Los unos y los otros

 

La tentativa de magnicidio contra la Vicepresidenta de la República es un grave atentado contra el orden constitucional instaurado en 1983. No se trata sólo de la ruptura del “pacto democrático” entre las principales fuerzas políticas que garantizó la convivencia pacífica y la continuidad de los gobiernos constitucionales, no obstante la rebelión militar encabezada por el coronel Aldo Rico y asonadas posteriores de otros sectores carapintadas. El atentado contra la persona de la Vicepresidenta y el orden democrático está referenciado en personas de activa participación en actos de violencia contra legisladores del Frente de Todos, funcionarios del gobierno nacional y periodistas, realizados frente a la residencia de Olivos, la Casa de Gobierno y el Instituto Patria, con el aliento y la complicidad de los grandes medios:

• El 27 de febrero de 2021, en un acto organizado por Jóvenes Republicanos y Unión Republicana, se colgaron bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada con nombres de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, tales como Estela de Carlotto y otros referentes políticos.
• El 10 de marzo de 2022 un grupo de manifestantes realizó un violento ataque a pedradas contra el despacho de la Vicepresidenta en el Congreso de la Nación. Un video difundido mostró cómo las piedras entraban por la ventana del despacho, que se había marcado previamente con pintura roja, lo que demuestra la planificación previa de la agresión.
• El 9 de julio grupos opositores se movilizaron desde el Obelisco a la Casa de Gobierno, reclamando –entre otras consignas– una “Argentina sin Cristina”.
• El 21 de julio se realizó una marcha frente al Instituto Patria, en la que uno de los participantes profirió amenazas de muerte a la Vicepresidenta: “Te vamos a ahorcar acá adelante del Instituto Patria o, si no, adelante del Senado”; “Les queda poco tiempo, los vamos a matar a todos”. El autor de las amenazas fue citado a indagatoria para este martes.
• El sábado 27 de agosto el gobierno de Rodríguez Larreta ordenó vallar la cuadra donde reside la Vicepresidenta, lo que provocó la reacción inmediata de la militancia, que derribó las vallas, y la represión de la Policía de la Ciudad, que agredió físicamente y de palabra a Máximo Kirchner. No es casual que el grupo haya pensado en realizar el atentado en el marco de la confusión creada por la provocación policial.

 

 

 

El rol del Poder Judicial

Una de las causas fundamentales del crecimiento de esta ofensiva de la derecha contra Cristina Fernández de Kirchner –además de la campaña detractora organizada por Clarín, Nación e Infobae– es la  activa participación de un sector del Poder Judicial con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Con la incorporación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados “en comisión” por un decreto de Macri, convalidado finalmente por el Senado, se remarca el activismo de sus integrantes en su rol de garantes de los intereses del poder económico dominante y en el respaldo a la persecución política desplegada por jueces y camaristas federales contra dirigentes y funcionarios del gobierno kirchnerista.

La Corte Suprema dictó el 16 de diciembre de 2021 una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 de organización del Consejo de la Magistratura, y restableció por una simple resolución la derogada ley 24.397, designando para presidir el organismo al propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti. De esta forma, atribuyéndose funciones legislativas y ejecutivas, mediante una antojadiza interpretación del artículo 114 de la Constitución Nacional, la Corte pasó a dirigir el órgano político extra poder que selecciona y controla a los jueces, lesionando las bases del propio funcionamiento del Estado.

Ante la decisión del Senado –en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución– de negar el acuerdo a tres jueces (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli) trasladados por decreto de Macri para cubrir la Cámara Federal Penal de Comodoro Py, lo que implicaba el regreso a su lugar de origen, la Corte resolvió mantenerlos ilegalmente en sus funciones.

Este despliegue se expresa con virulencia en la causa de Vialidad Nacional, a través del tan frenético como infundado alegato de nueve días del fiscal Diego Luciani, que solicitó una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la Vicepresidenta, por la supuesta comisión del delito de asociación ilícita. Aquellos medios difundieron el alegato del fiscal como si se tratara de una sentencia condenatoria, y omitieron informar sobre los argumentos de la defensa y de Cristina Fernández de Kirchner, que demolieron jurídicamente la acusación de los fiscales Luciani y Sergio Mola.

 

 

Las consecuencias del atentado

Las últimas pruebas producidas en la investigación del atentado contra la Vicepresidenta abonan la hipótesis de que no ha sido un acto “espontáneo” de quien gatilló contra su víctima, ni la iniciativa de un grupo aislado, sino producto de una preparación y organización previas en la que participaron diversas personas, nucleadas o no en un grupo determinado.

Los grupos neofascistas que se han manifestado abiertamente a favor del asesinato de Cristina –en particular el autodenominado “Revolución Federal”– se caracterizan por expresar sin disfraces la dialéctica amigo-enemigo: el odio al kirchnerismo, la reivindicación de la dictadura cívico-militar, el anti-feminismo, la reivindicación de la acción destinada a la eliminación física de los que consideran sus enemigos, llegando a manifestar que los métodos democráticos son ineficaces para el logro de sus objetivos.

Cuando desde una fuerza política con representación parlamentaria se niega la existencia del atentado o ni siquiera se lo condena, cuando algunos periodistas llegan hasta el extremo de responsabilizar a la propia víctima por la comisión del mismo, cuando en la edición de Clarín del 12 de septiembre aparece la nota “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” firmada por el editor Pablo Vaca –que en términos pretendidamente literarios reproduce la amenaza “cárcel o bala” del cartel desplegado por “Revolución Federal”– creemos que no se puede establecer con claridad una diferencia sustancial entre el extremismo de los grupos fascista-libertarios y el de los grupos “republicanos” de Juntos por el Cambio.

Coinciden en su odio a la clase trabajadora y a sus organizaciones, a los sectores vulnerables –a los que llaman “planeros”– y en la voluntad de barrer con toda legislación protectoria, eliminar impuestos e imponer un cambio regresivo de las normas laborales y previsionales. La irracionalidad de sus patéticas expresiones de odio hacia Cristina se extiende a los sectores más empobrecidos de nuestro país.

Estos grupos encubren su vocación de convertirse en brazo armado de la clase dominante, a la que no cuestionan pese a sus propias frustraciones económicas. Y en muchas ocasiones aluden a la supuesta “tibieza” de algunos dirigentes de la oposición en su actitud frente al kirchnerismo. En los momentos de crisis, la burguesía necesita de la conformación de grupos de choque integrados por desclasados para proteger sus intereses frente a las luchas de la clase trabajadora. Es por ello que no puede descartarse que reciban financiamiento de grupos económicos.

Hay otras razones por la que consideramos que no existe una separación absoluta entre estos grupos neofascistas y los sectores más derechistas de la oposición. Antes y después del atentado, el diputado de Juntos por el Cambio, miembro de Acción Republicana, Francisco Sánchez, ha reivindicado la pena de muerte y su deseo de que sea aplicada a Cristina Fernández de Kirchner. Un legislador que ha presentado un proyecto de reimplantación de la pena de muerte, y que pretende su aplicación a alguien que está bajo proceso, niega abiertamente la Constitución Nacional y los pactos internacionales ratificados por nuestro país, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que no admite la pena de muerte, y un principio general del derecho tan básico como el principio de inocencia. Por tales razones la diputada Hilda Aguirre ha reclamado que sea expulsado de dicho cuerpo legislativo.

Recordemos que el gobierno de Cambiemos inició su mandato el 10 de diciembre de 2015 con una sucesión de decretos, despidos masivos en el Estado y su correlato en la actividad privada, una feroz devaluación, la apertura de las importaciones, una nueva política exterior de alineamiento con el imperialismo, la anulación de la ley de medios audiovisuales. Estas medidas se llevaron a cabo por decretos simples o de necesidad y urgencia, sin llamar a sesiones extraordinarias del Congreso.

El objetivo perseguido por los sectores más extremos de Juntos por el Cambio –en el caso de ganar las elecciones de 2023– es volver a este estado de excepción pero más rápidamente –como ha dicho Macri– y sin limitaciones. Para aplicar una fuerte devaluación o dolarización de la economía, una rebaja abrupta del gasto público, despidos masivos de empleados del Estado, una distribución aún más regresiva de la riqueza, la aprobación de una reforma laboral que suprima las indemnizaciones por despido, la re-privatización de Aerolíneas e YPF, se requiere el reforzamiento del rol represivo del aparato del Estado, la aprobación de nuevos protocolos represivos de carácter secreto y la actividad de los servicios de inteligencia redireccionada hacia el “enemigo interno”, en el marco de una renovada doctrina de la seguridad nacional.

Hay una contradicción insalvable entre dos concepciones del mundo totalmente antagónicas: la de un país soberano con justicia social e independencia económica y la de un régimen neoliberal dependiente.

Coinciden fascistas extraparlamentarios con sectores de extrema derecha de Juntos por el Cambio en que no deben existir mediaciones entre el poder económico y el poder político, reforzando el dominio del capital más concentrado sobre los trabajadores y sectores populares.

Ambos sostienen la idea de una “democracia controlada” basada en un sistema bipartidista, que no genere sobresaltos para el poder real. Para ello debe existir un pacto –como el pacto del Punto Fijo de la Venezuela pre-chavista, como el Pacto de la Moncloa en la España postfranquista, entre otros– que garantice la “alternancia” en el gobierno y que las fuerzas mayoritarias se comprometan a aplicar –con leves variantes– el mismo programa neoliberal, garantizando la propiedad privada sin limitación alguna, sin nacionalización ni control del comercio exterior, sin admitir la posibilidad de una reforma constitucional que implique un avance hacia una sociedad democrática e igualitaria.

Por detrás del juego de las instituciones republicanas existe un escenario donde necesariamente deben ponerse de acuerdo el gobierno y la clase dominante para garantizar la continuidad del pacto no escrito de subordinación del poder político al poder económico.

Cuando esto no ocurre, si el gobierno se niega a ser controlado por la clase dominante, nada importa su legitimidad democrática: está condenado de antemano y sólo hay que esperar el momento de la ejecución de la sentencia. Su situación se complicará por el armado de causas penales, por la desestabilización permanente que provocarán los sectores del poder económico afectados por las medidas, hasta que –en virtud del acoso que lo debilita y/o de las vacilaciones del propio gobierno popular– se produzca un golpe parlamentario o judicial, duro o blando, que lo destituya. Gobiernos legítimos como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández –no obstante cumplir estrictamente con las normas constitucionales– fueron acusados de “autoritarismo” y deslegitimados a través del acoso y la desestabilización permanente organizada por los grupos económicos y mediáticos.

Cristina representa la valla más importante contra el neoliberalismo –que se expresa fundamentalmente en los proyectos de la oposición, pero también dentro de la propia coalición de gobierno– y esta es la verdadera causa de la permanente agresión mediática que sufre desde 2008, de la persecución judicial tendiente a su proscripción política y del atentado sufrido el 1º de septiembre. No puede descartarse que existan otros contra ella u otros dirigentes en el marco de un plan criminal organizado por sectores políticos que responden a los intereses de la clase dominante y el imperialismo.

Sería un grave error político subestimar a estos grupos minoritarios, sus instigadores y financiadores, como creer que la oposición es un adversario que esté dispuesto a jugar limpio en una confrontación democrática.

En esta etapa de crisis mundial del capitalismo, agravada por la guerra, en la que se destruyen empleos y se agudizan las desigualdades, los trabajadores y sus organizaciones no sólo deben luchar y movilizarse por aumentos salariales superiores a la inflación, sino por la recuperación progresiva de la pérdida aproximada del 26% sufrida desde 2019 hasta la fecha, para lo que se requiere un aumento general de salarios por decreto, la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, el derecho a la estabilidad en el trabajo, la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección; y el rechazo de cualquier reforma laboral o previsional regresiva propuesta por los grupos económicos y sus representantes políticos en el Congreso o el Fondo Monetario Internacional.

La derecha continuará su ofensiva combinando los medios legales con los ilegales: trabas en el funcionamiento del Congreso, judicialización, amenazas y las agresiones contra los dirigentes populares, alentada por la debilidad de la respuesta política del gobierno nacional.

En estas condiciones, los trabajadores y los sectores populares no pueden limitarse a la lucha económica; se impone potenciar la unidad y la movilización de sus organizaciones para luchar contra la persecución política y por la reforma democrática del Poder Judicial, contra la violencia de los grupos neofascistas y la defensa de las instituciones democráticas.

 

 

 

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