Hay vida después del aborto

 

Cuando Belén escuchó al médico decir “el Estado te va a garantizar las pastillas para que abortes tranquila en tu casa” se le aflojó todo el cuerpo y dejó entrar a la emoción. Con sus 39 años había visto a muchas amigas pasar por la clandestinidad, sortear obstáculos para acceder a información segura sobre cómo abortar y hacer malabares para conseguir la medicación. Vivir en un país donde el aborto ahora es legal la conmovía. “Escuchar esas palabras en un centro de salud fue muy fuerte. No por mi situación particular. Yo pensaba en todas esas chicas que llegan asustadas o que están solas, en qué importante es que ahora tengan esa contención y ese trato. Me pareció hermoso”, recuerda.

Belén se había enterado de que estaba embarazada tan solo unos días después del 30 de diciembre de 2020, día en que se sancionó la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina. Ya tenía dos hijas de 10 y 12 años y sabía que no quería volver a ser madre. Se hizo los estudios y a través de las Socorristas en Red de Neuquén llegó con siete semanas de gestación a ese médico que por primera vez le dijo que el Estado la acompañaría. “Creo que dadas las circunstancias, me hubiese hecho un aborto igual sin la ley, de forma clandestina y con mucho miedo. En cambio fui tranquila”.

Una semana más tarde, Belén salió de la clínica con las pastillas, indicaciones de cómo debía tomarlas, pautas de qué tenía que hacer si tenía una hemorragia prolongada y con el número de teléfono del médico para cualquier consulta. Cuando después del procedimiento volvió a visitarlo para que la revisara, se acordó de una amiga a quien había acompañado dos años atrás, que ni antes ni después de abortar había pisado el consultorio de un médico.

La ley 27.610 fue promulgada por el Presidente Alberto Fernández el pasado 14 de enero de 2021 y entró en vigencia el 24 de ese mes. Desde entonces se puso fin a una legislación vigente desde 1921 que permitía el aborto sólo cuando el embarazo era producto de una violación o si estaba en riesgo la salud de la persona gestante. Con la nueva normativa se puede interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin otro requisito que la voluntad de la persona. Tanto el sistema de salud público como las obras sociales y las prepagas deben garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita. A partir de la semana 15 de gestación, la nueva ley mantiene el derecho preexistente de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por las causales nombradas.

Sólo en enero y febrero de este año la línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación recibió más consultas sobre información o acceso al aborto que en todo 2019. En total fueron 3.781 llamados y esperan que los datos del segundo bimestre del año –que se conocerán el mes que viene– superen a los de todo 2020, cuando hubo más de 10.000 consultas. “Los números muestran que hay mucha más visibilización, permeabilidad y conocimiento de este nuevo derecho y que siguen vigentes las Interrupciones Legales del Embarazo (ILEs) por causales”, analiza Valeria Isla, directora del área de Salud Sexual y Reproductiva. El 0800 funciona desde 2010 y empezó con muy pocos pedidos de información (recibió sólo 8 ese primer año), que fueron aumentando hasta que tuvo un punto de inflexión en 2018 con el primer debate de la ley IVE en el Congreso y la consecuente discusión pública. Entonces pasó a atender 1.952 consultas. Una vez que los operadores reciben un llamado, ya sea consultas por ILE o IVE, se arma una “secuencia” con datos básicos y la pasan al equipo de gestión en el que médicos, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales toman el tema y hablan con las personas usuarias o adolescentes para garantizarles el acceder al aborto. “Si la información que requieren es dónde puede practicarse la interrupción y cómo, al ser un derecho sensible al tiempo, el equipo de gestión interviene. Ahí se le pregunta a la persona si recurrió a algún sitio y a qué lugar de proximidad puede asistir para resolverlo lo antes posible”, explica Isla a El Cohete a la Luna. Así como aumentaron los llamados, este año también se incrementó un 85 por ciento la resolución de esas consultas. La resolución y seguimiento de los casos los realiza el 0800 conjuntamente con las provincias o con los servicios de salud en forma directa.

 

 

Desde el Ministerio de Salud todavía no cuentan con estadísticas oficiales de la cantidad de IVEs que se realizaron en el país desde la promulgación de la ley. Hasta ese momento, se estimaba que se hacían entre 370.000 y 520.000 abortos por año, pero los datos nunca fueron precisos, producto de la ilegalidad. Únicamente se conocían aquellos que pasaban por una internación en el sistema de salud, las cuales disminuyeron considerablemente gracias a la aparición del misoprostol. La ley obliga al Ministerio a construir un sistema federal de información, que será puesto en marcha recién dentro de dos meses y permitirá tener por primera vez en el país datos certeros respecto al aborto. Este será alimentado directamente por los equipos que hacen la práctica en las provincias. Hasta este año el aborto inseguro fue la principal causa de mortalidad materna en el país. Se espera que las estadísticas publicadas sobre 2021 muestren una disminución significativa de ese número gracias a la legalización.

 

Cambio de paradigma

 El 25 de enero la médica generalista Estefanía Cioffi publicó en su Instagram una foto de una receta con su firma que indicaba misoprostol y cuyo diagnóstico era IVE. Junto a la imagen escribió: “Primera Interrupción VOLUNTARIA de Embarazo”. La publicación se hizo viral y ella pasó a la historia como “la primera médica en recetar misoprostol para un aborto voluntario” en el país. Si bien Teffi –como la llaman sus compañeras de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir– hoy duda de la etiqueta que le pusieron los medios y dice que “seguramente en otra parte del país otra médica estaba recetando lo mismo pero no lo subió a las redes”, no le resta importancia a ese momento. “Lo más emocionante fue poder pasar de la palabra legal a voluntario, parece un pequeño cambio pero es muy simbólico. Es por lo que venimos luchando y por lo que nos organizamos hace muchísimos años: poner en el centro a la decisión de las personas y no la del o la profesional de salud que la atiende”, explica a El Cohete.

 

 

Cioffi trabaja en el del Centro de Salud (CeSAC) 20 en el Barrio Ricciardelli del Bajo Flores, anteriormente conocido como villa 1-11-14, y coordina el equipo de Salud Sexual en el Hospital Eduardo Oller, en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. Relata que en la última institución, en enero y febrero de este año, garantizaron la misma cantidad de abortos que en todo 2020. Hay un promedio de 40 interrupciones por mes que se sostienen desde inicio del año hasta hoy. La médica dice que cambió el paradigma de acompañamiento. “Dejamos de pedirle justificativos a las personas y tan solo con que expresen su voluntad de abortar las acompañamos. Antes, por supuesto, lo que más importaba era su voluntad, pero teníamos que pedirle justificativos para que accedan al derecho en el marco de la legalidad y eso muchas veces era traumático para ellas”, asegura.

En la misma línea, Ruth Zurbriggen, miembro de Socorristas en Red –agrupación que desde 2014 brinda información y acompaña a personas con posibilidad de gestar que quieren interrumpir su embarazo para que lo hagan de manera segura y cuidada– destaca el valor de que el aborto sea voluntario. “La ley habilita a que si la persona que necesita abortar quiere poner en palabras sus motivos lo haga, y si no quiere, no”.

 

 

Cioffi cuenta, además, que la forma en la que las mujeres u otras personas gestantes dicen que no quieren continuar con el embarazo cambió, es más directa. “Antes veíamos que daban vueltas para decir lo que venían a solicitar. Esa claridad y esa seguridad con la que vienen y dicen que quieren abortar es algo nuevo”, destacó.

Manuela tiene 34 años, vive en Santa Rosa, La Pampa y es madre de tres hijas. Se realizó dos abortos, uno hace 7 años, y otro en los primeros meses de este año. Cuenta que ambas experiencias fueron muy distintas. “La primera vez no sabía qué hacer. Yo relacionaba al aborto con la muerte. Nadie hablaba del tema. Encontré un sticker de las socorristas pegado en el baño de mi trabajo, las llamé y ellas me acompañaron. Fue todo un problema conseguir las pastillas, su precio era muy alto. Pero esta segunda vez fui con mucha tranquilidad porque estaba la ley”. Manuela cuenta que al mes de abortar con misoprostol en su casa sintió un gran dolor en el estómago y tuvo que ir al Hospital Lucio Molas. Allí no tuvo temor de contar que se había practicado un aborto. “Me trataron bien. Había sólo una enfermera que me miraba mal pero no pudo decir nada porque me amparaba la ley”, dice.

 

Disparidad territorial

Aún con la ley, la capacidad de garantizar el aborto varía según la provincia, la zona y el centro de salud. Cuando Vale quedó embarazada en febrero de este año, en un hospital de su ciudad, –Villa Regina, Río Negro– le dijeron que no podían hacerle una ILE por haber transcurrido más de 14 semanas. Debió viajar a Neuquén Capital para poder acceder al derecho. “Cuando me vio el ecógrafo de mi ciudad, que había leído en mi historia que yo quería abortar, movía la cabeza y me miraba en silencio”, cuenta. Añade que el hombre intentó demorar la entrega del estudio unos días para dilatar el proceso. “En Regina me dijeron que no podían hacer nada más que acompañarme en el embarazo. En cambio, en Neuquén la médica me explicó cómo era el aborto por causales y me trató muy bien. Inclusive me revisó un día que estaba de franco y dejó que mi hermana me acompañe en la internación. Me sorprendió porque acá esas cosas no pasan en el sistema de salud”. Además, antes de volver a su casa le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU), que acordaron con ella que era el método anticonceptivo más conveniente para su situación.

En todo el país existen sólo 700 servicios, entre centros de atención a la salud y hospitales, que garantizan la práctica del aborto. Con la sanción de la ley, el Ministerio de Salud empezó a trabajar con las provincias para aumentar esta oferta. “Hay provincias, como la de Buenos Aires, que está haciendo muy rápido el aumento, y hay otras provincias que van un poco más lento”, explicó Isla. Agregó que, de todos modos, el número es bajo comparado con los 5.500 centros de salud que reciben botiquines con métodos anticonceptivos del programa Remediar. “A partir de la firma del protocolo ILE en 2019 el trabajo que hicimos fue remover uno a uno los obstáculos que se van presentando. Es un trabajo de cuerpo a cuerpo, micropolítico, y en este sentido, lo que dio la ley es más respaldo. Aún dentro de una misma provincia puede haber servicios más amigables que otros. La ley abrió un punto de inicio, es un camino que recién inicia y va a llevar un tiempo”, manifestó.

En la misma línea, las socorristas expresan que la ley dio un respaldo a quienes venían garantizando interrupciones legales del embarazo, pero que aún no ven que se hayan ampliado servicios en el país. A Zurbriggen le parece extraño que algunos compañeros le pregunten si las socorristas siguen existiendo tras la sanción de la ley: “¿Cómo no vamos a seguir si efectivamente la ley no trae una solución mágica respecto al acceso al aborto en todos los lugares del país? Dentro de las propias provincias hay desigualdades, porque todavía no están, por ejemplo, todos los equipos de ginecología conformados con alguien que no sea objetor de conciencia y eso va a llevar tiempo”, explicó.

Quienes abortan lejos de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires remarcan, además, que sigue pesando sobre ellas un estigma social. Belén contó que sólo compartió su experiencia con sus amigas y que no se animó a pedir días en su trabajo, ni a consultar con médicos de la clínica donde trabaja, porque temía que después tuviera que lidiar con las opiniones de los demás. “En Neuquén todavía está el estigma, te miran mal o te juzgan”, afirma. Por su parte, Manuela cuenta que a Santa Rosa suelen viajar chicas de pueblos del interior de la provincia para abortar no sólo porque a veces los profesionales son más amigables, sino porque en sus localidades quedan signadas para siempre como “asesinas”.

Así como la ley IVE no fue magia, sino que fue fruto de años de lucha del movimiento de mujeres y los feminismos en nuestro país, su implementación igualitaria en el territorio llevará tiempo. Las feministas seguirán tejiendo redes, trabajando codo a codo, denunciando y exigiendo que el derecho conquistado se cumpla en cada rincón del país, pero ahora con el Estado como su principal aliado.

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