¿Hoy te doy, mañana te quito?

 

El gobierno actual sigue una política errática en discapacidad, especialmente con relación al cobro de una pensión no contributiva (PNC).

Cuando Menem reglamentó las PNC (decreto 432/97), estableció una incompatibilidad entre percibirlas y poder tener un empleo formal, dado que se otorgaba a personas con presumida invalidez laboral (disminución laborativa de un 76 %).

Analizaremos las siguientes tres medidas del gobierno actual:

En febrero de 2020 (resolución 34/2020) el entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, introdujo la posibilidad de tener un empleo siempre y cuando los ingresos mensuales este no superasen cuatro jubilaciones mínimas. En diciembre de 2022, la jubilación mínima ascendía a 50.124 pesos, con lo cual equivaldría a no superar ingresos mensuales de $200.496 (un 37 % por encima de la canasta básica familiar de $146.000 que marca el nivel de pobreza).

En enero de 2021 (resolución 36/2021), a los dos meses de haber asumido el actual director ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga, se derogó la resolución 34/2020, prohibiendo así que personas en situación de discapacidad pudieran suplementar a través de una PNC los magros ingresos que suelen percibir cuando consiguen empleo. Según un empleado provincial cuyano: “Una persona con discapacidad no percibe un salario que le alcance para vivir, teniendo en cuenta que el costo de vida que tenemos es mucho mayor”.

En enero de 2023, la prohibición laboral se reforzó mediante un decreto presidencial (decreto 7/2023, publicado en BO el 06/01/2023) que explicitó que para acceder a una PNC la persona en situación de discapacidad no podrá “poseer un vínculo laboral formal o encontrarse inscripta o inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente” (ser monotributista o autónomo). En otras palabras, aplicó el criterio menemista.

Dos semanas después, la ANDIS sacó una nueva resolución (70/2023, publicada en BO el 20/01/2023) que convalida la de febrero 2020, reintroduciendo la compatibilidad entre contar con un empleo y percibir una PNC. Admite que el beneficiario o sus padres cuenten con vivienda propia y auto, con al menos 10 de antigüedad. Esta nueva resolución de ANDIS (firmada por Galarraga) está reñida con la presidencial de principio de año (firmada por Fernández y Manzur) que invalidaba el cobro de una PNC en caso de tener empleo formal, estar registrado como cuentapropista o tener alguna propiedad.

A la luz de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el FMI (reducción del déficit fiscal y pago de la deuda externa), no sorprendería que en breve veamos un nuevo decreto o resolución que reafirme una vez más la incompatibilidad entre cobrar una PNC y tener ingresos laborales.

Mientras tanto, y aun teniendo empleo estatal por cupo laboral de discapacidad, ¿alcanza para llegar a fin de mes? Según personas en situación de discapacidad consultadas:

“Los transportes especiales son carísimos; o tenés que tener un vehículo que hay que mantenerlo, porque es compleja la utilización del transporte público”.

“Limpiar la casa supone que tenga que contratar una persona porque yo no lo puedo hacer. Cualquier cosa boba, como cambiar una bombita, necesito poder pagársela a alguien.”

“Buscar precios a veces para comprar cosas. Termino entrando a los lugares en los que puedo entrar, que no siempre son los más baratos ni los que te posibilitan hacer la compra de ofertas”.

“Los arreglos de la silla de ruedas (motorizada) en el año son carísimos o cambio de batería o lo que sea”.

“Alguien puede postergar la pintura de la casa, pero nosotros tenemos que ir haciendo los arreglos para transformarla en un espacio habitable, así que eso también encarece, y a veces con un salario no es posible realizarlo tan fácilmente”.

Un relevamiento entre quince trabajadores con discapacidad que ingresaron por el cupo laboral, ya sea en organismos nacionales, de CABA o provinciales, arrojó los siguientes salarios brutos mensuales para diciembre 2022 (redondeados) en pesos. La columna derecha indica lo que percibirían si se sumara una PNC [las dos columnas de 1, 2 y 3 (salario y salario + PNC)  están por debajo de los $146.000 mensuales que necesitaba una familia tipo en diciembre 2022 para no estar por debajo de la línea de pobreza. 4, 5, 6, 7 y 8 si no reciben el PNC también están por debajo de la línea de pobreza]:

 

	Salario bruto	Salario bruto + PNC
1	98.000	133.100
2	98.000	133.100
3	98.000	133.100
4	118.000	153.100
5	121.500	156.600
6	122.000	157.100
7	122.000	157.100
8	140.000	175.100
9	170.000	205.100
10	200.000	235.100
11	200.000	235.100
12	211.000	246.100
13	219.000	254.100
14	219.000	254.100
15	299.000

 

 

En tanto la resolución 70/2023 siga vigente, 9 de cada 10 trabajadores podrán suplementar sus ingresos con una PNC y esto les marcaría una enorme diferencia en sus ingresos.

Según la canasta básica total (CBT) del INDEC, más de la mitad de los empleados públicos con discapacidad están bajo el nivel de la pobreza ($146.000 en diciembre 2022). De percibir una PNC, dicha proporción se reduciría a un 20 %. En cambio, quienes solo perciben una PNC (de $35.087, equivalente a un 70 % de una jubilación mínima) seguirán en la más absoluta indigencia, con ingresos equivalentes a menos de un tercio de lo que marca el nivel de pobreza. Las resoluciones o decretos de este gobierno no atienden esta realidad.

Si el gobierno nacional se propusiera resolver las condiciones de indigencia y pobreza que caracterizan a la amplia mayoría de las familias donde anida la discapacidad, debería tomar en cuenta las propuestas históricas que animaron las luchas del colectivo a lo largo de los últimos veinte a veinticinco años. Entre estas, vale destacar el garantizar el cumplimiento del cupo laboral en el sector público y su ampliación efectiva al sector privado, prohibir el despido o jubilación forzada por enfermedad o lesión asociados a la discapacidad, asegurar salarios no inferiores a la canasta familiar y aumentar de inmediato y de manera no escalonada las pensiones y jubilaciones a nivel de la canasta familiar. El no hacerlo perpetuará condiciones de vida miserables para al menos la mitad de quienes, teniendo una discapacidad, han logrado contar con un empleo público y dejará en la indigencia a la amplia mayoría de personas en situación de discapacidad.

 

 

 

 

* Eduardo Joly es sociólogo, presidente de Fundación Rumbos ([email protected])

 

 

 

 

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