Houston, tenemos un problema

 

El acuerdo con el FMI obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y todo indica que la semana que viene podría recibir la sanción del Senado. Así como sucedió con el curioso caso de Benjamin Button, los números y compromisos asumidos en el memorándum de entendimiento parecen haber quedado viejos. El propio Martín Guzmán reconoció que el aumento del precio del petróleo y el gas “podrían dar lugar a diferentes velocidades en la eliminación de subsidios a la energía”.

El ministro viajó a la ciudad texana de Houston junto al secretario de Energía, Darío Martínez. Una primera lectura podría haber sido que eligió sacar de la galera esa actividad para correrse de la rosca parlamentaria que lo tuvo en el centro de la escena durante la semana. Sin embargo, desde Estados Unidos continuó avanzando en los lineamientos pautados con el Fondo pero desde otro ángulo: les prometió a las empresas petroleras norteamericanas que se “adaptarán algunas regulaciones de la cuenta capital de un modo que se adecue a las características del sector energético”.

La traducción de esta definición es que el gobierno les garantizará a las operadoras el acceso a las divisas que ya le habían prometido en el (por ahora) fallido proyecto de ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas.

En el acuerdo con el FMI se pautó una reducción de subsidios del 0,6% del PBI. ¿Cómo se logrará semejante ajuste? Uno de los mecanismos propuestos es la segmentación, que incluye la eliminación de las transferencias hacia el decil más rico del país, una suba promedio del 20% para quienes tienen tarifa social y del 40% para el resto. ¿El ahorro estimado? Un 0,06% del PBI. Las cuentas no dan.

“Proyectamos un déficit energético de 6.000 millones de dólares, impulsado tanto por precios como por cantidades importadas. De esta manera, el balance comercial continuará siendo superavitario en 2022, aunque con 1.000 millones de dólares menos en comparación al acumulado del 2021”, puede leerse en el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Para la FIDE, los precios de exportación de las materias primas agropecuarias no alcanzarán para cubrir las mayores erogaciones para importar gas. El millón de BTU ya cotiza en 50 dólares, cuando el promedio del año pasado fue de 8 dólares. De ahí la proyección de un posible saldo menor en la balanza comercial.

“Con los precios del GNL por encima de los niveles del año pasado, el costo tarifario, en lugar de disminuir los subsidios, los incrementaría”, agrega la FIDE en su análisis.

Desde el Banco Central minimizan, por el momento, este escenario. Para Sergio Woyecheszen, vicepresidente de la entidad, las cuentas que manejan les dan, de mínima, un empate. “Tenemos que llegar a los 100.000 millones de exportaciones”, enfatizó en línea con lo planteado por Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

 

 

¿Gas con sobreprecios?

Los subsidios a la demanda de energía pueden ser interpretados como salario diferido para las familias. Es decir, recursos que son volcados dentro de un mercado interno. Al Fondo no le gusta nada de esto. Porque más allá de hablar de la multicausalidad de la inflación, mantienen su impronta monetarista. Para el organismo (y en parte para el gobierno), los subsidios son parte de la emisión monetaria que debe cortarse. Aunque es una paradoja, ya que de aumentar las tarifas por una menor distribución de subsidios, se alimentará automáticamente la inflación. ¿El modelo cierra con inflación?

¿Y si en vez de reducir subsidios a los consumos residenciales se recortasen las transferencias que reciben las petroleras en el Plan Gas? ¿Cuál es el costo de producción de las operadoras y la rentabilidad que les garantiza el Estado? Este parece ser el secreto mejor guardado de la historia. Ni siquiera YPF, con mayoría estatal, informa exactamente cuánto cuesta extraer una molécula de gas.

La pregunta inquieta a varios colaboradores del secretario Darío Martínez. “No existe un solo costo de extracción, existen tantos costos como pozos”, ejemplifican con la intención de deslegitimar cualquier debate al respecto.

¿Pero será así? Andrés Repar, ex vicepresidente del Enargas y miembro del Grupo Bolívar, calculó en base a informes de la Agencia Internacional de Energía (Estimated Ultimate Recovery) cuánto sale un pozo en Vaca Muerta y la ganancia que obtienen las operadoras.

Según su análisis, el costo unitario directo de extracción se ubica cerca de los 0,78 dólares por millón de BTU. Si se le suman las erogaciones por operación, mantenimiento, impuestos y regalías, el costo estimado sería de 1,60 dólares por millón de BTU.

El macrismo les había garantizado un precio por arriba de los 7 dólares –según la famosa Resolución 46–, que recién se terminó de pagar en la primera parte del gobierno de Fernández. Ahora, el Plan Gas garantiza un precio de 3,53 dólares.

“Con 3 dólares de subsidio ya tendrían una ganancia neta superior al 80%. El resto es sobreprecio. Si se recortara un poco el subsidio a las operadoras, el Estado podría ahorrarse 500 millones de dólares para volcar a la economía real en vez de restringir la demanda con la suba de tarifas”, enfatizó Repar.

No todo lo que fue esbozado en el acuerdo con el Fondo sería “lo inevitable”.

 

 

Morfi por las nubes

El precio de las materias primas agropecuarias trastocó cualquier evaluación sobre la inflación, eje central del acuerdo con el Fondo.

En el documento se fijó una especie de banda que iría entre el 38 y 48% de inflación anual. Para Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central, el piso ya se ubica en el 50%.

En los primeros nueve días de marzo, el precio de los alimentos a base de harinas aumentó un 2,2%, esto es un punto más de  lo que había aumentado en todo febrero (1,3%) según los relevamientos de Comercio Interior. Los aceites ya registran una suba del 2%  en lo que va de marzo.

Cuando Roberto Feletti asumió en Comercio Interior diagnosticó la necesidad de profundizar el esquema de retenciones. Kulfas lo mandó a callar. Pero ahora, con la escalada de precios globales, con un trigo a 440 dólares la tonelada, el ministro de Desarrollo Productivo habría avalado que se empiece a pensar en un nuevo esquema de retenciones para el trigo, maíz y girasol.

Así fue como quedó plasmada una idea: retenciones al trigo en el 25%, maíz un 20% y girasol, otro 15%. Hasta ahora, es solo una propuesta en un papel.

El fideicomiso del trigo se cerró con un valor de 23.000 pesos la tonelada. Pero ya saltó a 35.000 pesos. La bolsa de harina se había cerrado en 1.300 pesos. Ahora cuesta 1.800. Los números no dan. Esto quiere decir que los recursos que puedan volcarse en el fideicomiso se acabarán más rápido de lo previsto.

Por eso se piensa en alguna regulación más estable y profunda, que a su vez sea redistributiva. Lo ideal hubieran sido retenciones móviles. Pero el gobierno no tiene mucho margen para aplicarlas porque deberían pasar por el Congreso, además de que en el acuerdo con el FMI se habla de reducir aún más los derechos de exportación. Todo lo que sea retenciones llevará a una puja con los sectores más concentrados del agro. Y con parte del gabinete que prefiere la “autorregulación del mercado”.

“Los instrumentos que se están implementando (los fideicomisos) se resquebrajaron –advierten desde un área del equipo económico–. El precio del asado nos hizo perder la elección de medio término. Meterse con el precio del pan será mucho más sensible”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí