Honra a represores

 

Con el nuevo gobierno, algunos militares ligados al pasado celebran que ahora puedan rendirles honores a sus camaradas juzgados como partícipes de la represión ilegal. La Asociación Civil Unión del Personal Militar (UPMAC) anunció esta semana, en su página web, “la modificación de las normas de ceremonial, de manera que las honras fúnebres no se suspenden hasta tanto no haya sentencia firme en la causa iniciada al fallecido”. A su vez, consideró: “Aunque tardía, la medida viene a remediar una resolución arbitraria e indebida que ha estado vigente 15 años. ¡Felicitaciones por su iniciativa, señor general Cáceres Monié!”.

Miguel Alberto Cáceres Monié es el general de brigada de la Promoción 103 que, en carácter de oficial superior retirado, le pidió al Ejército que revirtiera la disposición de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré. Monié era director del Instituto de la Obra Social del Ejército (IOSE), con el rango de coronel, cuando la recién asumida Garré vetó el ascenso de un general por haber estado en un regimiento donde se registraron desapariciones. Monié era uno de los otros tres a los que también les demoraría su ascenso, según publicó Clarín hacia diciembre de 2005.

Desde entonces se puso al frente de una cruzada que ahora sus camaradas, a quienes agradece en unos audios a los que accedió El Cohete a la Luna, le reconocen. En estos audios, Monié, autorizado por el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general de Brigada Carlos Alberto Carugno, brindó detalles de la gestión.

 

 

El general fundó su pedido en los fallecimientos de Juan Carlos Jones Tamayo y de Ricardo De la Vega, a quienes les endilgó “un legajo intachable y gran prestigio dentro de la Fuerza”. Veamos.

Jones Tamayo, ex jefe de Inteligencia en Jujuy, fue juzgado en la megacausa que tuvo entre sus víctimas a Luis Arédez, el intendente que intentó cobrarle impuestos al ingenio Ledesma, propiedad de Pedro Blaquier, en cuyo departamento de Buenos Aires se reunían los golpistas. Prófugo hasta 2014, fue condenado a prisión perpetua en diciembre del 2022 por “15 homicidios agravados por alevosía, allanamiento ilegal agravado (14), privación ilegítima de la libertad agravada (39) y tormentos agravados (32)”. Murió en diciembre de 2023.

El teniente Ricardo Benjamín Isidro De la Vega fue condenado en la megacausa Fronda, en Salta, y llegó a estar imputado en el fusilamiento de presos políticos que pasó a la historia como Masacre de Palomitas, pero murió antes de ser juzgado.

 

 

 

 

Defensores de los derechos

UPMAC se presenta como “una asociación civil que desde 2002 trabaja con el objetivo de nuclear al personal militar y pensionado de las Fuerzas Armadas a fin de resguardar sus derechos”.

Según UPMAC, los “juicios de lesa humanidad” no son más que la “máscara” de la justicia-venganza para humillar al personal militar, de seguridad o policial, y tienen el propósito de imponer la teoría de la “impunidad gerontológica” para que la excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o la salud no se aplique en estas causas: “Esto significa, perseguirlos a cualquier precio y que se mueran en las cárceles”.

Así lo expresaron diez días antes de la asunción de Milei-Villarruel, en una carta en la que le pedían que se “elimine” la Secretaría de Derechos Humanos. Dime qué verbo usas y develaré tu pasado. 

 

 

Esta asociación, con sede en Alberti 1665 del barrio porteño de San Cristóbal, es presidida por el coronel retirado Francisco Ricardo Verna. 

En septiembre de 2022 habían hecho un reclamo salarial, sin ser reprimidos por eso, claro. Por el contrario, tres meses más tarde, junto al capitán de fragata (R) y veterano de Malvinas Juan Carlos Poceiro, director de comunicación institucional, Verna fue recibido por el monseñor Santiago Olivera, del obispado castrense.

El apellido Verna no es extraño a los anales de derechos humanos. Julio Alejandro Verna era subalterno del apropiador de bebés Norberto Bianco, jefe de una maternidad en Campo de Mayo. Luego de que Jorge Videla atribuyera los vuelos de la muerte a la Marina en su declaración de 2012, la prensa difundió en 2013 las cartas del teniente (R) Eduardo Stigliano, escritas en 1991 al Ejército, en las que hablaba de los vuelos de Campo de Mayo y los médicos a sus órdenes, uno de los cuales era el capitán de Ejército Julio Verna. Su hijo Pablo lo repudia desde Historias Desobedientes: “Mi padre fue el anestesista de los vuelos de la muerte entre 1978 y 1983”.

 

 

Bien de familia

El padre de Miguel Cáceres Monié fue el abogado radical José Rafael Cáceres Monié (nacido en 1918, casado en octubre de 1946 y fallecido en 2008), ministro de Defensa de Arturo Frondizi, secretario general de la Presidencia y vicepresidente del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

 

 

Tras el golpe de 1966, fue embajador de los militares ante Paraguay, desde donde regresó con una medalla del Ejército vecino. En 1969 inauguró la Base Marambio en la Antártida y, como era el único que hablaba inglés, acompañó a los astronautas que regresaron de la luna y visitaron la Argentina. Su nombre estuvo entre los posibles reemplazantes de Juan Onganía en la Presidencia, pero le jugó en contra su cercanía a Frondizi; un despropósito, si se tiene en cuenta su compromiso por mantener la proscripción de los políticos. Continuó como ministro de Defensa de tres dictadores hasta mayo de 1972.

 

 

El tío ejecutado

El apellido Monié, sin embargo, remite al de Jorge Esteban Cáceres Monié (1917-1975), acribillado por Montoneros. En su última década había tenido gran protagonismo en los procesos represivos contra la clase trabajadora. Como general de brigada, había sido comandante del arma de caballería entre 1965-1966, año del golpe de Estado contra Arturo Illia a manos de Onganía, quien lo puso a cargo de la Dirección de la Gendarmería el 29 de diciembre de 1967, con un acto al que asistió el jefe del Ejército, general Julio Alsogaray, hermano del ministro que manifestó que había que “pasar el invierno”, y tío de la secretaria estatal protagonista de las corruptas privatizaciones de los ‘90.

 

 

Como jefe de la Policía Federal, Cáceres Monié fue contemporáneo al secuestro y ejecución de Pedro Aramburu en 1970. Tras la renuncia de Onganía, continuó teniendo predicamento, al punto de que cuando Marcelo Levingston buscó ponerlo en la jefatura del Ejército como reemplazante de Alejandro Lanusse, Cáceres Monié desestimó la propuesta. Luego participó de la operación para darle un pasaporte falso a un mensajero de Lanusse ante Perón.

En 1971 era el jefe del comisario Alberto Villar, enviado a reprimir movilizaciones en Córdoba, donde terminó enfrentado a la Policía cordobesa, que lo rodeó como en el Far West en un parque. Cáceres Monié dispuso su pase a disponibilidad, pero sólo hasta que fue necesario reivindicarlo para frenar el peronismo.

Cuando Villar avanzó sobre los féretros de los fusilados de Trelew en 1972, el papá de Miguel ya no era ministro de Defensa y su tío había dejado la Federal para estar a cargo del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, de donde pidió el retiro días después.

En esa zona, el 3 de diciembre de 1975, cruzaba su camioneta en una balsa, cuando fue emboscado por militantes montoneros que le dieron muerte junto a su mujer, Beatriz Sasiaiñ, hermana del general Juan Bautista, jefe de la principal unidad de combate del Tercer Cuerpo en Córdoba.

Jorge Esteban Cáceres Monié era considerado por la guerrilla “un peligroso hombre a favor de la concreción de un nuevo golpe que en el país se estaba generando y entendían que no estaba ajeno”, según citó Daniel Enz en su obra Rebeldes y ejecutores.

Otro libro, el de Ceferino Reato, desliza que esos asesinatos activaron el Comando Libertadores de América, un grupo clandestino del general Luciano B. Menéndez, quien quiso “vengar al primer oficial de Caballería que matara la subversión”. Para ello, una noche, ametrallaron a cinco bolivianos, tres argentinos y un peruano, a los que, con un disparo de gracia en la cabeza, tiraron en un viejo camino de tierra. “Fue un desastre: los muertos eran de bajo nivel; universitarios que estaban en una escuelita de formación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Cáceres Monié había sido asesinado por Montoneros, pero esos estudiantes eran los que teníamos más a mano”, dijo a Reato su fuente de la ultraderecha.

Tal salvajada no mereció el repudio político deparado al atentado contra el general, a quien dedicaron una sesión especial del Senado e impusieron su nombre en una escuela de Jujuy (la 393, en Güemes).

La persecución a quienes pudieran estar ligados a la organización que operó en aquella balsa en la que cruzaba Cáceres Monié continúa hasta hoy. Cada 3 de diciembre se lo recuerda en las redes digitales y se publica una lista de “condenados por el crimen” con 47 nombres (!). Con tantos, la balsa se hubiese hundido. Lo que pasó es que la represión buscó a todos los jóvenes ligados a Montoneros para encausarlos por asociación ilícita.

Al ejecutor, Tulio “Tucho” Valenzuela, jefe del Secretariado Regional de Montoneros en Rosario, lo secuestraron y le ofrecieron una negociación vil: salvar las vidas de su esposa y su hijo a cambio de viajar a México con una patota militar para matar a Mario Firmenich y la cúpula montonera. El mentor del plan, Leopoldo Galtieri, especulaba con posicionarse entre sus camaradas. Al final mataron a todos, como se recrea en la película Operación México.

No obstante, el listado de los 47 sigue reproduciéndose por la agrupación CELTYV, presidida por la autora del libro Los llaman jóvenes idealistas, Victoria Villarruel.

 

 

Así iniciaron la campaña contra Rosario Badano, a quien señalan como “partícipe del atentado” y quien fue condenada a 21 años. Ella, nacida en 1953, egresada en 1970 de la secundaria donde militaba, llegó a ser la primera en presidir la Federación Universitaria Entrerriana. Estuvo entre los detenidos 20 días después del atentado; llevada a centros clandestinos de detención, a cárceles, a simulacros de fusilamiento, hasta que le armaron declaraciones para la condena por un Consejo de Guerra, pero fue liberada por la dictadura el 17 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín todavía ni había sido votado. Ya en democracia, retomó la actividad académica hasta ser electa en 2012 decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Entre Ríos, cargo que desempeñó a la vez que fue querellante en los juicios de lesa y declarante en la megacausa Área Paraná.

 

 

 

A cuarenta años del golpe, seguía siendo señalada como la “ejecutora” en sitios como U24 donde se miente que fue “favorecida por el gobierno de Raúl Alfonsín”.

A finales de 2016, a 41 años del crimen, se homenajeó a Cáceres Monié a instancias de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita).

 

 

 

El hermano

Según el diario La Prensa (2009), el hermano del general Cáceres Monié era el cardiólogo Julio César, quien firmó certificados falsos de hijos de desaparecidos; entre ellos, el del apropiado por Víctor Rei, ex oficial de Inteligencia de Gendarmería, condenado a 16 años de prisión en 2009. Como su mujer, Alicia Arteach, fue declarada insana, él organizó el relato: dijo que su embarazo fue atendido por “el doctor Cáceres y los que estaban de turno en obstetricia del Hospital Militar”. Agregó que no conocía la especialidad de Cáceres Monié. Otra partida falsificada con la firma del médico militar Julio César Cáceres Monié (ya fallecido) fue la que ocultó la identidad de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, quien con ocho meses fue apropiada por el coronel Ceferino Landa, de inteligencia del Ejército, y su esposa, Mercedes Moreira.

 

 

Miguel

Miguel Alberto Cáceres Monié Calabrese aparece en una causa de lesa humanidad en Olavarría. Un testimonio de la defensa de los militares lo recordó durante el proceso a Horacio Leites, Omar Ferreyra y Walter Grosse. César Mozotegui declaró que hacia 1978 cumplía el servicio militar cuando lo pusieron como chofer del ex jefe del Ejército, Héctor González Cremer. “Estaba a disposición de Grosse o Leites”, al igual que de su jefe, Miguel Cáceres Monié, en un Falcon al que le hizo 72.600 kilómetros en 16 meses, ya que transportaba al intendente Carlos Víctor Portarrieu, al director del hospital Héctor Cura y al comisario Alberto Balquinta. Un chofer que lo veía todo. 

Otro ex uniformado admitió: “Lo sucedido en Monte Pelloni era de público conocimiento dentro del cuartel”. Lo que hacían allí donde mandaba Miguel Cáceres Monié fue descripto por Hugo Ivaldo, suboficial de mantenimiento del Regimiento de Caballería de Tanques 2 hasta 1979. Vio a detenidos: “A una mujer la llamaban ‘Poquito’; se notaba que había habido más gente o estaba preparado para más personas, tenía capuchas y cosas para atarlos (…) Mis compañeros, se burlaban. No se privaban de comentar como hazaña lo que hacían y veían”.

Una mañana, un par de subalternos de Cáceres Monié, que dirimían quién pagaría un refrigerio, se pararon frente a dos encapuchados esposados: “El objetivo era ver quién los tiraba más lejos de una trompada”. Por intentar evitarlo, Ivaldo fue enviado diez días a prisión.

Más grave fue lo que siguió a la advertencia de un coronel: “Cuidado con el soldado Faggiani, participaba de una agrupación Claveles Rojos”. El día de la baja, estuvo cuando dos policías bonaerenses secuestraron a Faggiani.

En pos de solapar todo aquello, ahora Cáceres Monié dice por mensajitos de celular: “No me conforma no dejar sin efecto la resolución (de Garré), pero es un avance” y, con aval del general Carugno, pide darle máxima difusión al tema.

No se diga más.

 

 

 

 

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