internas. El FGS, alrededor del cual han gastado chorros de tinta y largas horas de radio y televisión, no ha logrado ser la herramienta imaginada para garantizar un haber digno de los beneficiarios, nunca se destinó un peso concreto para los jubilados y pensionados. Por ello creo en la necesidad imperiosa de repensar su funcionamiento, identificar si no es necesaria una regulación por ley, ya que el hecho de que se encuentre respaldado por un decreto aparece como una debilidad a subsanar.

En el mundo actual, una persona mayor de 60 años es muy bien vista para ser Presidente de la República y está en una edad justa para ser miembro del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Hace casi 2.500 años, cuando ocurrió el juicio a Sócrates, que dieron origen a las Apologías de Platón, Sócrates contaba con 70 años y a esa edad la fuerza de sus ideas lo obligó a beber la cicuta que lo llevó a una injusta muerte, pero su legado hace que aún se sienta vivo entre nosotros. Sin embargo, para la meritocracia neoliberal macrista y para los tecnócratas del FMI, el Banco Mundial y la OCDE, estas personas se han transformado en seres descartables que para lo único que sirven es para complicar los presupuestos nacionales. Incluso, para muchos economistas que se cambian de camiseta no bien cambia el gobierno, son sólo un número en una estadística, y los fondos para atender sus necesidades, un número creciente de recursos con los que se puede jugar para ver cómo se logra el mejor resultado. Por ello creo que lo peor que nos dejará el actual gobierno es el haber transformado la seguridad social en un montón de números donde los seres humanos no estamos.

En consecuencia, el próximo gobierno tiene la obligación de repensar el rol de la seguridad social. Hasta ahora ha sido cooptada por los economistas que ven en ella una manera de ordenar la economía (los bienintencionados) o de usar los recursos como coto de caza para hacer una transferencia inversa de recursos (los malintencionados), pero todos como un apéndice de la economía. Si uno quiere saber qué hay de nuevo en materia de seguridad social, tiene que recurrir al suplemento económico de los diarios. En los programas políticos, cuando se refieren a estos temas siempre se habla de gasto y sustentabilidad –eufemismo técnico que quiere justificar el ajuste– y en la mayoría de los casos quien argumenta, miente o desinforma es un economista neoliberal. Por ello, creo que el gobierno nacional, popular y democrático que soñamos no puede ni debe caer en la misma trampa.

Un viejo pensador de la seguridad social, el mexicano Antonio Ruezga Barba, decía que una cosa es saber de un tema —todo profesional sabe de su materia— y otra muy distinta es conocer, porque conocer es la suma de saber más sentir, y solo sabe y siente quien ha vivido las circunstancias que ahora le pasan al otro. Por ello, creo que el paso más trascendente que tiene que dar la seguridad social argentina es volver a la ética de la solidaridad, a entender aquello de que la patria es el otro y que en definitiva comprendamos que tenemos que recuperar la empatía y abandonar definitivamente la política del ajuste que nos ha impuesto un gobierno neoliberal desalmado.

Tenemos que contraponerle a la frialdad de los números, la fraternidad del conocimiento. Necesitamos organismos de seguridad social que defiendan valores y principios, no números. Desearía desde lo más profundo de mi corazón que quien hace correr números relacionados con la seguridad social en una planilla Excel, saliera a la calle y cuando encuentre un viejo o una vieja en situación de calle, la mire a los ojos y reflexione sobre la tristeza de esa alma en pena. Entonces comprenderá aquello de que no hay peor corrupción que condenar a una persona mayor a la pobreza extrema, porque todo lo que se haga de allí en adelante ya será tarde.

 

 

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