Impagable

 

El nuevo, ilegal y fraudulento acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado el 11 de abril viene a sostener al gobierno de Javier Milei ante el derrumbe de su esquema económico. Ese hecho y la visita oficial del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, con destacada trayectoria como CEO y accionista de fondos de inversión, confirman que esa decisión responde al interés del capital financiero transnacional –que tiene su garantía en última instancia en el FMI– y no sólo a la declarada subordinación del gobierno de Milei a ese país, a pesar de que su Presidente Donald Trump erráticamente ha agravado la guerra comercial en el mundo con medidas que afectan negativamente a la Argentina.

La magnitud de los préstamos otorgados en la emergencia evidencia el fracaso de la política económica de Milei, y su ministro Luis Caputo por el acelerado desmoronamiento monetario, fiscal y cambiario que sufrimos. Pero todos ellos –incluyendo los provenientes de otros organismos multilaterales, bancos– no son de “libre disponibilidad”.

Estos préstamos están condicionados a mayores ajustes de restricción financiera, pagos de vencimientos, mayores recortes fiscales –más del 2% del PBI de superávit y ley de déficit cero– y ataques contra la sociedad: regresivas reformas laborales, previsionales, tributarias y de la coparticipación de impuestos, contracara de mayores gastos financieros, agenda de privatizaciones según la anticonstitucional Ley de bases (27.742), desregulación del mercado eléctrico ^[1] y mayor liberación de precios en salud, energía y transporte.

Para mayor incertidumbre, el documento sobre el programa que se publicó dice claramente en su letra chica: “La política de transparencia del FMI permite la eliminación de información sensible para el mercado y de la divulgación prematura de las intenciones políticas de las autoridades en los informes del Fondo publicados y en otros documentos” ^[2]. Ello significa que han borrado párrafos importantes del documento del programa porque tiene “información sensible”, supuestamente para los “mercados”, y seguramente para las y los argentinos.

Es una reiteración de esquemas de valorización financiera del capital que generan una falsa estabilidad macroeconómica muy precaria, basada en la regresividad distributiva, la desarticulación productiva y el endeudamiento externo, que ha pagado y paga muy caro el pueblo argentino.

La apertura cambiaria –el levantamiento parcial del cepo– no es señal de fortalecimiento sino de debilidad incontenible.

El gobierno asevera que con este acuerdo puede revertir la corrida cambiaría con respaldo inmediato de financiamiento con “una cobertura mayor que la convertibilidad”, según Caputo. El ministro mintió al afirmar que si la cotización del dólar alcanzara el máximo establecido en el nuevo régimen de banda ($1.400) el Banco Central tendría reservas suficientes por U$S 50.000 millones, inexistentes, para afrontar toda la demanda de divisas existente ^[3].

Contra los reiterados dichos de Milei de que su objetivo es terminar con la inflación, su gobierno genera indefectiblemente escenarios inflacionarios y recesivos. Lo demuestra el alza del IPC registrado en marzo (3,7% en promedio y 5,9% en alimentos) y las remarcaciones (“pass throught”) que ya están teniendo lugar por el cambio al régimen de flotación cambiaria, que al aplicarse en su primer día supuso un 11% de devaluación, mientras continua la malversación de reservas. Con ello se profundiza la caída de poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y la demanda interna.

En cualquiera de las hipótesis que pueden formularse sobre las decisiones del gobierno, tanto si

1. pone el acento en garantizar la salida de los capitales especulativos que participan de la “bicicleta financiera” (carry trade) incumpliendo la meta de reservas comprometida, como si
2. por las condiciones del FMI se trata de un régimen de semi-convertibilidad en torno al valor de la banda cambiaria más alta,

es seguro que los trabajadores jubilados o en actividad, el sistema productivo, y el interés nacional van a padecer.

En ambas situaciones se empuja a nuestro país hacia un nuevo quebranto, que en el primero de los casos llegará en forma rápida por la espiralización de la devaluación/inflación, y en el segundo de manera escalonada con mayor recesión. La realidad indica la relación directa entre los pagos de la deuda y los procesos inflacionarios y/o recesivos en nuestro país.

 

No pagar es una responsabilidad inexcusable

Nuestra posición es clara:

• Es una responsabilidad inexcusable afirmar que la Nación Argentina tiene que negarse a pagar, pues el acuerdo anunciado se concretó incumpliendo la legislación argentina y el convenio constitutivo del Fondo. Se lo hizo sabiendo que esta deuda es impagable, como expresa el informe del staff del FMI ^[4] y como manifestó una importante directora del organismo al negarse a firmar la autorización del acuerdo ^[5]. Y también sabiendo cuales son y serán sus negativas consecuencias encadenadas, una vez más, a la fórmula del interés compuesto.

La responsabilidad de acuerdo a la Constitución Nacional está en cabeza del Congreso de la Nación y también de un Poder Judicial que sepulta las denuncias sobre las deudas con el Fondo Monetario desde hace más de 40 años.

• La salida de esta crisis (reiterada) no necesita ni puede seguir pasando por continuas devaluaciones y shocks regresivos en la distribución del ingreso, en detrimento de los trabajadores y en favor de las grandes corporaciones económicas y financieras. Es necesario cuidar las divisas y deben tomarse decisiones inmediatas en este sentido ^[6].

Hay otro camino, como venimos señalando, que comprende, entre otras políticas:

• Desacoplar los precios internos de los mundiales. Desacoplar la unidad de medida de los precios y de los salarios. Desdolarizar ^[7].
• Recomponer en términos reales los ingresos de los trabajadores y los jubilados, pues son necesarios para la vida y para garantizar la demanda en el mercado interno.
• Administrar los precios de los consumos para vivir y de los insumos para producir. El seguimiento de los costos de producción y comercialización de los mismos debe ser público, publicitado y auditado por el Congreso de la Nación.
• Regular el comercio exterior, administrando las exportaciones e importaciones, para administrar estrictamente el flujo de divisas. En ese sentido, hay teoría y práctica histórica de tipos de cambio múltiples, con la utilización de instrumentos como los impuestos directos, las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones.
• Regular los movimientos de la cuenta de capital de la balanza de pagos.
• Impulsar una reforma integral del sistema financiero a fin de que se genere el crédito suficiente para financiar la producción y el consumo, que debe partir de consolidar el valor del peso y garantizar el ahorro en moneda local, revirtiendo el esquema rentístico especulativo, para alcanzar la autonomía monetaria; los ejemplos de México y Brasil marcan que es posible.
• Aplicar un impuesto a las grandes fortunas a quienes se beneficiaron de la bicicleta financiera y los dólares obtenidos con los acuerdos con el Fondo, desde que –en 2016– el gobierno de Macri volvió a esos préstamos, para que la deuda la paguen los que fugaron capitales y evadieron impuestos, mientras se emprende una reforma y simplificación tributaria junto con una nueva ley de coparticipación federal.
• Exigir al FMI

1. el reconocimiento de la preeminencia de la deuda social que se ha contraído debido a sus condiciones desde 2018, afectando producción, empleo, salarios y jubilaciones;
2. la inmediata devolución de los injustos sobrecargos aplicados desde 2018; y
3. la revisión de los préstamos fraudulentamente otorgados a los gobiernos de Macri y de Milei, siempre con la gestión del bróker Luis Caputo.

El cogobierno Milei-FMI auspiciado por los Estados Unidos profundiza con sus políticas y condiciones la inseguridad alimentaria, física, política y jurídica en nuestro país, imponiendo una deuda que es impagable. Es urgente cambiar de rumbo, con un plan común a las y los argentinos que sufrimos las consecuencias.

 

* Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Hugo Castro, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinowsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Antonio Mezmezian, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer. Coordinación: Eduardo Berrozpe.

** El Foro Economía y Trabajo está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las pymes, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. [email protected]

 

^[1] Fin de la segmentación de subsidios y liberación del mercado mayorista energético con el abandono de los subsidios de CAMMESA y su rol como intermediario.

^[2] “The IMF’s transparency policy allows for the deletion of market-sensitive information and premature disclosure of the authorities’ policy intentions in published staff reports and other documents”.

^[3] Se hace referencia al respaldo para agregados monetarios M2 (M1 + caja de ahorro) el 11/04 en $ 66.714.552 millones (equivalentes a U$S 47.653 millones) y no al M3 de $ 123.649.039 millones (U$S 88.320 millones), que incluye depósitos a plazo fijo expuestos potencialmente a una corrida cambiaria.

^[4] “The Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework (SRDSF) tools indicate that debt is sustainable but not with high probability, and overall risks of sovereign stress are high”, p. 63.

^[5] Se trata de Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategias, Políticas y Evaluación del FMI.

^[6] El problema que tiene nuestro país es una determinante y crónica desarticulación de los “precios relativos”: el acoplamiento injustificado de los precios internos a los externos (en dólares). Precios, en muchos casos, superiores a los internacionales. Aun para productos clave para los que el país cuenta con condiciones excepcionales, como los alimentos y la energía; pero también por el comportamiento de sectores que, por su posición monopólica, están en condiciones de “aumentar precios por si acaso”, tal como se observa en servicios públicos y en relación a servicios básicos, productos de enorme impacto (medicamentos) e insumos difundidos básicos (acero, cemento, aluminio, petroquímicos, entre otros). No es que falten divisas. Lo demuestra el hecho de que la Argentina es el único país importante de América Latina que ha venido teniendo en los últimos años un permanente superávit de la balanza comercial en la cuenta corriente de su balance de pagos. Lo que sucede es que hay evasión y elusión impositiva, fuga de capitales, y la señalada malversación de las reservas del Banco Central en el "carry trade", como también sucedió con los fondos resultantes del blanqueo de 2024.

^[7] En la situación imperante debe considerarse que, más allá del atraso o no, los precios relativos se calculan en base a un coeficiente que tiene en sí la unidad monetaria cuyo valor depende –en el caso de la Argentina, con heteronomía monetaria– de la “moneda autónoma”, es decir de los dólares.

 

 

 

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