Hombres de cemento

 

Una reunión de trabajo

En el nombre está la cosa. La reunión de la mesa judicial bonaerense de junio de 2017 se llevó a cabo en el Banco Provincia, con la finalidad de acordar una estrategia coordinada para arremeter contra la UOCRA. Ese encuentro es la emergencia de una política de espionaje —acordada con jueces y fiscales y la turba de criadxs del periodismo antinacional— que armaba causas para perseguir y encarcelar a opositores. Política decisiva para Macri. Y para Vidal también. Esa escena estuvo integrada por 15 personas: el ex ministro de Trabajo —Marcelo Villegas, añorante de prácticas nazis—, el ministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el ex subsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente Julio Garro, el jefe de Gabinete de aquella AFI Darío Biorci (y además cuñado de Silvia Majdalani: uno de los signos más evidentes de la ‘ndranghetización es la lógica familiarista presente en el círculo del poder cambiemita, que tiene una réplica incluso en el gobierno de Jujuy), el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stefano. Además se encontraban presentes integrantes del establishment económico.

1. Cuando decimos m-AFI-a hablamos de un principio estructurante: el de la ilegalidad ubicada adentro de los tejidos de la legalidad. Lo ilegal entramado con lo legal es constitutivo de los negocios y sobre todo de la razón mafiosa. El continuum entre lo legal y lo ilegal es definitorio del hecho mafioso. Esta razón se escenifica en la reunión del Bapro: de los 15 asistentes ninguno se registró al ingresar al edificio. Todos entraron sin registrar nombre ni DNI como es norma en las instituciones públicas. Ahí se escenifica la razón mafiosa: funcionarios —sujetos legales— operando ilegalmente. Ahí, el continuum entre lo legal y lo ilegal. Cuando decimos m-AFI-a nombramos además tres dimensiones: organización de la estructura represiva;
2. organización de la teoría de la información y la comunicación (telecomunicaciones, medios, servicios de inteligencia);
3. instauración de la economía criminal, de la cual participa el establishment.

Las tres dimensiones están presentes: hay funcionarios que hacen referencia al PoderJudicial, hay servicios estatales de inteligencia y aparece también el establishment. La ex gobernadora Vidal, en La Nación+ prefirió hablar de su “lucha contra las mafias” (es la lógica del espejo invertido tan afecta para lxs mafiosxs) y del encuentro en el Bapro como “una reunión de trabajo”. Leve olvido de tipo mafioso: el suyo.

 

 

Bicameral

El 14 de enero de este año, el subcomisario Hernán Casassa, que revistó en la división de Activos ilegales de la Superintendencia de investigaciones de la Bonaerense, frente a una subcomisión de la Bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación —integrada por los diputados Tailhade, Valdés y Bazze— ejemplificó las formas de funcionamiento de la mesa judicial de la provincia y la manera en que se desarrollaba el armado de causas durante el gobierno de Vidal. Explicó que la ex gobernadora, su jefe de gabinete, Federico Salvai, el procurador Conte Grand, el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo (todxs usuarios de telefoninos encriptados comprados y costeados por la AFI macrista) integraban también la mesa judicial nacional que, según él, se juntaba un jueves cada quince días, a partir de una convocatoria administrada por la propia AFI o cursada a través de un correo del despacho del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña. Otro participante, según Casassa, era el inefable “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial de Rodríguez Larreta y de Macri, que se fugó a Uruguay y pidió asilo político por lo que considera una persecución del actual gobierno. “Pepín” era un sujeto articulador del continuum entre lo legal y lo ilegal, elemento clave de la criminalidad de los poderosos. Según Casassa, los expedientes para arremeter contra políticxs y sindicalistas abrevaban en varias fuentes —la AFI, la Unidad de Información Financiera (UIF)— sin que mediara una orden judicial. Ejemplificó también el nexo entre Elisa Carrió, Paula Oliveto y Vidal. El auditor general era Guillermo Berra, quien fue acusado por policías y fiscales de utilizar fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas sin vínculo con la fuerza policial, pero sobreseído por la Cámara de Apelaciones, cosa que hace recaer la responsabilidad en el hoy diputado Ritondo, que es quien dispuso la compra del sistema Nosis. Berra sólo lo utilizó en las investigaciones sobre policías corruptos, como Cassasa, que era su función.

Estas declaraciones deben ser puestas en diálogo con la resolución judicial FMP 88 elaborada por el juez Alejo Ramos Padilla en 2019 en la que se muestran las maniobras de espionaje llevadas a cabo por Marcelo Sebastián D’Alessio. Este informaba al Ministerio de (in)Seguridad y a la propia Patricia Bullrich. En mayo de 2018, mientras Carrió ventilaba la presentación de una denuncia contra la empresa Hidrovía S.A. por contrabando y tráfico de estupefacientes, D’Alessio recopilaba informaciones de empresas navieras. Desplegaba sus acciones de inteligencia respecto de estos asuntos y se reunía también con Oliveto en el Congreso para exponerle la información recolectada. Vale, sin embargo, aclarar que el caso de Casassa es bastante llamativo, ya que frente a la subcomisión de la Bicameral se autoincriminó: durante el gobierno cambiemita él mismo requisó la casa, una empresa y el club de Daniel Scioli y encabezó allanamientos del domicilio de Alberto Pérez, jefe de Gabinete del ex gobernador. El 20 de abril de 2021 la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia presentó las conclusiones de la investigación del espionaje cambiemita. El dictamen de mayoría se titula El Estado mafioso, su tesis, y el informe, Espionaje ilegal, 2016-2019. Los nombres del personal jerárquico de la AFI que participó en la reunión del Bapro —Biorci, Dalmau Pereyra y De Stefano— aparecen en él en repetidas ocasiones en relación con el espionaje.

 

 

De Stefano: una famiglia serviziale

La portación de apellido no puede ni debe condenar a nadie. Pero si un apellido porta las mismas lógicas y operatorias de una parte y de la otra del océano la cosa pasa de castaño oscuro. La famiglia De Stefano es una de los siete clanes que integran el directorio (u Crimine) que gobierna la ‘ndrangheta calabresa. Es una estructura clásica, anclada a la zona norte de la ciudad de Reggio Calabria, el barrio Archi, activa desde la década de 1950 y hegemónica entre 1978 y 1985. La ‘ndrina, comandada por don Paolo (hasta 1985, cuando fue asesinado), en los años ’70 salió airosa de la primera guerra de ‘ndrangheta, tras lo cual impulsó la modernización del crimen calabrés. Esto implicó entramar relaciones político-económicas con el Estado: articular un sistema complejo en el que la actividad y los intereses de la famiglia, legales o criminales, empezaron a formar un nudo inseparable con las instituciones. Dos: activar la injerencia dentro del ámbito del narcotráfico desde Calabria hasta el corazón económico de Italia —Milán— pasando por el Lazio y trasponiendo la frontera alpina. Don Paolo representaba un nuevo ciclo mafioso contrario al tradicionalismo de don ‘Ntoni Macrì y don Mico Tripodo. Su bando, ganador de la primera guerra de ‘ndrangheta, siguiendo una orden dada por el clan De Stefano, en enero de 1975 gatilló una lupara para matar al viejo zzu ‘Ntoni.

O sea que las relaciones entre los Macrì y los De Stefano vienen de larga data. Hoy parecería sin embargo que el clan De Stefano y el clan Commisso (famiglia Macrì) son aliados en Italia. Los De Stefano —junto con los Libri y Tegan— integran uno de los dos grandes cárteles de distribución de cocaína activo en Calabria. Luego de la segunda guerra de ‘ndrangheta, en los años ’80, la famiglia empezó a disputar el puerto de Gioia “Coca” Tauro para jerarquizar su intervención en el mercado del narco.

Con don Paolo, entre otros, la organización calabresa empezó a sumar un número mayor de personas “capaces de moverse entre distintos países, con buenos conocimientos del ámbito bancario local y nacional, de los ambientes judiciales, todos dotados de un excelente nivel de conocimientos técnicos. [...] En los años ‘80 se delinearon también precisas contigüidades con ambientes de la masonería y de la logia P2”, explica Lidia Barone en un trabajo dedicado al clan De Stefano: “L’ascesa della ‘ndrangheta negli ultimi due decenni” (Meridiana, n. 7-8, 1989-1990).

La década del ‘80 para la mafia calabresa implicó la consolidación y reestructuración de todas las actividades emprendidas en las décadas anteriores y la inserción de la famiglia (en sentido amplio) en los negocios y los contratos públicos. Este es uno de los aspectos fundamentales del modo de operar de la empresa mafiosa: la inserción del clan en el Estado para hacer negocios a través de la creación de una cadena de sociedades (muchas, ficticias) de intermediación entre instituciones y mercado. El trabajo de Barone sin embargo no se interesa por una terminación nerviosa del clan De Stefano: los servicios de inteligencia, emergente que muestra una línea de continuidad que carga el apellido de una orilla a la otra del Atlántico y que permite entender cabalmente las acciones de Juan Sebastián, apodado “el enano”.

En 2011, en el ámbito de la operación Astrea de la Guardia di Finanza italiana, fueron arrestadas once personas vinculadas a las ‘ndrine De Stefano-Tegano por negocios vinculados con la sociedad Multiservizi de Reggio Calabria en la que estaban conectados sujetos pertenecientes a los servicios secretos italianos, a la masonería, políticos y empresarios. Carmelo Stefano Serpa, picciotto di giornata (sicario) perteneciente a la famiglia De Stefano hasta la década del ‘90 y ex colaborador de justicia, frente al Tribunal penal de Reggio Calabria declaró en 2019 que el capobastone Giorgio De Stefano tenía relaciones con los servicios italianos. Y al fiscal de Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, le dijo: “Yo estoy dispuesto a destapar todos los barriles que aún están cerrados. [...] Puedo mencionar nombres [...] pero me preocupa muchísimo lo que podrían hacer los servicios”.

Esta organización, la “Cosa Nuova”, integrada por mafiosos, políticos, masones y servicios secretos “tiene raíces lejanas. Una cúpula [...] ideada también por Paolo De Stefano, boss, masón y fascista”. ¿Cuál es el sentido de esta sociedad (o cúpula) entre mafiosos, políticos, servicios de inteligencia y empresarios? Lo explica Lidia Barone: “Respecto de las pequeñas y medianas empresas, la sociedad mafiosa ha llevado a cabo una política despiadada de expulsión del mercado, distinta de la relación parasitaria mantenida con las grandes empresas. La mafia calabresa [...] desde los años '70, implementó un proyecto de gestión directa de algunos sectores económicos y esto la llevó a la eliminación drástica de la competencia”. Además: las empresas mafiosas “podían contar sobre una compresión del costo del trabajo empleando la fuerza de intimidación ejercida sobre la mano de obra” (p. 255). ¿Y qué es un sindicato sino una asociación integrada por la mano de obra, por lxs trabajadorxs, en defensa de sus intereses laborales? La mesa judicial de la provincia pretendía arremeter contra esas organizaciones democráticas y de justicia (eso quiere decir sindicato). Say no more.

 

 

Grúa y cemento

Las operatorias mafiosas apuntan a desaparecer a sus contrincantes, elegidos democráticamente. Y desaparecer (o tratar de hacerlo) a subjetividades que habitan la escena democrática significa afectar a la propia democracia: un poder plural, diseminado, reconocible en su diversidad. La escena final de Le conseguenze dell’amore, de Paolo Sorrentino, es de un hondo dramatismo: una organización mafiosa cuelga de una grúa a un hombre vivo y lentamente lo va bajando hasta hundirlo en una columna hecha de la materia prima con la cual construye la UOCRA: cemento.

Esto hace la mafia: el macrismo.

 

 

 

 

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