Historia de una inf/AMIA

 

El lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en lo que se considera el más brutal atentado que sufrieron civiles en nuestro país, luego del bombardeo de Plaza de Mayo ocurrido 16 de junio del '55, al cual las crónicas oficiales —inexactas— le atribuyen 308 víctimas. En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. .

Pocas horas después, "el primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994" [1].

Comenzó entonces una historia que lleva casi 25 años y que debería avergonzar al poder judicial argentino y a buena parte del poder político.

En enero del 2013, luego de 19 años sin avances sustanciales en la causa, la Argentina suscribió un Tratado de Entendimiento con Irán, para obtener finalmente la declaración de los iraníes imputados por el Poder Judicial argentino de haber participado en ese atentado, que a la fecha permanece sin resolver. Dicho Memorándum fue aprobado por ley en el Congreso argentino. Luego fue declarado inconstitucional. El gobierno de Mauricio Macri no apeló la inconstitucionalidad y por lo tanto la misma quedó firme. El Memorándum con Irán jamás entró en vigencia.

Esta es la historia de la infamante causa judicial que surgió a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la que acusó a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman y otros funcionarios y dirigentes sociales argentinos de haber utilizado ese Memorándum como herramienta para encubrir a los responsables del atentado.

Y esta es la segunda nota de una serie, donde intento contar la historia de la causa judicial que se inició con la denuncia de Nisman. También es la historia de uno de los hombres que sufrieron esa causa en carne propia. Se llamaba Héctor Timerman. Junto con Alejandro Rúa, fuimos sus abogados en la causa.

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Toda historia tiene un principio. La de la causa que se iniciara con la denuncia de Alberto Nisman también. Pero su inicio real no es la fecha de la denuncia del fiscal, 14 de enero de 2015, sino que debe rastrearse más de 21 años atrás. Hay quienes aseguran que la fecha de inicio es el 17 de marzo de 1992, cuando la embajada de Israel en Argentina sufrió un atentado que significó la muerte de 22 personas y más de 200 heridos. Otros sostendrán que se inició a las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, cuando estalló la bomba en la AMIA. Yo creo que empezó el 19 de Julio de 1994, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem y el gobierno de Israel acordaron subordinar la verdad sobre el atentado a la AMIA a las necesidades políticas de ambos países.

Ese día y no otro, el gobierno argentino y el gobierno de Israel renunciaron a la verdad sobre AMIA. La descartaron por incómoda. Solo un grupo de hombres y mujeres, familiares de las víctimas, no formaron parte de esa negociación espuria de la Verdad. También algunos pocos periodistas. Y algunos abogados que siguieron exigiendo Verdad y Justicia.

La investigación del atentado a la AMIA estuvo y está surcada por cuestiones geopolíticas que suceden a miles de kilómetros de nuestro país. En 1994 Israel estaba negociando junto con Siria y bajo el paraguas de Estados Unidos la paz en Medio Oriente. Ello implicó para la investigación del atentado a la AMIA un primer cepo.

Unos dias antes del atentado, se detectó que un ciudadano argentino, pero de origen sirio, Alberto Kanoore Edul, podía estar vinculado con el atentado. El Poder Judicial ordenó la intervención telefónica de sus llamadas y el allanamiento de sus propiedades. Las medidas fracasaron porque alguien le avisó a Kanoore Edul. Y las grabaciones de sus llamadas fueron borradas. Esas medidas fueron bloqueadas por el aviso que Kanoore Edul recibió previo a los allanamientos y el borrado de las grabaciones. De esos delitos fueron acusados los comisarios Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda.

Y acá aparece por primera vez en esta historia el nombre de alguien que vamos a volver a mencionar en más de una oportunidad: Claudio Bonadío, juez federal designado sin concurso por el menemismo a principio de los años '90.

Cuenta Raúl Kollman [2]: "Lo que se investigaba originalmente era que el comisario Palacios debía allanar domicilios de la familia de Alberto Kanoore Edul el 1º de agosto de 1994, pocos días después del atentado contra la AMIA. La sospecha contra Kanoore venía porque ocho días antes del atentado llamó por teléfono a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que tuvo en su poder la camioneta que –según el Tribunal Oral– fue usada para cometer el atentado. Pero, además, hubo un camión que dejó un volquete frente al edificio de la AMIA cinco minutos antes de la explosión. En la hoja de ruta que tenía el chofer del camión figuraba que pasó por un predio de Kanoore Edul antes de dirigirse a la AMIA. A esto se agrega que la empresa de volquetes tenía antecedentes de haber comprado Amonal, el material usado en el explosivo".

"Más allá de la solidez de estas evidencias, lo cierto es que se ordenó el allanamiento a tres propiedades de Kanoore Edul. En los procedimientos hubo todo tipo de irregularidades, lo que motivó la denuncia contra Palacios. El jefe policial o alguien de su entorno registra dos llamados a celulares pertenecientes a Kanoore, lo que hace suponer que le avisaron del procedimiento. En lugar de allanar a la mañana, se hizo mucho más tarde, cuando todos en la cuadra sabían que se estaba por tomar esa medida. Se hizo un allanamiento, otros dos no se concretaron y prácticamente no se secuestró nada".

"Durante aquella jornada del 1º de agosto, Kanoore Edul padre, conocido de Carlos Menem, se dirigió a la Casa Rosada y se entrevistó con el hermano del presidente, Munir. Eso llevó a que sólo se hiciera uno de los tres allanamientos y que se suspendiera la intervención telefónica a los Edul. Mientras a algunos imputados se le hicieron escuchas durante años, a los Edul se los dejó de escuchar al día siguiente".

La investigación por el encubrimiento de la pista siria comenzó en el año 2000, cuando uno de los secretarios de Galeano, entonces juez que tenía a su cargo la investigación del atentado de la AMIA, contó ante la Comisión de investigación de AMIA del Congreso las irregularidades en las que había incurrido Galeano. Claudio Lifschitz —tal era el nombre del secretario— señaló otras cosas ante la Bicameral "que [3] Muñir Menem, hermano del por entonces Presidente de la Nación, había llamado al juez Galeano para interiorizarse por la situación de Kanoore Edul". El relato de Lifschitz no solo significó finalmente la destitución de Galeano y el juicio oral que actualmente está sucediendo, sino que además implicó que la entonces senadora Cristina Fernandez de Kirchner suscribiese un informe en minoría como miembro de esa comisión, en la que señaló que  "los resultados de la investigación a cargo del doctor Juan José Galeano (... ) presentan claroscuros y dudas cada vez más acentuadas acerca de la actuación del magistrado” y que “la causa cuenta con numerosos legajos, líneas de investigación y resultados de medidas de prueba, las que hasta el presente se instruyen en forma secreta y sin que la totalidad de las partes hayan podido acceder a su contenido"[4].

El 3 de diciembre de 2003 el juez Galeano fue apartado de la causa AMIA y en agosto del 2005 fue destituido como juez, considerándoselo responsable del pago de 400.000 dólares a Carlos Telledin para involucrar en la causa AMIA a la policía bonaerense.

Al juicio que se lleva a delante contra Galeano los abogados lo conocemos como "Encubrimiento 1" y tiene como coimputados a Carlos Menem, Eamon Mullen y José Barbaccia, dos de los tres fiscales que trabajaban con Galeano; el ex jefe del servicio de inteligencia, Hugo Anzorreguy; el ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Jorge "Fino" Palacios; el reducidor de autos Carlos Telleldín, y al entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja. entre otros.

"A Beraja se lo acusa como partícipe secundario del delito de peculado: se considera que conocía y consintió el pago a Telleldín. La AMIA/DAIA fueron parte del ocultamiento porque buscaron una orientación específica de las investigaciones y abandonaron a los familiares”, dijo a Infojus Noticias Jorge Elbaum, director ejecutivo de la DAIA entre 2007 y 2012 [5].

La DAIA, querellante de la causa Encubrimiento 1, se abstuvo de acusar a Beraja. El gobierno de Mauricio Macri, por su parte, se abstuvo de sostener la acusación de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Al "Fino" Palacios lo volveremos a encontrar en esta historia. En 2009 fue designado por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como jefe de la Policía Metropolitana. "Me lo recomendaron en la Embajada de Estados Unidos", declararía Macri para justificar su designación. No duró mucho al frente de la policía de Macri. También se lo volverían a cruzar dirigentes de la comunidad judía como Sergio Burstein, quien en el 2009 denunció al "Fino" Palacios como integrante de una estructura ilegal de escuchas que tenia a dirigentes de la comunidad judía y a familiares de las víctimas del atentado de la AMIA y a familiares de la familia Macri como blanco.

El fiscal de la causa "Escuchas" no solo procesó y detuvo a Palacios, sino que además procesó al entonces jefe de gobierno de la Ciudad: Mauricio Macri. El fiscal de la causa "Escuchas" —curiosamente, o tal vez no tanto— era tercer fiscal de Galeano, que no quedó involucrado en la causa "Encubrimiento 1". Su nombre era Natalio Alberto Nisman.

Pero quiero que me acompañen de nuevo al año 2000. Argentina se enfrentaba entonces a lo que sería la desoladora crisis del 2001. Y la causa por el encubrimiento del atentado de la AMIA recaería en un viejo amigo, el doctor Claudio Bonadío. Quien no investigó absolutamente nada. Durante cinco años tuvo Bonadío la causa por encubrimiento sin mover ni un papel. Inmovilidad del expediente que denunciaron los familiares. También lo recusaron Ribelli (ex comisario acusado por Telleldín) y el propio Telleldín. Bonadio, acusado de encubrir el encubrimiento de AMIA, fue apartado de la causa.

Poco antes de que la Cámara apartara a Bonadío de la causa "Encubrimiento 1", un fiscal [6] "presentó una nueva denuncia porque uno de los policías que participó del allanamiento a Kanoore Edul, el principal Carlos Alberto Salomone, declaró que la firma en las actas no era la suya, que se la falsificaron". En lugar de sumar esa denuncia al expediente de la causa "Encubrimiento I", que es lo que correspondía, Bonadío armó un expediente paralelo que no remitió al nuevo juzgado, cuando la Cámara lo aparto de la investigación por AMIA, sino que mantuvo la causa en su poder y la usó para requerir a la Fiscalía de AMIA información sobre la causa de la cual había sido apartado. Muchos años después, en 2014, Antonio Horacio Stiuso, histórico responsable de contrainteligencia de la SIDE, denunciaría a Bonadío por haber creado una causa paralela con el objeto de acceder a información para asegurar la defensa del "Fino" Palacios en la causa "Encubrimiento I".

El fiscal que presentó la denuncia por falsificación de la firma del policía y que consentiría por años la maniobra de la causa paralela que Bonadío no entregó al ser apartado de "Encubrimiento I" fue Alberto Nisman, que desde el 2004 había sido designado como fiscal de la causa AMIA, en una fiscalía especial que fue creada por Néstor Kirchner, entonces Presidente de la Argentina

Sobre el apartamiento de Bonadío de la causa "Encubrimiento I", relata Raúl Kollman: "La Cámara Federal le quitó el expediente el 17 de noviembre de 2005 porque consideró que el juez no había movido la causa ni un milímetro, beneficiando a su amigo Juan José Galeano y a quien fuera su jefe, el ex ministro del Interior Carlos Corach. Una copia del fallo fue enviada al Consejo de la Magistratura para que resolviera si debía tomar medidas disciplinarias porque Bonadío no declaró que había sido asesor de Corach e integrante de su equipo durante cuatro años".

José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli, había recusado a Bonadío justamente por esa razón: carecía de imparcialidad para investigar a su ex jefe Corach. Pero el abogado cometió un pequeño error: en la recusación dijo que Bonadío estuvo con Corach en el Ministerio del Interior y el magistrado contestó que nunca trabajó en ese ministerio. Lo que ocultó Bonadio es que fue, durante cuatro años, subsecretario general y secretario de Legales de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. “Bonadio ocultó información –dice el fallo de la Cámara–, generando serias dudas sobre la corrección de la conducta del recusado, que ocultó los cargos que ocupó. Por ello debe intervenir el Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura”.

Es necesario señalar que el sumario ante el consejo de la Magistratura no prosperó. Dicen los pasillos del Consejo que quien trabajó fuertemente para evitar que dicha denuncia avanzara fue el eterno jefe de bloque del peronismo en el Senado de la Nación, en esos días fervoroso kirchnerista: el senador Miguel Ángel Pichetto. Cuenta Irina Hauser que "Pichetto apareció con un dictamen de 115 páginas que promueve el archivo de las acusaciones contra Bonadío. Intentó que fuera tratado en el momento, pero sus compañeros le pidieron una semana para leerlo. El apuro se debe a que este mes cambiará la composición del cuerpo y ahora tiene algunos apoyos, como el de Jorge Yoma, garantizados. En esta comisión, por lo general, los consejeros no acostumbran a hacer dictámenes en disidencia. Otro rasgo que la diferencia del resto del Consejo, es que sus actuaciones son secretas".

"La propuesta de Pichetto, a la que accedió Página/12, concluye que no es “una conducta reprochable” haberle impedido a la Unidad AMIA consultar la causa sobre las irregularidades. Dice que la decisión estuvo “debidamente fundada” por el juez aunque reconoce explícitamente que la Cámara Federal la revocó. Sobre la relación de Bonadío con Corach, lo defiende así: “Claramente planteó que su currículum era público y notorio, con lo cual no escondió nada”. Sin embargo el juez nunca aclaró los puestos que ocupó junto al ex titular de Interior. El dictamen agrega que “Corach no estuvo involucrado en la investigación de la AMIA hasta que el Tribunal Oral 3 introdujo la cuestión en septiembre de 2004”. Eso, dice, fue después de que Bonadío fuera recusado. Sin embargo, el ex funcionario figura en el expediente desde un principio. Pichetto afirma, por último, que “no se advierte” que Bonadío haya “retardado el accionar judicial”.[7] La denuncia fue archivada.

Los denunciantes de Bonadío ante el Consejo de la Magistratura eran no sólo la Cámara Federal que había apartado a Bonadío, sino también la Unidad Especial AMIA que estaba a cargo de Alejandro Rúa. El ministro de Justicia, de quien dependía la Unidad Especial AMIA, era el hoy ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Designado miembro de la Corte "en comisión" por Mauricio Macri mediante un decreto de excepción aberrante —sistema que el propio Rosatti había cuestionado en sus libros de Derecho Constitucional—, finalmente Rosatti asumió, junto con Carlos Rosenkrantz, luego de cumplirse el trámite constitucional para la designación de un juez de la Corte.

A Alejandro Rúa lo volveremos a encontrar en esta historia, porque fuimos los abogados de Héctor Timerman en la causa que se iniciara con la denuncia de Nisman a raíz del Memorándum. A Nisman ineludiblemente. A Horacio Rosatti también lo reencontraremos más adelante.

Y desafortunada y atrozmente, sobre todo para Héctor Timerman, al juez Claudio Bonadío también lo encontraremos de nuevo en esta historia.

 

 

 

 

[1] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38318-2004-07-18.html

[2] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-278697-2015-08-05.html

[3] https://www2.jus.gov.ar/amia/grossman/La%20Comision%20Bicameral.pdf

[4] https://www2.jus.gov.ar/amia/grossman/La%20Comision%20Bicameral.pdf

[5] http://juicioamia.infojusnoticias.gov.ar/audiencias/el-rol-de-beraja/

[6] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-278697-2015-08-05.html

[7] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-60065-2005-12-05.html

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