El proyecto equivocado

 

El gas es necesario para nuestro país. Está en la base de la matriz energética, y producirlo en abundancia y en precio es fundamental para nuestro despegue económico. También para mantener e incrementar el nivel de vida del pueblo. Tenemos enormes existencias de gas. Y hay un tiempo determinado para sacarlo, antes de que las presiones del ambientalismo global conduzcan a un cambio en la matriz.

Pero enfrentar y asumir el desafío de su aprovechamiento no puede implicar prostituirlo, tergiversarlo, adulterar y trastocar ese objetivo. Eso es lo que ocurre con el proyecto de ley pergeñado por una petrolera, sus seguidores y otros interesados.

El país necesita de un importante esfuerzo para obtener gas de todos los yacimientos del país: los que están en el mar, los pozos tradicionales y también por supuesto los especiales de Vaca Muerta y otros similares en carácter que se vienen detectando en nuestro sur y en el mar.

Ese empeño exige el protagonismo de todo el empresariado nacional, del Estado, de las pymes vinculadas, y en las condiciones adecuadas de toda inversión internacional que se adecúe a nuestras leyes. Pero teniendo claro el fin último: energía para el desarrollo nacional y gas al precio justo, no más, para el consumo de las viviendas argentinas, el comercio, la industria actual y la nueva que permita impulsar ese valor del fluido, y especialmente para bajar rotundamente el costo de la electricidad. Y por qué no también para exportar el excedente, cuando eso ocurra, a los países vecinos.

Este proyecto altera aquellos objetivos y coloca en el centro de su confuso texto la exportación de gas a como dé lugar. Al hacerlo incluye otras finalidades que no requieren de una ley para su promoción. El crudo puede seguir exportándose como ahora, a partir de las normas existentes, y las que se produzcan en caso necesario. De hecho es lo que motiva hoy a las empresas petroleras.

Debemos evitar la extorsión que subyace en la idea y la propuesta del proyecto de estos precios, estas prebendas y aquel objetivo como la única manera de obtener gas abundante para el autoabastecimiento.

Las demás cláusulas del extenso proyecto, destinado claramente a la industria de exportación de gas al mercado internacional, no justifican la importante cantidad de beneficios, excepciones, avales y garantías que se conceden por 20 años a los inversionistas. Ese plazo y esas ventajas no coinciden con ninguna política estatal en cualquier otro rubro de la economía o de promoción de la sociedad. Tamaña singularidad llama la atención sobre los beneficiarios y los intereses que mueven, el poder que ostentan en una etapa delicada del país. Y expone su fragilidad.

El pretexto de la necesidad de divisas para pagar la deuda contraída por el gobierno de Macri, en el caso del FMI contraviniendo sus propias reglas y en los demás casos prorrogada en el tiempo, no puede justificarse a través de un proyecto de este carácter, que admite de alguna manera el objetivo finalmente obtenido por aquel gobierno de someter nuestra economía a través de un modelo de país y de producción que no se sustenta en los intereses nacionales.

Por otra parte nada garantiza la existencia de esos ingresos especiales y cuantiosos en divisas: el saldo final de los beneficios extraordinarios que otorga, y otras erogaciones vinculadas que contiene el proyecto, no permitiría para las arcas nacionales obtener las suficientes divisas que justifiquen esta desmesura.

Sin embargo, es necesario promover la producción de gas, lo que no requiere de leyes como la proyectada, que sólo protegen a lo largo de un extenso tiempo los intereses involucrados, e impiden la flexibilidad para actuar ante las externalidades que seguramente aparecerán en ese lapso.

Por ello es imperativo un proyecto de producción de gas a sus costos reales, para el desarrollo nacional, de la industria y de la economía en general, con precios energéticos que lo sustenten. Los subsidios a las petroleras por sobre esos costos son un pesada carga para el presupuesto, ya que esos montos son necesarios para las prestaciones sociales y la promoción de la economía.

Este proyecto propone congelar el sistema actual de subsidios, y aún incrementarlo, perjudicando nuestro incipiente despegue y una sociedad más equitativa.

Pero lo más dañino es la instauración de un modelo de producción que se parece mucho al “otro modelo de país”, que no es el nacional y popular que apoyamos.

Un proyecto de este carácter, aislado de un plan energético integral, divorciado de las necesidades del futuro de la matriz energética, es inconveniente, inoportuno e innecesario.

Sus efectos sobre la dolarización generalizada de la economía por su extensión en el tiempo aconsejan revisar la iniciativa, y replantear el tema, apuntando al aprovechamiento de la ventana de gas para el interés nacional, evitando la tendencia recurrente a la primarización de la estructura de producción en la Argentina.

El gas es necesario, este modelo no.

 

 

 

 

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