His master's voice

 

Una parte de los pertrechos enviados a Bolivia por Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron utilizados por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en las represiones que se sucedieron en Cochabamba y La Paz. Su jefe, Jorge Terceros Lara –el mismo que agradeció la donación de las 40.000 municiones al embajador argentino en La Paz– tuvo a su cargo, por orden de Jeanine Áñez, el operativo que produjo las masacres del 15 noviembre de 2019, en Sacaba, y del 19 de ese mismo mes, en Senkata. En ambos sucesos fueron acribilladas un total de 22 personas y 198 resultaron con heridas de diversa gravedad.

Según funcionarios del Ministerio de Justicia boliviano, en los informes de las autopsias efectuadas sobre los cuerpos de varios de los 22 fallecidos existen evidencias de la presencia de postas compatibles a las encontradas en la última semana en los depósitos de la policía en La Paz. El devoto aporte de Macri a la asonada cívico-militar fue utilizado para asesinar a ciudadanos indefensos que se oponían en las calles a la represión estatal.

 

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Argentina informó oficialmente que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a La Paz nunca fueron declarados, lo cual complica la situación procesal del ex Presidente, de Patricia Bullrich y de Oscar Aguad, entre otros. Las balas de goma salieron de forma ilegal de la Argentina e ingresaron de igual forma a Bolivia. Una parte de esa donación clandestina fue encontrada en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia: 26.900 cartuchos de perdigón de goma, unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4 y diversos tipos de granadas de gas. El actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que junto a los envíos argentinos se encontraron “granadas de gases de Estados Unidos (…) Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió la Argentina (…) Si existió una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgada e impune que podría ser una acción como esta”.

El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, exhibió el último lunes los pertrechos encontrados y calificó el hallazgo como un “tráfico ilícito de municiones” que se encuentra tipificado con una pena de prisión de hasta 30 años. Junto a los bultos rotulados con el sello de la Gendarmería Argentina se inventariaron chalecos antibalas, un fusil Colt M4, varias escopetas Franchi Spas 15 calibre 12/70, un sub fusil Misión ametralladora MACAL, 2459 cartuchos calibre 9 mm y 750 bultos de cartuchos. Hasta el último viernes se desconocía la procedencia de estos pertrechos, aunque la proximidad con la donación argentina generó sospechas entre las autoridades.

El martes 20 el viceministro del Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, Nelson Cox, aseguró, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE), que se iniciarán los procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y funcionarios de organismos internacionales “por su participación en el golpe de Estado de 2019”. Según el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, “los gobiernos de la Argentina, Ecuador y Colombia fueron actores en el golpe de Estado”.

El contrabando se suma a los actos delictivos del ex ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Carlos Murillo, quien permanece detenido en Miami acusado de soborno y lavado de dinero. Murillo recibió 602.000 dólares luego de tramitar la adquisición de gases lacrimógenos y otros implementos de seguridad –por un total de 5,6 millones– para incrementar las capacidades represivas del régimen. En forma paralela, la máxima autoridad de la Policía Nacional de Ecuador confirmó la cesión de armamento no letal al gobierno de Bolivia, para que pueda disponer de los mismos durante las protestas de noviembre de 2019. Con la anuencia explícita de la embajada de Estados Unidos en la Paz, Lenin Moreno envió 5.000 granadas y 2.000 proyectiles de largo alcance. A raíz de esta dádiva bélica, Fausto Jarrín –legislador opositor al gobierno de Guillermo Lasso– presentó una denuncia contra el ex mandatario Moreno ante la Fiscalía General.

 

 

El aval del norte

 

 

Los transferencias bélicas sólo son comprensibles por las acciones desarrolladas por Washington en el Estado Plurinacional:

• el 10 de abril de 2019, seis meses antes de las elecciones, el Senado de los Estados Unidos emite una resolución –la número 35– en la que se advierte “que la era de Morales ha sido testigo de (…) un debilitamiento de las principales instituciones democráticas”, motivo por el cual se le exige a “las democracias latinoamericanas la defensa de las normas y los estándares democráticos”.
• El 24 de julio de 2019, el subsecretario adjunto del departamento de Estado, Kevin O’Reilly, viaja a La Paz y se reúne con los embajadores de Perú, la Argentina, Brasil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). O’Reilly advierte sobre el “escenario de fraude” que atribuyó al gobierno de Evo Morales.
• El 21 de octubre el agregado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bruce Williamson, concedió el visto bueno a Carlos Mesa Gisbert para declarar públicamente que se había producido un fraude.
• El 26 de octubre los denominados comités cívicos, ligados a Mesa y a Luis Fernando Camacho Vaca –actual gobernador del Departamento de Santa Cruz de la Sierra– convocan a cercar el Palacio Presidencial de Gobierno. Los funcionarios estadounidenses avalan las movilizaciones ante el “indudable fraude”.
• El 27, grupos paramilitares incendian domicilios de funcionarios y legisladores del MAS.
• El 28, la comisión evaluadora de la OEA, teledirigida por el Departamento de Estado, transmite su desconfianza respecto al escrutinio que otorgaba más de 10% de diferencia a favor de Evo Morales.
• El sábado 2 de noviembre, en cabildo abierto junto al Cristo Redentor de Santa Cruz, Luis Camacho reclama a las Fuerzas Armadas que exijan la dimisión de Morales en las próximas 48 horas. Dos días después Camacho le solicita asilo al cónsul de la Argentina para el caso de que fracase el golpe.
• El 10 de noviembre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, difunde un informe preliminar en el que se cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales. Ese anuncio justifica el pedido de renuncia que le comunica la Junta Militar a Evo Morales.
• Lo días subsiguientes se inicia la persecución a todos los legisladores del MAS que continúan en la línea sucesoria presidencial. Se los obliga a renunciar bajo la amenaza de asesinar a sus familias. Eso permite que Jeanine Áñez, integrante de un partido minoritario –la Unidad Demócrata– asuma la presidencia. Áñez, actualmente detenida en el penal de Miraflores, declaró en junio de 2021 que Carlos Mesa fue el encargado de garantizar la dimisión de los cuatro legisladores del MAS que debían asumir luego de la renuncia forzada de Morales.
• El 12 de noviembre, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró “ridícula” la consideración de que en Bolivia se había producido un golpe.
• Al otro día, el 13, Estados Unidos reconoce a la mandataria golpista como Presidenta, hecho que la empodera para firmar dos decretos, codificados como 4048 y 4100, con los cuales se autoriza a las Fuerzas Armadas a participar de la represión de las protestas y se exime a sus integrantes de la “responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.

 

 

• El 21 de ese mismo mes, Kevin O’Reilly –uno de los planificadores del golpe– brinda una conferencia de prensa en la que manifiesta su más firme apoyo a “a los esfuerzos de la Presidenta Jeanine Áñez”, que incluían –además de las labores represivas– la proscripción de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones en las que resultaría triunfador Luis Arce.
• A principios del 2020 el Departamento de Estado anuncia el intercambio de embajadores con Bolivia luego de doce años de gestionar su delegación diplomática con un encargado de negocios, luego de la expulsión de Philip Goldberg, comprometido en el financiamiento y el apoyo de opositores al gobierno.
• En marzo de 2021 Washington exigió al Presidente Arce la liberación de Áñez.
• El 13 de abril de 2021 la congresista Stephanie Murphy presentó un proyecto de ley, remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, en el que se “encomienda al Secretario de Estado la presentación de un informe en el que se identifiquen los esfuerzos de la República Popular China para expandir su presencia e influencia en América Latina y el Caribe, y describa las implicaciones de tales esfuerzos en los intereses de Estados Unidos”. En el proyecto –del que se descuenta su aprobación– se solicitan informes detallados sobre Bolivia, la Argentina, Venezuela y Perú, entre otros países.

La investigadora Loreta Tellería Escobar describe en forma pormenorizada el modelo injerencista utilizado en las últimas dos décadas por Washington. Lo denomina Diplomacia de la Intervención (DI) y consiste en “el uso de mecanismos de presión o coacción, con el fin de cumplir objetivos exclusivos del país que los aplica, en detrimento de la soberanía del país receptor (…) Las habilidades de los embajadores o embajadoras y demás personal diplomático, están formadas y forjadas para intervenir, controlar y dirigir a un determinado país de acuerdo a los intereses del gobierno de Estados Unidos”.

Semanas antes de la asunción de Evo Morales en 2006, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, transmitía un cable confidencial a Washington, filtrado por WikiLeaks, en el que señalaba: “Tratar con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de premios y castigos para fomentar buenos comportamientos / buenas políticas y desalentar las malas”.

 

 

 

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